Desde el retorno de la
democracia, los plebiscitos y referéndums fueron utilizados por el Frente
Amplio como una forma efectiva de oposición, alianzas sociales y acumulación de
fuerzas ante los gobiernos de derecha. No obstante, desde hace poco el Uruguay está
viviendo un fenómeno político inaudito: la apropiación de los mecanismos de
democracia directa (MDD) “desde abajo”[1]
por parte de la derecha. La exitosa junta de firmas liderada por Bordaberry
para promover un plebiscito sobre la rebaja de la edad de imputabilidad penal
(que se hará junto a las próximas elecciones) así como la reciente entrega por
el diputado blanco Abdala de casi 68.000 firmas para impulsar un referéndum
contra la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (por la llamada “vía
corta”) marcan una novedad en la vida política del país. A su vez, nos ofrecen una
valiosa oportunidad para reflexionar sobre el uso por la derecha de estas
herramientas asociadas generalmente a la izquierda, así como de su uso más
general en el marco de la democracia uruguaya.
El FA y los MDD
El uso frecuente de MDD y
particularmente la capacidad de generar cambios constitucionales o legislativos
“desde abajo” son algunas de las
características de la democracia uruguaya que la destacan a nivel internacional
(Altman, 2011). Desde el retorno de la democracia en 1985 se han impulsado
referéndums y plebiscitos sobre temas tan diversos como la Ley de Caducidad, el
monto de las jubilaciones, la privatización de empresas públicas, la propiedad
y distribución del agua o la eventual asociación de ANCAP. Como estos ejemplos
dan cuenta, los temas tratados han sido diversos. La coalición de izquierda
hizo de esta práctica una estrategia fructífera de acumulación de fuerzas y
oposición a los gobiernos blancos y colorados (Moreira, 2004). En términos de
políticas públicas, el efecto del referéndum de 1992 contra la Ley de Empresas
Públicas es un ejemplo de la importancia de esta estrategia. A nivel electoral,
basta recordar cómo el triunfo del referéndum de ANCAP se valoró como una
victoria anticipada que presagiaba el triunfo del Frente Amplio en las
elecciones del año siguiente.
Por otra parte, un punto importante
es el rol “disparador” que las organizaciones sociales o sindicatos tuvieron en
estas iniciativas. Muchas veces el Frente Amplio brindó un apoyo tímido en las
etapas preliminares de recolección de firmas, afirmando progresivamente su
involucramiento en este tipo de campañas (Monestier, 2010). El liderazgo de
organizaciones de Derechos Humanos en las iniciativas contra la Ley de
Caducidad, de SUTEL en el referéndum de la Ley de Empresas Públicas o de FFOSE
y las organizaciones de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida en
el plebiscito del agua, son algunos ejemplos de esta dinámica de alianza entre
organizaciones sociales y políticas. En estos casos, las organizaciones
sociales fueron quienes comenzaron las iniciativas, pero el apoyo posterior del
Frente Amplio fue una condición fundamental para su éxito (solo aquellas
iniciativas respaldadas por la fuerza política lograron su cometido).
Diferencias entre el uso de la izquierda y de la derecha:
¿agenda ciudadana o político-partidaria?
El triunfo del Frente Amplio en
las elecciones del 2004 parecía augurar un cese en el uso de MDD en Uruguay, al
menos como estrategia de oposición (recordar las declaraciones de Bergara en
Washington antes de que el FA asumiera el gobierno). Los dos plebiscitos de
2009 fueron respaldados (sin gran decisión) por el Frente Amplio. El voto para
uruguayos en el extranjero fue propuesto desde el Parlamento y el plebiscito
sobre la ley de Caducidad fue liderado ampliamente por organizaciones sociales.
En ninguno de los dos casos se trató de MDD de oposición. A pesar de estar en
el gobierno, el uso de estas instituciones seguía más vinculado al FA que a los
partidos tradicionales.
El nuevo panorama, en que los
partidos de derecha comenzaron a apropiarse de los MDD como herramienta de
oposición, se inauguró con la iniciativa liderada por Bordaberry de promover un
plebiscito para reducir la edad de imputabilidad penal. Apoyado por su partido
y algunos sectores del Partido Nacional, el líder de Vamos Uruguay eligió la
confrontación directa con el gobierno en un tema que le causa problemas a la
izquierda. La campaña fue un éxito, y en 2012 se entregaron y validaron las
firmas necesarias para convocar el plebiscito, que se hará junto a las próximas
elecciones nacionales. Mientras que a comienzos de su mandato Mujica buscó con
los acuerdos interpartidarios restar algunos temas del debate público, con el
plebiscito, Bordaberry aseguró poner de lleno en la próxima campaña electoral
uno de estos temas: la seguridad pública (o “inseguridad” según de dónde se la
mire).
Más recientemente, y como
consecuencia de la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del
Embarazo, el diputado blanco Pablo Abdala comenzó la recolección de firmas para
disparar la “vía corta” de un referéndum derogatorio de la ley. Hace poco más
de una semana, se presentaron las firmas necesarias para llamar a una
pre-consulta voluntaria (la Corte Electoral deberá validar estas firmas para que
suceda). En el caso en que en la eventual pre-consulta se logre el apoyo del
25% del cuerpo electoral, se convocará más adelante un referéndum sobre la
mentada ley.
Estos dos casos reconfiguran la
dinámica política uruguaya reciente. Del mismo modo que el Frente Amplio en
años anteriores, los partidos de derecha ahora aprovechan estas herramientas
institucionales disponibles para marcar y ejercer su rol opositor. Los
plebiscitos y referéndums “desde abajo” no son ya monopolio del FA.
No obstante, existe una
importante diferencia que cabe reseñar. Mientras que en el caso del Frente
Amplio las consultas “desde abajo” se promovieron en alianza con organizaciones
sociales de peso en el país (el PIT-CNT, diversos sindicatos, la FEUU,
organizaciones de derechos humanos, ONAJPU, etc.), en los dos casos recién
señalados el liderazgo es plenamente político partidario. Tanto el plebiscito
promovido por Bordaberry como el referéndum promovido por Abdala se asocian a sus
estructuras partidarias, que convocan directamente a la ciudadanía sin
organizaciones sociales de peso a su lado. Esta es otra novedad importante.
Por ahora, falta un buen trecho
para determinar si la convocatoria al referéndum es exitosa, así como para
conocer el resultado del plebiscito ya convocado. De todos modos, será
interesante analizar cómo se desarrollan las campañas a favor y en contra,
prestando especial atención a las alianzas que se tejan entre los partidos políticos
y las diversas organizaciones sociales del país.
Para cerrar
Finalmente, los temas que se
busca someter directamente al electorado invitan a reflexionar sobre las
fronteras deseables entre el sistema representativo y los MDD. Muchos se
escandalizan con la posibilidad de someter a escrutinio público los derechos de
los niños/as y adolescentes, así como algunos de los recientemente conquistados
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Las dos iniciativas
presentadas por la derecha amplían sin dudas la esfera de los temas que se
pretende resolver por decisión popular directa en el país, ya que buscan resolver
por votación directa temas que impactan sobre derechos individuales. Sin dudas,
muchos argumentarán que los MDD no ofrecen el mejor contexto para debatir este tipo
de problemas. Esta postura seguirá los argumentos clásicos de quienes
desconfían de los MDD: por ejemplo, que generan polarización en las posiciones,
que son instrumentalizados por los partidos políticos o que no aseguran la
deliberación pública. Por su parte, quienes defienden el uso de MDD para estos
temas señalarán que la democracia representativa tampoco asegura una
deliberación racional ni un espacio de debate sin intereses político-partidarios,
y que en temas de gran complejidad lo mejor es que la ciudadanía resuelva
directamente. El punto a destacar es que mientras que tradicionalmente la
derecha esgrimió el primer tipo de argumentos y la izquierda los segundos, hoy
en día las posiciones parecen haberse invertido. Sin dudas, ser gobierno u
oposición cambia la apreciación que se hace de los MDD.
Una mirada de mediano plazo da
cuenta que independientemente de las posturas de los partidos en cada caso, el
Uruguay ha mostrado que no tiene mayores tabúes respecto a qué temas resolver
por medio de MDD. En este sentido, las campañas de la derecha son coherentes
con uno de los principios que parece haber guiado la vida política del país
desde el retorno a la democracia, un principio originalmente promovido por la
izquierda: aquellos temas que pueden ser decididos por los representantes en el
Parlamento también pueden ser decididos directamente por la ciudadanía a través
de instituciones de democracia directa. Hoy en día, con roles invertidos a
ambos lados del mostrador, resta ver cómo se resuelve este nuevo escenario
político.
Bibliografía (algunas
referencias politológicas sobre el uso de los MDD en Uruguay y el mundo)
Altman, David (2011). Direct Democracy Worlwide. Cambridge University Press.
Moreira, Constanza (2004). “Resistencia Política y Ciudadanía: Plebiscitos y Referéndum en el Uruguay de los ‘90”. América Latina Hoy, Nº 36, pp.17-45. Disponible en línea en: http://www.redalyc.org/pdf/308/30803602.pdf
Monestier, Felipe (2010). Movimientos Sociales, Partidos Políticos y
Democracia Directa ‘desde abajo’ en Uruguay (1985-2004)”. CLACSO.
Disponible en línea en : http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/clacso/becas/20120417045129/monestier.pdf
[1] Un
mecanismo de democracia directa se considera “desde abajo” cuando se gatilla por
la ciudadanía (en Uruguay, al presentar cierto porcentaje de firmas del cuerpo
electoral).
