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Sobre Luditas, lobbys y consumidores: las compras por internet.

Hace tiempo se viene implementando un conjunto de medidas que buscan restringir las compras on-line de los uruguayos, en parte respondiendo, a mi entender, a demandas de un sector empresarial específico, vinculado al comercio. En este marco, me parece que algunos aspectos del fenómeno de compras por internet no han sido comentados o contemplados; aspectos que son ilustrativos de carencias cuando se trata de pensar algunos problemas. En concreto, el caso de las compras on-line parece ser un ejemplo de situaciones en las que las potenciales ganancias en términos de bienestar de los consumidores son mayores que las pérdidas en puestos de trabajo o los beneficios de los empresarios vinculados, pero cómo estos grupos son relativamente pequeños y tienen mayor capacidad de acción y voz en el debate social, logran bloquear los cambios.

¿Cuáles son los argumentos para flexibilizar o restringir las compras on-line? Primero, pensemos en la disponibilidad de bienes y servicios: si quiero comprar una boquilla de trompeta Selmer, porque me dedico a la música y necesito que mis instrumentos suenen bien, o el Classroom in a Book de Adobe, porque me dedico al diseño gráfico, probablemente sólo pueda hacerlo on-line. Parte de las compras on-line, entonces, no sustituyen ventas que se realizarían de forma presencial en territorio nacional, sino que representan acceso a bienes y servicios que directamente no están disponibles en el país. O sea, estos son casos de una mejora inequívoca en el bienestar del consumidor.

Segundo, pensemos en los precios. Un motivo para comprar on-line bienes disponibles en Uruguay es su menor precio. Poder acceder a los mismos bienes a menor precio claramente incrementa el bienestar del consumidor. De hecho, una de las formas en que los economistas miden este bienestar (llamado “excedente del consumidor”) es calculando la diferencia entre el precio que uno está dispuesto a pagar por un producto y el que finalmente paga.1 Se argumenta que este diferencial de precios es injusto dado que las compras on-line no pagan impuestos (o pagan menos), por lo que resulta competencia desleal. Complejicemos un poco. Las compras en persona tienen un conjunto de ventajas sobre las on-line: testeo de productos (probarse la ropa, la cámara de fotos, etc.), garantías de más fácil acceso, servicios post-venta (reparaciones, soporte técnico, etc.). Los objetos comprados on-line, además, pueden dañarse en el camino, ser difíciles de devolver o reparar, etc. El diferencial de precios tiene que compensar todo esto para que la compra on-line valga la pena. En lo personal, prefiero ir a una tienda y comprar un jean y saber a quién reclamar por un desperfecto antes que hacerlo on-line para ahorrar, digamos, 10% del precio, y correr el riesgo de que llegue en un mes y me quede chico.

Sin embargo, una fracción del diferencial de precio puede deberse simplemente al mayor margen de ganancia del vendedor en plaza. Investigaciones periodísticas recientes demostraron los altísimos márgenes sobre varios productos (casi 1000% sobre pasta de dientes, por ejemplo), y hay quien argumenta que “Uruguay es caro” producto de la falta de competencia en los mercados, lo reducido del mercado interno, la existencia de oligopolios, todo lo cual lleva a importantes márgenes de ganancia. Si este es el caso, entonces las compras on-line incrementan el bienestar de los consumidores y a la vez disciplinan a los vendedores en la plaza local. La competencia con el exterior también podría inducir a las empresas locales a mejorar el servicio a los clientes (que tengan su web, que vendan on-line, que den precios por teléfono, por ejemplo).

Tercero, pensemos en los puestos de trabajo. Se plantea que las compras on-line desplazan compras en persona, lo que afecta la rentabilidad de los comerciantes y amenaza puestos de trabajo. Esto es relativizable, en varios frentes. Primero, comprando on-line, los consumidores muchas veces ahorran dinero, y es de esperar que ese dinero no desaparezca, sino que se gaste en otros bienes y servicios dentro del territorio nacional (lo que genera beneficios y empleo en otros sectores). Segundo, la demanda on-line puede contribuir a desarrollar un mercado local para los bienes aún no disponibles: a base de extender su uso quizás comiencen a venderse boquillas Selmer; después de todo, la gran demanda on-line fue uno de los elementos que llevó a la cadena Forever 21 a instalarse en Uruguay, y creó puestos de trabajo. Tercero, y más importante, las compras on-line también implican dinamización de actividad en varios sectores, entre ellos el logístico (aduanas, couriers, despachantes, webs como Gripper o Urubux) y el financiero, con la consiguiente creación de puestos de trabajo.

Por último, vale la pena notar que los comentarios anteriores son relevantes solamente si habláramos de un fenómeno de magnitudes importantes en términos, por ejemplo, de volúmenes de venta. Según esta nota periodística las compras on-line ascendieron a 40 millones de dólares entre abril 2013 y el mismo mes de 2014. Esto es algo así como 0.0007% del PBI en dólares de 2013. En términos per cápita, son unos once dólares por persona. Suena como si un conjunto reducido de comerciantes con altos márgenes estuviera agitando el cuco de la pérdida de puestos de trabajo y la amenaza a la rentabilidad por montos más bien reducidos. En todo caso, las compras on-line parecerían ser un problema menor en comparación con el contrabando, los viajes a Buenos Aires en busca de bienes más baratos o inexistentes en plaza, los encargos a amigos y familiares que viajan a Europa o Estados Unidos, etc.2

En base a estas consideraciones previas, en mi opinión el tema de las compras on-line es un caso particular de un fenómeno quizás un poco más general cuando se discuten problemas económicos: el foco excesivo en los puestos de trabajo en detrimento del bienestar del consumidor (en definitiva, la población en su conjunto). Esto puede resultar de un problema bastante clásico de economía política: frente a un cambio X, muchas veces los perdedores son un grupo compacto, identificable, organizado, con capacidad de lobby, en tanto los potenciales ganadores son un grupo más grande, disperso, no organizado. Por supuesto que es válido e importante preocuparse por los puestos de trabajo, pero en algún momento tenemos que empezar a reconocer seriamente que, en algunos casos, en algunas situaciones, existen tensiones (“trade-offs” diría un economista) entre puestos de trabajo y mejoras en el bienestar. De lo contrario, una forma rápida de incrementar el empleo sería, por ejemplo, pedir partidas de nacimiento en todos los trámites y reducir la vigencia de las cédulas de identidad a un año.

Como otros casos de lo anterior, piénsese por ejemplo en lo ocurrido con el corredor Garzón: tras toda la reforma, un informe del BID señala que no hubo beneficios para los consumidores (los pasajeros), como resultado de la presión de empresarios y trabajadores. Asimismo, en mi lejano recuerdo de la discusión sobre el TLC con Estados Unidos, la discusión pública también se centró en industrias en jaque y pérdidas de puestos de trabajo, o el acceso a mercados nuevos y la dinamización de nuevos sectores de actividad. No así, en los potenciales beneficios para los consumidores. Algo similar parece estar sucediendo con el TISA, o con el TLC Mercosur – Unión Europea. Quizás los acuerdos sean malos, más perjudiciales que beneficiosos, y de hecho no quiero discutir sus pros y contras aquí, sino señalar, como punto central, que en cualquier discusión tenemos que recordar que “los consumidores” son también trabajadores, desocupados, empresarios, cuentapropistas, estudiantes, jubilados, amas de casa, etcétera. El bienestar de los consumidores también vale, y no podemos utilizar los puestos de trabajo como vara única para evaluar las cosas, porque es verlas por la mitad.

El problema de economía política que señalé implica que, en varios casos, los potenciales perdedores terminan bloqueando cambios potencialmente muy beneficiosos (como en el caso del corredor Garzón). El Estado es un actor privilegiado que podría ayudar a coordinar a los ganadores y asegurarse de que los perdedores sean razonablemente compensados. Simplificando trámites y asegurando una solución para funcionarios redundantes; mejorando el sistema de transporte y colaborando en la reconversión de los trabajadores, etc. Sin embargo, algunas veces pareciera que la primera reacción en la discusión pública fuera la de proteger los puestos de trabajo a toda costa, incluso a costa del bienestar del consumidor (es decir, de la población).

Paradójicamente, si bien los partidos tradicionales son los que ideológicamente están más cerca de realzar las virtudes del mercado, el gobierno del Frente Amplio contribuye con legislación clave en el área (por ejemplo, con la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia de julio de 2007), que efectiviza la lucha contra prácticas anticompetitivas y permite, por ejemplo, desbaratar un cartel de vendedores de pomarola y reducir su precio sensiblemente. Aun así, queda camino por recorrer, por ejemplo actualizando la legislación sobre fusiones y adquisiciones de forma de evitar mayor concentración en los mercados.

Volviendo a las compras on-line, si bien es un tema complejo sobre el que falta información, creo que algunas de las acotaciones de este post no han figurado en la discusión pública y aportan elementos para pensar sobre el tema. Si bien escalar de ese ejemplo a temas más complejos puede ser aventurado, creo vale la pena insistir con esta idea de que los consumidores, al final de cuentas, somos todos.


Foto por Matías Brum. Agradezco a Michel Godin, Sebastian Fleitas y Carolina Campo Lupo por valiosos comentarios y sugerencias.

Así, estoy dispuesto a pagar $180 por una pasta de dientes, pero claramente soy más feliz si la pago $150, y mucho más feliz si la pago $50.
Hay, además, un tema distributivo. Restricciones a las compras on-line en base a pedir tarjetas de crédito internacionales o similar probablemente no afecten a las capas más ricas de la sociedad y reduzcan el acceso de sectores de menores niveles de ingreso. 

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