El problema de las grandes contribucionesLa idea de democracia que en general tenemos en mente es que los gobernantes se eligen periódicamente con algún sistema más o menos justo de agregación de preferencias y que las políticas que el gobierno luego implementa tienen cierta correspondencia con la distribución de esos intereses o preferencias de los votantes.
Pero cuando asociamos esa idea con el problema de que los políticos necesitan dinero para hacerse conocer y mostrar su propuestas, nos enfrentamos a la situación de que algunos intereses de la sociedad pasan a tener un poder persuasivo exagerado porque vienen acompañados de grandes contribuciones para financiar las campañas de los candidatos (o sencillamente se trata de candidatos millonarios). Bajo ciertas condiciones las contribuciones empresariales pueden afectar tanto las políticas publicas que terminan perjudicando severamente bienestar agregado o interés común[1].
Pero el dinero sigue siendo necesario y la democracia depende, en parte, de que la política esté lo suficientemente financiada. Las respuestas a este problema es la regulación. Las normas varían de país a país y sus efectos son cada vez más conocidos[2]. En general, las regulaciones hacen cuatro cosas. Primero ponen límites. Los límites instalan topes al tamaño máximo de las contribuciones, a la cantidad de gasto total que pueden hacer los políticos (sean candidatos o partidos), y prohíben a ciertos tipos de donantes. Segundo, la regulaciones también instalan sistemas de financiamiento público (o subsidios) para los candidatos o partidos según criterios distintos (equidad o rendimientos electorales). Tercero, las regulaciones afectan la distribución del acceso a los medios masivos de comunicación. Y cuarto, las regulaciones también obligan a la transparencia revelando la identidad de los donantes y de las donaciones. En Uruguay, la normativa es defectuosa por diversos motivos[3] y recientemente ha fracasado un nuevo intento de mejorarla. Además, la legislación no tiene aparejado ningún sistema de fiscalización y control real[4].
Pero todo lo anterior se trata de lidiar con solo uno de los modelos de financiamiento posible. Es decir, el que consiste en pocos donantes de mucha plata. De lo que casi nadie habla en nuestro país es sobre cómo acercar políticos y ciudadanos para hacer posible que muchos uruguayos puedan hacer donaciones pequeñas.
Otro modelo de financiamiento
Una de las novedades más importantes en materia de financiamiento de la política ha sido la irrupción de la tecnología. En Estados Unidos, por ejemplo, Barack Obama sorprendió en la elección de 2008 con un sistema de recolección de fondos basado en contribuciones ciudadanas a través del uso de páginas de Internet, correo electrónico y otras plataformas. Su campaña de recaudación fue tremendamente exitosa y se popularizó entre candidatos desafiantes o enfrentados al "lobby" dominante dentro de sus propios partidos[5].
Un problema de la forma en que se desarrolló este tipo de estrategia de recaudación en los Estados Unidos es que que cada candidato debe desarrollar su propia estructura tecnológica en cada campaña electoral. Esto es ineficiente desde muchos puntos de vista, y eventualmente no deseable desde un punto de vista normativo.
El principal de costo de los políticos para recaudar fondos es contactar a las personas y ofrecer medios de pago sencillos. Cualquier militante de estos días en Uruguay sabe que hay mucha gente que eventualmente contribuiría a la campaña de su sector o partido pero enfrentan fuertes costos de entrada para instalar un sistema simple de medios de pago. Es por ello que los grupos económicos no solo tienen ventaja para incidir en la política a través de las contribuciones por su dinero. Los empresarios son además pocos individuos y es fácil juntarlos en una cena.
Propuesta
La idea central de esta breve nota es proponer que sea el Estado quien contribuya a reducir el desbalance entre empresarios y ciudadanos "de a pié" mediante una simple plataforma para realizar donaciones modestas a candidatos o partidos.
Se trata de una política pública que haga viable el modelo financiamiento de bajos montos y muchos contribuyentes. Una vez disponible esa capacidad instalada, cada candidato y cada ciudadano pueden explotar y utilizar la tecnología tanto como lo deseen. Lo relevante es que su oferta sea ofrecida públicamente y su acceso sea libre.
Hoy el Estado Uruguayo está en perfectas condiciones de hacer un simple desarrollo que permita a los votantes registrarse como en cualquier otra plataforma y poder seleccionar su partido o sector preferido para hacer una modesta contribución (imagino por ejemplo, montos similares a los que se hacen para operar personas en el exterior: 50, 100, o 500 pesos). Eso se puede lograr mediante débitos sencillos a la cuenta bancaria, o incluso sin la necesidad de asociar una tarjeta mediante el pago del servicio de telefonía móvil.
Desde el punto de vista institucional, los actores centrales para el desarrollo e implementación de esta política seguramente sean la Corte Electoral, la AGESIC, y eventualmente Antel (así como otros prestadores de servicios de telefonía móvil). La principal justificación de esta propuesta es que el costo de su implementación es muy bajo y los beneficios son potencialmente altos.
Hoy no hacemos casi nada por promover la participación ciudadana en el financiamiento de la política, sin embargo, es un problema cada vez más relevante para la salud de la democracia.
[1] Claessens, Stijn, Erik Feijen, and Luc Laeven. 2008. “Political Connections and Preferential Access to Finance: The Role of Campaign Contributions.” Journal of Financial Economics 88 (3): 554–80. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.11.003.
[2] Potter, J. D., & Tavits, M. (2013). The Impact of Campaign Finance Laws on Party Competition. British Journal of Political Science, 45(01), 73–95. doi:10.1017/s0007123413000227
[3] Piñeiro, Rafael. "Financiamiento de partidos y de campañas en Uruguay." Policy Paper, Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO), Universidad Diego Portales, Abril (2015).
[4] "Uruguay debería tener 'una pequeña DGI' para campañas electorales". Semnario Búsqueda, 31 DE MARZO, 2016. https://www.busqueda.com.uy/nota/uruguay-deberia-tener-una-pequena-dgi-para-campanas-electorales
[5] A esta forma de financiamiento muchos le han llamado "Grassroots Fundraising". Ver: https://en.wikipedia.org/wiki/Grassroots_fundraising
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