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Desastres


Uruguay enfrenta distintos tipos de desastres naturales con impacto inmediato en la vida humana: las inundaciones, las tormentas, y las temperaturas extremas, por mencionar los más relevantes. Los fenómenos meteorológicos que comúnmente asociamos a un “temporal”, generan daños dispersos en amplios grupos poblacionales, y sus impactos se distribuyen en forma más o menos aleatoria. Las inundaciones, por el contrario, son eventos que se concentran en áreas específicas y afectan profundamente a grupos sociales más focalizados. El registro del número acumulado de afectados entre 1967 y 2010 por desastres naturales es cerca de 130 mil personas (1), de las cuales el 95% fueron afectadas por inundaciones, mientras que las tormentas y las temperaturas extremas se reparten el 5% restante (EM-DAT).

Las medidas de prevención, especialmente en países en desarrollo, parecen ser irracionalmente inferiores a las necesarias. Uruguay no es una excepción.

El problema de los desastres no son los eventos naturales en sí, sino la acción humana en torno a ellos. Los individuos sub-invierten en asegurarse contra las catástrofes naturales a causa de las fallas de mercado más clásicas: problemas de acción colectiva, asimetrías de información, y comportamiento miope o de corto plazo. Por tanto el estado puede corregir esas fallas implementando medidas de prevención y regulaciones para mitigar el impacto de los desastres. Si los gobiernos fueran benévolos planificadores sociales protegerían a sus poblaciones frente a los riesgos  de la naturaleza. Pero resultan ser actores estrictamente oportunistas. Cuando la probabilidad de que ocurra un evento natural de gran escala es lo suficientemente baja, el gobierno tiene incentivos para no invertir en la prevención de desastres. Después de todo, vivir en un país con baja propensión a sufrir eventos naturales de riesgo tiene su costado perverso, y es la inexistencia de incentivos racionales para prevenir y mitigar los resultados de las catástrofes que efectivamente ocurren.

Seguramente la sensación de vulnerabilidad pública frente a las tormentas se haya generalizado después del ciclón extra-tropical de agosto de 2005 que tomó por sorpresa a una población sin alerta ni medidas de prevención adecuadas. Eventos de ese tipo se han repetido en forma creciente y muchos señalan ocurrirán con mayor frecuencia en los años futuros inmediatos.  Tal vez como consecuencia de ello, el país ha avanzado notoriamente en la capacidad de prevenir y alertar a su población frente a los eventos meteorológicos. Hoy tenemos un sistema de alertas más proactivo y medidas de prevención mucho más drásticas que en el pasado. Desde la creación del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) en 2009 tenemos alertas amarillas, naranjas y rojas, las autoridades no dudan en suspender clases en escuelas públicas y privadas frente un eventual “temporal” de gran escala, las oficinas estatales cierran sus puertas, y los medios de comunicación retransmiten con detalle y celeridad los comunicados y recomendaciones oficiales. Pero todo esto refiere a la parte más pequeña del problema.

Del mismo modo que la habilidad de los países para mitigar desastres varía enormemente, los niveles de vulnerabilidad frente a los desastres son dramáticamente distintos al interior las sociedades. En ello Uruguay tampoco es una excepción. La mejor representación de la desigual distribución de los costos de los desastres naturales en Uruguay son las inundaciones. Una importante porción de la población que vive en zonas inundables ha sido recurrentemente afectada en los últimos años. En 2007 fueron evacuadas 12 mil personas en el país, y Durazno vivió la mayor inundación de su historia. En 2009 fueron evacuadas 6 mil personas en el litoral, norte y noreste del país. La vulnerabilidad a riesgos naturales altamente específica hace que la debilidad de estos segmentos poblacionales sea también política. Realizar las inversiones en infraestructura necesarias para prevenir la exposición humana a las inundaciones es económicamente costoso y altamente conflictivo, porque yuxtapone las políticas de prevención con aspectos puramente redistributivos.  A pesar de algunos avances en materia de realojamiento y subsidios a nuevas viviendas, el grueso de la población vulnerable a las inundaciones sigue presente.

En suma, los incentivos al comportamiento humano que generan los eventos naturales son centrales para comprender los resultados de los desastres. Uruguay tiene una baja exposición a las catástrofes naturales lo cual desestimula las políticas de previsión. Pero además, la principal amenaza está  altamente concentrada en la población vulnerable a las inundaciones, lo que incentiva la inacción oportunista.



(1) Omito, intencionalmente, a las inundaciones de 1959.
(2) EM-DAT, OFDA/CRED International Disaster Database. Ver:  www.emdat.be

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