¿Qué hacemos con el pasado?: Reflexiones a 30 años del retorno de la democracia en Uruguay

"El tiempo me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido"
  Lo que el tiempo me enseñó, Tabaré Cardozo 


En este 2014, año electoral en Uruguay, se conmemoran 30 años desde aquellas primeras elecciones realiza-das el 25 de noviembre de 1984, luego de que se firmara el Pacto del Club Naval entre los militares y algunos repre-sentantes de los partidos políticos el 3 de agosto de 1984, acordando el fin de 12 años de régimen cívico-militar. 

En aquellas elecciones de 1984 se levantaba la proscripción al Frente Amplio coalición de izquierda que había estado prohibida y perseguida durante toda la dictadura, lo cual permitió que la coalición recuperara sus votantes y a su vez que votantes jóvenes apoyaran las propuestas políticas de la misma (Demasi, 2009).

Luego de 30 años de estas elecciones históricas, el pasado 26 de octubre de 2014 en Uruguay se celebró una nueva fiesta electoral, en esta ocasión la población no solamente elegía presidente, sino que una vez más en estas elecciones nacionales se decidía algo muy importante en términos de Derechos Humanos, la baja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años de edad. A diferencia de las elecciones nacionales pasadas donde se plebiscitaba la anulación de la "Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado" para que los crímenes de la dictadura fueran juzgados en su totalidad y también el voto epistolar, plebiscitos que fracasaron.

En estas elecciones el pueblo que una vez "no quiso recordar", le dijo no al encierro y a la estigmatización indiscriminada de los jóvenes, que valga la pena aclarar son la población que no puede ejercer su voto en este plebiscito. A su vez, debemos pensar en un balotaje, dado que tampoco se alcanzó la mitad mas uno de los votos para elegir al presidente, aunque Tabaré Vázquez haya vencido ampliamente todos los pronósticos que se realizaban sobre las intenciones de voto que recaían en el candidato y el Frente Amplio haya obtenido la mayoría parlamentaria. 

Lo que nos dejan las elecciones de este domingo pasado, además de el poder ejercer un derecho ciudadano que por el lapso de 12 años de dictadura y de 13 años sin elecciones estuvo anulado[1], es pensar en el pasado que aún queda por resolver, con respecto a los candidatos que se disputaran el balotaje el próximo 30 de noviembre.

Porque aún debemos reconocer que hay mucho por hacer en el terreno de los Derechos Humanos y que para ninguna de las campañas de ninguno de los candidatos (Luis Lacalle Pou del Partido Nacional, Tabaré Vázquez del Frente Amplio, Pedro Bordaberry Partido Colorado y Pablo Mieres del Partido Independiente) para esta elección el tema era prioritario en la agenda. 

Para no olvidar 

Hace 40 años Uruguay vivía la peor de sus etapas, un régimen cívico-militar que se consolidó y asentó el 27 de junio de 1973 y perduró hasta febrero de 1985. Cabe destacar que el tipo de dictadura en Uruguay fue un régimen internamente impuesto, que se instauró en el marco de una degradación interna del sistema democrático que desde la década de los sesenta, ya venía mostrando la instauración de políticas de corte autoritario plasmadas en lo que se llamó como la Doctrina de Seguridad Nacional (incrementando la represión, la censura, detenciones masivas, restricciones al derecho a reunión, entre otros) durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-1972) (Rico, 2009).

El contexto que enmarcó la instauración del golpe de Estado en Uruguay, fue el de la Operación Cóndor[2], donde casi al unísono se consolidaban los regímenes militares en la región: Paraguay, Bolivia, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, los que actuaron en base al concepto del "enemigo interno" y su pronta eliminación, que no era otro que la población civil, los sindicatos, las organizaciones sociales y los partidos políticos de izquierda, entre otros actores opuestos a sus intereses en la región. 

Con respecto a esto debemos destacar que el golpe de estado fue impuesto por el presidente constitucionalmente electo Juan María Bordaberry, donde al igual que en el período de Pacheco Areco, se aplicaron medidas de excepción para restablecer dicho orden interno (CAETANO, Gerardo y RILLA, 2005).

Para este período de violencia estatal, el régimen buscó la desactivación política de la sociedad, a través de la suspensión de todas las actividades políticas y la prohibición de los partidos políticos de izquierda, se cometieron sistemáticas torturas a la población (picana eléctrica –choques eléctricos en los genitales–, ‘submarinos’ y sistemáticas violaciones sexuales contra las mujeres), así como también se estima que alrededor de 200 ciudadanos fueron desaparecidos (SERPAJ, 1989). 

El retorno a la democracia en Uruguay hace 30 años atrás, significó la instauración de la “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, que pretende que los crímenes de la dictadura no puedan ser debidamente juzgados, amparando así a militares y policías responsables. Luego de dos referendos fallidos para su derogación, de una larga lucha de un cuarto de siglo de las organizaciones sociales y los defensores de Derechos Humanos por acabar con la ‘ley de amnistía e impunidad’, y de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la declarara inconstitucional, debido a su incompatibilidad con los diferentes tratados internacionales y de Derechos Humanos suscritos por el estado uruguayo; el Parlamento votó una Ley Interpretativa, la Ley 18.831, que dejó sin efecto la Ley de Caducidad para fines de 2011, permitiendo que la justicia investigue y sentencie a aquellos militares que cometieron torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones.

Luego del advenimiento de la democracia y de varios gobiernos de partidos conservadores (Partido Colorado y Partido Blanco), es recién que bajo el gobierno electo del Frente Amplio en sus dos períodos Tabaré Vázquez (2005-2010) y José Mujica (2010-2015), solo algunos militares y policías han sido juzgados y condenados por los crímenes cometidos. La condena más importante fue la realizada al ex dictador Juan María Bordaberry, quien fuera condenado por la jueza Mariana Mota a una pena de 30 años de cárcel en el 2010, convirtiéndose en un caso emblemático en la búsqueda de las víctimas de verdad y justicia, así como de garantías de no repetición de estos crímenes.

Lamentablemente el 13 de febrero de 2012 la Suprema Corte de Justicia decidió finalizar con la carrera y trayectoria de la jueza Mariana Mota, trasladándola del ámbito de lo penal, del Tribunal 7 de Montevideo, al ámbito de lo civil, al Tribunal 1 de Montevideo. Esta decisión pone en duda la independencia que pueda tener el alto tribunal respecto a los militares y a los intereses de las elites políticas y económicas más conservadoras, que aún ocupan importantes cargos de poder en Uruguay.

Ante este panorama el gobierno de José Mujica fue duramente criticado por la prensa internacional, debido a que nunca se dieron a conocer los motivos reales por los cuales se tomó dicha decisión. Esta obstaculización de los casos que tenía a cargo la jueza generó diversas reacciones de conmoción e indignación entre funcionarios del gobierno, como el canciller Luis Almagro, junto a un fuerte pronunciamiento de la sociedad organizada, así como también de la comunidad académica internacional. 

La impunidad se agrava con otra decisión de la Suprema Corte de Justicia cuando el 22 de febrero de 2012, declarara la inconstitucionalidad de la Ley Interpretativa de la Caducidad, lo que obliga a cerrar las causas judiciales que estaban abiertas, señalando que estos crímenes no son de lesa humanidad sino delitos comunes y que ya prescribieron. Además de retomar argumentos de la Ley de Caducidad, el alto tribunal considera que la Ley Penal no puede ser aplicada retroactivamente, dado que ésta no puede proyectar sus efectos hacia el pasado.

Esto ha dejado un panorama incierto en el camino por lograr la justicia y encontrar la verdad de los crímenes cometidos durante la dictadura, ya que ahora dependerá de que haya jueces y tribunales que sostengan la no prescripción de los delitos del terrorismo de Estado en base a la aplicación del derecho internacional.

Luego de 30 años de instaurada la democracia en Uruguay y teniendo presente las atrocidades cometidas en la dictadura, éstas no pueden quedar impunes y tampoco deben ser olvidadas; ad portas de una segunda vuelta electoral el próximo 30 de noviembre de 2014, debemos recordar que uno de los candidatos, para ser más precisos el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou en declaraciones realizadas durante su pre-candidatura afirmo que si salía electo presidente iba a suspender las excavaciones para seguir buscando a los desaparecidos[3]. Para este candidato el pasado debe "cerrarse", esta postura me retrotrae a la famosa frase de que "no debemos tener los ojos en la nuca" pronunciada por quien fuera presidente del Uruguay y promoviera la Ley de impunidad, el conservador Julio María Sanguinetti. 

Esto nos posiciona frente a un escenario que puede ser perjudicial para el país, dado que Uruguay tiene una oportunidad histórica como lo ha venido haciendo (en estos diez años) en otros ámbitos (despenalización del aborto, regulación del consumo y distribución del cannabis, matrimonio igualitario y últimamente no a la baja de la edad de imputabilidad penal), de seguir avanzando en términos de Derechos Humanos, de esclarecer el pasado y de poder resolverlo de la manera más justa y democrática para la sociedad en su conjunto, garantizando verdad, justicia y nunca más. 

Muchas ideas aquí expuestas aparecen previamente elaboradas en el artículo titulado "La Impunidad Reina en Uruguay", publicado el 25 de Febrero de 2012 en el periódico El Turbión: https://elturbion.com/?p=6560 

Referencias: 
CAETANO, Gerardo y RILLA, José (2005). Breve Historia de la Dictadura. Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental
DEMASI, Carlos, MARCHESI, Aldo, et al. 2009. La dictadura Cívico-Militar: Uruguay 1973-1985. EBO. Montevideo, Uruguay.
SERPAJ (1989). URUGUAY NUNCA MÁS!. Informe Sobre la Violación A Los Derechos Humanos (1972-1985). Segunda Edición.

*Imagen tomanda del archivo digital del CDF: http://cdf.montevideo.gub.uy/exposicion/camaratres-agencia-fotografica-uruguay-1983-1985#

[1] "Uruguay´s election: The pending question of Justice and Human Rights" por Francesca Lessa, publicado el 22 de Octubre de 2014, En:http://www.argentinaindependent.com/currentaffairs/analysis/uruguays-election-the-pending-questions-of-justice-and-human-rights/ 
[2] http://www.lr21.com.uy/mundo/1198645-italia-procesa-21-represores-del-plan-condor-incluyendo-a-ex-militares-uruguayos
[3] "Lacalle Pou suspendería búsqueda de desaparecidos", 11 de octubre de 2013, http://www.180.com.uy/articulo/36168_Lacalle-Pou-suspenderia-busqueda-de-desaparecidos

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