¿Qué culpa tiene el portero del Banco República?



Contribuyente Invitado: Alejandro Milanesi

La imagen más frecuente del funcionario público en el Uruguay es el famoso “portero del Banco República”. Una caricatura que representa un empleado público con ingresos altos y cuya función dejó de ser necesaria desde que se inventaron las puertas automáticas. 

Typing Pool, Autor: MissouriStateArchives

No hay que reponer más empleados públicos. Cuando se van, se van” fueron las palabras de Novick en una reciente entrevista a El Observador TV. En la misma semana el Ministro Astori señaló que el país enfrenta un “exceso” de funcionarios públicos que debe ser “combatido y enfrentado” como forma de reducir el gasto. La empresa Deloitte lanzó una serie de “datos en tiempos de ajuste fiscal” que entre otros señala el aumento de funcionarios públicos durante los últimos 20 años. Lo cierto es que el debate sobre funcionarios públicos en Uruguay suele estar presente en momentos cuando la Oficina Nacional de Servicio Civil actualiza las cifras o como éste, cuando hay que ajustar las cuentas públicas. Ello encierra una concepción al menos preocupante respecto de la calidad del debate respecto de cómo debe, o puede, ser gestionado el aparato público y sus recursos humanos.


En primer lugar, no se trata de esconder lo obvio. Efectivamente al Estado Uruguayo le sobran funcionarios en varias áreas de gobierno. También le asiste la razón a Astori cuando señala que este exceso se debe en gran medida a la acumulación histórica de funcionarios mediante métodos de ingreso clientelares. En particular durante buena parte del Siglo XX[1] y todavía muy presente como práctica en los gobiernos departamentales[2].  A ello se le suma una fuerte estabilidad laboral que hace difícil las acciones como despidos por bajo rendimiento o incluso como consecuencia de definiciones políticas respecto de la necesidad o no de una determinada repartición pública.


En segundo lugar, el incremento de funcionarios público es también consecuencia de la expansión de los servicios públicos, la educación (ANEP + Udelar) y la salud (MSP + ASSE) explican un 67% de los ingresos al Estado entre 2004 y 2014. A ello se le pueden sumar otros servicios intensivos en mano de obra como la Policía. Es decir, el aumento en la plantilla de funcionarios ha sido parte de la estrategia más que una consecuencia indeseable. Por ejemplo, resulta difícil mejorar los niveles educativos sin reducir la cantidad de estudiantes por docente. Por supuesto, podemos debatir los resultados que estamos obteniendo, pero esa es justamente otra discusión.   


¿Y si hacemos lo que sugiere Novick? Nobleza obliga, el líder de la Concertación señala que en todo caso sólo se debe reponer maestros (no queda claro si se refiere solo a la educación primaria o también incluiría la educación secundaria y técnica) y policías. Uno podría preguntarse también por áreas como el personal de salud o de atención a la infancia entre otros importantes servicios públicos. ¿Si se van, se van? Quizás no sea necesario reponer al portero del Banco República el día que se jubile. Sin embargo: ¿tampoco deberíamos reponer al ingeniero que se ocupa de regular que la construcción de las rutas por parte de empresas privadas se haga conforme a lo previsto? ¿Qué tal los técnicos del servicio exterior que arman la propuesta técnica para negociar con la Unión Europea o los informáticos detrás de los avances en la gestión online de trámites públicos? De igual forma podrían ponerse ejemplos de personal administrativo y de oficios.


La lógica de reducción de funcionarios del aparato público sin criterios claros tiene su historia en Uruguay. Durante el segundo período de J.M. Sanguinetti se impulsó un proceso de reforma estatal que tuvo entre sus componentes el retiro incentivado de funcionarios. Las consecuencias fueron malas para el Estado. El portero del Banco República se quedó, pero se fueron profesionales y otros funcionarios que tenían mejores oportunidades para vender su fuerza de trabajo en el sector privado[3]. Quien tenían bien claro cuáles eran los requerimientos y “qué cosas se miran” en una licitación pública tenía posibilidades de trabajo muy atractivas en empresas constructoras, estudios jurídicos o contables. A su vez, la prohibición del ingreso al Estado determinó que en los hechos comenzaran a florecer diferentes mecanismos de ingreso a la función pública bajo el derecho privado.


La idea de un Estado más pequeño es debatible, pero en todo caso defendible.  Lo que no debería defenderse es un Estado sin capacidades en dónde por recortar algunos gastos se hipotequen la implementación de políticas estratégicas. Ello no sólo sería un retroceso en cuanto a logros de bienestar social, sino que además favorece los riesgos de captura por parte del sector privado.


En ese marco, lo que resulta preocupante es la reducción de la discusión al número de funcionarios[4]. La culpa no es del portero del Banco República sino más bien de la ausencia de una discusión profunda respecto del Estado. Al Frente Amplio le ha costado encarar las discusiones sobre reforma del Estado, y en particular de sus recursos humanos. Quizás porque esté allí una buena porción de su base electoral. La izquierda ha caído muchas veces en la trampa de discutir si “son muchos” o “son pocos” con escasa reflexión respecto de “¿para qué?”.


Desde ya que no se trata de una discusión puramente teórica sino atada también a posibilidades fiscales. Sin embargo, recortar en recursos humanos no es lo mismo que hacerlo en combustible, papel o masitas. No sólo por las obvias dificultades políticas de hacerlo sino porque afecta de forma más profunda a las capacidades del sector público, y en última instancia a los proyectos políticos. Es posible, y eventualmente deseable, reducir el número de funcionarios en algunas áreas del sector público, pero sin criterios explícitos o sin una concepción clara de porqué lo hacemos más allá de la reducción de costos estaremos, condenados a reproducir los fracasos del pasado.  






[1] Filgueira, Fernando; Adolgo Garcé; Conrado Ramos, y Jaime Yaffé, Jaime. (2003). Los dos ciclos del Estado uruguayo en el Siglo XX. En El Uruguay del Siglo XX. La Política. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
[2] Como ejemplo, en el presupuesto de la Intendencia de Maldonado presentado por el Intendente Antia este año se prevé que: A efectos de estimular la formación y capacitación, establécese que aquellas personas con actuación destacada en los cursos de capacitación de la Intendencia, podrán ingresar directamente, por resolución fundada del Intendente, como Contratado Zafral o Eventual (Art. 31). En las ofertas de empleo público se reservará un cupo de hasta un 30% para ser designado directamente por el Intendente, a efectos del cumplimiento de tareas en forma transitoria y en régimen de contrato por tiempo determinado (Art. 32).

[3] Narbondo, Pedro y Conrado Ramos Larraburu (1999). “La reforma de la administración central en el Uruguay y el paradigma de la nueva gerencia pública (1995-1999)”. Revista Uruguaya de Ciencia Política 11: 35-58.
[4] Todavía peor cuando se discute si deberían trabajar en semana santa y otros feriados como si esto fuera la reforma del Estado en su concepción más pura.

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