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¿Se debe aceptar la presencia asidua de personas en situación de calle en las instalaciones de la Universidad de la República?

Por Cristian Pérez y María José Álvarez Rivadulla

La pregunta que titula este comentario se instaló en la agenda luego de una nota recientemente publicada por el Semanario Búsqueda. Allí se informa que alrededor de 70 personas sin techo —y sin vinculo con la institución-- utilizan durante el día las instalaciones de Facultad de Ciencias Sociales (FCS) para distintos fines. El decano de esa facultad, Diego Piñeiro, precisó en una entrevista radial que mediante una “encuesta muy sencilla” se encontraron 97 personas en esa situación. De acuerdo a Piñeiro, se trata de personas que duermen en refugios del MIDES u otros lugares y que en su mayoría concurren a FCS para utilizar la sala de informática. La nota de Búsqueda, así como otras notas posteriores publicadas en otros medios, dan cuenta de una serie de inconvenientes surgidos por esta situación. Se mencionan algunos casos de robos, peleas, y otros usos inadecuados de las instalaciones.

En lo que sigue queremos discutir si la UDELAR debe aceptar la presencia asidua de personas en situación de calle y alta vulnerabilidad que no tienen vínculo formal con la institución. No es nada sencillo determinar cuáles son nuestras obligaciones morales - tanto individuales como colectivas- con las personas en situación de calle e indigencia. Cualquier curso de acción tiene implicaciones que no deben ser descuidadas. Aquí argumentamos que aún cuando aceptemos como premisa que tenemos una responsabilidad colectiva frente a la situación desfavorecida de estas personas, de ello es difícil deducir que una institución como la UDELAR debe cumplir el rol de refugio diurno para estas personas.

II
Vivir sin techo en Uruguay

El censo específico de la población sin techo realizado por el MIDES en 2016 reveló que para ese año unas 1651 personas se encontraban en esa situación. Aunque la mayoría duermen en centros de atención o refugios, una tercera parte lo hace en la calle. Según el informe, este número ha aumentado considerablemente respecto al censo anterior realizado en 2011 también por el MIDES. Este dato es sorprendente, dada la mejora del país en indicadores de desigualdad y pobreza durante los últimos años. Esto muestra la complejidad de un fenómeno que no es sencillo de explicar ni de transformar. El fenómeno de las personas sin techo (homeless como se conoce en la literatura anglosajona) ha sido ampliamente estudiado. Y si existe un punto de consenso es que ninguna sociedad es inmune a esta situación.

En el caso uruguayo, la población de personas sin techo está mayoritariamente compuesta por hombres con muy baja educación. En promedio, los que viven en la calle son más jóvenes que los que duermen en refugios. El 80% declara consumir algún tipo de sustancias psicoactivas. Como señala el informe del Mides, aquí se ve un Estado presente en la vida de estas personas bajo distintas modalidades: tanto en su brazo benefactor (el 90% de la personas en situación de calle se encuentran en registros administrativos del Sistema Nacional Integrado de Salud) como punitivo (47% declara institucionalización por conflicto con la ley en algún momento de su vida).

Asimismo, en base a datos de los relevamientos de personas en situación de calle realizados en 2006 y 2011, Fiorella Ciapessoni (2016, p.121) sugiere que la mayor parte de quienes declaran estar (principalmente jóvenes) en una situación sin techo revelan que han estado en esa situación por menos de un año.[1] En su estudio sobre las trayectorias que conducen a las personas a terminar en situación de calle en Montevideo, Ciapessoni concluye que ese resultado se obtiene mediante una combinación de factores que van desde precariedad laboral, hasta ausencia de cuidado, la presencia de relaciones frágiles, pobreza y falta de acceso a opciones de vivienda. Así, la falta de acceso a la vivienda es una de las tantas variables que explica la condición de vulnerabilidad, pero no la única. 

III

UDELAR y personas sin techo

De momento se han manifestado dos posturas opuestas sobre qué hacer con la situación de las personas sin techo que utilizan las instalaciones de FCS. Por un lado, se ubican quienes sostienen que la FCS hace lo correcto en brindar amparo a quienes lo necesitan. Eso se puede ver, por ejemplo, en la posición del centro de estudiantes de FCS (CECSO)[2] o del propio decano de la institución. En ambos casos se parte de la idea de que la universidad no puede ser indiferente frente a esta problemática social. Es responsabilidad de todos-- y por tanto también de quienes integran FCS-- ayudar a estas personas en vulnerabilidad. Por otro lado, están quienes creen que la FCS no debe permitir este tipo de situación y que por tanto debe cerrar las puertas a estas personas. Dentro de esta posición existen numerosas variantes. Por ejemplo, algunos argumentan que es necesario que las personas en situación de calle e indigencia se responsabilicen de su propio bienestar. Eso es, que sean capaces de buscar alternativas para salir de la calle y no depender de las ayudas públicas.[3]

No obstante, nuestro argumento comparte la conclusión de la segunda postura pero llega a ese resultado al asumir la razón principal de la primera posición. Precisamente porque tenemos una responsabilidad moral frente a esta situación es que debemos buscar soluciones adecuadas que nos permitan internalizar responsabilidades de un modo apropiado.

Una primera razón para cuestionar la postura de puertas abiertas es que este camino es ineficiente. La FCS -así como otros centros universitarios- no está diseñada para albergar y atender una población de alta vulnerabilidad. En primer lugar, ediliciamente no cuenta con las facilidades que típicamente ofrecen los refugios y centros de atención a personas con alta vulnerabilidad. La sala de informática o la biblioteca están pensadas para el uso de estudiantes de la institución y no para otros fines. Los salones de clase están diseñados para albergar personas que asisten a clase, no para personas que necesitan pernoctar o descansar. Asimismo, la FCS cuenta con funcionarios que no están capacitados – ni se espera que lo estén- para tratar con personas en situación de calle. Podríamos retornar a la idea de que la FCS es la institución donde se forman profesionales idóneos para tratar esta problemática y por ende, allí se cuenta con personas capacitadas para tratar ese tipo de situaciones.

Sin embargo, esta idea falla en un punto crucial: la ayuda a estas personas requiere de una infraestructura, recursos y espacios que no están disponibles en FCS. Por ejemplo, la facultad de Odontología realiza prácticas gratuitas en pacientes que necesitan ayuda. Pero esa tarea se realiza en un espacio que cuenta con el equipamiento necesario para su realización. Los pacientes no son tratados en la sala del consejo o en las oficinas del decanato. La situación actual en FCS se parece justamente a intentar tratar a los pacientes odontológicos en una sala de consejo o de informática. Si FCS tiene como una de sus metas formar profesionales para tratar con personas en situación de calle, el camino no puede ser realizar esa tarea en cualquier espacio y bajo cualquier condición. Así como los futuros estudiantes de odontología no realizan extracciones de muelas en la sala de informática de su Facultad, tampoco deberíamos esperar que los estudiantes de sociales intenten realizar su trabajo en la biblioteca u otros espacios no idóneos de la institución. Asumir que esa tarea se puede realizar en cualquier circunstancia, es no reconocer la complejidad del fenómeno que se busca tratar.

Se podría pensar- tal como declaró el decano Piñeiro- en la posibilidad de que FCS abra un espacio idóneo para realizar esta tarea. Esto es, que UDELAR invierta recursos en acondicionar espacios idóneos para atender esta población. El problema es que FCS no sólo educa profesionales para atender personas con alta vulnerabilidad y situación de calle. No resulta claro por qué esta institución debería destinar recursos específicos para ocuparse de esta población en particular y no- por ejemplo- de personas con discapacidad, con problemas de salud mental o bien de estudiantes que quedan excluidos de la educación secundaria.

Naturalmente, la pregunta que queda es qué hacer con estas personas necesitadas. Eso es, qué otras políticas y espacios ofrecerles. En una reciente investigación aplicada, David Snow --quien ha trabajado toda su vida el tema de los sin techo en Estados Unidos-- colaboró con el gobierno de Orange County, California, para pensar en soluciones al problema de la población sin techo en ese lugar. Snow calculó los costos que implican las políticas estándar para atender a los sin techo para el Estado y organizaciones no gubernamentales que trabajan con ellos. Los costos no son sólo los refugios o la comida. Existen una serie de costos ocultos, fundamentalmente en salud, dado que se trata de personas que- debido a las condiciones de vida que enfrentan- frecuentemente utilizan los servicios de emergencia hospitalaria. Algo parecido sucede con los costos que este tipo de fenómeno supone para sistema judicial. Snow concluye que los costos son bastante más altos, el doble según su cálculo, que proveer de vivienda incondicionalmente a esta población. Los costos de aquellos sin techo que viven en casas son sustancialmente menores que los de que viven en refugios o en la calle. Para el caso de Estados Unidos, una persona sin techo crónica que vive en la calle o en refugios puede ascender a casi 90 mil dólares. Mientras que aquellos que viven en los programas de vivienda que han desarrollado para este propósito, incondicionales y con acompañamiento, bajan a casi la mitad.[4]

El tema es complejo y no existen soluciones evidentes. No obstante, queda claro que no es una buena idea responder con voluntarismo a un problema estructural que requiere soluciones colectivas e institucionales. Ciertamente, la política de puertas abiertas de la UDELAR puede beneficiar circunstancialmente a personas con escaso acceso a bienes y servicios básicos. Como otras instituciones públicas, la UDELAR provee algunos servicios a usuarios (e.g. baños, calefacción, internet libre, etc) que son de difícil acceso para quienes se encuentran en situación de calle. El decano Piñeiro mencionó, por ejemplo, el caso de personas que utilizan la sala de computación para comunicarse con su familia o para buscar empleo. Pero para justificar la política de puertas abiertas se necesita hacer un balance global de la situación. Y para ello la pregunta inicial debe ser cuál es la mejor manera de ayudar a las personas en situación de calle. Abrir simplemente las puertas de las instituciones públicas no parece ser el mejor camino para responsabilizarnos de un problema del que todos somos parte.


[1]Ciapessoni, Fiorella. 2016. “Homelessness in Uruguay: A Trajectories Approach”, European Journal of Homelessness, 10.2. : 113-134

[2]Ver además: Marquisio, Camila. “¿De qué anomia hablamos?” La Diaria,  11 de julio de 2018

[3]Mauricio Rosencof planteo está posición en En Perspectiva, Junio 22 de 2018.
[4]Por más información sobre este tipo de programa ver: Padgett, Deborah, Benjamin Henwood, and Sam Tsemberis. 2016. Housing First: Ending Homelessness, Transforming Systems, and Changing Lives. New York: Oxford University Press, y, Parsell, Cameron, Andrew Jones, and Brian Head. 2013. “Policies and Programmes to End Homelessness in Australia: Learning from International Practice.” International Journal of Social Welfare22 (2): 186–94.



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Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.

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