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El tiempo (de todos?) es oro


En Uruguay, existe desde hace tiempo una extensa evidencia que muestra que el tiempo de trabajo no remunerado (es decir, aquel dedicado mayoritariamente a tareas domésticas y al cuidado de otros) se distribuye en forma muy desigual entre hombres y mujeres. Estas últimas son quienes cargan con mayor frecuencia con estas tareas, sumando muchas veces horas de trabajo no remunerado a las trabajadas en forma remunerada. Los datos provenientes de encuestas de uso del tiempo son concluyentes respecto a la todavía fuerte asociación entre ser mujer y cuidar a los niños pequeños o a los adultos mayores, así como a realizar la limpieza del hogar, cocinar o trasladar a los niños a los centros educativos. Y los estudios también indican que esta asociación es mucho más marcada entre las mujeres de menores ingresos, aquellas donde la opción de contratar a alguien para que cuide a los niños o de pagar un jardín infantil no es viable[i].  Es en base a esta evidencia que el debate sobre la construcción de un sistema de cuidados enfatiza, por ejemplo, la necesidad de expandir la oferta de servicios de cuidado infantil, priorizando a los sectores más vulnerables.

Pero más allá de este diagnóstico inicial, existen otras dimensiones asociadas a la valoración diferencial que la sociedad hace del tiempo de las personas: de hombres y de mujeres, y de personas más y menos pobres, y que son igualmente relevantes para pensar políticas públicas.  En esta nota quisiera hacer una breve referencia a algunas de estas dimensiones.

Una investigación reciente [ii] estudia un conjunto de actividades o trámites que todas las familias con hijos pequeños deben obligatoriamente realizar -como los controles de embarazo y los controles pediátricos del niño sano- y analiza la magnitud y las condiciones de las inversiones de tiempo que distintas familias hacen para llevarlos a cabo.


El estudio confirma, en primer lugar, que muchos de los trámites o gestiones asociadas al cuidado de los niños son realizadas por las madres o por mujeres y que son ellas, por tanto, quienes asumen los costos de tiempo que estas gestiones requieren. La investigación reafirma, en segundo lugar, lo que algunos expertos en movilidad han dicho[iii]: la realización de estas actividades lleva aparejada una movilidad en la ciudad, y el tiempo de la movilidad se distribuye en forma muy diferente entre hombres y mujeres y entre sectores de más y menos ingresos. En particular, los pobres demoran mucho más que los sectores de más ingresos en trasladarse de su hogar al trabajo o hacia otros puntos de la ciudad donde deben realizar, por ejemplo, el control del niño sano, o el control de embarazo. En general recorren distancias más largas y lo hacen por medios más lentos (transporte público), lo que equivale a decir que el cumplimiento de estas actividades obligatorias genera costos diferenciales de tiempo que tienden a perjudicar a los hogares más pobres.

Y el estudio también releva fenómenos hasta ahora poco documentados sobre el tiempo que las políticas públicas asumen que las personas tienen y deben dedicar a ciertas tareas. Esto se pone en evidencia cuando se considera el tiempo de realización del trámite o de la actividad, incluyendo en él el tiempo de espera. La investigación indica que  las mujeres de los hogares más pobres no solo demoran mucho más que las de más ingresos en la realización del control del niño sano o de embarazo -entre que llegan y se van de la policlínica o centro de salud-, sino que presentan tiempos de espera que están absolutamente alejados de lo que normalmente se prevé como razonable para este tipo de controles. Más aún, muchas veces la incertidumbre sobre el momento en que el niño o la mujer va a ser atendido es tan grande que las personas asumen que van a dedicar más de 5 o 6 horas a esperar a que los atiendan –y eso muchas veces ocurre!-. No hace falta recordar que estas esperas se hacen muchas veces con embarazos avanzados o con la compañía de niños pequeños.

Esto, por cierto, no es una realidad exclusiva de los servicios públicos. De hecho, el estudio refleja experiencias de servicios públicos de salud que hacen un uso muy eficiente del tiempo de sus pacientes. Y también pone de relieve las largas esperas que muchas veces enfrentan los pacientes de las mutualistas. Lo que es claro, más allá de los subsistemas, es que las esperas largas y la incertidumbre sobre cuando se prestará el servicio operan, en los sectores más pobres, como una barrera para el acceso a las oportunidades –sea porque las mujeres optan o no tienen margen alguno para transitar por las eternas esperas, sea porque asumen que deben hacerlo y eso se suma a los factores que les impiden acceder a otras oportunidades, entre ellas las laborales -. 

En contraste, el subsistema privado destaca por los ahorros de tiempo y las facilidades de planificación que permite a sus usuarios. Como resultado, entre las mujeres de estos estratos es mucho menos frecuente que la incertidumbre sobre el tiempo que insumirá el trámite se traduzca en una jornada laboral perdida. Pero si éste no fuera el caso, eso tampoco sería demasiado problemático, porque son estas las mujeres que suelen tener mayores niveles de flexibilidad en sus trabajos; esto es, las que cuentan con márgenes para ausentarse durante parte de la jornada o la jornada entera sin que eso perjudique su condición laboral.

En definitiva, en la distribución del tiempo de movilidad en la ciudad y del tiempo de espera en ciertos servicios clave –cuyo uso es exigido a todos por igual- existe un patrón regresivo, donde los sectores menos favorecidos resultan más perjudicados. Vale un apunte más: el mismo tiempo de espera es calificado como aceptable o incluso bajo por las mujeres de menores ingresos, mientras que sus pares de mayor nivel socioeconómico lo consideran excesivo. Sin embargo, parece claro que el hecho de que algunas personas perciban como aceptables ciertos costos temporales y personales excesivos no los convierte en tales. Tampoco parece válido que las políticas asuman que las mujeres de menores recursos tienen mucho tiempo disponible y, por ello, conviertan ese tiempo en una de las variables de ajuste del sistema de protección social.








[i] Véase, por ejemplo:
Aguirre, Rosario. y Batthyány, Karina. (2005) El cuidado infantil en Montevideo. Análisis de resultados de la encuesta sobre uso del tiempo: desigualdades sociales y de género. Montevideo, Universidad de la República. UNICEF.
Batthyány, Karina. (2004) Cuidado infantil y trabajo. ¿Un desafío exclusivamente femenino?. Montevideo: OIT-Trazos de la formación, 20.
Batthyány, Karina, Cabrera, Mariana. y Scuro, Lucía. (2007) “Perspectiva de género”. Informe Temático, Encuesta Nacional de Hogares Ampliada. Montevideo: INE.

[ii] Hernández, Diego y Rossel, Cecilia (2013) Tiempo urbano, acceso y desarrollo humano. Cuadernos de Desarrollo Humano Nº 1. Montevideo: PNUD.

[iii] Véase, por ejemplo:

Hernández, Diego (2012a). “Activos y estructuras de oportunidades de movilidad. Una propuesta analítica para el estudio de la accesibilidad por transporte público, el bienestar y la equidad”. Revista EURE, 38 (115), 117‑135 y

Hernandez, Diego (2012b). Políticas de tiempo y movilidad: rasgos básicos, equidad social y de género. Montevideo: pnud Uruguay e Intendencia de Montevideo.

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