Plebiscitos y referéndums: se avispó la derecha



Desde el retorno de la democracia, los plebiscitos y referéndums fueron utilizados por el Frente Amplio como una forma efectiva de oposición, alianzas sociales y acumulación de fuerzas ante los gobiernos de derecha. No obstante, desde hace poco el Uruguay está viviendo un fenómeno político inaudito: la apropiación de los mecanismos de democracia directa (MDD) “desde abajo”[1] por parte de la derecha. La exitosa junta de firmas liderada por Bordaberry para promover un plebiscito sobre la rebaja de la edad de imputabilidad penal (que se hará junto a las próximas elecciones) así como la reciente entrega por el diputado blanco Abdala de casi 68.000 firmas para impulsar un referéndum contra la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (por la llamada “vía corta”) marcan una novedad en la vida política del país. A su vez, nos ofrecen una valiosa oportunidad para reflexionar sobre el uso por la derecha de estas herramientas asociadas generalmente a la izquierda, así como de su uso más general en el marco de la democracia uruguaya.

El FA y los MDD

El uso frecuente de MDD y particularmente la capacidad de generar cambios constitucionales o legislativos “desde abajo”  son algunas de las características de la democracia uruguaya que la destacan a nivel internacional (Altman, 2011). Desde el retorno de la democracia en 1985 se han impulsado referéndums y plebiscitos sobre temas tan diversos como la Ley de Caducidad, el monto de las jubilaciones, la privatización de empresas públicas, la propiedad y distribución del agua o la eventual asociación de ANCAP. Como estos ejemplos dan cuenta, los temas tratados han sido diversos. La coalición de izquierda hizo de esta práctica una estrategia fructífera de acumulación de fuerzas y oposición a los gobiernos blancos y colorados (Moreira, 2004). En términos de políticas públicas, el efecto del referéndum de 1992 contra la Ley de Empresas Públicas es un ejemplo de la importancia de esta estrategia. A nivel electoral, basta recordar cómo el triunfo del referéndum de ANCAP se valoró como una victoria anticipada que presagiaba el triunfo del Frente Amplio en las elecciones del año siguiente.

Por otra parte, un punto importante es el rol “disparador” que las organizaciones sociales o sindicatos tuvieron en estas iniciativas. Muchas veces el Frente Amplio brindó un apoyo tímido en las etapas preliminares de recolección de firmas, afirmando progresivamente su involucramiento en este tipo de campañas (Monestier, 2010). El liderazgo de organizaciones de Derechos Humanos en las iniciativas contra la Ley de Caducidad, de SUTEL en el referéndum de la Ley de Empresas Públicas o de FFOSE y las organizaciones de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida en el plebiscito del agua, son algunos ejemplos de esta dinámica de alianza entre organizaciones sociales y políticas. En estos casos, las organizaciones sociales fueron quienes comenzaron las iniciativas, pero el apoyo posterior del Frente Amplio fue una condición fundamental para su éxito (solo aquellas iniciativas respaldadas por la fuerza política lograron su cometido).

Diferencias entre el uso de la izquierda y de la derecha: ¿agenda ciudadana o político-partidaria?

El triunfo del Frente Amplio en las elecciones del 2004 parecía augurar un cese en el uso de MDD en Uruguay, al menos como estrategia de oposición (recordar las declaraciones de Bergara en Washington antes de que el FA asumiera el gobierno). Los dos plebiscitos de 2009 fueron respaldados (sin gran decisión) por el Frente Amplio. El voto para uruguayos en el extranjero fue propuesto desde el Parlamento y el plebiscito sobre la ley de Caducidad fue liderado ampliamente por organizaciones sociales. En ninguno de los dos casos se trató de MDD de oposición. A pesar de estar en el gobierno, el uso de estas instituciones seguía más vinculado al FA que a los partidos tradicionales.

El nuevo panorama, en que los partidos de derecha comenzaron a apropiarse de los MDD como herramienta de oposición, se inauguró con la iniciativa liderada por Bordaberry de promover un plebiscito para reducir la edad de imputabilidad penal. Apoyado por su partido y algunos sectores del Partido Nacional, el líder de Vamos Uruguay eligió la confrontación directa con el gobierno en un tema que le causa problemas a la izquierda. La campaña fue un éxito, y en 2012 se entregaron y validaron las firmas necesarias para convocar el plebiscito, que se hará junto a las próximas elecciones nacionales. Mientras que a comienzos de su mandato Mujica buscó con los acuerdos interpartidarios restar algunos temas del debate público, con el plebiscito, Bordaberry aseguró poner de lleno en la próxima campaña electoral uno de estos temas: la seguridad pública (o “inseguridad” según de dónde se la mire).

Más recientemente, y como consecuencia de la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el diputado blanco Pablo Abdala comenzó la recolección de firmas para disparar la “vía corta” de un referéndum derogatorio de la ley. Hace poco más de una semana, se presentaron las firmas necesarias para llamar a una pre-consulta voluntaria (la Corte Electoral deberá validar estas firmas para que suceda). En el caso en que en la eventual pre-consulta se logre el apoyo del 25% del cuerpo electoral, se convocará más adelante un referéndum sobre la mentada ley.

Estos dos casos reconfiguran la dinámica política uruguaya reciente. Del mismo modo que el Frente Amplio en años anteriores, los partidos de derecha ahora aprovechan estas herramientas institucionales disponibles para marcar y ejercer su rol opositor. Los plebiscitos y referéndums “desde abajo” no son ya monopolio del FA.

No obstante, existe una importante diferencia que cabe reseñar. Mientras que en el caso del Frente Amplio las consultas “desde abajo” se promovieron en alianza con organizaciones sociales de peso en el país (el PIT-CNT, diversos sindicatos, la FEUU, organizaciones de derechos humanos, ONAJPU, etc.), en los dos casos recién señalados el liderazgo es plenamente político partidario. Tanto el plebiscito promovido por Bordaberry como el referéndum promovido por Abdala se asocian a sus estructuras partidarias, que convocan directamente a la ciudadanía sin organizaciones sociales de peso a su lado. Esta es otra novedad importante.

Por ahora, falta un buen trecho para determinar si la convocatoria al referéndum es exitosa, así como para conocer el resultado del plebiscito ya convocado. De todos modos, será interesante analizar cómo se desarrollan las campañas a favor y en contra, prestando especial atención a las alianzas que se tejan entre los partidos políticos y las diversas organizaciones sociales del país.

Para cerrar

Finalmente, los temas que se busca someter directamente al electorado invitan a reflexionar sobre las fronteras deseables entre el sistema representativo y los MDD. Muchos se escandalizan con la posibilidad de someter a escrutinio público los derechos de los niños/as y adolescentes, así como algunos de los recientemente conquistados derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Las dos iniciativas presentadas por la derecha amplían sin dudas la esfera de los temas que se pretende resolver por decisión popular directa en el país, ya que buscan resolver por votación directa temas que impactan sobre derechos individuales. Sin dudas, muchos argumentarán que los MDD no ofrecen el mejor contexto para debatir este tipo de problemas. Esta postura seguirá los argumentos clásicos de quienes desconfían de los MDD: por ejemplo, que generan polarización en las posiciones, que son instrumentalizados por los partidos políticos o que no aseguran la deliberación pública. Por su parte, quienes defienden el uso de MDD para estos temas señalarán que la democracia representativa tampoco asegura una deliberación racional ni un espacio de debate sin intereses político-partidarios, y que en temas de gran complejidad lo mejor es que la ciudadanía resuelva directamente. El punto a destacar es que mientras que tradicionalmente la derecha esgrimió el primer tipo de argumentos y la izquierda los segundos, hoy en día las posiciones parecen haberse invertido. Sin dudas, ser gobierno u oposición cambia la apreciación que se hace de los MDD.

Una mirada de mediano plazo da cuenta que independientemente de las posturas de los partidos en cada caso, el Uruguay ha mostrado que no tiene mayores tabúes respecto a qué temas resolver por medio de MDD. En este sentido, las campañas de la derecha son coherentes con uno de los principios que parece haber guiado la vida política del país desde el retorno a la democracia, un principio originalmente promovido por la izquierda: aquellos temas que pueden ser decididos por los representantes en el Parlamento también pueden ser decididos directamente por la ciudadanía a través de instituciones de democracia directa. Hoy en día, con roles invertidos a ambos lados del mostrador, resta ver cómo se resuelve este nuevo escenario político.


Bibliografía (algunas referencias politológicas sobre el uso de los MDD en Uruguay y el mundo)

Altman, David (2011). Direct Democracy Worlwide. Cambridge University Press.

Moreira, Constanza (2004). “Resistencia Política y Ciudadanía: Plebiscitos y Referéndum en el Uruguay de los ‘90”. América Latina Hoy, Nº 36, pp.17-45. Disponible en línea en: http://www.redalyc.org/pdf/308/30803602.pdf

Monestier, Felipe (2010). Movimientos Sociales, Partidos Políticos y Democracia Directa ‘desde abajo’ en Uruguay (1985-2004)”. CLACSO. Disponible en línea en : http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/clacso/becas/20120417045129/monestier.pdf





[1] Un mecanismo de democracia directa se considera “desde abajo” cuando se gatilla por la ciudadanía (en Uruguay, al presentar cierto porcentaje de firmas del cuerpo electoral).

Volare… oh, oh



Santorini, Grecia, 2010. Foto: Andrés Dean
Hace ya varias décadas que todos los años, más o menos a esta altura del año, dos grupos de viajes de estudiantes universitarios y egresados recientes comienzan su campaña de venta de rifas. Esta práctica se repite desde hace ya mucho tiempo sin que se conozcan públicamente opiniones sobre la pertinencia de estos grupos de viaje, sin que se difundan puntos de vista sobre si está bien o mal. En este post voy a opinar básicamente sobre el Grupo de Viaje de Ciencias Económicas (GVCE). No solo porque es la realidad que conozco más de cerca (soy docente de dicha facultad), sino también porque me consta que existen diferencias no menores con el de Arquitectura.

Mi impresión es que se trata de iniciativas que, en general, caen simpáticas. Obviamente es positivo que algunas personas tengan la oportunidad de conocer otros países. Y esta oportunidad se abre todos los años para cientos de jóvenes. Para ello el GVCE vende todos los años rifas que son adquiridas solidariamente por personas que consideran que se trata de una causa lo suficientemente noble o simplemente por allegados que quieren dar una mano. Pero éstos no son los únicos recursos con los que cuenta. GVCE se beneficia de varias exoneraciones impositivas, gracias a que es declarado de interés cultural por parte del MEC. El GVCE no paga los impuestos que gravan a los juegos de azar y adquiere pasajes de avión a un costo menor.

Uno de los principales puntos a favor del GVCE es que dona a la Facultad unos US$ 200.000 todos los años. Dando lugar a que se puedan realizar inversiones necesarias.

Una de las características de los integrantes del GVCE es que se trata de personas que terminaron o están terminando la carrera. Como es de público conocimiento, los jóvenes que acceden a estudiar en la Universidad pertenecen en general a los hogares con mejores ingresos del Uruguay. Muy pocos pobres entran a la Universidad. Este sesgo es aun mayor entre los egresados universitarios. Si pocos pobres comienzan estudios universitarios, menos aun son los que los terminan. Además, no está de más llamar la atención sobre el hecho de que viajar alrededor del mundo durante 6 o 9 meses es, desde cualquier punto de vista, un consumo suntuario.

De modo que parecería ser dudoso que se trate de una causa lo suficientemente noble con la cual colaborar. En principio se me ocurren muchos otros colectivos sociales a los que les vendría bien esa solidaridad y que definitivamente tienen necesidades algo más básicas sin cubrir. Pero, al fin y al cabo, se trata de una decisión personal y cada uno colabora con lo que se le antoja.

Viajar es, en general, enriquecedor y formativo. Para cualquiera. Sin embargo, eso no justifica por si solo la existencia del GVCE. Para justificar su existencia haría falta que sucedieran un par de cosas más. En primer lugar, el GVCE debería cumplir algún fin académico. Este fin, que es obvio y directo en el caso de los estudiantes de arquitectura, no se satisface en lo más mínimo en el caso de CCEE. Los intentos, por parte de las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, de incorporarle algún contenido académico al GVCE han fracasado por falta de interés de los integrantes del grupo. El grupo es más bien una gran agencia de viajes. Su único fin es el turístico.

En segundo lugar, lo que no parece razonable es que la sociedad uruguaya en su conjunto destine recursos (no otra cosa son las exoneraciones tributarias) para que un grupo de jóvenes (en su mayoría de hogares de altos ingresos) pueda “adquirir un bien de lujo”. ¿Qué justifica que la sociedad entera financie este privilegio?

No está mal que los estudiantes de la FCEA armen un grupo de viaje y vendan rifas para costearlo. Pero no deberían mantener las exoneraciones impositivas que detentan. Y definitivamente, si han de ser el grupo de viaje “de ciencias económicas”, deberían cumplir algún fin académico.

Con chilenos o con uruguayas: ¿Hacia dónde va el Frente Amplio con el SNIS?*


Hace dos semanas, Uruguay tuvo un cambio de ministro en salud pública. Lamentablemente, el disparador de este movimiento no se debió a una búsqueda de mayor rapidez en los cambios proyectados para continuar con la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) o al menos para lograr retomar la conducción política de un área extremadamente sensible para el bienestar de la población. En este caso, el centro de atención estuvo en si Jorge Venegas estaba o no habilitado, si gritaba o no los goles de Suárez contra Chile, y otra serie de cuestiones bien complejas y seguramente inescrutables para la mayoría de la gente. Toda esta situación permitiría realizar diversas lecturas o reflexiones, entre las que se me ocurren (seguramente existan otras y más interesantes) la pobreza conceptual y de capacidad política de parte de la oposición, que se congratuló del hecho como si se hubiera destapado un Watergate uruguayo; o la compleja (¿y dañina?) relación de algunos sectores del Frente Amplio con el presidente Mujica, y por lo tanto con el gobierno, que le permiten al Partido Comunista salir de Presidencia luego de una reunión y convocar una conferencia de prensa en su sede, para anunciar a la nueva ministra sin siquiera tener la confirmación oficial (pero aclarando que no tienen ningún problema que la nueva autoridad no sea comunista porque ellos están en contra del reparto por cuotas).

En estas líneas me gustaría detenerme en una veta de todo esto un poco más específica, sectorial, que no es más que la situación del sistema de salud uruguayo bajo el gobierno del Frente. ¿Cuántas reflexiones en torno a la especificidad del cargo y las tareas que debía afrontar la nueva ministra se hicieron en el último mes? Pocas, por no decir ninguna. Solamente un llamado a la descentralización, tan vago como aspirar a la paz en el mundo.

La lectura rápida que se puede realizar no es demasiado rebuscada: la salud dejó de ser prioridad del gobierno del FA. Seguramente no en cuestiones específicas como la despenalización del aborto, pero esto se explica en parte por toda la carga que este tema trae abajo del brazo, pero sí en relación a la que fue una de las tres o cuatro grandes reformas con las que este partido llegó al gobierno: reforma impositiva, reinstauración de los Consejos de Salarios, reconstrucción de la matriz de protección social con nueva institucionalidad…y reforma de la salud.

Lejos de ser un proceso acabado, “la reforma” recién está a mitad de camino. Una de las primeras cosas que se les enseña a los estudiantes de Ciencias Sociales en el Ciclo Inicial es que la implementación es quizás la etapa más compleja de las políticas públicas, porque de lo dicho en una ley a lo que efectivamente pasa después, con la mediación de un sinfín de actores con intereses diversos y contrapuestos: hay un largo trecho. Al gobierno, esa lectura de que el SNIS está plenamente instalado, no le sirve. Perder el relato reformista implica dar a entender que ahora lo único que queda es gestionar lo que hay tratando de no desajustar la máquina. ¿Pero el sistema de salud uruguayo está donde el Frente y gran parte de la ciudadanía quería que estuviera? Claramente no. ¿Qué cosas son las que las que faltan? ¿Dónde hay trancazos fuertes? ¿A dónde no se va a llegar porque se dieron cuenta que era inviable? No lo sabemos.

Es decir, los caminos abiertos son conocidos, pero la orientación que le vaya a imprimir el FA, si es que le imprime alguna, no está tan clara. Y el cambio de ministro a dos años de finalizar el gobierno, previo a una elección que si bien no será como la anterior, sí se sigue presentando favorable a una nueva victoria electoral del FA, debería haber sido considerado por el partido – no ya por el gobierno – como una oportunidad de pensar dos pasos adelante. Era la oportunidad para dar una señal fuerte en una arena de política donde seguramente la oposición intente hacer sangrar en la campaña. Era la oportunidad para pensar en una ministra o un ministro para siete años, en acuerdo con el próximo candidato a presidente, y no el momento de designar a alguien de bajo perfil que haga lo posible para pasar sin sobresaltos lo que queda de gobierno.

Aspectos como este son los que refuerzan la fractura interna del Frente Amplio, la casi inexistencia de debate interno en relación a propuestas, a políticas; y la sensación de que los que gobiernan son el MPP, el Partido Socialista, Asamblea Uruguay o el Partido Comunista, pero no el Frente Amplio, por lo que depende quién esté para ver cómo seguimos. Alguien, o mejor aún, varios, deberían estar mirando dos o tres años para adelante.

En salud en particular: la sustentabilidad financiera del sistema tal cual está diseñado, el rol de las organizaciones sociales en el gobierno del sistema, la profundización del componente redistributivo del FONASA, el rol de ASSE dentro del sistema, las capacidades administrativas y políticas que debe tener el Ministerio de Salud Pública, la estructura de carrera y salarial de los recursos humanos de los sectores público y privado, la situación “desregulada” de los seguros parciales con fines de lucro, etc., etc. ¿Para dónde va la reforma en estos y tantos otros temas? Relanzar el proyecto de reforma, volver a llenar de contenido esa idea de transformación, no sólo es una cuestión de campaña electoral para un partido: es una condición imprescindible para orientar la acción y el gobierno de cualquier administración pública.


Crimen, periodistas y la abuela de 25 watts


Hace tiempo escuche una entrevista en la BBC donde un par de periodistas entrevistaban al economista Jeffrey Sachs. La solvencia de los periodistas era tal que mas que una entrevista parecía un debate. Sachs tenia que hacer grandes esfuerzos para argumentar ya que enfrente tenia dos perros sabuesos muy capacitados e informados dispuestos a saltar ante cualquier argumento dudoso. No pude evitar pensar en Uruguay y las diferencias que uno observa con buena parte del periodismo uruguayo, en particular para el tema al que me dedico: crimen.

Cuando pensamos en periodismo y crimen, inevitablemente vienen a la mente los noticieros y su amarillismo, las imágenes del joven de asesinando al empleado de La Pasiva siendo trasmitidas cientos de veces, el periodista de turno (Nano Folle o algún sucedáneo) hurgando el cadáver con un palito y mostrándonos en que medida el balazo destrozo los órganos internos de la victima, y por supuesto, una pléyade de académicos desesperados por salir a decir a los medios, lo terrible que son los medios por estar martillando insistentemente con estos temas, acusándolos de generar una sensación de miedo exagerado no correspondiente con un supuesto estado real/normal que nunca se termina de precisar. Mas allá de cuan solida sea la hipótesis medios – miedos en Uruguay y en el resto del mundo (y por cierto, la evidencia no es concluyente), creo que enfocarnos en este periodismo mas amarillista nos lleva a ignorar un funcionamiento problemático de otra parte del periodismo mas serio (o al menos visualizado como mas serio) que es mucho mas contraproducente. Por periodismo serio me refiero en forma bastante imprecisa a quienes hacen un periodismo que involucra mas trabajo de investigación, donde se observa mas preparación y estudio en las notas y entrevistas, etc. En particular, estoy pensando en programas radiales que ocasionalmente escucho como ‘En Perspectiva’, ‘No Toquen Nada’, ‘Las Cosas en su Sitio’.

La impresión que uno se genera cuando escucha las notas y entrevistas vinculadas al crimen es que buena parte de los periodistas no tienen la menor idea del tema y por ende, hacen entrevistas en forma ingenua y sin capacidad alguna de interpelar al entrevistado (sea este un académico, un ministro, un político opositor, etc.).1 De esta manera, la impasibilidad del periodista determina que el entrevistado se sienta libre de decir prácticamente cualquier cosa sin temor a tener que justificar u ofrecer pruebas de ningún tipo. Lo que vomita el entrevistado pasa casi sin resistencia o ‘interferencia periodística’: i) diagnósticos sin pruebas o con pruebas dudosas acerca de lo mal que estamos en términos de delito e inseguridad, y de como hemos empeorado respecto a un pasado glorioso mas lejano y añorado (o como hemos mejorado en poco tiempo, si el entrevistado de turno es representante o esta afiliado al gobierno); ii) razones o explicaciones del crimen poco estructuradas, con débil respaldo empírico (y acá casi cualquier cosa vale como raíz del problema, dependiendo del paladar del entrevistado: ‘fractura social’, ‘falta de autoridad moral’, ‘dominación y estigmatización institucional’, ‘oportunidades e incentivos atractivos’, ‘medios de comunicación perversos’, etc.); iii) enérgicas defensas de políticas a implementar con escasos elementos que le den una idea al escucha de cómo es que el entrevistado sabe que estas políticas que funcionarían adecuadamente en Uruguay o siquiera si serian económicamente viables; o rechazos tajantes de esfuerzos actuales del gobierno sin molestarse en explicar como es que se evalúa ese inadecuado funcionamiento. En definitiva, lisa y llanamente no hay filtros.

Por supuesto que nadie espera que el periodista sea un académico o que tenga un conocimiento especializado y profundo en cada uno de los temas que le toca investigar o tratar. Pero existe una enorme distancia entre transformarse en un académico del crimen para cada nota, y tener un mínimo de capacitación/formación, y/o al menos preparar mas dignamente una entrevista o nota. Por ejemplo, he escuchado mas de una vez como se defiende religiosamente la experiencia de la Tolerancia Cero de Giulianni en Nueva York como la panacea de las políticas del crimen para ser aplicada en Uruguay sin que medie ningún tipo de objeción o reacción desde el periodista que esta realizando la nota. No hay porque estar actualizado con la literatura especializada reciente para ofrecer un papel un poco mas profesional. Basta con googlear 10 minutos y ya es posible tener elementos como para hacer algunas preguntas incomodas sobre las dudas entre el vinculo entre dichas políticas y el descenso del crimen en los 90s en Nueva York. Del mismo modo, incontables veces he escuchado como académicos se burlan tajantemente de cualquier tipo de medida de política que busque disminuir el delito por la vía de intentar incidir en los incentivos y costos penales, frente a periodistas que escuchan extasiados y casi solo les falta aplaudir. Nuevamente, un mínimo research de google ofrecería elementos para poner un poco en aprietos al entrevistado y no darle licencia para decir disparates al aire. Hay casos que en que la situación es mas indignante ya que ni siquiera se requiere información y basta con un mínimo sentido lógico y capacidad para detectar falacias. Muchos periodistas se quedan felices e impasibles cuando sus entrevistados critican medidas o políticas como la baja de la edad de imputabilidad apelando burda y falazmente a su vinculo con periodos no democráticos del Uruguay. Parece razonable demandar que los periodistas no dejen pasar este tipo de argumentaciones inadecuadas, y que en algunos casos casi bordean la deshonestidad intelectual.

Creo que uno de los desafíos mas importantes que vamos a enfrentar en el futuro es entender porque el crimen ha crecido en Uruguay en los últimos años y como podemos enfrentar este fenómeno. El periodismo juega un rol clave en el debate y la definición de las políticas publicas ya que puede y debe presionarnos y exigirnos a todos los que estamos involucrados en el tema (académicos, políticos, asesores, opositores, sociedad civil, etc.) a ser mejores; a investigar en forma mas adecuada; a pensar mejores alternativas de política; en definitiva, a refinar y precisar nuestros argumentos en la esfera publica. Pero para que ello ocurra tiene que haber un cambio radical en el periodismo y deben urgentemente abandonar esta actitud pasiva, acrítica y poco profesional en lo que respecta al crimen que siempre me recuerda al rol de la abuela en la película 25 watts de Rebella y Stoll: sostener la antena del televisor para que no haya interferencia.

Nico Trajtenber​g 


1 Existen excepciones y he conocido periodistas que me han sorprendido por su grado de motivación y dedicación a los temas, e incluso me han obligado a reformular respuestas ante sus dudas o cuestionamientos a opiniones que les planteaba. No obstante, mi impresión es que son una ínfima minoría.

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