Ir al contenido principal

Sobre el déficit fiscal y la inversión pública

Autor invitado: Fernando Esponda

Juan lleva las cuentas de su casa de manera impecable. Mes a mes completa una planilla con sus gastos, que intenta que sean menores o iguales que sus ingresos. Cuando lo logra, subraya el resultado con un resaltador verde; cuando gasta más de lo que ganó, subraya con rojo. El proceso de registro, heredado de su padre -un viejo almacenero-, es una costumbre que él continúa de forma rigurosa.


Luego de muchos años Juan logra una vieja aspiración. Con un préstamo del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y sus escasos ahorros logra por fin comprar su casa, que hasta el momento alquilaba. Comprarla, además de darle un horizonte finito de pagos que terminará en 15 años, le permitirá hacerle algunas reformas que siempre quiso realizar. Sin embargo, la noche del último día del mes, cuando se apresta como siempre a hacer un resumen de los gastos e ingresos, se encuentra con una importante disyuntiva. En términos de gastos e ingresos comunes este mes ha sido bueno, con un saldo positivo. Sin embargo, si incluye en la planilla el costo de la casa que ha podido comprar, el mes se convierte en el peor de su historia, con una pérdida enorme. El número en rojo lo interpela, ¿habrá sido una buena decisión comprar la casa? La disyuntiva de Juan tiene dos soluciones: o anota todo el gasto de la compra de la casa ese mes, o utiliza otro criterio, que distribuya de alguna manera ese gasto a lo largo del tiempo.


La primera solución es la que se utiliza en la contabilidad pública: el gobierno central y las empresas públicas registran las inversiones en su totalidad en el año en que se realizan. La segunda opción es la que se adopta en el sector privado: las empresas registran las inversiones amortizándolas a lo largo del tiempo. Este pequeño detalle contable genera una de las discusiones más importantes de política fiscal en Uruguay: la referida a la relación entre déficit fiscal e inversión pública.


Juan acude a los apuntes de su padre, que fijaba en un cuaderno de tapas negras los criterios a utilizar. Encuentra que, al principio de su vida, el viejo buscaba que cada mes los gastos comunes fueran iguales a los ingresos, y que los gastos de largo aliento -la compra de la heladera del almacén, la inversión en la camioneta- se empataran con el pedido de un préstamo, siempre y cuando la cuota de ese préstamo pudiera ser pagada en el futuro. Sin embargo, en un momento el viejo cambió el criterio y pasó a registrar todo el gasto en el mes en que se realizaba.


La práctica contable mundial en la primera mitad del siglo XX seguía un criterio conocido como “la regla de oro”, que estipulaba que los gastos corrientes debían financiarse con ingresos corrientes, y los gastos de capital, con deuda pública. Este criterio se sustituyó luego; en América Latina se hizo fundamentalmente bajo el influjo del Manual de contabilidad pública del Fondo Monetario Internacional (1986), y se pasó a registrar toda la inversión pública en el año en que se ejecuta. Dicho manual fue modificado en 2001 -se reemplazó el criterio de caja por el criterio de lo devengado-, pero ese cambio no ha sido incorporado aún totalmente en Uruguay, aunque sí en otros países de la región.


Juan, consternado por el rojo en su planilla -¡qué diría el viejo si se levantara de la tumba, qué vergüenza!-, consulta entre sus conocidos, quienes le aconsejan diferentes opciones. María le plantea que, en la medida en que la cuota del BHU es igual que el anterior alquiler, estuvo bien la decisión de comprar su casa, porque el gasto en el futuro va a ser igual que el de antes, con la diferencia de que va a tener una casa propia. López, el vecino, le propone otra solución: él le ofrece comprarle la casa y alquilársela mes a mes, para que no tenga problemas con el rojo en su planilla. Cardozo, un conocido contador, le sugiere la creación de una sociedad anónima a medias con él y unos criterios que le permitirían sobrellevar el problema de los números rojos. El hijo de Cardozo, también contador, le dice que es mejor inclinarse por un fideicomiso financiero, que tiene virtudes financiero-contables muy sofisticadas que le permiten distribuir el riesgo de los bienes que lo integran...


El gobierno se enfrenta a la razonable necesidad de reducir el déficit fiscal. Esta necesidad está atada, inexorablemente, a la definición contable que plantea que la inversión pública forma parte del déficit en el momento que se ejecuta. El problema es que este criterio -que es discutible, que no se ha utilizado siempre y que no se utiliza necesariamente en todos los países- no es inocuo. Implica, por la vía de los hechos, uno o varios problemas: la no realización de inversiones imprescindibles (y que de no hacerse de forma oportuna implican más gastos en el futuro), la pérdida parcial o total de la propiedad estatal de activos fundamentales para el país, así como una menor capacidad de control de los gastos, al realizarse éstos de formas legales alternativas y/o mediante procesos que simplemente terminan siendo más costosos. La inversión privada o mediante esquemas alternativos no es mala ni buena per se, pero puede ser un camino muy peligroso si tiene como única justificación eludir una definición contable. El problema central radica en que decisiones que deberían adoptarse en el terreno de la planificación estratégica, de la discusión del rol del Estado en la economía, del papel de las empresas públicas, parecen terminar cerrándose, puerilmente, en el terreno de la contabilidad. Es la penosa victoria de la (mala) contabilidad sobre la política.


Juan, mareado por los consejos y su planilla, da vueltas en la cama. No entiende bien qué está sucediendo, pero lo que sabe es que la planilla no debería tener un número rojo tan grande. La regla que utilizaba su padre es sagrada, no puede modificarla. Piensa en ir al otro día al BHU a reconsiderar el préstamo y cancelar el contrato de compra-venta de la casa. Así, por fin, se duerme tranquilo, pensando en el flúo verde con el que podrá marcar la planilla mañana.

 Referencias:
 
Akitoby, Hemming y Schwartz (2007) - Inversión pública y asociaciones público-privadas -  






Hemming y Ter-Minassian (2004) - Mejorar las condiciones para la inversión pública -  


 

Entradas populares de este blog

El Voto legalmente Obligatorio: Argumentos en favor y en contra

Por Julia Maskivker En una era en la cual las divisiones políticas e ideológicas parecen tragarse todo lo que encuentran en su camino, no es sorprendente que la discusión acerca del voto legalmente obligatorio haya alcanzado ciertos niveles de controversia en la esfera pública. ¿Es el voto obligatorio un instrumento legitimo de las democracias que aspiran a ser  saludables o puede este verse como una interferencia indebida a la libertad del ciudadano? En este corto ensayo voy a analizar los dos lados del debate; pero antes de empezar se hace necesaria una clarificación que no es muy neutral. En mi libro, The Duty to Vote, argumento que existe una obligación moral de votar cuando ciertas condiciones de justicia procedimental y política existen en el sistema electoral en cuestión. La idea principal del  libro es que votar con juicio e información relevante es contribuir a modificar las estructuras sociales y político-económicas que no son aceptablemente justas o funcionales en nuestras

¿Quién gana la elección de 2024 dando malas noticias?

Señal W1-5 «Camino sinuoso próximo» Pese a los avances en las últimas décadas, Uruguay tiene en su camino al desarrollo un conjunto desafíos fundamentales que comprometen su futuro. Muchos de estos desafíos requieren más gasto público para poder financiar las políticas públicas que permitan afrontarlos. El espacio para una mayor eficiencia del gasto público o una mayor recaudación no es nulo, pero es menor comparado a los recursos que se generan en base a un mayor crecimiento. En la ejecución de reformas pro-productividad que hagan posible el crecimiento del producto y, por lo tanto, brinden los recursos necesarios para las políticas públicas, se definirá si tenemos éxito en el camino al desarrollo. Durante esta campaña electoral debemos demandar al sistema político que sea capaz de reconocer estos importantes desafíos y ofrecer un plan de reformas para conseguir estos recursos. En este artículo planteo algunos ejemplos de estos desafíos, las líneas centrales de las políticas de produ

Cómo eliminar la pobreza infantil con 0,4% del PBI y por qué con eso persistirán los problemas

Matias Brum El Jueves 30 de Marzo el Instituto Nacional de Estadística publicó los microdatos de la Encuesta Contínua de Hogares, tras publicar unos días antes los datos más recientes de pobreza, indigencia y distribución del ingreso. Largamente comentados, los datos mostraron una reducción en la pobreza global en 2022 en relación a 2021, y una alarmante pobreza infantil (de 0 a 6 años) en torno al 17%. En esta nota a primera vista comento tres formas de acabar con la pobreza infantil y explico por qué dos de ellas no son del todo útiles. De fondo, trato de poner sobre la mesa asuntos de fondo que se pierden en la discusión semestral del dato puntual. Como punto de partida, vale recordar que la pobreza se mide a nivel de hogares: el INE entrevista a todas las personas dentro de un hogar, suma todos los ingresos, y si el monto total está por debajo de una línea de pobreza, el hogar entero (y sus integrantes) es considerado pobre. La línea de pobreza varía según la cantidad de integra