Como Senador con metralleta: efectivos militares y seguridad ciudadana


El viernes 25 de febrero Oscar Botinelli presentó en El Espectador una encuesta de opinión mostrando que la mayoría de los uruguayos (57%, para ser exactos) entiende que la seguridad pública “está mal o muy mal”. Una semana después el Senador Jorge Saravia (Espacio 609/FA) realizó públicamente varias propuestas tendientes a mejorar esa situación, todas ellas con un elemento en común: aumentar el involucramiento de las FF.AA. en la implementación de la política de seguridad pública. Mi intención aquí es analizar una de estas propuestas y mostrar que, aun considerando versiones estilizadas (o incluso abiertamente mejoradas) de los argumentos del Senador, la medida no permitiría alcanzar sus objetivos declarados.

Saravia parte del diagnóstico de que organizaciones delictivas con fuertes conexiones internacionales (fundamentalmente traficantes de drogas y armas) se instalan en zonas con alto porcentaje de la población en conflicto con la ley (él habla en general de “asentamientos”) para mejor hacer sus negocios.

Aunque el Senador no lo explicita claramente, esto deteriora la seguridad pública al menos en dos niveles. Por un lado, el crimen organizado generalmente trae aparejado un incremento del lavado de activos en el país y de los intentos de corrupción del aparato estatal y el sistema político, a los que intenta “colonizar” como forma de asegurar la continuidad de sus negocios. Por otro, aumentan los delitos “comunes” asociados a su actividad y en particular la población de esas “zonas rojas” es muchas veces obligada o tentada a ser cómplice de su accionar.

Ante esa situación Saravia propone que efectivos de las FF.AA., uniformados pero desarmados, entren temporalmente a los asentamientos para colaborar en la implementación de políticas que mejoren la calidad de vida de los habitantes: recreación, salud, educación, limpieza, infraestructura vial, etc. La represión del delito seguiría a cargo de la Policía. Según el Senador, la presencia de los militares, aún desarmados y sin involucrarse directamente en la represión del crimen, dificultaría la tarea de las organizaciones criminales, les quitaría apoyo de la población del lugar y haría sentir más seguros a “los trabajadores” del barrio[1].

Saravia afirma que las FF.AA. uruguayas están mejor capacitadas que cualquier otro organismo público para realizar estas tareas porque tienen oficiales formados en “sociología, psicología e incluso medicina…”, así como equipos y maquinaria adecuada para realizar pequeñas obras. Pero sobre todo, porque ya desarrollan exitosamente este tipo de funciones en las misiones de paz de ONU. “…la propia presencia de las fuerzas de ONU ha impedido que bandas armadas ataquen el lugar, y han desarmado bandas armadas sin tirar un tiro”, dice orgulloso.

Sin embargo, el argumento exhibe varios flancos débiles. En primer lugar, Saravia no explica y yo no logro imaginarme exactamente cómo la presencia masiva de militares desarmados y que legalmente no están autorizados a usar la fuerza en situaciones cotidianas cambiaría en algo la actitud de los “…narcos de 13 y 14 años armados con pistolas automáticas…” que en su opinión dominan el barrio Marconi. Más bien tiendo a pensar, al igual que el Ministro Bonomi, que los uniformes camuflados podrían convertirse en blancos de tiro.

En segundo lugar, tampoco explica cómo es que la presencia de militares desarmados y no involucrados en la prevención y represión del delito complicaría los negocios del crimen organizado en Uruguay. En el mejor de los casos, bastaría con que los delincuentes fueran un poco más discretos en sus movimientos dentro del barrio. En el peor, los obligaría a corromper al personal militar desplegado en su zona. Y un militar corrupto puede ser más peligroso que un policía corrupto, entre otros motivos, porque puede lograr acceso a armas de alto poder. Los arsenales militares son una de las principales fuentes de abastecimiento de los traficantes de armas que operan en América del Sur y Uruguay no es la excepción.

Otra variante de esta política, que Saravia rechaza en esta oportunidad, sería la de que los militares entraran a los asentamientos armados y se involucraran directamente en la represión del delito. Según el ex vicepresidente Luis Hierro López, la misma fue ensayada en 1998 pero tuvo que discontinuarse porque el Parlamento no aprobó los cambios requeridos para que la medida fuese legal (Citado por Emiliano Cotelo en la entrevista al Ministro Bonomi).

Pero esta variante es igualmente desaconsejable. La Policía está (o debería estar) equipada y entrenada para prevenir delitos o interrumpirlos siguiendo al mismo tiempo códigos de procedimiento que garantizan los derechos individuales de los potenciales delincuentes, sus familias, vecinos, etc. Los militares, por el contrario, están entrenados y equipados para hacer un uso mucho más discrecional y contundente de la fuerza. Incluso considerando la escasa formación que en general recibe el personal subalterno de la policía uruguaya, esa diferencia nunca puede ser minimizada. La experiencia internacional es clara en este sentido.
En suma, los argumentos de Saravia tienen inconsistencias serias. El despliegue de militares en “zonas rojas”, armados o desarmados, no es una solución válida para el problema del crimen organizado ni de la delincuencia ciudadana común. Afortunadamente, tanto la oposición como el gobierno rechazaron la propuesta rápida y abiertamente.




[1] Nótese que la idea se parece mucho al concepto utilizado en campañas antisubversivas del Sudeste asiático y América Latina, consistente en poner a las FF.AA. a desarrollar políticas sociales en territorios donde operaban movimientos rebeldes, para restarles apoyo popular y dificultar su accionar. 
** La foto fue tomada de: http://www.ejercito.mil.uy/apoyo.htm

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