Viejas y nuevas reacciones hacia la agenda de igualdad de género en América Latina
En el mundo, los cambios sociales progresistas siempre han enfrentado reacciones protagonizadas por individuos o grupos que, sintiéndose amenazados en sus privilegios, buscan evitar el acceso a derechos por parte de grupos marginados o discriminados que fueron objeto de los cambios progresistas. Estas reacciones son una característica de las sociedades contemporáneas y abarcan diversos temas, entre ellos los asuntos de la llamada agenda de igualdad de género y derechos de las mujeres (Alter y Zürn 2020; della Porta 2020). Cada vez que han existido impulsos u olas reformistas por el avance de los derechos de las mujeres se han verificado –en diversas partes del mundo, incluidos los países en desarrollo– acciones que buscan contrarrestarlas. La literatura suele denominar a estas acciones bajo la categoría backlash (Biroli y Caminotti 2020; Piscopo y Walsh 2019), sin embargo, bajo esta etiqueta se incluyen fenómenos de muy diferente naturaleza.
El avance progresista
La tercera ola de democratización trajo un nuevo impulso para de las principales demandas de los movimientos feministas y de mujeres. En las nuevas democracias las desigualdades de género se politizaron y los movimientos feministas –y también otros como los de la diversidad sexual– florecieron y se fortalecieron (Basu 2017). Desde la década del ’90, estas organizaciones participaron en ámbitos internacionales desde donde ampliaron y consolidaron redes, y en algunos casos accedieron a crecientes a recursos económicos. Asimismo, utilizaron estratégicamente convenciones y compromisos internacionales sobre la igualdad –entre ellas la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979)– como una forma de dar mayor legitimidad a sus reclamos ante los gobiernos nacionales. Más adelante, las nuevas tecnologías de la información y el uso creciente de las redes sociales ayudaron a los movimientos feministas a expandir sus mensajes, e influyeron en su capacidad para movilizar. En algunos países latinoamericanos por ejemplo, los movimientos feministas llegaron a protagonizar protestas multitudinarias. El movimiento Ni Una Menos contra la violencia machista que surgió en Argentina en 2015, las grandes protestas por el aborto legal que explotaron también en ese país en 2018 (la llamada “ola verde”) (Daby y Moseley 2021; Rodríguez 2015) o las movilizaciones feministas en Chile de 2018 contra el acoso y el abuso sexual en las universidades son ejemplos de estos fenómenos.
En América Latina, la movilización feminista no solo politizó las desigualdades de género en el debate público, sino que también fue el motor de una ola de cambios legales. Desde mediados de la década del ’90 muchas de las demandas de las organizaciones feministas en América Latina se plasmaron en políticas públicas, convirtiéndose en leyes o en programas implementados desde los poderes ejecutivos. Es cierto que no todas las reivindicaciones feministas avanzaron a la misma velocidad y por igual bajo cualquier contexto político. Mientras las leyes sobre violencia hacia las mujeres, las que amplían las licencias por maternidad y las leyes de cuotas o hasta de paridad en política han sido frecuentes ,otras demandas feministas, como los derechos sexuales y reproductivos y el aborto legal, han sido muy difíciles de concretar (Pérez Bentancur 2019). Solo bajo algunos gobiernos de izquierda se promovieron este tipo de reformas (Uruguay 2012, Chile 2017, Argentina 2020). Más allá de esto, los avances logrados en materia de legislación han sido notorios, y aunque las desigualdades de género persisten, la ola reformista ha significado mejoras en la condición y posición de las mujeres en la mayoría de los países. Sin embargo, el avance feminista no ha estado exento de reacciones, protagonizadas por actores conservadoras que han intentado, como mínimo, obstaculizar el acceso a derechos a los derechos consagrados en las leyes.
Tipos de reacciones conservadoras
Las reacciones conservadoras frente a la igualdad de género suponen una gran variedad de fenómenos (Piscopo y Walsh 2019) que ocurren en niveles micro y macro y se viabilizan a partir de canales institucionales y no institucionales (Pérez Bentancur y Rocha-Carpiuc 2020). Aunque estas reacciones no son nuevas, algunas manifestaciones recientes, asociadas en particular en el ámbito político, a líderes de extrema derecha, constituyen fenómenos sui generis que van más allá de la lógica conservadora que habitualmente ha primado en la región.
Un rasgo general de la viejas reacciones conservadoras a las reformas sobre igualdad de género, es que, en general, estaban acotadas a políticas puntuales, sobre todo a aquellas relacionadas a los derechos sexuales y reproductivos, y ocurrían en la etapa “pos-reforma” (Pérez Bentancur y Rocha-Carpiuc 2020). En este sentido, en distintos países de América Latina, los actores conservadores se han movilizado de diferentes maneras con el objetivo de anular reformas que expandieron derechos a las mujeres impulsadas por actores progresistas. Estos actores conservadores, suelen ser los mismo grupos que no pudieron frenar las reformas en las asambleas legislativas y contra-atacan en la etapa posterior a la reforma, utilizando por ejemplo canales institucionales disponibles como los referéndums o recursos de inconstitucionalidad.
Por ejemplo, en Uruguay, los partidos de centro- derecha se sumaron a grupos pro vida y a la Iglesia Católica para derogar, mediante referéndum, la ley que despenalizaba el aborto aprobada en 2012, y que había sido impulsada por las organizaciones feministas y el Frente Amplio (Johnson, Rodríguez Gustá, y Sempol 2019). En este caso, el referéndum no pudo ser convocado pues sus promotores no llegaron a juntar las adhesiones requeridas por la Constitución.
En Chile, en 2017, la UDI y RN, dos partidos conservadores, apoyados por la Pontificia Universidad Católica, acudieron al Tribunal Constitucional, buscando revertir la ley impulsada por la presidenta socialista Bachelet que permitía la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres circunstancias: violación, riesgo a la vida de la mujer gestante y malformación fetal. El Tribunal Constitucional declaró que la ley era constitucional, pero aceptó el pedido de la Universidad Católica, quien administra uno de los servicios de salud más relevantes del país, de consagrar la objeción de conciencia institucional. Previamente, el Parlamento había optado por excluir esta figura de la ley (Pérez Bentancur 2019). Como consecuencia de la decisión del Tribunal Constitucional, cualquier hospital privado tendría derecho a negarse a realizar los abortos definidos en la ley. Dado que el sistema de salud chileno está principalmente privatizado, la decisión del Tribunal afectó, principalmente, a mujeres de clase media.
En otros casos, las reacciones de actores conservadores a las reformas progresistas han implicado contra-movimientos. Así por ejemplo, en México, a la ley que despenalizó el aborto en la Ciudad de México (2007), no le siguieron procesos reformistas similares en otros estados. Por el contrario, entre 2008 y 2009, 16 estados, adoptaron reformas que consagraron el derecho a la vida desde la concepción. Estas reformas fueron impulsadas por grupos pro-vida en alianza con la Iglesia Católica y con acceso institucional a políticos del PAN y el PRI a nivel sub-nacional (Beer 2017; Lamas 2017; Reuterswärd 2018).
Otras veces, los actores conservadores han desplegado acciones por vías no institucionales, por ejemplo, impidiendo el acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva, ya sea mediante protestas en las puertas de hospitales y clínicas o mediante lobby con los médicos de estos centros. En general, estas acciones suelen ser frecuentes en localidades poco modernas, donde la influencia de la Iglesia Católica y los grupos evangélicos es alta.
Mientras las reacciones anteriores no son una novedad, recientemente estos fenómenos han adquirido algunos rasgos nuevos. En primer lugar, muchos eventos conservadors siguen ocurriendo en el período pos-reforma como respuesta, por ejemplo, a una nueva ley, en otros casos, la reacción es ante un “avance imaginado” (Piscopo y Walsh 2019). En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, estas reacciones ocurren incluso en contextos donde las reivindicaciones feministas no han avanzado tanto, pero existe la percepción de que pueden avanzar. En tercer lugar, estas reacciones no se restringen en temas controversiales como el aborto legal o los derechos sexuales y reproductivos, sino que también se extienden a temas soft como la violencia hacia las mujeres o la agenda de género en general. Por último, estas reacciones incluyen una retórica anti-género. En este sentido, es común que los actores que protagonizan estas reacciones apelen al término “ideología de género” como forma de denostar al movimiento feminista, a las agencias internacionales para la igualdad de género como ONU MUjeres y a las políticas de igualdad de género en general.
En Perú, por ejemplo, las reacciones anti-género comenzaron en 2016, cuando el gobierno implementó un programa escolar que incorporaba al curriculum contenidos anti-discrimación e incluía temas sobre equidad de género y orientación sexual. La implementación de esta política llevó a la movilización de organizaciones evangélicas bajo el slogan #ConMisHijosNoTeMetas. Estos actores reclamaban la eliminación del nuevo programa escolar argumentando que la educación sobre estos temas debía ser responsabilidad exclusiva de las famlias. La movilización de estos grupos logró retrasar la implementación del programa en por casi dos años. Pero además, estos actores fueron más allá, logrando instalar un discurso anti-feminista y contra la “ideología de género” en las políticas públicas. Este movimiento desarrolló vínculos fuertes con los partidos peruanos de perfil más conservador como Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori (Rousseau 2020). En 2018, Fuerza Popular presentó un proyecto de ley para eliminar del ordenamiento jurídico y de las políticas públicas toda referencia a las palabras “género” y “equidad de género”[1]. En las elecciones de 2021 la retórica anti-feminista formó parte del discurso de campaña de los dos principales contendientes: Keiko Fujimori y Pedro Castillo, el candidato de izquierda.
Un fenómeno similar había ocurrido en Costa Rica en las elecciones de 2018 cuando la segunda vuelta se polarizó en torno a temas de género entre el candidato ultraconservador Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional (PNR) y el oficialista Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana (PAC), un partido de centro-izquierda. En el centro del debate estaba el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenaba al país a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la política de educación sexual en las escuelas promovida por el gobierno. Fabricio Alvarado, el candidato más votado en la primera vuelta electoral, contaba con el apoyo de las múltiples organizaciones evangélicas y del electorado católico. Durante la campaña electoral Fabricio Alvarado había asegurado que si ganaba las elecciones, su primer decreto estaría dirigido a eliminar “todo indicio de “ideología de género” de la educación y del resto de instituciones del Gobierno”[2]. Otros ejemplos de reacciones anti-género recientes han ocurido en Colombia, México y Paraguay (Piscopo y Walsh 2019).
Implicancias de las reacciones conservadoras
Las reacciones conservadoras a la agenda de igualdad de género han tenido, y tienen, diferentes consecuencias. Por un lado, las reacciones que ocurren en las etapas pos reforma, no siempre logran ser exitosas, lo que está relacionado a las circunstancias políticas de cada caso y a la composición de los órganos de justicia cuando las estrategias de los actores conservadores están centradas en las cortes o tribunales. No obstante, cuando las reacciones conservadoras han sido existosas, aunque sea parcialmente como en el caso de Chile, han logrado restringir el acceso a derechos. En particular, en los asuntos de salud sexual y reproductiva y aborto legal las reacciones conservadoras suelen implicar más perjuicios para las mujeres pobres cuya única opción es el acceso a servicios provistos por el Estado. Cuando los Estados restringen los servicios de anticoncepción o interrupción de embarazos no deseados, las mujeres pobres suelen recurrir a mercados ilegales y altamente inseguros. En tanto, las mujeres de mayor nivel socioeconómico también acuden a estos mercados, pero como pueden pagar más suelen acceder a servicios seguros.
Por otro lado, las nuevas reacciones conservadoras tienen consecuencas que van más allá de la eventual restricción en el acceso a derchos. Cuando líderes políticos destacados activan retóricas anti-género polarizan artificialmente este tema en la sociedad. Sus retóricas no reflejan un estado de opinión pública, pero amplifican voces reaccionarias. Al hacerlo, tienden a erosionar algunos consensos, construidos durante décadas con el esfuerzo de muchos actores, entre ellos la comunidad internacional, respecto a que ciertos estándares básicos de igualdad de género eran deseables en las sociedades.
Bibliografía
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Beer, Caroline. 2017. “Making Abortion Laws in Mexico: Salience and Autonomy in the Policymaking Process”. Comparative Politics 50 (octubre): 41–59. https://doi.org/10.5129/001041517821864408.
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Lamas, Marta. 2017. La interrupción legal del embarazo: El caso de la Ciudad de México. Distrito Federal: Fondo de Cultura Económica.
Pérez Bentancur, Verónica. 2019. “La política del aborto legal en América Latina”. Disertación del Programa de Doctorado en Ciencia Política, Universidad Torcuato Di Tella.
Pérez Bentancur, Verónica, y Cecilia Rocha-Carpiuc. 2020. “The Postreform Stage: Understanding Backlash against Sexual Policies in Latin America”. Politics & Gender 16 (1). https://doi.org/10.1017/S1743923X20000069.
Piscopo, Jennifer M., y Denise M. Walsh. 2019. “Symposium. Backlash and the Future of FeminismIntroduction”. Signs: Journal of Women in Culture and Society 45 (2): 265–78. https://doi.org/10.1086/704950.
Porta, Donatella della. 2020. “Conceptualising Backlash Movements: A (Patch-Worked) Perspective from Social Movement Studies”. The British Journal of Politics and International Relations 22 (4): 585–97. https://doi.org/10.1177/1369148120947360.
Reuterswärd, Camila. 2018. “Mobilizing for Mortal Sin? Social Movements and the Struggle over Abortion Policy in Subnational Mexico”. En . Barcelona.
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Rousseau, Stéphanie. 2020. “Antigender Activism in Peru and Its Impact on State Policy”. Politics & Gender16 (1). https://doi.org/10.1017/S1743923X20000070.
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