En la ciencia política, existe consenso sobre la importancia que tiene para la democracia tener instituciones políticas sólidas, que funcionen correctamente y sean respetadas por la ciudadanía. La combinación de esos atributos, si bien no asegura la permanencia del sistema democrático, aumenta sus probabilidades de sobrevivir. Uruguay, en la región, es puntero en el tema; se encuentra entre los países de América Latina con niveles más altos de confianza en las instituciones y apoyo al sistema político[i]. Sin lugar a dudas esto ha ayudado a formar su imagen de país serio, con problemas importantes, pero serio al fin. Es en este contexto que los vaivenes del Presidente José Mujica y su partido en relación al tema de la anulación de la Ley de Caducidad, en particular durante los últimos días (o semanas a esta altura), no parecen un buen indicador. No porque incurran en prácticas antidemocráticas, pero sí porque podrían debilitar el capital político que con tanto tiempo y esfuerzo el país construyó.
Es claro que la Ley de Caducidad está entre los temas más conflictivos y de difícil resolución que ha tenido que enfrentar el país desde su retorno a la democracia, pero las idas y vueltas que el tema ha tenido en los últimos meses presentan la característica de poner en cuestión el respeto por una institución de la que el país tanto se enorgullece: el pronunciamiento popular a través del plebiscito. De esta manera, tornan menos serias las decisiones políticas.
Mujica dijo que no iba a hacer uso de su veto presidencial (lo cual hubiera sido legítimo), pero sí visitó de forma sorpresiva (lo cual también es legítimo) la bancada de diputados del Frente Amplio en el Parlamento para plantear los problemas que considera implica la anulación de la ley [ii]. En estos momentos, la discusión dentro del Frente Amplio ronda en la posibilidad de derogar la ley en vez de anularla, realizar una convocatoria a referéndum ratificatorio de la norma, en quiénes serían los diputados que votarían la anulación, en lo que decidirá el Plenario Nacional del Frente Amplio el próximo sábado 14 de mayo, y seguramente otros hilos de esta madeja se seguirán desarrollando en las próximas horas y días. ¿Es esto legal? Sí, no hay ninguna duda. ¿Es parte del juego político de la democracia? Por supuesto que sí. Pero el problema es otro. Toda esta discusión, conflictos e indefiniciones, muestran que una gran parte de los dirigentes del Frente Amplio, incluido el Presidente Mujica, se sienten “embretados” por el respeto a una institución política como es el plebiscito. Evidentemente no están contentos con mantener una ley que claramente atenta contra valores básicos y ha sido condenada internacionalmente, y se debaten entre defender estos valores y anularla, o respetar la voluntad popular expresada en el 2009 de no anularla.
Para complejizar aún más las cosas, el lunes 9 de mayo, Interconsult publicó una encuesta en donde el 55% de los uruguayos está en desacuerdo con anular la Ley de Caducidad, y entre los que votaron al Frente Amplio en el 2009, el 36% opina que el tema fue laudado en el plebiscito. Seguramente estos datos hagan aún más difícil la decisión que tiene en sus manos el partido de gobierno.
Desconocer el resultado del plebiscito puede tener costos electorales. Pero aquí me gustaría hacer referencia a otros datos que indican el impacto que podría tener en nuestro capital institucional, y en esa tradición de respeto a las instituciones de la que tanto nos enorgullecemos, el desconocer el pronunciamiento popular. Fernanda Boidi, en su trabajo “Modelos de representación y legitimidad”[iii] muestra que el 81% de los uruguayos piensa que el legislador debe hacer lo que los votantes piden, o lo que en la literatura sobre representación se llama actuar como delegate. Solo el 19% considera que los legisladores deben conducirse de forma independiente y hacer lo que mejor les parece aunque eso no le guste al electorado, o por usar la terminología de la disciplina, deben actuar como trustee. La preferencia de los uruguayos es clara: quieren legisladores que respeten la voluntad popular. Sin embargo, los uruguayos evalúan que en los hechos, las cosas funcionan al revés. El 84% opina que los legisladores no los representan como ellos prefieren, ya que votan lo que mejor les parece a ellos, y sólo 16% piensa que respetan la voluntad de sus electores. En otras palabras: los legisladores hacen y votan lo que ellos creen es mejor. Combinando estos dos datos: la forma en que a los uruguayos les gustaría ser representados y la evaluación que hacen de cómo los legisladores los representan, Boidi concluye que sólo en 3 de cada 10 uruguayos hay coincidencia entre el modelo preferido y el implementado; para el restante 70% los legisladores no se comportan del modo en que les gustaría. ¿Tiene esta discordancia alguna consecuencia? Sí, aquellos ciudadanos que ven coincidencia entre el modelo que creen es ideal y el que se da de hecho, confían más en el Parlamento. Por el contrario, aquellos que ven sus expectativas insatisfechas confían menos en la institución.
Con estos datos a la vista, cabe cuestionarse cómo podría afectar a la legitimidad y confianza que recibe el Parlamento y los legisladores uruguayos, la decisión de no respetar el resultado del plebiscito. No sólo está en juego el respeto a la institución del plebiscito sino al Parlamento mismo. Si a Uruguay le costó tanto tiempo construir el capital institucional que tiene, hay que tener mucho cuidado en no desmontarlo rápidamente. Es entendible que el Frente Amplio se encuentre en una encrucijada.
Rosario Queirolo
[i] Fernanda Boidi y Rosario Queirolo. 2010. Cultura política de la democracia en Uruguay, 2010. Consolidación democrática en las Américas en tiempos difíciles. Montevideo: Universidad de Montevideo, Kellogg Institute y Vanderbilt University.
[ii] http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion%20UN/articulos/prints-2011may09/act02.html
[iii] “Modelos de representación y legitimidad” en Fernanda Boidi y Rosario Queirolo. 2010. Cultura política de la democracia en Uruguay, 2010. Consolidación democrática en las Américas en tiempos difíciles. Montevideo: Universidad de Montevideo, Kellogg Institute y Vanderbilt University.
muy bueno.felicitaciones por la nota. creo, como la mayoría, que el frente debería respetar los plebiscitos.pero no por un resultado electoral futuro. por lo que decís vos en el último párrafo. creo que debería buscarse la vuelta para seguir avanzando en derechos humanos y justicia, pero sin detrimento de nuestras instituciones y de nuestro sentir democrático...gracias! maru
ResponderEliminarYo que estoy convencido de que es una ley immoral (al igual que mucha gente), tengo que creer que lo que dice la opinion publica en alguna encuesta es ahora lo importante para tomar una decision? No nos hubieramos ahorrado un monton de problemas si esa misma opinion publica se hubiera dignado a votar en contra de esta ley inmoral?
ResponderEliminarLa nota debería titularse como la película de Al Gore. Una verdad incómoda.
ResponderEliminarNo gusta que el plenario de un partido politico decida la suerte de esa ley tan importante para el pais. Se puede interpretar eso como un acto antidemocratico? En otras palabras, que tan democratico es una fuerte disciplina partidaria?
ResponderEliminarSaludos, Luciano
De pronto esta pregunta puede ser muy descontextualizada. Pero yo soy colombiana, y efectivamente, aquí siempre hemos visto con envidia la democracia uruguaya, por eso me sorprende que exista la posibilidad que el gobierno no respete los resultados del plebiscito. Entonces me gustaría saber, ¿cuáles son las razones (antecedentes) para creer que el gobierno va a desconocer los resultados del plebiscito?. Muchas gracias.
ResponderEliminarCreo que sobre el tema no está todo dicho, pues habría una tercera consulta popular!
ResponderEliminarPero de la nota me llamó la atención dos cosas:
a)las expectativas de los uruguayos con respecto a sus representantes (que, conforme a los datos, el 81% parece haber adoptado la versión de la democracia según Rousseau)
b) y en realidad, asumiendo esos datos, la separación que existe con el marco constitucional vigente, y las prácticas de la comunidad política uruguaya. La Constitución está, con matices, basada en una ingeniería para democracia representativa (no existe institutos como el recall, por ejemplo) y los políticos uruguayos no siempre vuelven a sus bases a explicar las cosas (la tradición de las "clinics" o "surgery" de los anglosajones no aparece)
Es una discrepancia fuerte, y la ausencia de cambios en ese sentido me parece llamativa.
Fabrizio Scrollini
A Rosario Queirolo le faltan unas cuantas "variables": ¿Qué tanto estimamos los uruguayos la justicia? ¿Nuestra conciencia moral no se siente afectada por los crímenes terribles que se cometieron? ¿Las encuestas cierran cicatrices abiertas? Sería como hacer una consulta popular para que los armenios o los judíos uruguayos no conmemoraran ni exigieran sus deseos de justicia ante el mundo.
ResponderEliminarSi el 20 de mayo es de "todos" ¿con qué argumento sólido, sustancial, optamos por no hacer nada al respecto?
Este problema NO es sólo del Frente Amplio. Es muy fácil para un grupo nacionalista hacer una rueda de prensa con la foto de Gutierrez Ruiz de fondo. Hacer esa misma conferencia sin mencionar la necesaria búsqueda de justicia tiene un dejo cínico y revela una enorme cuota de resignación.
El problema de fondo es ético: No podemos oponer democracia a derechos humanos. Si los dos fines son contrapuestos alguna enfermedad presenta la sociedad uruguaya. ¿Puede la politología dar el diagnóstico? Yo le llamo impunidad. Y su origen se llama "ley de caducidad".
De acuerdo con Angel, de hecho en una nota de este mismo de hace unas semanas se defendia lo que Angel dice arriba. Por eso, o soy yo, o esta gente se contradice.
ResponderEliminarEfectivamente hace unas semanas Cristian Pérez publicó una nota con otro punto de vista sobre el tema, y justamente esa es la idea del blog, no se trata de que todos estemos de acuerdo. ¿Cuál sería la relevancia de un blog con personas 100% alineadas en su pensamiento? Por el contrario, se trata de fomentar, con distintas miradas, la reflexión y discusión de asuntos importantes para Uruguay. Entonces, bienvenida la divergencia, tanto de notas como de comentarios.
ResponderEliminarCreo que lo que plantea Fabrizio es un tema que no está en el debate público, y sería muy interesante que lo estuviera.
La pregunta de Ana María quedó perdida en la polémica. En Uruguay se está por derogar la ley que dió amnisitía a los militares luego de la última dictadura militar. Se está haciendo en el parlamento, luego de que hubiese dos consultas populares en contra de ello. Los argumentos a favor de derogarla hacen hincapié en su inconstitucionalidad. Pero el partido de gobierno, FA, que siempre fue partidario de los plebiscitos y de esos dos en particular, ahora se ve en el embrete que menciona Rosario: Votar en el parlamento algo a lo que la voluntad popular se opuso dos veces, pero que es un tema que ha sido bandera del FA por muchos años (la protección de los derechos humanos y el apoyo a las organizaciones que promueven la verdad y la justicia sobre los horrores de esos años).
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