SILENCED por M.G.N. - Marcel ON OF bajo licencia CC BY-NC-ND 2.0
La instalación de bandas de narcotráfico en nuestro país se vincula a cambios de la geografía del tráfico de drogas a nivel internacional [i]. Por un lado, el reciente desvío del tráfico desde América Latina hacia Europa y África provocó un aumento de las actividades de tráfico de drogas en el Cono Sur. A su vez, en el contexto de prosperidad económica impulsada por el boom de los comodities, la región pasó de ser una zona solo de tránsito y producción, a ser también una de consumo de drogas –particularmente cocaína y pasta base de cocaína [ii]. Así, la industria de la droga se consolidó en países que hasta entonces participaban del comercio internacional principalmente como plazas de tránsito y, en algunos casos, lavado de activos.
En este contexto, en Uruguay se ha desarrollado un mercado doméstico de tráfico de drogas. Esta transformación trajo consigo una reestructura en la cadena del narcotráfico a nivel local. Es decir, además de las organizaciones dedicadas a las transacciones de importación y exportación –conectadas con actores criminales internacionales–, emergieron bandas criminales que se dedican a la venta y distribución de remanentes del tráfico internacional de drogas en el mercado interno.
Las bandas se concentran en áreas urbanas y en barrios con altos niveles de pobreza. Por lo general se trata de grupos familiares dedicados a actividades criminales que reconvirtieron su negocio hacia el trafico local de drogas y que instalaron su operativa en el barrio en el que residen.
Sabemos poco sobre el mercado doméstico de drogas y, en particular, sobre el funcionamiento de las bandas. A este desconocimiento se le suma la ilusión de excepcionalidad uruguaya. En consecuencia, es frecuente escuchar “esto en Uruguay no pasa” cuando nos enteramos por las noticias que en ciudades de países vecinos hay bandas que gozan del control territorial blindados por pactos de colusión con agentes estatales y actores políticos.
Desde la academia también hay escepticismo sobre el alcance de las bandas de tráfico de drogas en un país como Uruguay. Parte de la literatura sugiere que en las zonas dominadas por las organizaciones criminales el Estado está ausente [iii]. Siguiendo esta lógica, no deberíamos esperar que las bandas controlen áreas en un contexto como el uruguayo, donde las instituciones estatales están presentes de manera extendida en el territorio [iv].
Sin embargo, estudios más recientes ofrecen una visión matizada del rol del Estado que pueden ayudarnos a pensar el caso uruguayo. Estos estudios muestran que los esquemas criminales de dominación territorial suelen basarse en relaciones de cooperación, tolerancia o conflicto con el Estado [v]. De hecho, varios autores han documentado presencia de este fenómeno en contextos de presencia estatal extendida en el territorio, como por ejemplo Chile [vi] o Argentina [vii]. En definitiva, la literatura comparada nos enseña que un Estado presente no garantiza la ausencia de esquemas de dominación territorial por parte de actores criminales.
Esto en Uruguay pasa…
Lo poco que sabemos sobre las dinámicas de las bandas en Uruguay está asociado a episodios de violencia que suele levantar la prensa (por ejemplo: conflictos entre bandas rivales, ajustes de cuentas, enfrentamientos con la policía). También sabemos que la tasa de homicidios ha crecido de manera considerable en la última década, a la vez que aumentaron los conflictos entre bandas criminales. Por ejemplo, en 2018 alcanzó su punto máximo en 11,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, dejando a Uruguay en el cuarto lugar del ranking sudamericano en tasas de homicidios, superado solo por Venezuela, Brasil y Colombia. El 50% de estos homicidios fueron clasificados como conflictos entre bandas criminales [viii].
La violencia asociada a las bandas de narcotráfico es innegable. Sin embargo, estos sucesos violentos no son permanentes. De hecho, no son lo más frecuente y concentrarnos únicamente en ellos opacan el entendimiento del funcionamiento de las bandas. Para poder operar con tranquilidad y de manera más eficiente, a las bandas les es funcional evitar la visibilidad de la violencia, no llamar la atención [ix]. La evidencia levantada a partir de entrevistas realizadas en barrios de Montevideo [x], sugiere que hay bandas que establecen pactos de silencio con la comunidad en la que operan –tal como sucede en el resto de los países de la región–.
Los pactos de silencio consisten en acuerdos informales en los que las comunidades se comprometen a guardar silencio, blindando así las operaciones de las bandas. Estas comunidades involucran tanto a vecinos del barrio donde las bandas operan (potenciales denunciantes) como a agentes del Estado en el territorio (que van desde policías a técnicos que trabajan en servicios del Estado) e incluso, en algunos casos, a políticos locales (como por ejemplo concejales vecinales).
A cambio del silencio, la banda ofrece cierta ‘tranquilidad’ en el barrio, tanto a vecinos como a trabajadores de organizaciones estatales y no estatales instaladas en el territorio. Por ejemplo, es frecuente que vecinos que viven en barrios controlados por bandas digan “si vos no te metes con ellos, ellos no se meten contigo”, o “acá todos saben de qué se puede hablar y de qué no”, o incluso, en algunos casos, “los narcos son unos gentleman, solo no tenés que meterte en lo que no te tenés que meter”. De modo similar, técnicos que trabajan en estos barrios suelen preferir “hacer de cuenta que no sabemos lo que sucede”. A su vez, hay casos donde agentes policiales que operan en el territorio obtienen alguna participación de los excedentes del negocio a cambio de colaborar con la banda y respetar el pacto de silencio [xi].
De este modo, los pactos de silencio conducen a equilibrios de relativa estabilidad. Los sucesos de violencia se desatan cuando, por algún motivo, estos pactos se quiebran [xii]. Enfrentamientos entre bandas rivales por el control de un territorio, la caída del líder de una banda, o incluso un malentendido entre vecinos pueden ser factores desestabilizadores que rompan el pacto. A su vez, modificaciones en la estructura de la institución policial también pueden generar un quiebre. Por ejemplo, una reforma que reste potestades a las comisarías locales con el objetivo de disminuir niveles de corrupción (como la implementada en Uruguay en el 2011), paradójicamente podría derivar en más violencia al desmantelar los pactos.
Sin embargo, el equilibrio ofrecido por los pactos de silencio no implica necesariamente la ausencia de violencia a nivel local. Generalmente los pactos están fundados en la extorsión por parte de las bandas hacia vecinos y trabajadores del barrio. De este modo, la estabilidad del pacto en realidad está dada por la constante amenaza y miedo. El silencio es básicamente un seguro de vida para quienes viven o trabajan allí.
Que el Estado uruguayo tenga instituciones fuertes y esté presente de manera extendida en el territorio no nos exime de la presencia de esquemas de control territorial anclados en pactos de silencio. Que no nos enteremos no quiere decir que no suceda: los pactos de silencio cumplen justamente la función de asegurar un equilibrio donde las operativas de las bandas puedan pasar desapercibidas. Así, períodos de cierta ‘tranquilidad’ en zonas donde operan las bandas podrían estar indicando un buen funcionamiento del pacto, mientras que la violencia “visible” se asocia a su ruptura.
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[i] Yashar, Deborah J. 2018. Homicidal Ecologies: Illicit Economies and Complicit States in Latin America. 1st ed. Cambridge University Press.
[ii] Bergman, Marcelo. 2018. More Money, More Crime: Prosperity and Rising Crime in Latin America. New York, NY, United States of America: Oxford University Press ; Dammert, Lucía. 2009. “Drogas e inseguridad en América Latina: una relación compleja.” Nueva Sociedad 222.
[iii] O’Donnell, Guillermo. 1993. “On The State, Democratization and Some Conceptual Problems (A Latin American View with Glances at Some Post-Communist Countries).” Kellog Institute Working Paper #192.
[iv] Soifer, Hillel. 2015. State Building in Latin America. Cambridge University Press.
[v] Arias, Enrique Desmond. 2017. Criminal Enterprises and Governance in Latin America and the Caribbean. Cambridge, United Kingdom ; New York, NY: Cambridge University Press; Barnes, Nicholas. 2018. “Resident Resistance: Denouncing Gangs in Rio de Janeiro.” Paper presented at the XXXVI Latin American Studies Association Congress; Dewey, Matías. 2015. El Orden Clandestino: Política, Fuerzas de Seguridad y Mercados Ilegales En La Argentina. Primera edición. Buenos Aires: Katz; Magaloni, Beatriz, Edgar Franco-Vivanco, and Vanessa Melo. 2020. “Killing in the Slums: Social Order, Criminal Governance, and Police Violence in Rio de Janeiro.” American Political Science Review 114(2): 552–72.
[vi] Luna, Juan Pablo. 2017. En Vez Del Optimismo. Crisis de Representación Política En El Chile Actual. CIPER, Editorial Catalonia.
[vii] Auyero, Javier, and Katherine Sobering. 2019. The Ambivalent State: Police-Criminal Collusion at the Urban Margins. New York: Oxford University Press; Flom, Hernán. 2019. “State Regulation of Organized Crime: Politicians, Police, and Drug Trafficking in Argentina.” Latin American Politics and Society 61(3): 104–28.
[viii] Reporte bianual de Homicidios (2018-2019) del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior –División de Estadísticas y Análisis Estratégico. Disponible en: https://www.minterior.gub.uy/index.php/unicom/noticias/7512-cifras-2019
[ix] Durán-Martínez, Angélica. 2018. The Politics of Drug Violence: Criminals, Cops, and Politicians in Colombia and Mexico. New York: Oxford University Press.
[x] Estas entrevistas fueron realizadas en el marco de mi investigación de tesis doctoral.
[xi] Por ejemplo, en las entrevistas realizadas en barrios dominados por bandas en Montevideo, los vecinos suelen mostrar desconfianza hacia la policía local justamente porque saben o sospechan que hay agentes de la policía que colaboran con la banda. También en algunos casos hay vecinos y técnicos que trabajan en los barrios que sostienen que se enteran de antemano que habrá intervenciones policiales.
[xii] Snyder, Richard, and Angélica Durán Martínez. 2009. “Drugs, Violence, and State-Sponsored Protection Rackets in Mexico and Colombia.” Colombia Internacional (70): 61–91.
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