Este mes el Ministerio de Defensa
Nacional convocó a un taller con el objetivo de generar insumos para “…formular
la política de defensa de Uruguay y su correspondiente Libro Blanco de Defensa”.
Fueron invitados todos los
Ministerios y otras reparticiones del Ejecutivo, legisladores de las comisiones
de defensa y relaciones internacionales de ambas cámaras, partidos políticos
con representación parlamentaria, empresas públicas, CODICEN, PIT-CNT, FF.AA.,
universidades pública y privadas, Instituto Nacional de DD.HH. e intendencias
municipales.
El programa incluye tres sesiones
en régimen de mesa redonda, para discutir asuntos como alcance del concepto de
defensa nacional incluido en la Ley Marco de Defensa Nacional (18.650, Febrero
2010), intereses y objetivos nacionales y principales amenazas a los mismos[i].
Uno de los objetivos declarados
del Ministerio para realizar la actual convocatoria es ampliar el círculo de
actores que discuten estos temas, históricamente delegados por las autoridades políticas
a equipos militares.
Pero ¿Es deseable una participación
amplia en el diseño de la política de defensa? Como argumentaba otra
entrada de este blog, la inclusión de más actores en los procesos de toma
de decisión de política pública (particularmente a niveles operativos) no
siempre conduce a mejores resultados.
No obstante, en este caso
considero que la respuesta es afirmativa.
En primer lugar, en forma similar
a otras políticas clave para el país, para ser efectiva la política de defensa
debe ser planificada a largo plazo y mantenerse estable a través de varios
ciclos electorales. Como ejemplificaba uno de los asistentes al taller, mirando
la dimensión estrictamente militar de la defensa, el tiempo entre que se determina
qué capacidades militares requiere un país, se adquiere la tecnología necesaria
y se forman los recursos humanos para utilizarla ronda promedialmente los 15
años. El ciclo debe repetirse frecuentemente porque esa tecnología se vuelve
obsoleta con relativa rapidez. Además, es particularmente costosa.
Los plazos y los esfuerzos políticos
no son menores cuando se observa la otra faceta fundamental de la defensa: la diplomática.
Encontrar actores internacionales con intereses al menos parcialmente
coincidentes con los de nuestro país, negociar acuerdos, reforzarlos y
defenderlos en la práctica en temas como explotación de los recursos naturales,
integración productiva, resolución pacífica de controversias y fortalecimiento
de organismos multilaterales es tanto o más difícil que generar capacidades
militares.
La estabilidad bien puede
lograrse sacando este tipo de temas de la agenda política, reservándolo a
grupos de técnicos especializados en el Estado que trabajen con baja injerencia
de las autoridades políticas. No obstante, esa forma de ganar estabilidad
necesariamente limita el derecho de las autoridades democráticamente electas a
tomar decisiones en esta área de políticas. Esto, además de ser negativo en sí
mismo, resta legitimidad a la política y probablemente haga que la ciudadanía esté
menos dispuesta a invertir recursos en ella.
La alternativa entonces es ir por
el camino opuesto: aumentar el número de actores políticos y sociales que
conocen y están de acuerdo con la estrategia elegida, porque fueron debidamente
informados y/o estuvieron involucrados en su definición.
El taller que propuso el MDN este
año tiene un alcance acotado en duración y convocatoria. No obstante, tiene el
valor de reafirmar la intención política de que las grandes orientaciones en
materia de defensa sean discutidas y apropiadas por actores mucho más allá del
MDN.
[i]
La iniciativa tiene como antecedente el Debate sobre Defensa Nacional de 2006,
organizado por el MDN, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la
Universidad de la República. El Debate fue un ciclo de seminarios, talleres y
mesas redondas de un año de duración, donde participaron representantes de más
de 80 instituciones públicas y privadas. Abarcó un abanico amplio de asuntos,
desde los vínculos entre política exterior y defensa, los roles relativos del
Ministerio y las FF.AA., hasta definiciones sobre política de recursos humanos
militares y justicia militar. Los insumos generados entonces dieron lugar a la
actual Ley Marco de Defensa.
