Corte a la Corte *




El traslado de la jueza Mariana Mota, quien venía desarrollando la investigación judicial de unas 50 causas de delitos de derechos humanos cometidos durante la dictadura uruguaya, del ámbito penal al ámbito civil, ha provocado un gran revuelo y malestar en buena parte de la ciudadanía. En estos días hemos visto diversas manifestaciones cruzadas acerca de las responsabilidades, causas y posibilidades de reversión de este hecho. Quiero aportar una perspectiva distinta y es acerca de los peligros de perder la confianza en la Corte si sentimos que ésta pierde su independencia. Esa independencia debemos cuidarla todos, desde sus magistrados integrantes hasta el gobierno, pasando por los que protestan y exigen explicaciones legítimas y por la misma jueza. 

De los países de América Latina, Uruguay es uno de los que más confía en su sistema judicial, de acuerdo a datos recientes del Barómetro de las Américas 2012, quedando en quinto lugar entre  24 países encuestados sobre este tema (ver gráfica a la derecha). Además,  los uruguayos confiamos más en la Suprema Corte de Justicia que en muchas otras instituciones, incluso más que en el poder judicial en general (ver gráfica debajo). Por otra parte, según las medidas de los especialistas basadas en los procesos de nominación de jueces y en la duración de su mandato, entre otros indicadores, la uruguaya entra en el grupo de las cortes más independientes de América Latina.[1] Esa independencia es clave para la confianza en ella. Y ésta a su vez para la estabilidad de la democracia en general.

Este rol clave como contrapeso de la democracia está en jaque para la Corte uruguaya. Una jueza que tiene a su cargo casos de violaciones de derechos humanos contra militares participa de la “Marcha del Silencio” organizada por la organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dando pie a sospechas de falta de imparcialidad en sus fallos. (Aunque puede parecer un gesto menor, imaginemos por un momento que la jueza hubiera participado en el Día de los caídos en la lucha anti-subversiva en Uruguay). La Corte le abre en ese momento un expediente administrativo pero decide clausurarlo por unanimidad. Casi un año después de los hechos, le comunica su traslado al ámbito civil sin más explicación, generando sospechas de presiones externas y de un cambio ideológico entre sus integrantes (hay dos nuevos miembros).  
Ante esto surgen entonces varios interrogantes. ¿Por qué una corte que votó la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad ya en dos casos decide ahora trasladar a una jueza que defiende esas causas?  ¿Por qué unos magistrados mayoritariamente electos (4 de 5) durante los dos gobiernos del Frente Amplio se tornan ahora en contra de una causa que este partido ha defendido como una de sus principales banderas? ¿Estamos en presencia de un conflicto entre la Corte y el Ejecutivo en el que se enmarcan tanto este traslado como la declaración de inconstitucionalidad del impuesto a la propiedad rural que quería el Presidente Mujica? ¿Estamos ante una corte que cede ante el poder militar? ¿Y entonces por qué no lo hizo en las decisiones anteriores? ¿O estamos más bien ante un conflicto más complejo entre facciones del partido de gobierno respecto a este tema? Esta última es la hipótesis del pacto de caballeros entre excombatientes, que ha circulado en los medios alternativos y se sustenta en fricciones entre el accionar de la jueza Mota y el ministro de Defensa, ex guerrillero tupamaro, así como en la voluntad reiterada del presidente Mujica, también ex guerrillero tupamaro, de no tener a “viejos” en la cárcel.  

No tenemos la respuesta. Pero lo que sí sabemos es que este tipo de cuestionamientos y sospechas de parcialidad ensucian la imagen de la Corte y por lo tanto ponen en peligro la lucha por los derechos humanos durante la dictadura, algo que en Uruguay, como en otros países, se ha logrado hacer por la vía judicial y no por la vía política. El precio de la independencia judicial incluye convivir con fallos que no nos gustan.  El reto está en mantener la delgada línea entre discutir legítimamente un fallo y cuestionar institucionalmente a la Corte.




 * No soy para nada experta en estos temas pero  creo que esta semana el blog tenía que animarse a poner algo sobre la mesa en el encendido debate en torno a este caso. Agradezco a Rosario Queirolo, Cristian Pérez y Juan Carlos Rodriguez Raga por ayudarme a ordenar las ideas y pensar esta nota. 

[1] Julio Ríos-Figueroa. 2011. “Institutions for Constitutional Justice in Latin America”, in Ríos Figueroa and Helmke (eds.). Courts in Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.

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