 |
| Foto: Adriana Cabrera |
Una de las cosas que caracterizó al año 2014 fue la
presencia de una campaña electoral en donde, a diferencia de lo sucedido en períodos
anteriores, la educación y su eventual reforma se constituyó en uno de los
temas centrales.
En el marco de esa discusión volvió a insistirse sobre la
idea de aumentar el financiamiento público de la educación privada. La idea sería pasar a un
sistema de vouchers. La misma fue defendida por algunos de los candidatos de la oposición y también por el propio Tabaré Vázquez (aunque nuestro acutual presidente se desdijo posteriormente en el marco de la campaña electoral).
Bajo este sistema, en vez de destinar más recursos a la
educación pública, a los hogares uruguayos con niños en edad escolar o liceal, el
estado les entregaría un vaucher con
el que podrían pagar toda o parte de la cuota de un colegio privado.
Esta propuesta, que ha partido de sectores conservadores en
Uruguay y otros países, parte de la idea que el sistema educativo público ha
fracasado. Los malos resultados no se originarían en un presupuesto
insuficiente ni el contexto socioeconómico de los estudiantes. El problema
radicaría en que la estabilidad laboral y el poder de los sindicatos docentes favorecerían
la permanencia en el cargo de malos docentes. A la vez que no generaría
incentivos a esforzarse a los docentes que son potencialmente buenos. En este
contexto la única solución para la sociedad, particularmente para aquellos
menos favorecidos, sería irse de las escuelas públicas hacia escuelas de
gestión privada con financiamiento público.
Sin embargo, una versión modificada del sistema de vouchers, también ha sido defendida
desde puntos de vista de izquierda, como un instrumento que permitiría seguir
objetivos igualitaristas (Bowles y Gintis 1998).
En la variante de Bowles y Gintis, las escuelas (tanto
públicas como privadas) se financiarían exclusivamente mediante los vouchers. En este caso las escuelas no
podrían cobrarles a los padres una sobrecuota por encima del voucher. El efecto práctico sería que
las escuelas recibirían un presupuesto proporcional a la cantidad de
estudiantes inscriptos. Al igual que en todos los sistemas de vouchers, una de las características del
mismo es que los padres podrían elegir a que escuela o liceo van sus hijos. El
efecto buscado a través de esta libertad de elección, es que quienes dirigen
los centros educativos tendrían un mayor incentivo a incorporar las preferencias
de los padres sobre la educación de sus hijos. Ya que de este modo atraerían
más estudiantes y tendrían un presupuesto mayor. Este sistema se podría
combinar con la implementación de incentivos para que las escuelas tengan una
composición estudiantil diversa. El estado podrían hacer valer más los vouchers si entre los estudiantes del
centro educativo se mezclan personas de diferentes razas, poder adquisitivo,
etc. Evitando de este modo la generación de problemas de segregación.
Más allá de en que versión de sistemas de vouchers se esté pensando, no es para
nada claro que con los mismos se consiga mejores resultados educativos que con
el sistema de educación pública o que la libre elección de escuela lleve a que
se den mejores resultados (ver nota del 29/8/14 de G. de Melo y N. Nollenberger).
Cualquier iniciativa de reforma del sistema educativo es muy
probable que se enfrente con importantes dificultades. Sin embargo, los últimos
acontecimientos en el marco de la discusión presupuestal en Uruguay y su
creciente conflictividad, llevan a especular con un escenario futuro bloqueado.
Donde no se llegue a algún tipo de acuerdo entre gobierno y sindicatos y donde
tampoco ninguna de las partes logre hacer prevalecer sus puntos de vista. En
este escenario el resultado sería que la educación pública uruguaya siga más o
menos como hasta ahora.
En este contexto, no sería de extrañar que vuelva a cobrar
fuerza la tentación de jopearse al sistema de educación pública. Si bien, la
educación de gestión privada con financiamiento público no formó parte del programa electoral del Frente Amplio, hay que recordar que su gobierno si
promovió su expansión (ver nota del 1/5/14 de G. Alves). Durante el anterior
gobierno del FA se incrementó al doble el tope de exoneraciones fiscales a las empresas
que hagan donaciones a instituciones educativas de gestión privada. Se trata de
un mecanismo introducido en el primer gobierno del FA mediante el que las
empresas reducen su carga fiscal mediante donaciones.
Evaluando los diferentes sistemas de financiamiento público
de escuelas de gestión privada, la opción que ha implementado el gobierno del
Frente Amplio, es probablemente la peor. Al menos en los sistemas de vouchers, todos los hogares con niños puede
decidir a qué instituciones van los fondos públicos. Y esa decisión es además
democrática, en el sentido de que todos estos hogares tienen el mismo poder de
decisión (todos tienen un solo voucher
por niño). En cambio mediante la exoneración de impuestos a las empresas
que hacen donaciones, ese poder de decisión está concentrado en los hogares de
mayores ingresos. Aquellos hogares que poseen las empresas que están en
condiciones de utilizar estos mecanismos de exoneración impositiva. Solo ellos
pueden decidir a dónde van los recursos públicos del estado uruguayo.
Bowles S. y
Gintis H. (1998) Recasting Egalitarianism, Verso.
