Juntos, pero separado del resto

¿De qué cuestiones asociadas al bienestar de la población debe ocuparse el Estado? A muy grandes rasgos, las distintas respuestas a esta pregunta han ido delimitando las instituciones y políticas que hoy conocemos como matriz de bienestar. En las últimas décadas, ante el aumento de la pobreza y la exclusión social entre otras cosas, esta matriz de bienestar debió comenzar a ser complementada por iniciativas públicas que se ocuparan de la “protección social”, es decir: de garantizar niveles mínimos de renta y de servicios que le permitan a dichos colectivos vulnerables acceder a las prestaciones “tradicionales” para que adquieran las capacidades necesarias para evitar situaciones de exclusión social y económica.

Definidas estas responsabilidades públicas aunque sea de forma escolar, la pregunta que sigue bien podría ser “¿Cómo debe afrontar el Estado estas tareas?”. A un año de iniciado el segundo gobierno del Frente Amplio, y mientras comienzan a reproducirse un sinfín de evaluaciones y recuentos del primer año de Mujica como Presidente, me gustaría detenerme brevemente en su supuesto “buque insignia” en materia social: el Plan Juntos, y contrastarla con la respuesta desarrollada por el gobierno anterior.

Intentemos olvidar por un momento que nadie – incluidos muchos miembros del gobierno – terminan por entender en qué consiste dicho plan, y que la estrategia de comunicación ha sido, quizás deliberadamente, muy pobre y escasa. Si lo logramos, más o menos podemos decir que con esta iniciativa se pretende otorgar soluciones socio-habitacionales a la población vulnerable, pero sin limitar su alcance a la vivienda en sí, sino abordar de forma integral las problemáticas de las familias a partir de la coordinación con las políticas de salud y educación entre otras. En cuanto a su organización y financiamiento, la dirección de dicha iniciativa está ubicada en una oficina pegada al despacho del Presidente, y hasta ahora la gran parte de sus recursos proviene de donaciones de privados, ya que la partida presupuestal destinada a esta política recién aprobada ha sido poco significativa.

Claramente esta respuesta política a un problema estructural del país tiene gusto a poco, pero quizás lo más preocupante pasa justamente por el cómo se ha ido planteando la misma. Recordemos que el contexto institucional en el que se inscribe la iniciativa es muy diferente al panorama que existía en los noventa: principalmente porque ahora existe algo que se llama Ministerio de Desarrollo Social, que más allá de los problemas de funcionamiento y de rumbo que pueda tener, tiene dentro de sus principales objetivos liderar e incluso coordinar las políticas públicas destinadas justamente a la población en situación de vulnerabilidad, y que pudo implementar con relativo éxito el Plan de Emergencia. Es decir, que en vez de aprovechar las capacidades instaladas por un gobierno de su propio partido, la opción elegida fue la de reproducir viejas prácticas de “by pass”, pero que a diferencia del Plan Ceibal por ejemplo, no ha servido ni para saltear estructuras anquilosadas – como puede ser el gobierno de la Educación – ni para acelerar su implementación – como mencionaba anteriormente todavía no está claro qué acciones ni en qué lugares se empezarán a construir.

Para cerrar, más allá del futuro éxito o fracaso de la política concreta o incluso de visiones más o menos institucionalistas, las preocupaciones que me gustaría dejar planteadas están relacionadas con la dificultad para la construcción de una estrategia de desarrollo – en este caso social pero que se puede trasladar a otras áreas – de un partido político cuando una administración nueva ignora de forma tan flagrante el camino transitado por sus predecesores en materias en las que a priori existe cierta unanimidad a la interna. En segundo lugar, preocupa que una responsabilidad esencial del Estado se deje librada a la “buena voluntad” de la ciudadanía, a impulsos individuales y a esa lógica del “vamo y vamo”.