Primer Acto: Un Ministro del Interior divulga datos sobre la actividad delictiva en el Uruguay, que no condicen inicialmente con lo que los técnicos de su propio Ministerio le indicaban. Los técnicos no son consultados, y las fuentes de la información parecen ser diversas. Segundo Acto: El funcionario a cargo de realizar, entre otras cosas, las estadísticas sobre el delito renuncia. Tercer Acto: La oposición acusa de manipular cifras al gobierno. Cuarto acto:La oposición utiliza los datos del Ministerio y “otras fuentes” para justificar una campaña de rebajar la edad imputabilidad, en medio de críticas de ONG´s que afirman que no son ciertos. Parece una comedia de enredos italiana, de esas que marean, hacen cómplice al espectador y tienen finales inesperados. Lamentablemente, es la manera en que la información pública se usa en Uruguay.
En el Primer Acto vemos un Ministro que evidentemente no se comunica bien con parte de su Ministerio, un fenómeno usual en gobiernos que recién asumen, y en países que no tienen una tradición de servicio público independiente de la política partidaria. Entendible, pero no explica cómo el Ministro o sus fuentes construyeron sus datos, y además no existen al menos detalles disponibles en línea sobre información geográfica. ¿Para qué se necesita esa información, de preferencia en formatos reusables? Bueno, para hacer cosas así. Al menos así se sabe de cuantos delitos hablamos, y de que clase, y podemos contrastarlos con otros datos. Los países que tienen claro como se procesa y libera información pública (que igual no son muchos) la ponen a disposición de sus ciudadanos para que estos la usen. De esta forma las sospechas sobre como se obtienen al menos de disipan.
El Segundo Acto no es medular a la trama, sino un lugar común en las relaciones políticos y técnicos en Uruguay. El Tercer Acto, es más interesante. Finalmente, la oposición despierta y lanza sus “perros de ataque” sobre el Ministro. Se acusa al gobierno de manipular la información y de falta de transparencia. Nobleza obliga reconocerle a la oposición algo: el Estado uruguayo no tiene una gran tendencia a la transparencia, y a duras penas los organismos públicos (incluido el del Ministro en cuestión) vienen cumpliendo parcialmente con la Ley de Acceso a la Información Pública que aprobó el gobierno anterior. Sin embargo tras lanzar esas duras acusaciones, todo queda en la nada. Aquí, los polítologos podrán abrir debates interminables sobre instituciones de gobierno ( responsabilidad ministerial), el rol de las instituciones de accountability horizontal y porque nó, “la cultura política” último refugio para explicar todo y nada a la vez. Todas pueden ser explicaciones validas, pero el hecho sigue incambiado: al Ministro le dijeron mentiroso, el Ministro no dió más información y no hubo mayores consecuencias. Y por supuesto, no es la primera vez que pasa en la historia del país.
En el Cuarto Acto, vemos un giro dramático : el juego se torna peligroso y la oposición utiliza las cifras dadas por el Ministro para su propia campaña de rebajar la edad de imputabilidad. También hay cifras propias “estimadas”, aunque nada de esto es “transparente”. Las cifras son a su vez cuestionadas por otros actores en base a datos que provienen del Poder Judicial. La campaña se lanza,y un tema central en el relacionamiento entre generaciones en Uruguay, términa siendo debatido sobre cifras que no se sabe a ciencia cierta de donde salen. Sacando algunas cosas que hacen directamente al tema (oportunismo electoral para movilizar la fuerza partidaria en épocas de “cuarteles de invierno”, groseras inconsistencias entre la visión de derechos y deberes de los individuos en una sociedad, asalto a los principios básicos del derecho penal liberal y un largo etc), el problema más de “forma” que el Acto Cuatro le plantea al espectador es que ya no sabe que creer. Es lo que un académico inglés llama una visión “fatalista” de la transparencia y la rendición de cuentas. Nada importa, o si importa, importa poco.
El final es preocupante. Por un lado uno podría pensar que en el fondo no importa la información pública, y tener un Estado que tenga un marco institucional adecuado para proveerla, pues finalmente los debates son caóticos siempre. Nunca habrá información suficiente y a la gente no le interesa. Nadie tiene tiempo para ser un ciudadano “activo” estos días. Por otro lado uno podría pensar que la información pública, en manos de quienes sepan interpretarla, puede crear sinergías y nuevas formas de hacer las cosas, que ahorran tiempo al debate, y que permiten a la ciudadanía tomar decisiones con más precisión y certeza. Reducir la asimetría de información que le dicen (Stiglitz, 2002), entre quienes detentan los datos y los que no. Los medio electrónicos allanan el camino, pero aún así, las decisiones últimas son procesos políticos decididos por seres humanos, y es ahí, donde queda mucha tela para cortar. Tal vez llegue el día en que podamos debatir sobre datos ciertos, y con menos demagogia. Tal vez llegue el día en que la ciudadania penalice estos comportamientos, o los devuelva a su lugar natural: un circo.
- Hood, C. Accountability and Transparency: Siamese Twins, Matching Parts or Awkward Couple? West European Politics 33 (5): 989-1009 September 2010.
- Joseph Stiglitz (2002). "Transparency in Government." In The Right to Tell: The Role of Mass Media in Economic Development, ed. Roumeen Islam, 27. Washington, D.C.: The World Bank
*La foto fue tomada por el autor en el centro de la ciudad de Luxemburgo, en la plaza del Teatro.