Un, dos, tres: un pasito para atrás

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Los procesos de crecimiento económico no tienen efectos positivos automáticos sobre la distribución del ingreso, el bienestar o el desarrollo. Crecer generando empleo de calidad, equidad y democracia y hacerlo en forma sostenible requiere esfuerzos decididos para lograrlo.  Esto no quiere decir que mayores niveles de producto per cápita (particularmente, en países en desarrollo) no sean necesarios para ampliar las opciones de vida de las personas. Significa, en cambio, que no son condición suficiente. Entre los aspectos distributivos y de desarrollo que no se resuelven mecánicamente con mayores niveles de ingreso (o PBI) per cápita, se encuentran los relacionados a la equidad de género.

En el caso de Uruguay, tras muchos años de avances hacia la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de mujeres y varones (que, efectivamente, coincidieron con tiempos de mejoras en el nivel de ingreso per cápita), es frecuente escuchar argumentos que cuestionan la lucha feminista. Desde el sistema político, el debate parlamentario y la producción de leyes y desde los medios de comunicación y las redes sociales se emiten mensajes de rebeldía frente a “la dictadura de lo políticamente correcto” con que se identifica la causa de la equidad y la lucha de las mujeres.[1]

Todo vuelve… La teoría económica neoclásica (habitualmente optimista) espera que las inequidades de género se reduzcan a medida que las sociedades mejoran su PBI per cápita. Esto sucedería, por ejemplo, porque la mayor educación femenina vuelve costosa e ineficiente la discriminación, que priva de contratar una fuerza de trabajo altamente calificada y competente. Sin embargo, se omiten aquí aspectos de poder y coerción, por las que estas transformaciones no se producen en forma automática. Es que el desempeño de las economías y su desarrollo también están condicionados por valores, costumbres y creencias, arraigados en la cultura de cada sociedad (Nunn, 2012; Spolaore y Wacziarg, 2013; Alessina et al. 2013).

Muchos análisis han planteado la no linealidad de la relación entre el avance de derechos de las mujeres y el nivel de ingreso de las economías (E. Boserup, en 1970 fue pionera; Verik, 2018 o Dilli et al. 2019 relevan distintos aspectos de esta discusión). Entre ellos, un estudio, que ya tiene algunos años, parece ser útil para comprender la situación de Uruguay. En él, J. Eastin y A. Prakash (2013) estudian la relación entre producto per cápita y diferentes indicadores de equidad de género para 146 países en desarrollo entre 1980 y 2005. Sus hallazgos remiten a un período relativamente reciente, a diferencia de otros análisis que adoptan una perspectiva de largo plazo.[2]

Los autores muestran que la relación entre el nivel de ingreso de las economías y la equidad de género tiene forma de “S”. Es decir, encuentran una primera fase en que a mayor PBI per cápita mejora el acceso a los derechos económicos, sociales y políticos de las mujeres. La segunda etapa es de retroceso, aun cuando las economías continúen mejorando su nivel de ingreso. En esta fase, la visibilidad de la agenda de género produce la reacción de quienes se benefician del statu quo. Estas fuerzas imponen frenos o, incluso, procuran revertir lo avanzado. Esta etapa se extiende hasta que el producto per cápita alcanza niveles todavía más elevados y la acumulación de demandas de la fase previa abre camino a nuevos progresos. Más allá del detalle específico del trabajo, su principal contribución radica en la atención a la segunda fase, que advierte que los procesos de cambio no tienen por qué continuar indefinidamente. Los siguientes gráficos resumen las tendencias encontradas:

Nota: GDI (Índice de Desarrollo de Género), sintetiza indicadores de salud, esperanza de vida, educación y participación en el ingreso de la economía comparando varones y mujeres; GEM (Índice de empoderamiento) mide diferencias en la participación política de varones y mujeres; “Labor Force” alude a la participación de las mujeres en la población económicamente activa; “Parliament” refiere al porcentaje de escaños ocupados por mujeres. Mayores niveles de cada indicador, señalan ganancias de equidad. El PBI per cápita (GDP per capita) se mide en dólares a precios constantes de 2000. Fuente: Eastin y Prakash (2013).

¿S-Uy? Los frenos que, en el estudio, dan lugar a la segunda etapa suelen provenir de tres fuentes: las leyes, las tradiciones familiares y la religión y los valores (Dilli et al., 2015). Un rápido recorrido a algunas noticias muestra que la situación actual de Uruguay bien podría encajar en las predicciones del modelo sobre la segunda fase. He aquí algunos ejemplos:

Leyes y regulaciones. A poco de asumir, el nuevo gobierno fusionó el “Sistema Nacional Integrado de Cuidados” (SNIC) con el “Programa Nacional de Discapacidad”. Diversas organizaciones sociales señalaron que la decisión traslucía una confusión entre la dependencia -entendida como una situación por la que transitamos todas las personas en alguna etapa de la vida y la situación de discapacidad. Ambas requieren cuidados, pero involucran conceptos y tienen alcances diferentes, que la fusión ignora por completo. El proyecto de “tenencia compartida” también es ilustrativo. Apenas ayer, el Senado aprobó la iniciativa, que múltiples organizaciones profesionales y sociales calificaron de innecesaria, porque dicha tenencia ya existe en el país. Pero, sobre todo, riesgosa, dado que un/a juez puede decidir no suspender las visitas de un progenitor denunciado por violencia de género, maltrato, abuso o explotación sexual. Quienes promovieron la ley, manifiestan cumplir con el reclamo de “grupos” que, como señala una Senadora de la República, cuentan con gran apoyo popular, como reflejan los “más de 70 mil seguidores” que reportan en sus redes (consultar aquí).

Sobre el funcionamiento del sistema legal, es elocuente el periplo de un fiscal de Delitos Sexuales, que archivó 220 causas con denuncias, en poco más de una semana. Su frenética actividad incluyó la difusión en un medio radial del pedido de prisión domiciliaria a los acusados en un caso de violación grupal (sin aviso previo a la víctima ni a sus representantes legales). Se suma a la situación, la carta de la “Asociación de Abogados Penalistas”, denunciando que el Fiscal General de la Nación había recibido presiones de quienes quieren “imponer cierta ideología por fuera de lo que marca la Constitución”, a propósito de una reunión de la Intersocial Feminista con el funcionario por este tema (ver aquí). 

Tradiciones y prácticas familiares. Más de 84% de los femicidios son cometidos por la pareja o ex pareja de la víctima, seguido por 11% de familiares (Diputada C. Bottino, noviembre de 2020). Pese a esto, desde el Parlamento se ha sostenido que la violencia de género, la demanda de hogares de acogida o la figura del femicidio propagan el rencor entre varones y mujeres y que el remedio se encuentra en recuperar los valores perdidos de la familia (ver aquí). Incluso, hace pocas horas, en el marco del debate sobre “tenencia…”, se ha expresado la preocupación por “un infundado ataque a la familia”, en el marco de una “embestida cultural” que atentaría contra la existencia de los seres humanos (ver aquí).

Valores. La mentada “ideología de género” es el epicentro de la amenaza. Las prevenciones han llevado a apuntar, por ejemplo, contra ONU Mujeres, porque financiaría movimientos y corrientes de opinión en contra de “nuestros intereses nacionales” (ver). También a señalar la pérdida de referencias que supone el pasaje del “patriarcado” al “matriarcado” (consultar aquí). O, directamente, a proclamar, como expresa en twitter un Senador de la República, que los partidarios de la ideología de género (sic) “…desean una Justicia flechada al servicio de una doctrina extravagante y maligna” (ver por aquí).

Un poco atrasado el progreso… Las prácticas y valores culturales no necesariamente se transforman como resultado del mayor nivel de riqueza de una sociedad. El modelo “S” llama la atención sobre la etapa de declive y meseta, en que parecen perder pie los logros obtenidos. Sugiere que es un error confiar que, una vez que los cambios hacia la equidad de género se aceleran, la tendencia ya no es reversible. En la extensión y profundidad de la segunda fase está la clave, pues cuanto más se prolonga, retroalimenta y legitima discursos y acciones, que luego lleva tiempo desandar. Estas tendencias podrían estarse gestando en Uruguay y podrían instalarse, más allá de que se retome una senda de crecimiento del ingreso. Más allá, incluso, de que acuerden con la injusticia que implican las brechas de género en las remuneraciones o en la inserción en distintos campos de la actividad laboral o científica. O, de que coincidan con la idea (limitada) de que el acceso femenino al mercado laboral resuelve todos los obstáculos para la equidad de género. Su mayor desafío a la lucha feminista radica en que cuestionan aspectos muy caros al movimiento, como la necesidad de transformar los roles de género en las familias y comunidades, de asumir los cuidados como responsabilidad individual y social (más allá del sexo de las personas) y de cambiar las relaciones de poder.

 

Referencias

Alesina, A., Giuliano, P. y Nunn, N. (2013), “On the Origins of Gender Roles: Women and the Plough”, Quarterly Journal of Economics 128, 469–530.

Boserup, E. (1970), Women’s Role in Economic Development. New York: St Martin’s.

Dilli, S., Carmichael, S. y Rijpma, A. (2019), “Introducing the historical gender equality index”, Feminist Economics 25(1), 31-57.

-------------------------------- (2015), “Achieving gender equality: development versus historical legacies”, CESifo Economic Studies, 61(1): 301-334.

Eastin, J. y Prakash, A. (2013), “Economic Development and Gender Equality: Is There a Gender Kuznets Curve?”, World Politics 65, 156–86.

Nunn, N. (2012), “Culture and the Historical Process”, Economic History of Developing Regions 27, S108–26.

Spolaore, E. y R. Wacziarg (2013), “How Deep Are the Roots of Economic Development?”, Journal of Economic Literature 51, 325–69.

Verik, S. (2018), “Female labor force participation and development”, IZA World of Labor 2018: 87v2.

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[1] La idea de “rebelión ante la dictadura de la corrección política” es planteada por G. Caetano y M. Broquetas, en su reflexión sobre las derechas, a propósito de una publicación reciente (consultar aquí). 

[2] Los autores se inspiran en la regularidad encontrada por S. Kuznetz, en los años cincuenta, que describe un recorrido en forma de U invertida entre desigualdad de ingresos y producto per cápita. La “curva de Kuznetz” muestra que la desigualdad tendería a crecer a niveles bajos de desarrollo económico y a mejorar a medida que aumenta el ingreso per cápita.

Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.