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La encrucijada de defender las instituciones


En la ciencia política, existe consenso sobre la importancia que tiene para la democracia tener instituciones políticas sólidas, que funcionen correctamente y sean respetadas por la ciudadanía. La combinación de esos atributos, si bien no asegura la permanencia del sistema democrático, aumenta sus probabilidades de sobrevivir. Uruguay, en la región, es puntero en el tema; se encuentra entre los países de América Latina con niveles más altos de confianza en las instituciones y apoyo al sistema político[i]. Sin lugar a dudas esto ha ayudado a formar su imagen de país serio, con problemas importantes, pero serio al fin. Es en este contexto que los vaivenes del Presidente José Mujica y su partido en relación al tema de la anulación de la Ley de Caducidad, en particular durante los últimos días (o semanas a esta altura), no parecen un buen indicador. No porque incurran en prácticas antidemocráticas, pero sí porque podrían debilitar el capital político que con tanto tiempo y esfuerzo el país construyó.
Es claro que la Ley de Caducidad está entre los temas más conflictivos y de difícil resolución que ha tenido que enfrentar el país desde su retorno a la democracia, pero las idas y vueltas que el tema ha tenido en los últimos meses presentan la característica de poner en cuestión el respeto por una institución de la que el país tanto se enorgullece: el pronunciamiento popular a través del plebiscito. De esta manera, tornan menos serias las decisiones políticas.
Mujica dijo que no iba a hacer uso de su veto presidencial (lo cual hubiera sido legítimo), pero sí visitó de forma sorpresiva (lo cual también es legítimo) la bancada de diputados del Frente Amplio en el Parlamento para plantear los problemas que considera implica la anulación de la ley [ii]. En estos momentos, la discusión dentro del Frente Amplio ronda en la posibilidad de derogar la ley en vez de anularla, realizar una convocatoria a referéndum ratificatorio de la norma, en quiénes serían los diputados que votarían la anulación, en lo que decidirá el Plenario Nacional del Frente Amplio el próximo sábado 14 de mayo, y seguramente otros hilos de esta madeja se seguirán desarrollando en las próximas horas y días. ¿Es esto legal? Sí, no hay ninguna duda. ¿Es parte del juego político de la democracia? Por supuesto que sí. Pero el problema es otro. Toda esta discusión, conflictos e indefiniciones, muestran que una gran parte de los dirigentes del Frente Amplio, incluido el Presidente Mujica, se sienten “embretados” por el respeto a una institución política como es el plebiscito. Evidentemente no están contentos con mantener una ley que claramente atenta contra valores básicos y ha sido condenada internacionalmente, y se debaten entre defender estos valores y anularla, o respetar la voluntad popular expresada en el 2009 de no anularla.
Para complejizar aún más las cosas, el lunes 9 de mayo, Interconsult publicó una encuesta en donde el 55% de los uruguayos está en desacuerdo con anular la Ley de Caducidad, y entre los que votaron al Frente Amplio en el 2009, el 36% opina que el tema fue laudado en el plebiscito. Seguramente estos datos hagan aún más difícil la decisión que tiene en sus manos el partido de gobierno.
Desconocer el resultado del plebiscito puede tener costos electorales. Pero aquí me gustaría hacer referencia a otros datos que indican el impacto que podría tener en nuestro capital institucional, y en esa tradición de respeto a las instituciones de la que tanto nos enorgullecemos, el desconocer el pronunciamiento popular. Fernanda Boidi, en su trabajo “Modelos de representación y legitimidad”[iii] muestra que el 81% de los uruguayos piensa que el legislador debe hacer lo que los votantes piden, o lo que en la literatura sobre representación se llama actuar como delegate. Solo el 19% considera que los legisladores deben conducirse de forma independiente y hacer lo que mejor les parece aunque eso no le guste al electorado, o por usar la terminología de la disciplina, deben actuar como trustee. La preferencia de los uruguayos es clara: quieren legisladores que respeten la voluntad popular. Sin embargo, los uruguayos evalúan que en los hechos, las cosas funcionan al revés. El 84% opina que los legisladores no los representan como ellos prefieren, ya que votan lo que mejor les parece a ellos, y sólo 16% piensa que respetan la voluntad de sus electores. En otras palabras: los legisladores hacen y votan lo que ellos creen es mejor. Combinando estos dos datos: la forma en que a los uruguayos les gustaría ser representados y la evaluación que hacen de cómo los legisladores los representan, Boidi concluye que sólo en 3 de cada 10 uruguayos hay coincidencia entre el modelo preferido y el implementado; para el restante 70% los legisladores no se comportan del modo en que les gustaría. ¿Tiene esta discordancia alguna consecuencia? Sí, aquellos ciudadanos que ven coincidencia entre el modelo que creen es ideal y el que se da de hecho, confían más en el Parlamento. Por el contrario, aquellos que ven sus expectativas insatisfechas confían menos en la institución.














Con estos datos a la vista, cabe cuestionarse cómo podría afectar a la legitimidad y confianza que recibe el Parlamento y los legisladores uruguayos, la decisión de no respetar el resultado del plebiscito. No sólo está en juego el respeto a la institución del plebiscito sino al Parlamento mismo. Si a Uruguay le costó tanto tiempo construir el capital institucional que tiene, hay que tener mucho cuidado en no desmontarlo rápidamente. Es entendible que el Frente Amplio se encuentre en una encrucijada.
Rosario Queirolo





[i] Fernanda Boidi y Rosario Queirolo. 2010. Cultura política de la democracia en Uruguay, 2010. Consolidación democrática en las Américas en tiempos difíciles. Montevideo: Universidad de Montevideo, Kellogg Institute y Vanderbilt University.
[ii] http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion%20UN/articulos/prints-2011may09/act02.html
[iii] “Modelos de representación y legitimidad” en Fernanda Boidi y Rosario Queirolo. 2010. Cultura política de la democracia en Uruguay, 2010. Consolidación democrática en las Américas en tiempos difíciles. Montevideo: Universidad de Montevideo, Kellogg Institute y Vanderbilt University.

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