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| Foto de Lucía Carmela Martínez |
Por Inés
Martínez Echagüe y Martín Sanguinetti
Volvió a llover. Ya no sale agua salada, con trihalometanos y coliformes de la canilla [1], ya podemos tomarla sin que nos sacuda su gusto a mar, y hasta es posible ducharse con el agua calentita y con la puerta del baño cerrada sin miedo a intoxicarnos. Y sin embargo, la crisis hídrica no terminó. Sus causas, incluida la sequía que se vio agravada por el cambio climático (Arias et al. 2023), que aumenta la frecuencia de los eventos extremos (Wim Thiery et al. 2021), y la falta de medidas estatales, como un plan de contingencia y adaptación frente a esta mayor variabilidad climática, siguen intactas, amenazando de manera dinámica y creciente con el tiempo. Es momento de revisar las decisiones tomadas, de evaluar los impactos de la crisis y de pensar para adelante.
A
pesar de que Uruguay fue el primer país del mundo en establecer el acceso al
agua potable como un derecho humano en su constitución, en los hechos, el
acceso es desigual y esto se ha ido agravando. En este último punto, queremos
detenernos en este artículo.
Agua que me quemo
En una nota anterior, Sanguinetti
(2021) muestra que, desde antes de esta crisis, los hogares más pobres gastaban
más en agua potable que los más ricos. Más específicamente, en 2017, el 10% de
los hogares más pobres gastaba $610 en promedio en agua de OSE y el 10% de los
más ricos $569, según datos de la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares
(ENIG). Además, si miramos el peso del pago del agua de OSE en los ingresos, en
los primeros era del 2,7% y en los segundos del 0,5%. Es decir, el esfuerzo que
realizaban los hogares más pobres para acceder a agua potable ya era – más de
cuatro veces – mayor al de los hogares más ricos, antes de tener que comprar
agua embotellada.
Esto se debe a la estructura tarifaria de OSE que, con algunas salvedades como la tarifa social [2], es regresiva en términos de ingresos, es decir, los hogares más pobres pagan más en promedio por el agua que los más ricos. La tarifa funciona de tal manera que los hogares que consumen más pagan el valor del metro cúbico de agua más caro [3], lo que puede parecer interesante en una lógica de evitar los consumos excesivos. Sin embargo, los hogares que tienden a consumir más son los más pobres (a pesar de que per cápita consumen menos que los más ricos) porque tienen más integrantes en promedio. Así, este tipo de medidas los castiga.
A la vez, los costos de potabilizar el agua han ido aumentando por el deterioro de las cuencas de donde se extrae el agua para potabilizar, trasladándose a las tarifas y profundizando la desigualdad. La principal fuente de este deterioro es materia de debate: hay quienes sostienen que se debe a largos procesos de erosión de los suelos (Manta et al. 2013), mientras otres destacan el rol de la producción agropecuaria y la contaminación que ha producido el uso intensivo de los suelos en los últimos años (Aubriot et al. 2017).
En los últimos tiempos, se han realizado varios ajustes tarifarios asociados al aumento de los costos de potabilización. Por ejemplo, en 2016 comenzó a cobrarse una especie de multa a aquellos hogares que se pasaban de los 15 metros cúbicos en el promedio anual de consumo, un cargo fijo que significó un aumento de aproximadamente el 40% en las tarifas de esos hogares. Pero el cambio más mediático fue el del 2017, cuando se aumentó en un 30% el costo fijo en lo que se conoce como “tarifa ambiental".
Estas medidas de cobrar más a quienes gastan más se tomaron con el fin de que la población ahorre agua, pero como el agua es esencial para la vida, existen límites concretos a su ahorro. A pesar de que los hogares más ricos consumen más agua per cápita que los hogares más pobres, su demanda de agua aumenta de manera menos que proporcional a su ingreso. De hecho, el mayor consumo de agua por los hogares se explica por la cantidad de personas que viven en los mismos y no por sus ingresos.
En definitiva, debería repensarse
la estructura tarifaria de OSE para que los aumentos en los costos de
potabilización no recaigan desproporcionadamente sobre los hogares de menores
recursos, poniendo en riesgo su acceso al agua, su salud individual y la salud
de la población en un sentido más colectivo, por el riesgo de la propagación de
posibles pandemias.
Pásame la botella
La crisis hídrica y la no-potabilidad del agua de OSE que vivimos entre mayo y agosto de este año nos forzaron a tomar una difícil decisión. Se podía comprar agua embotellada, lo cual aumentaba el costo del agua para la población en general y para los hogares más pobres en particular. O se podía arriesgar la salud consumiendo el agua no potable que salía por las canillas, pozos o fuentes superficiales no confiables. Es decir, se podía pagar con el bolsillo o con el cuerpo.
A pesar de ello, el gobierno central sólo tomó
medidas económicas una vez que había pasado más de un mes desde el comienzo de
la crisis. A fines de junio, el parlamento aprobó la reducción de impuestos
para el agua embotellada y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) comenzó a
asistir a su población beneficiaria con dinero para comprar lo equivalente a
dos litros de agua por día por persona en el hogar, o sea que no se cubrió el
agua para cocinar ni se indemnizó a estos hogares por sus gastos previos.
Además, la población siguió pagando el agua no potable de la OSE al mismo
precio que antes. La Intendencia de Montevideo también entregó agua embotellada
en policlínicas, ollas y merenderos. Estas medidas, como mostramos a
continuación, no revierten el impacto desigual del aumento del costo del agua
potable en la población.
Para evaluar la suba de costos en el acceso al agua potable por decil de ingresos, calculamos (según datos [4] del Instituto Nacional de Estadística (INE), el pliego tarifario de OSE del 2022, estimaciones de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), y el precio de bidones a $89, esto es, luego de la reducción de impuestos), por hogar, un costo hipotético de agua de OSE de cinco metros cúbicos por persona al mes para las necesidades básicas por fuera de la bebida, y de agua embotellada de dos litros por persona por día sin contar el agua para cocinar, lo que aumentaría nuestras estimaciones de los gastos por hogar. Los resultados se pueden ver en la tabla a continuación.
|
Deciles de Ingresos |
|
Gasto teórico en OSE en $ |
Gasto en agua embotellada en
$ |
Peso de OSE en el ingreso en
% |
Peso del
agua embotellada en el ingreso en % |
Peso total del agua en el ingreso
en % |
% de niñes menores de 12 |
% de menores de 18 |
% de personas afro |
Cantidad de
personas cubiertas por el MIDES |
|
El 10% más pobre |
4,9 |
1.767 |
4.351 |
3,8 |
9,2 |
13,0 |
31,7 |
47,7 |
14,6 |
77% |
|
2 |
3,9 |
1.233 |
3.463 |
1,9 |
5,4 |
7,4 |
26,4 |
40,3 |
14,7 |
60% |
|
3 |
3,5 |
954 |
3.108 |
1,3 |
4,1 |
5,4 |
22,1 |
34,7 |
14,4 |
43% |
|
4 |
3,3 |
873 |
2.930 |
1,0 |
3,4 |
4,4 |
18,2 |
29,6 |
11,9 |
30% |
|
5 |
3,1 |
793 |
2.753 |
0,8 |
2,9 |
3,7 |
14,8 |
23,8 |
10,3 |
17% |
|
6 |
2,9 |
661 |
2.575 |
0,6 |
2,4 |
3,1 |
12,4 |
21,1 |
8,6 |
11% |
|
7 |
2,7 |
632 |
2.398 |
0,5 |
2,0 |
2,5 |
11,0 |
18,0 |
9,3 |
5% |
|
8 |
2,6 |
618 |
2.309 |
0,4 |
1,6 |
2,1 |
10,6 |
17,0 |
6,8 |
3% |
|
9 |
2,5 |
604 |
2.220 |
0,4 |
1,3 |
1,6 |
10,6 |
15,7 |
5,7 |
1% |
|
El 10% más rico |
2,2 |
562 |
1.954 |
0,2 |
0,7 |
0,9 |
7,7 |
12,0 |
3,7 |
0% |
Nuevamente observamos que los hogares más pobres, al tener más integrantes y menos ingresos que los hogares más ricos, vieron aumentar su gasto en agua potable embotellada a mayores niveles, tanto en términos brutos como proporcionales a sus ingresos. El 10% más pobre debía de gastar más del 9% de sus ingresos en agua embotellada para poder consumir agua potable. De este decil, no obstante, estimamos que cerca del 80% recibió dinero del MIDES para comprar dos litros de agua por día para cada integrante del hogar. Este dinero, de nuevo, no solo no cubría el agua necesaria para cocinar, sino que se concedió a más de un mes de iniciada la crisis. En los hogares del decil más pobre no cubiertos por MIDES, el peso del costo del agua de OSE sumado al del agua embotellada significó un 13% de sus ingresos.
A medida que aumenta el nivel de ingresos cae la cantidad de personas por hogar, y también el esfuerzo económico para abastecerse del mínimo de agua potable para beber. Pero también, disminuye la cantidad de hogares que recibieron asistencia del MIDES desde fines de junio.
Recién para los hogares del quinto decil, el peso de cubrirse con el mínimo de agua para beber fue menos del 3% de sus ingresos. En otras palabras, gran parte de la población estuvo por encima del umbral del costo del agua que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determina como inaccesible, un umbral que se establece como el mínimo para vivir bajo estándares conservadores. Es más, este límite se viola considerando únicamente dos litros por día por persona, pero la ONU hace el cálculo con un mínimo de cincuenta. A saber, la ONU (2010) reconoce el derecho humano “a tener una cantidad de agua suficiente para el uso doméstico y personal (entre 50 y 100 litros de agua por persona y por día), segura, aceptable y asequible (el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar).”
Finalmente, los hogares más ricos vieron multiplicarse sus gastos en agua con respecto a sus ingresos por más de cuatro también: de 0,2% de sus ingresos cuando el agua de OSE era potable a 0,9% con la compra de agua embotellada. No obstante, su consumo base era tan pequeño en relación a sus ingresos que el aumento también lo fue: siguieron destinando menos del 1% de sus ingresos al agua. De hecho, es posible que el agua embotellada para beber ya formara parte de sus gastos antes de esta crisis, y que durante la crisis hayan gastado aún más, haciendo otros usos del agua además de beber para reducir sus riesgos.
A las desigualdades socioeconómicas se le suman las desigualdades sociodemográficas que existen entre los hogares más ricos y los hogares más pobres. Esto es, las infancias menores de 12 años, las personas menores de 18 años, y las personas afrodescendientes se encuentran sobrerrepresentadas en los deciles de ingreso más pobres, quedando más expuesta su salud por el aumento en el costo del acceso al agua potable. Cabe nuevamente aclarar que el cálculo que realizamos es hipotético de lo que supondría para los hogares comprar el agua potable necesaria para su consumo, pero sabemos que muchos hogares no pudieron hacerse cargo de estos gastos.
Comparando a los hogares del decil de ingresos más bajos con el de los ingresos más altos, observamos que el esfuerzo que implicó comprar agua embotellada para el decil más pobre fue ocho veces mayor que para el decil más rico, y el peso total del agua en los ingresos de los hogares fue doce veces mayor para los hogares más pobres que para los hogares más ricos, para los hogares que no estuvieran cubiertos por el MIDES desde fines de junio.
En definitiva, OSE ya tenía una
estructura tarifaria que castigaba a los hogares más pobres y la necesidad de
comprar agua embotellada para acceder a agua potable agravó esta desigualdad.
Los hogares más pobres, con mayor proporción de infancias, menores de edad y personas
afrodescendientes, quedaron aún más expuestos a afectaciones en su salud por
consumo de agua no potable, ya que el gasto que implicó comprar el mínimo de
agua embotellada necesaria fue, en caso de no recibir asistencia del MIDES
desde fines de junio, más de ocho veces más alto para estos hogares que para
los más ricos.
Yo no sé mañana
La crisis hídrica ha llevado a impulsar algunas alternativas como la del Proyecto Neptuno, una planta potabilizadora que se licitó hace menos de un mes y se construirá en la zona de Arazatí, San José. Esta ha generado múltiples cuestionamientos y críticas desde diversos actores de la sociedad: técnicas, vinculadas al mantenimiento de un polder para guardar agua dulce; ambientales, relacionadas a su ubicación y el impacto en la zona costera; económicas, por su alto costo; y políticas, relacionadas a los efectos privatizadores de la iniciativa.
Este proyecto apunta a solucionar la crisis hídrica con la potabilización de agua del Río de la Plata, lo cual ha también sido duramente criticado por la presencia asidua de salinidad y cianobacterias [5]. Esta gran inversión va a afectar, una vez más, la tarifa que paga la población uruguaya, que se distribuye desigualmente por el servicio de agua potable. Al mismo tiempo, esta estrategia significa renunciar a la regeneración y el cuidado de la cuenca de Santa Lucía y de nuestras cuencas fluviales en general. Casupá, la alternativa de un reservorio en las sierras de Minas, donde nace el río Santa Lucía, no solo implicaba una inversión más barata, sino que incurría en menos gastos corrientes de potabilización trasladados a las tarifas.
En este contexto floreció la
militancia socioambiental, con frecuentes movilizaciones en las calles y grupos
de investigación autogestionados e impulsados por la Coordinación por el Agua.
“No es sequía es saqueo” es la ciudadanía reclamando que los privados
agropecuarios se hagan cargo de su rol en la contaminación de la cuenca de
Santa Lucía, para que los costos cada vez más altos de potabilizar agua cada
vez más contaminada y, en el caso del Proyecto Neptuno, más salada, dejen de
recaer una y otra vez de manera desproporcionada en los hogares menos
privilegiados.
Muchas gracias Agustina Affonso, Cecilia
Rodriguez, Alicia Torres,
Diego Castro y Colectivo Investiga Agua por sus valiosos aportes.
REFERENCIAS
Arias, P. A., Rivera, J. A., Sörensson, A. A., Zachariah, M., Barnes, C., Philip, S., ... & Otto, F. E. L. (2023). “Vulnerability and high temperatures exacerbate impacts of ongoing drought in Central South America.” World Weather Attribution.
Aubriot, L. E.,
Delbene, L., Haakonsson, S., Somma, A., Hirsch, F., & Bonilla, S. (2017). Evolución de la eutrofización en el Río Santa Lucía:
influencia de la intensificación productiva y perspectivas. Innotec, (14
jul-dic), 07-16.
Manta, E., Cancela, H., Cristina, J., &
García-Prechac, F. (2013). Informe sobre la calidad del agua en la cuenca del
Río Santa Lucía: Estado de situación y recomendaciones. Montevideo: Universidad
de la República.
Sanguinetti. M. (2021, 22 marzo). Desigualdad
hídrica, injusticia tarifaria. Especial Día Mundial del Agua #3. Zur.
Disponible en:
https://zur.uy/desigualdad-hidrica-injusticia-tarifaria-especial-dia-mundial-del-agua-3/
ONU. 2010. Informe de Objetivos de Desarrollo
Sostenible. https://www.un.org/es/global-issues/water
URSEA. 2023. Resultados de los monitoreos en área
metropolitana del 1 al 14 de junio. https://www.gub.uy/unidad-reguladora-servicios-energia-agua/comunicacion/noticias/resultados-monitoreos-realizados-ursea-area-metropolitana-del-1-14-junio
Wim Thiery et al.
(2021) “Intergenerational inequities in exposure to climate extremes.” Science
374,158-160 DOI:10.1126/science.abi7339
[1] Véase el informe de la URSEA: https://www.gub.uy/unidad-reguladora-servicios-energia-agua/comunicacion/noticias/resultados-monitoreos-realizados-ursea-area-metropolitana-del-1-14-junio
[2] Una tarifa más económica destinada a la población que tiene dificultad para acceder a los servicios de agua potable y saneamiento como los hogares en programas del MIDES y en asentamientos regulares. El beneficio no es automático y nunca excede los 15 metros cúbicos por hogar. Por más véase: http://www.ose.com.uy/clientes/tarifa-social
[3]
[4]
Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.
