Uruguay
enfrenta distintos tipos de desastres naturales con impacto inmediato en la
vida humana: las inundaciones, las tormentas, y las temperaturas extremas, por
mencionar los más relevantes. Los fenómenos meteorológicos
que comúnmente asociamos a un “temporal”, generan daños dispersos en amplios grupos poblacionales, y sus impactos se
distribuyen en forma más o menos aleatoria. Las inundaciones, por el contrario,
son eventos que se concentran en áreas específicas y afectan profundamente a
grupos sociales más focalizados. El registro del número acumulado de afectados
entre 1967 y 2010 por desastres naturales es cerca de 130 mil personas (1), de
las cuales el 95% fueron afectadas por inundaciones, mientras que las tormentas y las temperaturas extremas se reparten el 5% restante (EM-DAT).
Las
medidas de prevención, especialmente en países en desarrollo, parecen ser
irracionalmente inferiores a las necesarias. Uruguay no es una excepción.
El
problema de los desastres no son los eventos naturales en sí, sino la acción
humana en torno a ellos. Los individuos sub-invierten en
asegurarse contra las catástrofes naturales a causa de las fallas de mercado
más clásicas: problemas de acción colectiva, asimetrías de información, y
comportamiento miope o de corto plazo. Por tanto el estado puede corregir esas
fallas implementando medidas de prevención y regulaciones para mitigar el
impacto de los desastres. Si los gobiernos fueran benévolos planificadores
sociales protegerían a sus poblaciones frente a los riesgos de la naturaleza. Pero resultan ser actores estrictamente oportunistas. Cuando la probabilidad de que ocurra un
evento natural de gran escala es lo suficientemente baja, el gobierno tiene
incentivos para no invertir en la prevención de desastres. Después de todo, vivir en un país con baja propensión a sufrir
eventos naturales de riesgo tiene su costado perverso, y es la inexistencia de incentivos
racionales para prevenir y mitigar los resultados de las catástrofes que
efectivamente ocurren.
Seguramente
la sensación de vulnerabilidad pública frente a las tormentas se haya generalizado
después del ciclón extra-tropical de agosto de 2005 que tomó por sorpresa a una
población sin alerta ni medidas de prevención adecuadas. Eventos de ese tipo se
han repetido en forma creciente y muchos señalan ocurrirán con mayor frecuencia en los años futuros inmediatos. Tal vez como consecuencia de ello, el país ha avanzado notoriamente en la
capacidad de prevenir y alertar a su población frente a los eventos
meteorológicos. Hoy tenemos un sistema de alertas más proactivo y medidas de
prevención mucho más drásticas que en el pasado. Desde la creación del Sistema
Nacional de Emergencias (SINAE) en 2009 tenemos alertas amarillas, naranjas y
rojas, las autoridades no dudan en suspender clases en escuelas públicas y
privadas frente un eventual “temporal” de gran escala, las oficinas estatales
cierran sus puertas, y los medios de comunicación retransmiten con detalle y
celeridad los comunicados y recomendaciones oficiales. Pero todo esto refiere
a la parte más pequeña del problema.
Del
mismo modo que la habilidad de los países para mitigar desastres varía
enormemente, los niveles de vulnerabilidad frente a los desastres son dramáticamente distintos al
interior las sociedades. En ello Uruguay tampoco es una excepción. La mejor representación de la desigual
distribución de los costos de los desastres naturales en Uruguay son las
inundaciones. Una importante porción de la población que vive en zonas
inundables ha sido recurrentemente afectada en los últimos años. En 2007 fueron
evacuadas 12 mil personas en el país, y Durazno vivió la mayor inundación de su
historia. En 2009 fueron evacuadas 6 mil personas en el litoral, norte y
noreste del país. La vulnerabilidad
a riesgos naturales altamente específica hace que la debilidad de estos
segmentos poblacionales sea también política. Realizar las inversiones en
infraestructura necesarias para prevenir la exposición humana a las
inundaciones es económicamente costoso y altamente conflictivo, porque yuxtapone las políticas de prevención con aspectos puramente redistributivos. A pesar de
algunos avances en materia de realojamiento y subsidios a nuevas viviendas, el grueso de la población vulnerable a las inundaciones sigue
presente.
En suma, los incentivos al comportamiento humano que generan los eventos naturales son centrales para comprender los resultados de los desastres. Uruguay tiene una baja exposición a las catástrofes naturales lo cual desestimula las políticas de previsión. Pero además, la principal amenaza está altamente concentrada en la población vulnerable a las inundaciones, lo que incentiva la inacción oportunista.
(1)
Omito, intencionalmente, a las inundaciones de 1959.
(2) EM-DAT,
OFDA/CRED International Disaster Database. Ver: www.emdat.be
