El traslado de la jueza Mariana Mota, quien venía
desarrollando la investigación judicial de unas 50 causas de delitos de
derechos humanos cometidos durante la dictadura uruguaya, del ámbito penal al
ámbito civil, ha provocado un gran revuelo y malestar en buena parte de la
ciudadanía. En estos días hemos visto diversas manifestaciones cruzadas acerca
de las responsabilidades, causas y posibilidades de reversión de este hecho.
Quiero aportar una perspectiva distinta y es acerca de los peligros de perder
la confianza en la Corte si sentimos que ésta pierde su independencia. Esa
independencia debemos cuidarla todos, desde sus magistrados integrantes hasta
el gobierno, pasando por los que protestan y exigen explicaciones legítimas y
por la misma jueza.
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De los países de América Latina, Uruguay es uno de los
que más confía en su sistema judicial, de acuerdo a datos recientes del
Barómetro de las Américas 2012, quedando en quinto lugar entre 24 países encuestados sobre este tema (ver gráfica a la derecha).
Además, los uruguayos confiamos más en
la Suprema Corte de Justicia que en muchas otras instituciones, incluso más que
en el poder judicial en general (ver gráfica debajo). Por otra parte, según las
medidas de los especialistas basadas en los procesos de nominación de jueces y
en la duración de su mandato, entre otros indicadores, la uruguaya entra en el
grupo de las cortes más independientes de América Latina.[1] Esa independencia
es clave para la confianza en ella. Y ésta a su vez para la estabilidad de la
democracia en general.
Este rol clave como contrapeso de la democracia está en
jaque para la Corte uruguaya. Una jueza que tiene a su cargo casos de
violaciones de derechos humanos contra militares participa de la “Marcha del
Silencio” organizada por la organización de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, dando pie a sospechas de falta de imparcialidad en sus fallos. (Aunque
puede parecer un gesto menor, imaginemos por un momento que la jueza hubiera
participado en el Día de los caídos en la lucha anti-subversiva en Uruguay). La
Corte le abre en ese momento un expediente administrativo pero decide
clausurarlo por unanimidad. Casi un año después de los hechos, le comunica su
traslado al ámbito civil sin más explicación, generando sospechas de presiones
externas y de un cambio ideológico entre sus integrantes (hay dos nuevos
miembros).
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Ante esto surgen entonces varios interrogantes. ¿Por qué
una corte que votó la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad ya en dos
casos decide ahora trasladar a una jueza que defiende esas
causas? ¿Por qué unos magistrados
mayoritariamente electos (4 de 5) durante los dos gobiernos del Frente Amplio
se tornan ahora en contra de una causa que este partido ha defendido como una
de sus principales banderas? ¿Estamos en presencia de un conflicto entre la
Corte y el Ejecutivo en el que se enmarcan tanto este traslado como la declaración
de inconstitucionalidad del impuesto a la propiedad rural que quería el
Presidente Mujica? ¿Estamos ante una corte que cede ante el poder militar?
¿Y entonces por qué no lo hizo en las decisiones anteriores? ¿O estamos más
bien ante un conflicto más complejo entre facciones del partido de gobierno
respecto a este tema? Esta última es la hipótesis del pacto de caballeros entre
excombatientes, que ha circulado en los medios
alternativos y se sustenta en fricciones entre el accionar de la
jueza Mota y el ministro de Defensa, ex guerrillero tupamaro, así como en la
voluntad reiterada del presidente Mujica, también ex guerrillero tupamaro, de
no tener a “viejos” en la cárcel.
No tenemos la respuesta. Pero lo que sí sabemos es que
este tipo de cuestionamientos y sospechas de parcialidad ensucian la imagen
de la Corte y por lo tanto ponen en peligro la lucha por los derechos humanos
durante la dictadura, algo que en Uruguay, como en otros países, se ha logrado
hacer por la vía judicial y no por la vía política. El precio de la
independencia judicial incluye convivir con fallos que no nos gustan. El reto está en mantener la delgada línea
entre discutir legítimamente un fallo y cuestionar institucionalmente a la
Corte.
* No soy para nada experta en estos temas pero creo que esta semana el blog tenía que
animarse a poner algo sobre la mesa en el encendido debate en torno a este
caso. Agradezco a Rosario Queirolo, Cristian Pérez y Juan Carlos Rodriguez Raga
por ayudarme a ordenar las ideas y pensar esta nota.
[1] Julio Ríos-Figueroa. 2011. “Institutions for
Constitutional Justice in Latin America”, in Ríos Figueroa and Helmke (eds.). Courts in
Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.
Qué decepción! Y qué difícil manter la delgada línea de la que hablaba ayer...Un día negro para los derechos humanos...
ResponderEliminarhttp://www.elobservador.com.uy/noticia/244268/la-scj-cierra-definitivamente-las-investigaciones-por-derechos-humanos/
Hola María, tengo una opinión un poco diferente, y con ánimo de intercambiar pongo mi comentario.
ResponderEliminarMe parece que el razonamiento tiene un problema de endogeneidad... La pregunta es: ¿Cómo hacen Paraguay, Honduras, Perú, etc. para denunciar la falta de objetividad o inparcialidad , independencia (si es que existe tal cosa) del Sistema Judicial?
La respuesta no puede ser, crean en él, que si se cree en él, va a mejorar. Primero está la discusión de lo que es, y luego si la mayoría (acá se puede discutir que mayoría) de la población cree que no es independiente frente a presiones coyunturales, qué hacer para que lo sea. Más allá de los procesos en los que se basa la nominación de jueces, el fondo de la cuestión es qué suponemos cuando suponemos que los jueces deben ser votados como lo son. Para esa discusión, mis ideas todavía se están ordenando, así que por ahora la dejo por acá.
Espero que el comentario ayude a problematizar más aún el tema.
Un saludo,
Federico.
Gracias por tus comentarios, Federico. Digamos que la relación entre confianza e independencia puede ser circular, es decir una afecta la otra. Cuando una corte siente más apoyo de la ciudadanía, puede animarse a tomar decisiones que, por ejemplo, pueden aislarla de presiones desde el ejecutivo o de grupos de interés. A su vez, cuanto más sintamos los ciudadanos que la corte es independiente en su criterio, más confianza tendremos en ella.
ResponderEliminarTener confianza no implica no cuestionar nunca a una institución. Cuestionar fallos específicos como hizo la marcha de estos días en Montevideo puede ser muy saludable. Lo difícil es, como decía el otro día, mantener la delgada línea entre cuestionar un fallo específico y cuestionar la institución.
La independencia, como mencionás, no depende solamente de cómo son nominados los jueces o de cuánto duren. Pero ello es una condición necesaria para la independencia. Un juez va a tener más reparos de estar en contra de un parlamento que lo votó si de ese parlamento depende su reelección como juez, por ejemplo. Según esto, como en Uruguay los jueces de la Suprema Corte duran 10 años (a no ser que lleguen antes a la edad de retiro) y no pueden ser reelectos, la Corte goza de un marco institucional que favorece su independencia.
Eso no quiere decir que no sea sensible a presiones coyunturales, como decís vos. Lo que no me queda claro es ¿por qué está cambiando la jurisprudencia una corte que, como decía en la nota, fue votada casi en su totalidad por una Asamblea General mayoritariamente frenteamplista? ¿Por qué la presión coyuntural afecta ahora y no lo hizo en 2011 cuando se aprueba la ley interpretativa de la pretensión punitiva del Estado? Lo que quiero creer, o lo que deseo luego de la desazón de estos días, es que ninguna de estas dos decisiones, ni el traslado de Mota ni la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley interpretativa, cambie la jurisprudencia de la corte. Es decir, que siga en el camino de la búsqueda de verdad y justicia, ya no con leyes nativas sino simplemente cumpliendo con la sentencia de la Corte Interamericana que la obliga. Ojalá así sea.