Uruguay y el giro punitivo

"Prisionera del viento" por Gonzalo G. Useta.
 Bajo Licencia CC BY 2.0.
Uruguay parece estar viviendo un giro punitivo que se ha acentuado en los últimos meses. Ejemplos como la discusión sobre las modificaciones al Código del Proceso Penal; la campaña impulsada por Larrañaga para involucrar a los militares en la seguridad pública, establecer la cadena perpetua, y erradicar la libertad anticipada; las declaraciones de jerarcas sobre una supuesta epidemia de violencia en determinados sectores de la sociedad; o la cobertura de los episodios de violencia en los medios y su discusión en redes sociales y encuentros cotidianos parecen evidenciar este giro punitivo en la sociedad uruguaya.

Llama la atención lo sencillo que es encontrar paralelismos entre estos (y muchos otros) ejemplos y las descripciones sobre los giros punitivos ocurridos en los años 80 y 90 en EEUU y otros países desarrollados. Los endurecimientos de sentencia y cambios procesales propuestos parecen calcos de políticas implementadas durante ese período, especialmente en EEUU, que provocaron el crecimiento exponencial de la población carcelaria. Políticas como las de “three strikes and you are out” que establecen penas dobles para reincidentes y de 25 años como mínimo para quienes fueran condenados por su tercer delito, o similares, fueron implementadas en varios estados en EEUU, y recién ahora se están empezando a restringir. Leyes de mínimos de condena obligatorios y “truth in sentencing laws” que limitaban la discrecionalidad de los jueces y operadores de la justicia para dictar sentencias menores o conceder libertad anticipada también fueron parte de este paquete de medidas punitivas y contribuyeron al problema del encarcelamiento masivo en EEUU. Estas políticas hoy son consideradas un fracaso por casi todos los actores políticos (y hay un consenso casi total en la academia al respecto). Las consecuencias fueron, entre otras, poblaciones excluidas, comunidades estigmatizadas y marginalizadas, mayores disparidades raciales y sociales. En general, los estudios muestran la nula capacidad disuasora de estas políticas y un efecto marginal (cuando no nulo) en la reducción del crimen, en todo caso menor que políticas alternativas de menor costo (Cullen y Jonson, 2011; King, Mauer, y Young, 2005). A nivel individual, los estudios muestran que el encarcelamiento no disuade sino que incrementa la reincidencia (ver Cullen, Jonson, y Nagin, 2010). El objetivo en los últimos años es la reducción de las prisiones, tanto por cuestiones de derechos humanos y justicia como de costos económicos. Varios estudios recientes han mostrado que se puede reducir la población carcelaria bajando el delito al mismo tiempo (ver Gelb and Denney, 2018).

Pero las similitudes no se ven solo en las políticas, hay una retórica bastante similar a la descrita por autores como Garland (2001) o Wacquant (2010), cuando explican las condiciones sociales, económicas, y culturales que dieron pie a este incremento punitivo. Obviamente estas descripciones son complejas y exceden el alcance de esta nota. Sin embargo, ambos autores destacan que este giro punitivo estuvo acompañado de la deslegitimación de las políticas sociales y la estigmatización de la pobreza. Su argumento es que las políticas sociales dejaron de ser concebidas como derechos y empezaron a gestionarse con una lógica coercitiva, poniendo condiciones al acceso y generando sistemas de vigilancia y control de los beneficiarios de las transferencias, que debían mostrar que su comportamiento los hacía merecedores de los planes. En este sentido, la lógica del manejo de las políticas de bienestar se volvió muy parecida a la lógica del estado penal: coercionar y controlar para incidir en la conducta. Este cambio en la forma de ver las políticas sociales (y el control del delito) se sustentó en un cambio cultural. La idea de la meritocracia y el esfuerzo individual permitió responsabilizar a la gente de su propia pobreza (y criminalidad) y habilitó a las clases medias (quizás también a las bajas) a construir al delincuente como un “otro” sobre el que no se siente pena sino miedo y desprecio y que resulta una amenaza para la sociedad. Vale la pena reproducir las palabras de Garland en este sentido:

“Pero más importante aún para nuestros propósitos es la forma en que el delito cobró un nueva significación estratégica en la cultura política de este período. El delito -junto con las conductas asociadas a la underclass como el uso de drogas, el embarazo adolescente, las madres solteras y la dependencia del welfare- comenzó a funcionar como una legitimación retórica de las políticas sociales y económicas que castigaban efectivamente a los pobres y como una justificación para el desarrollo de un fuerte Estado disciplinario (...) En este período de división de las aguas, la efectividad del control del delito pasó a ser considerada como algo que dependía de imponer más controles, incrementar los desincentivos y, si fuera necesario, segregar al sector peligroso de la población. La imagen recurrente del delincuente dejó de ser aquella del ofensor necesitado de ayuda o del inadaptado irresponsable y pasó a ser mucho más amenazante -criminales de carrera, adictos al crack, violentos y depredadores- y, al mismo tiempo, mucho más racista (…) En la reacción política contra el Estado de bienestar y la modernidad tardía, el delito actuó como una lente a través de la cual visualizar a los pobres -considerados no merecedores, desviados, peligrosos, diferentes- y como una barrera contra los sentimientos subsistentes de solidaridad y compasión.” (Garland, 2001; pp 177-178)

Mucho más se ha escrito sobre la punitividad y sus causas. El rol de la opinión pública y las explicaciones sobre qué es lo que impulsa al público a adoptar posturas punitivas es central en estas discusiones. Estos estudios son muy valiosos y replicarlos en Uruguay podría aportar información importante para entender lo que está pasando. Sin embargo, hay una serie de trabajos que argumentan que el foco excesivo en la punitividad aclara más de lo que oscurece. Desde esta perspectiva, se cuestiona la visión monolítica sobre la punitividad del público y se hace un llamado a iluminar otros aspectos de la opinión pública, que quedan invisibilizados en este tipo de relatos y en estudios que sólo preguntan al público qué tan punitivo es. Estos estudios muestran, por ejemplo, que el público tiende a subestimar las sentencias de los jueces, y que de hecho suele elegir sentencias parecidas (no más punitivas) a las que efectivamente otorgan los jueces. Otros estudios han mostrado que cuando se le pregunta a la gente por sus preferencias de castigo usando ejemplos más personalizados (en vez de abstractos), o que cuando se les presenta información sobre los sesgos del sistema de justicia o posibles errores judiciales, la gente suele ser menos punitiva. Además, los estudios muestran que el público tiende a preferir políticas rehabilitatorias a puramente punitivas y privilegia metas como la rehabilitación y la restitución al castigo. Estudios más recientes en EEUU se han centrado en analizar el apoyo a las políticas de reducción de prisiones y a las reformas de justicia tendientes a terminar con el encarcelamiento masivo y reducir penas. Estos estudios muestran altos niveles de apoyo a este tipo de poíticas, incluso en sectores y Estados conservadores. La punitividad convive entonces con ideas "progresistas". El público es más pragmático de lo que parece y tiene ideas complejas respecto a un problema complejo como el crimen y se puede crear un “espacio ideológico” que permita proponer y llevar adelante políticas alternativas (Jonson, Cullen, y Lux, 2013).

En este momento, me parece importante destacar estas visiones y cuestionar esta idea monolítica de la punitividad social y sus consecuencias a la hora de pensar y apoyar determinadas políticas. Es más, una encuesta realizada en el 2016 en Uruguay (LAPOP) parece sustentar esta idea. En esta encuesta, se le preguntó a los entrevistados cómo distribuiría un hipotético presupuesto de 10 monedas en distintas políticas para combatir el delito: aumento de castigo a los delincuentes, subsidios para compra de seguridad privada, medidas de prevención (educación vocacional y rehabilitación), y programas de reducción de pobreza. Consistente con la idea de pragmatismo, la gente tendió a distribuir el presupuesto entre distintas metas alternativas. Solamente el 5% de los encuestados le asignó el total del presupuesto al castigo (el 2% hizo lo mismo con la rehabilitación y el 3% con la pobreza). En el otro extremo, el 24% de los encuestados no le asignó presupuesto al incremento de los castigos (20% en el caso de la rehabilitación y 20% a la pobreza). En promedio, los entrevistados le asignaron 3 monedas al incremento de penas, 1 a los subsidios a la seguridad privada, 3 a la rehabilitación, y 3 al combate a la pobreza. Obviamente estos datos son limitados, pero ilustran la importancia de ver más allá de los sentimientos punitivos. Otra encuesta realizada por LAPOP en 2012 muestra que las respuestas son diferentes si se le pregunta a los entrevistados si están de acuerdo con una política en términos absolutos. En este caso, el 78% de los entrevistados se mostraron de acuerdo con la frase “la mejor medida para enfrentar la delincuencia es hacer leyes más duras”, mientras que el 88% dijo estar de acuerdo con la frase “la mejor medida para enfrentar la delincuencia es crear programas de prevención” (sí, es contradictorio que los entrevistados señalen dos alternativas diferentes como "la mejor").

En definitiva, el giro punitivo parece estar ahí. Es sin duda importante entenderlo mejor y lograr comprender su alcance. Sin embargo, también es importante ver más allá de las actitudes punitivas, iluminar otras facetas de la opinión pública, y tener en cuenta que las políticas punitivas no son las únicas capaces de lograr apoyo público.


Referencias:

Cullen, F. T., & Jonson, C. L. (2011). Correctional Theory: Context and Consequences. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.

Cullen, F. T., Jonson, C. L., & Nagin, D. S. (2011). Prisons Do Not Reduce Recidivism: The High Cost of Ignoring Science. The Prison Journal, 91, 48S–65S.

Garland, D. (2001). La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Barcelona: Gedisa.

Gelb, A., & Denney, J. (2018, Enero 16). National Prison Rate Continues to Decline Amid Sentencing, Re-Entry Reforms More than two-thirds of states cut crime and imprisonment from 2008-16. PEW Charitable Trust. Publicado en: http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2018/01/16/national-prison-rate-continues-to-decline-amid-sentencing-re-entry-reforms

Jonson, C. L., Cullen, F. T., & Lux, J. L. (2013). Creating Ideological Space. En L. A. Craig, L. Dixon and T. A. Gannon (eds.) What Works in Offender Rehabilitation. An Evidence Based Approach to Assessment and Treatment. London: Wiley-Blackwell.

King, R. S., Mauer, M., & Young, M. C. (2005). Incarceration and Crime: A Complex Relationship. Washington, DC.

Latin American Public Opinion Project (LAPOP). (2012 & 2016/2017) The Americas Barometer. Disponible online en www.LapopSurveys.org.

Wacquant, L. (2010). Crafting the neoliberal state: Workfare, prisonfare and social insecurity. Why Prison? Sociological Forum, 25, 65–86.

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