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Circo Beat: el público, la oposición y los medios

Peligro de quedar pegado
Peligro de quedar pegado
foto por Matías Brum
En los últimos meses el vicepresidente ha sido cuestionado en torno a dos temas: su gestión al frente de ANCAP y sus estudios de grado. Parte de la defensa llevada adelante por la izquierda (figuras del gobierno, estructuras del Frente Amplio y el propio vicepresidente) ha involucrado un cuestionamiento del rol y la intencionalidad de la oposición y de los medios de comunicación. Al respecto, me interesa presentar un poco de evidencia empírica que dialoga con estos acontecimientos.

En primer lugar, observemos la defensa que se hace del vicepresidente, que ha generado enfrentamientos a la interna del Frente Amplio, cuando algunas figuras del partido propusieron emitir declaraciones de apoyo en forma previa a que el vicepresidente brindara explicaciones dentro de la fuerza política. Hemos visto reacciones similares de la izquierda, de intentar cerrar filas primero que nada, por ejemplo en torno a los casos de Joselo Lopez y Alfredo Silva en el movimiento sindical, de Lorenzo y Calloia en el gobierno, y de Bengoa y Arean en la intendencia. Y sin necesidad de demasiada suspicacia, podríamos preguntarnos si algunas personas no utilizan dos varas distintas frente a casos de potenciales irregularidades. Vale decir: ¿será que la seriedad con la que es percibido un potencial caso de corrupción depende de los colores políticos del acusado y del votante? A continuación presento evidencia empírica que muestra que la respuesta, al menos para el caso español, parece ser “sí”.

Justamente, Anduiza, Gallego, y Muñoz (2013) realizan un experimento en que testean el sesgo en la percepción de casos de corrupción. Los autores registran las preferencias político-partidarias de un conjunto de individuos, que más adelante deben dar su opinión sobre la severidad (en una escala 0 a 10) de un caso de corrupción recogido en un recorte de periódico (ficticio). Los recortes recogen acusaciones a un alcalde que supuestamente habría favorecido la contratación o el incremento salarial de familiares en la estructura municipal. En forma aleatoria varía el color político del alcalde (PP, PSOE, o sin mención). Efectivamente, la severidad promedio es menor (7.6) cuando la acusación recae sobre un alcalde del partido con el que los individuos se identifican, y mayor (8) cuando es un alcalde del otro partido. La diferencia es más bien pequeña, pero resulta mayor cuando se controla por el nivel de sofisticación política (variable que captura interés y cultura política) de los individuos (la brecha pasa de 0.4 a 1.6). De hecho, la severidad con la que es percibida la corrupción, en general, es creciente con el nivel de sofisticación política y con el nivel educativo de las personas; además, a niveles altos de educación o sofisticación política, no existe una brecha significativa en la percepción de severidad de corrupción entre partidos.

En segundo lugar, más allá de la vara con la que se juzguen los hechos, sucede también que parte de la defensa del vicepresidente apunta a la idea de que la oposición y los medios estarían “embarrando la cancha” al hacer acusaciones que no tienen sustento o que no están relacionadas con hechos genuinos de corrupción. Esta línea es especialmente seguida en lo que se refiere a la comisión investigadora de ANCAP: todo se trataría de un circo mediático con miras a perjudicar al sector del vicepresidente, al gobierno y al Frente Amplio, cuando en los hechos no habría habido corrupción o irregularidades. Al respecto, una parte de la literatura empírica en economía política llega a la relativamente deprimente conclusión de que los casos de corrupción no tienen efectos significativos o tienen efectos muy menores en la probabilidad de reelección de un político o un partido (ver por ejemplo revisión bibliográfica en Golden et al [2006]). Como pequeño contraste, estudios como los de Chang et al (2010) para Italia y Dimock y Jacobson (1995) para los Estados Unidos encuentran que los casos de corrupción sí reducen el porcentaje de votos recibidos por los políticos corruptos, pero tienen efectos menores o nulos en la probabilidad de re-elección. Con mayor contraste, el trabajo de Ferraz y Finan (2008) se centra en auditorías conducidas a nivel de gobierno local en Brasil, realizadas en forma aleatoria. Los autores encuentran que políticos probadamente corruptos reciben entre 10% y 30% votos menos y tienen una probabilidad mucho menor de ser re-electos (hasta un 17% menor); en tanto políticos que salen indemnes de las auditorías incrementan la fracción de votos recibidos y las probabilidades de re-elección.

Ahora bien, la literatura reseñada brevemente habla en general de casos de corrupción, y lo que observamos son de hecho acusaciones y, según algunos, “circo mediático”. Otra vez, con algo de suspicacia, surge otra pregunta ¿será que el público distingue cuando las acusaciones responden a verdadera corrupción y cuando son especulación y “circo”? La respuesta, al menos para el caso español, parece ser “sí”. Justamente, Costas-Pérez, Solé-Ollé y Sorribas-Navarro (2012) estudian el efecto de la cobertura mediática de casos de corrupción en los resultados electorales para el caso de las elecciones locales españolas en el período 1996 a 2009.

Los autores recogen información sobre la cobertura en prensa escrita de distintos escándalos de corrupción a nivel local, y capturan, por ejemplo, el número de noticias publicadas, si el escandalo llega a la Justicia o no, y si la actuación de la Justicia termina en condenas o en absoluciones. Esta riqueza en datos es lo más interesante del artículo, ya que permite distinguir el efecto de la cobertura mediática en casos en los que la Justicia interviene y castiga, y casos en los que no habría habido corrupción (“acusaciones infundadas”). Los autores encuentran que, en promedio, los escándalos de corrupción reducen un 4% los votos a los políticos afectados, cifra que se eleva a 9% en los casos en que la cobertura mediática es alta o muy alta. Ahora bien, estudiando el efecto de la actuación de la Justicia, los autores encuentran además que la pérdida de votos llega a un 14% cuando la Justicia encarcela a alguien y la cobertura ha sido extensa, en tanto no hay reducción de votos cuando las acusaciones no llegan a denuncias ante a la Justicia o, cuando en caso de denuncias, la Justicia no encuentra corrupción. Vale decir, el trabajo encuentra que los votantes saben distinguir las acusaciones verdaderas, de aquellas que terminan siendo solo “circo”.

La evidencia empírica que presenté en este post es escasa y sufre de varios problemas. Uno no menor es de validez externa: no sabemos cuánto podemos extrapolar a la población del Uruguay a partir de trabajos para una muestra proveniente de España. Sin embargo, la intención del artículo es invitar a la reflexión, a repensar esta pregunta de si habrá distintas varas para medir irregularidades, y cuestionarnos si será cierto que alcanza con “operaciones mediáticas” para ganar las mentes y los corazones de los uruguayos.



Referencias

Anduiza, E., Gallego, A., & Muñoz, J. (2013). Turning a Blind Eye: Experimental Evidence of Partisan Bias in Attitudes Toward Corruption. Comparative Political Studies, 46(12), 1664-1692.

Costas-Pérez, E., Solé-Ollé, A., & Sorribas-Navarro, P. (2012). Corruption scandals, voter information, and accountability. European Journal of Political Economy, 28(4), 469-484.

Chang, E., Golden, M., Hill, S., 2010. Legislative malfeasance and political accountability. World Politics 62, 177–220

Dimock, M.A., Jacobson, G.C., 1995. Checks and choices. The house bank scandal's impact on voters in 1992. Journal of Politics 57, 1143–1159.

Ferraz, C., Finan, F., 2008. Exposing corrupt politicians. The effects of Brazil's publicly released audits on electoral outcomes. Quarterly Journal of Economics 123, 703–745.

Golden, M. A. (2010). Some Puzzles of Political Corruption in Modern Advanced Democracies. In In Democracy and Accountability: Globalized Political Responsibility. Toyko: Fukosha.

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