Por Iris E. Acquarone y Gonzalo Di Landro
Tiempo de lectura: 10 a 15 minutos—
En agosto de 2022 participé de una cena en que estaban presentes los más connotados empresarios de Uruguay. También se encontraban en torno a esa mesa unos pocos dirigentes políticos con liderazgo nacional. El motivo de la cena era hablar sobre la situación de Chile, país “modelo” en la región, caído en desgracia luego del estallido de 2019. A los asistentes les interesaba especialmente entender las características del gobierno de Gabriel Boric y del caótico primer proceso constituyente. Al terminar la exposición y con el ida y vuelta de preguntas y respuestas comenzó a instalarse en el ambiente el consabido: “Como el Uruguay no hay”. Alusiones a la fortaleza de los partidos políticos, a su arraigo social y a su moderación terminaron de redondear el tono complaciente con que cerramos la velada.
Hace poco más de tres meses, también en Montevideo, participé de un diálogo inter-partidario sobre temas de seguridad en la región y en Uruguay. La relatoría de ese diálogo puede leerse aquí.[1] Salí de esa instancia respirando aliviado. Ante una región en que cunden el modelo “Bukele” y el populismo punitivo, en Uruguay uno encuentra (los cada vez más escasos) consensos traslapados. Es decir, orientaciones compartidas que pueden asentar políticas de estado sobre temas estratégicos para el país.
Por un lado, la derecha reconoce sin ambages que la política social debe ser parte de la política pública de seguridad. Por otro lado, la izquierda asume que la política social no alcanza. Aunque es necesaria, se requiere a su vez contar con políticas sectoriales de seguridad bien pensadas e implementadas para perseguir el delito. Ambos sectores, por lo demás, reniegan del “populismo punitivo” y ven en Uruguay la posibilidad de construir un contra-modelo a Bukele, mediante instancias de cooperación inter-partidaria para el diseño, la implementación y la evaluación de la política pública. Como el consenso que ha saturado transversalmente durante estos años en torno al valor de la estabilidad macroeconómica y las reglas de juego para estimular la inversión, sobre la base del consenso traslapado sobre temas de seguridad, Uruguay podría intentar consolidar también políticas de estado sensatas en torno al tema de la seguridad. Salí de ahí recitando: “Como el Uruguay no hay”.
Desde ese sesgo tan nuestro, hace unas semanas, comencé a seguir con más intensidad de lo que venía siendo habitual la campaña electoral para las elecciones de octubre. Para no aburrir, me encontré con una campaña penosa y triste, repleta de personajes estridentes y banales, confrontando en base a ataques personales y rastreros. No encontré todavía una idea debatida con algo de profundidad. Me dije, para conformarme, “es que en un país en que las cosas andan tan bien, solo se trata de elegir al personaje menos malo para presidente”. Pero como soy auto-flagelante y siempre termino encontrando alguna razón para el pesimismo, me puse a buscar algunos temas cercanos a mis intereses personales y de investigación en que Uruguay no anda tan bien. Rápidamente encontré cinco.
Primero, Uruguay ha consolidado niveles centroamericanos (con perdón de los países del istmo) de deserción educativa. La tasa de no compleción de educación secundaria (liceo o UTU) es cercana al 60% y a estas alturas debiera considerarse una vergüenza nacional. Al mismo tiempo, para una sociedad que se piensa y percibe como igualitaria, las brechas socioeconómicas del nivel de logro y calidad educativa también rompen los ojos.[2]
Segundo, Uruguay ostenta, para sus niveles de capacidad estatal, de integración social y de desarrollo socioeconómico, tasas de homicidios asombrosas. Mientras Argentina alcanza tasas de aproximadamente 4 cada 100.000 habitantes, la cifra uruguaya triplica ese registro con cerca de 12 homicidios cada 100.000 habitantes. La tasa nacional varía fuertemente entre zonas cercanas.[3] Los homicidios también reflejan la desigualdad.
Tercero, excepto por Cuba y (recientemente) El Salvador de Bukele, Uruguay es el país latinoamericano con mayores tasas de encarcelamiento de su población.[4] Ni las dictaduras de Nicaragua y Venezuela, ni países connotados por contar con bandas carcelarias cuya actividad criminal tiene alcance internacional (Brasil, Ecuador y Venezuela) encarcelan a tasas cercanas a las de Uruguay. Esas tasas de encarcelamiento se asocian además a altos niveles de hacinamiento (y violación de los DDHH de los reclusos) y a niveles comparativamente muy bajos de reinserción.[5] La cárcel en Uruguay es criminógena, al tiempo que contribuye a reproducir desigualdades sociales. Esa reproducción es intergeneracional en tanto los hijos de reclusos tienen muchísimas más probabilidades de terminar presos en su adultez. Como en el resto de la región, quienes van presos en general son pobres.[6]
Cuarto, frecuentemente miramos Argentina para sentirnos bien y hay justificadas razones para ello. Sin embargo, Uruguay exporta significativamente más población que Argentina. A pesar de sus crisis recurrentes, nuestro vecino tiene hoy un 2.37% de su población viviendo fuera del país. El guarismo equivalente para Uruguay alcanza al 10.7%.[7] Al mismo tiempo, Argentina atrae comparativamente más inmigrantes que Uruguay. Por alguna razón, a pesar de las variadas virtudes de Uruguay, una proporción relevante de nuestros compatriotas sigue buscando futuro en otros horizontes y quienes buscan a dónde migrar, no parecen encontrar tantas virtudes en el “paisito” como quienes todavía viven allá.
Quinto, Uruguay se ha vuelto un hub logístico relevante para el tráfico de grandes embarques de droga. Esto vino a complementar su larga tradición en el negocio del lavado de activos a nivel internacional.[8] Sin embargo, o por eso mismo, los escáneres y radares son pocos y se tienden a romper. Del mismo modo, Uruguay ha invertido muy escasamente en la detección, persecución y judicialización de casos de lavado de activos.[9]
Esta última situación es riesgosa para los ejemplares partidos políticos uruguayos. No existe crimen organizado efectivo sin infiltración significativa de estructuras estatales y políticas. Sin embargo, los partidos políticos uruguayos han sido transversalmente reacios a sincerar y regular su financiamiento electoral. No hay partido político que hoy pueda asegurar que alguna de sus actividades no esté ya siendo parcialmente financiada, directa o indirectamente, por recursos asociados a los intereses de operadores de mercados ilegales relevantes en el país. Sin embargo, todos escupen al cielo y chicanean con la corrupción y los escándalos del que está en frente. Las estructuras criminales también han penetrado la vida barrial. Hace un par de semanas, en otra visita a Montevideo escuché a una militante política de base decir que, en su barrio, el estado, así como los partidos y sus liderazgos ya no aparecían como antaño. Su lugar lo habían ido tomando los narcos y los evangélicos. Por esta misma razón, ningún partido puede tampoco garantizar que sus listas no estén integradas ya por miembros de organizaciones criminales locales.
Ayer, antes de ponerme a trabajar en el borrador que tenía para este texto, escuche un editorial de Gabriel Pereyra en VTV, en el que desarrollaba un argumento similar al que he planteado hasta aquí.[10] En esa columna, Pereyra mencionó las tasas de deserción escolar y la problemática de las cárceles. Además hizo referencia a dos estadísticas comparativas adicionales en que Uruguay es virtualmente campeón mundial: la infantilización de la pobreza y el suicidio. En suma, temas relevantes y urgentes para discutir en la campaña nos sobran.
Entonces, más allá de la enorme distancia social que uno observa al “norte y al sur de Avenida Italia”, ¿qué puede explicar la disociación entre la imagen que tienen del sistema político, y del país, los empresarios y las elites políticas nacionales que hacen gárgaras con la excepcionalidad nacional y el panorama alternativo que surge de pensar en alguna de estas problemáticas graves y urgentes? Por otro lado, ¿hay alguna relación entre el tipo de campaña que hoy observamos desplegarse en los medios y las redes sociales y la creciente disociación entre la realidad que enfrenta la ciudadanía y la visión del país que sostienen las elites? En este sentido, y más allá de su “excepcionalidad”, ¿hay algo que Uruguay pueda aprender de la experiencia comparada?
Mi impresión es que Uruguay está comenzando a transitar desde un modelo de movilización político-electoral articulado en torno a organizaciones partidarias densas y con llegada territorial, a un modelo de movilización política “desde arriba”. Esa transformación, que en buena parte de la región ha llegado de la mano de cotizados expertos en comunicación política, termina contribuyendo a disociar al liderazgo político de la realidad en que viven aquellos a quienes se pretende representar.
Dada la irrupción de nuevas tecnologías que permiten sondear estados de opinión y comunicar a distancia, estas estrategias son eventualmente eficientes para sintonizar con el estado de ánimo de la población y ganar elecciones. Sin embargo, en última instancia, este tipo de movilización política no construye poder, sino que lo diluye. Al mismo tiempo, este tipo de movilización ambienta (especialmente en un contexto de mayor segregación socioeconómica) una desconexión creciente y eventualmente peligrosa para la democracia entre los liderazgos políticos, las elites y la ciudadanía.
Usualmente me preguntan cómo y por qué me interesé en el tema del crimen organizado, especialmente considerando que los países a los que presto atención más cercana en mi investigación eran países lejanos a las expresiones más dramáticas de ese problema. Mi respuesta siempre vuelve al trabajo de campo sobre las campañas locales de partidos políticos en Chile durante las últimas dos décadas. En ese tiempo, vi languidecer progresivamente la estructura partidaria y la organización social vinculada a la mediación política a nivel territorial. En ese contexto también vi irrumpir dos organizaciones que fueron ocupando cada vez más espacio a nivel local: las bandas dedicadas al microtráfico y las múltiples expresiones de la iglesia evangélica. De ahí mi sorpresa al escuchar esa misma referencia durante mi última visita a Montevideo.
En Chile, esas dos organizaciones a las que en algunas instancias vi colaborar abiertamente (también cooperan en las cárceles de la región) comenzaron a sustituir o cooptar a la estructura social local, por ejemplo, financiando clubes de fútbol barriales (muchas de las ligas locales tienen mecenas asociados a bandas de crimen organizado) o juntas de vecinos. También los vi avanzar en el sector comercial (que depende de las patentes para negocios locales que otorgan los municipios), a través del cual se lava parte del dinero que genera la actividad ilegal. El diezmo que reciben las iglesias, se me mencionó frecuentemente como un mecanismo de lavado. Esas iglesias han ido ganando centralidad, en Chile y en toda la región (el caso brasilero es el más claro), en el financiamiento de campañas electorales y en la emergencia de nuevos referentes partidarios y candidaturas afines a sus intereses.
Al mismo tiempo que observaba eso en el trabajo de terreno, los líderes políticos y las elites empresariales de Chile seguían hablando con orgullo del “modelo chileno”. Mientras tanto, los colegas escribían papers sobre la fuerte “institucionalización” del sistema de partidos y sobre el exitoso modelo de formación de políticas públicas propiciado por la altísima calidad (en términos comparativos) de su sistema político.[11]
Sin embargo, al observar las campañas que los liderazgos partidarios montaban en sus distritos, uno veía campañas fuertemente personalistas, estructuradas en torno a mensajes y estrategias facilongas. Progresivamente, ante su incapacidad para convocar jóvenes y formar nuevos liderazgos, los partidos chilenos comenzaron a recurrir a figuras de los medios, del deporte, o del mundo cultural para instalar rápidamente nuevos candidatos (que contaban con un reconocimiento de nombre y marca que los partidos ya no podían sustentar). Eventualmente, los partidos políticos chilenos se convirtieron en el equivalente a cultivos hidropónicos: se veían muy verdes y vistosos desde arriba, pero carecían de raíces firmes en la sociedad. Eventualmente, esos partidos fueron desafiados electoralmente por nuevas coaliciones electorales, cada vez más precarias. Hoy el parlamento chileno cuenta con más de veinte partidos, que compiten para liderar los rankings de personalismo, indisciplina y discolaje.
En comparación con la situación chilena, los partidos políticos uruguayos aún están fuertes y cuentan con una llegada territorial envidiable. A eso contribuye también la presencia de una estructura estatal porosa, universalmente presente en el territorio. Sin embargo, al observar cómo viene la campaña, no pude evitar pensar en cuánto están pesando hoy esas estructuras que Uruguay aún sostiene, en contraposición a las estrategias de movilización electoral desde arriba que hegemonizan el debate en los medios y las redes sociales.
Dado el cambio tecnológico, la movilización desde arriba es tentadora para los líderes políticos. Se puede “conectar” sin tener que embarrarse los pies ni pasar malos ratos o perder tiempo en intentar construir una relación más genuina con la ciudadanía. Para hacerlo, rinde profundizar grietitas, apelar a la chicana y recurrir a la estridencia en las plataformas de comunicación social.
Sin embargo, ese tipo de movilización solo paga a corto plazo. Quienes ganan elecciones de este modo, terminan eventualmente enfrentándose a altos niveles de impopularidad cuando gobiernan, porque las coaliciones electorales que logran hacer confluir la noche de la elección tienden a ser armados bastante precarios y evanescentes. También son más débiles las coaliciones políticas que los llevan al poder, lo que hace muy difícil encausar una gestión de gobierno efectiva.
Por esta razón, el otrora “ejemplar” sistema político chileno se encuentra hoy atrapado en un ciclo de alternancias entre liderazgos y movimientos de opinión. Quienes alternan son cada vez más estridentes en términos retóricos (y son desafiados rápidamente por rivales aún más estridentes que ellos). Pero la radicalidad retórica es la contracara de la inoperancia. Esos liderazgos se han vuelto incapaces de producir cambios tangibles y valorados por la sociedad (los dos intentos fallidos de reforma constitucional son un ejemplo de ello), porque rápidamente el poder que les entrega la elección se desvanece a raíz de la fragmentación e ilegitimidad creciente de todo el sistema. Dada esta configuración, la ciudadanía se enfrenta a un sistema político atrapado en una polarización banal e irrelevante, entre personajes cada vez más payasescos. Ese sistema, al mismo tiempo, fracasa persistentemente en atender y procesar las demandas ciudadanas.
La situación de Uruguay es sin duda mejor a la chilena. También es excepcional a nivel regional. Pero la tendencia de cambio que uno observa a la distancia es francamente preocupante. Como ante la ola de autoritarismos de los 1960s y 1970s podemos seguir pensando que Uruguay y su sociedad de cercanías lograrán amortiguar las tendencias que uno ve emerger en los países vecinos.[12] Sin duda, algo de eso hay.
Pero, como volvió a mostrarlo la reciente experiencia del país con el Covid-19 en 2021, estribar en nuestra recurrente excepcionalidad constituye una apuesta arriesgada. Ante la dilación de la llegada del Covid-19 a nuestras costas en 2020, no fuimos pocos quienes nos ilusionamos pensando que la pandemia a Uruguay no llegaría tan fuerte porque la cepa de la BCG que nos había tocado en suerte en los 1980s, o el tomar tanto mate, mágicamente nos protegerían. No obstante, más allá de la excepcional gestión del GACH, cabe recordar que el Covid-19 nos pegó muy fuerte en 2021, dando por tierra con nuestra ilusión de excepcionalidad. En suma, con la perspectiva que proveen nuestras apuestas fallidas a lo único e irrepetible del paisito, tal vez haya llegado ya el momento de atinar. De lo contrario, me temo, seguiremos consignando a bajo precio las joyas de la abuela.
Juan Pablo Luna
Profesor Titular, Escuela de Gobierno, Universidad Católica de Chile
[1]https://www.thedialogue.org/analysis/uruguay-insecurity-and-organized-crime/
[2] https://pisa.anep.edu.uy. Véase también: https://www.scribd.com/document/379476700/Libro-Abierto-EDUY21
[3] A modo de ejemplo, mientras en la zona céntrica y costera de Montevideo la tasa nacional desciende a menos de 5 homicidios cada 100.000 habitantes al año, en las áreas geográficamente cercanas a la periferia de la ciudad, la tasa de homicidios es de 28,1 cada 100.000 habitantes en la Zona 3 y de 20 cada 100.000 habitantes en la Zona 4. A nivel nacional, Rivera posee la segunda tasa de homicidio más alta en el país (11 homicidios cada 100.000 habitantes), mientras Tacuarembó también presenta tasas relativamente altas (10 homicidios cada 100.000 habitantes). Véase: https://www.gub.uy/ministerio-interior/sites/ministerio-interior/files/documentos/publicaciones/Rojido%20et%20al%202024%20Tipología%20de%20los%20Homicidios%20en%20Uruguay%20vF.pdf
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_incarceration_rate
[5] https://ladiaria.com.uy/usuarios/entrar/?article=112028
[6] https://www.infobae.com/america/america-latina/2024/09/05/carceles-de-uruguay-presentan-hacinamiento-critico-con-el-mayor-numero-promedio-de-presos-de-america-latina/
[7] Los datos pueden consultarse aquí: https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/inmigracion. Agradezco a Andrés Malamud, a quien he escuchado hacer esta comparación previamente.
[8] https://www.cambridge.org/core/books/criminal-politics-and-botched-development-in-contemporary-latin-america/B63F25A3ABF3F42F723E70CD22C010F8
[9] https://www.gub.uy/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/sites/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/files/documentos/publicaciones/ENR%20Uruguay%20SENACALFT%20para%20Difusion%2026JUL23.pdf
[10]https://www.youtube.com/watch?v=XCmvTHmQNEk
[11]Véase por ejemplo: Banco Interamericano de Desarrollo, ed. La Política de Las Políticas Públicas: Progreso Económico y Social en América Latina. Idb, 2006.
[12]Véase: http://ciesu.edu.uy/wp-content/uploads/2013/11/real_-_uruguay_una_sociedad_amortiguadora.pdf
¿Deuda paga deuda?
Reflexiones sobre el mercado de crédito y la situación de endeudamiento de las personas en Uruguay
Por Elisa Failache
¿Cuántas personas tienen algún
vínculo con el mercado de crédito? ¿Este número se ha ido incrementando en el
tiempo? ¿Para qué usan las personas los créditos? ¿En qué condiciones las
personas se endeudan? El acceso al mercado de crédito puede ser una oportunidad
de mejoras en la situación socioeconómica de las personas, así como un motor
del desarrollo económico de los países. Sin embargo, también puede esconder
problemas sociales, así como generar efectos negativos en distintas dimensiones
de la vida de las personas.[1]
La información disponible respecto al endeudamiento de las personas en nuestro país ha dejado en evidencia la relevancia de esta temática para los y las uruguayas. Según un informe del Banco Central del Uruguay (BCU) a mayo de 2023, 1.905.155 personas físicas tenían algún vínculo con el mercado de créditos observándose además una tendencia creciente durante los últimos 10 años (Arnabal et al, 2023).[2] Si bien este dato no representa ningún problema a priori, el informe muestra además que el 37% de esas personas se encuentran en la categoría de deudores con dificultad, y cerca de 650.00 tienen al menos una calificación de deudor irrecuperable. Estos números indican que un tercio de quienes acceden al crédito, y cerca de un cuarto de la población uruguaya mayor de 18 años, tienen algún problema de endeudamiento.
Los datos anteriores se agravan aún más si consideramos que los números presentados dejan por fuera del análisis las deudas con entidades que no están obligadas a declarar información en la central de riesgo (por ejemplo, varias empresas administradoras de créditos y cooperativa, o casas comerciales que otorgan créditos para compra de productos) así como a todo el sector de endeudamiento informal. Respecto a esto último, un trabajo realizado por el Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU) y la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) alerta sobre el incremento de las denuncias periodísticas y policiales por actividades denominadas “gota a gota” o “préstamos diarios”, enmarcadas en nuevas prácticas financieras no reguladas por el Estado, con fuertes implicancias en términos de sobre costo para las personas que las usan así como con mecanismos y formas de cobro presenciales vinculadas con entramados de violencia (AEBU-IPRU, 2024).
En este marco, comprender las causas y consecuencias del endeudamiento de las personas, así como la posibilidad del desarrollo de políticas públicas en el tema se torna relevante. Respecto a lo primero, según el informe del BCU mencionado previamente, los datos de la Encuesta Financiera de los Hogares Uruguayos en su última edición (2017), muestra que el primer motivo de endeudamiento es el de cubrir gastos corrientes con valores cercanos al 30%, seguido de cubrir gastos mensuales, y en tercer lugar de cubrir sobregiro o cancelación de deuda. Asimismo, la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras llevada adelante por CAF y BCU en 2022 muestra que el 34% de quienes responden la encuesta no podrían hacer frente a sus gastos mensuales por al menos un mes en caso de perder su fuente principal de ingresos, o que el 36% declara estar totalmente de acuerdo con que “apenas me alcanza mi ingreso y el de mi hogar para sobrevivir”. Estos datos dejan en evidencia un problema social vinculado a la falta estructural de ingresos de buena parte de la población cuya solución no puede estar vinculada al endeudamiento, que podría incluso generar un agravamiento del problema.
Asimismo, la literatura académica plantea como característica relevante y distintiva de los mercados financieros de crédito a los hogares la combinación de una serie de factores que favorece relaciones desiguales de poder entre las empresas y los consumidores. Por ejemplo, en estos mercados interactúan empresas sofisticadas, que centralizan una gran capacidad de análisis e información, y que invierten grandes sumas de dinero en publicidad o agentes de venta, haciendo que los individuos tengan más dificultades en comprender las señales de precios y calidad correctas (ver por ejemplo Straumann, 2020, Hastings et al., 2017, Hastings et al., 2013, Bertrand et al., 2010 o Agarwal y Ambrose, 2007). Vinculado a estos problemas, la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras muestra que en Uruguay el porcentaje de personas adultas encuestadas que calcula correctamente una tasa de interés simple es solo 22%, mientras que 33% la calcula mal y el resto declara no saber o no querer contestar. Asimismo, en una encuesta realizada por la Usina de Percepción Ciudadana, el 53% de las personas que responden la encuesta y no pagan en fecha el saldo total de la tarjeta de crédito declaran no saber cuánto es la tasa que se les cobran.[3]
Además, la presencia de sesgos y discriminación en el acceso a préstamos o problemas de acceso a la información derivan en condiciones de crédito muy desfavorables y con tasas muy elevadas para algunas poblaciones (Becher, 2023; Gardner, 2022; Fuster, 2022; Bartlett, 2022; Dobbie, 2021; Durkin y Elliehausen, 2014; Ghent, 2014). Respecto a esto, el trabajo de Bertoletti, Borraz y Sanroman para Uruguay muestra que si bien las personas vulnerables tienen un riesgo mayor de no pago comparado con personas no vulnerables, parte de ese riesgo se asocia a características de la deuda, es decir a que las personas en situación de vulnerabilidad acceden a créditos con tasas de interés más altas, y esto contribuye a que luego no puedan pagar (Bertoletti, Borraz y Sanroman, 2024). Si bien en Uruguay la Ley de Usura legislada en 2007 puso un tope a las tasas que cobran las entidades financieras por sus créditos, a febrero de 2024 estos topes para la mayoría de los tipos de créditos al consumo superaban el 100%.[4] El pago de tasas de interés altas merece una discusión normativa, pero además debe agregarse la amenaza pendiente cuando las tasas de interés contratadas son tan elevadas que superan la capacidad de generación de excedentes que permitan saldar los capitales a pagar.
Todo lo anterior hace evidente la necesidad de pensar soluciones integrales a esta problemática desde la política pública en distintos niveles.[5] Por un lado, la necesidad de atender a los problemas estructurales de ingresos de buena parte de la población, que encuentran en el endeudamiento una solución parcial y momentánea pero que los expone posteriormente, en el mejor de los casos, a situaciones de incapacidad de financiamiento, cuando no a situaciones de violencia más complejas. Por otro lado, diseñar estrategias que atiendan los problemas particulares del mercado presentados previamente: incremento de la regulación de la publicidad y el aumento de la transparencia en la información brindada por las empresas; la promoción de la difusión pública de comparaciones de productos financieros entre empresas; la penalización de prácticas abusivas para el cobro de los créditos; el fortalecimiento de las capacidades de las personas mediante la educación en la temática. Por último, el contexto actual combina situaciones de endeudamiento problemáticas con ganancias históricas por parte de los bancos, explicadas en parte por el incremento de los márgenes financieros. [6] En este sentido, pensar políticas que piensen cómo garantizar préstamos en condiciones accesibles, tanto en términos de garantías, plazos y tasas, es igualmente indispensable.
[1] Por ejemplo, puede estar relacionado con el estrés económico, teniendo relación con empeoramientos de la salud mental; o puede limitar el acceso a determinados servicios como la vivienda en la medida que puede limitar la posibilidad de acceso a garantías de alquiler.
[2] Los datos son obtenidos de la Central de Riesgos Crediticios, y reflejan el total de personas con cédula de identidad uruguaya que presentan deudas con montos positivos en alguno de los siguientes conceptos: créditos vigentes brutos, colocaciones vencidas brutas, créditos en gestión brutos, créditos morosos brutos, créditos vencidos brutos, créditos castigados reestructurados y créditos castigados por atraso menores o iguales a 15 años. Esto incluye por ejemplo a personas que usan sus tarjetas de crédito y pagan el monto total en fecha, y que por tanto mantienen deudas positivas por períodos muy cortos de tiempo.
[3] La encuesta fue realizada en el marco del proyecto
“Interés por intereses” financiado por la CSIC, integrado por UDELAR, IPRU y
AEBU.
[4]
Información proporcionada por AEBU en base a las publicaciones periódicas del
BCU.
[5]
En el último tiempo y tomando
en consideración la cantidad de personas en situación de impago, los
principales actores de la industria financiera coordinaron la realización de
una propuesta de reestructuración de deuda para parte de las personas en dicha
situación. La propuesta incluye, por un lado, la cancelación de deudas cuyo
saldo de capital sea inferior a $5.000 y por otro, para deudas entre $5.000 y
$100.000 se realiza una financiación del saldo a tasa 0% en el plazo y cuotas
fijadas de común acuerdo entre las partes. Si bien la iniciativa ofrece una
posibilidad ventajosa de salida de una situación de impago para parte de la
población objetivo, es una medida excepcional y puntual, y por tanto no
analizada en esta entrada de blog.
[6] En
el siguiente link
se puede acceder al análisis respecto a las ganancias en el sistema financiero
elaborado por AEBU.
Nota: Agradezco la lectura, comentarios y sugerencias de César Failache, Soledad Giudice, Martina Querejeta, Marcelo Ventos y Joan Vilà.
Referencias:
- Agarwal, S., & Ambrose, B. (2007). Does it Pay to Read Your Junk Mail? Evidence of the Effect of Advertising on Financial Decisions. Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper.
- Arnabal, R., Taroco, S., Dassatti, C., Landaberry, V., & Ponce, J. (2023). Endeudamiento de las personas físicas en Uruguay. Documento de trabajo del Banco Central del Uruguay 007-2023
- Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) e Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU) (2024): Endeudamiento excesivo de los hogares uruguayos. Informe de la sociedad civil. Uruguay: Comité de Derechos Humanos Grupo de Trabajo. Examen Periódico Universal - Cuarto ciclo 46a Sesión, ONU.
- Bartlett, R., A. Morse, R. Stanton, and N. Wallace (2022). Consumer-lending discrimination in the fintech era. Journal of Financial Economics 143 (1), 30–56.
- Becher, S. I., Y. Feldman, and O. Lobel (2023). Poor Consumer(s) Law: The Case of High-Cost Credit and Payday Loans, pp. 384–414. Cambridge Law Handbooks. Cambridge University Press.
- Bertoletti, L., Borraz, F. and Sanroman, G. (2024), Consumer Debt and Poverty: the Default Risk Gap, No 1439, GLO Discussion Paper Series, Global Labor Organization (GLO).
- Bertrand, M., Karlan, D., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zinman, J. (2010). What's advertising content worth? Evidence from a consumer credit marketing field experiment. The quarterly journal of economics, 125(1), 263-306.
- Dobbie, W., A. Liberman, D. Paravisini, and V. Pathania (2021). Measuring Bias in Consumer Lending. The Review of Economic Studies 88 (6), 2799–2832.
- Durkin, T. A. and G. Elliehausen (2014). Consumer Lending. Oxford University Press.
- Fuster, A., P. Goldsmith-Pinkham, T. Ramadorai, and A. Walther (2022). Predictably unequal? The effects of machine learning on credit markets. The Journal of Finance 77 (1),5–47.
- Gardner, J. (2022). The Future of High-Cost Credit. Rethinking Payday Lending. Bloomsbury Publishing.
- Ghent, A. C., R. Hernández-Murillo, and M. T. Owyang (2014). Differences in subprime loan pricing across races and neighborhoods. Regional Science and Urban Economics 48 (C),199–215.
- Hastings, J. S., Madrian, B. C., & Skimmyhorn, W. L. (2013). Financial literacy, financial education, and economic outcomes. Annu. Rev. Econ., 5(1), 347-373.
- Hastings, J., Hortaçsu, A., & Syverson, C. (2017). Sales force and competition in financial product markets: the case of Mexico's social security privatization. Econometrica, 85(6), 1723-1761.
- Straumann, S. (2020). Obfuscation through Complexity: Evidence from the Market for Retail Financial Products. Available at SSRN 3670344.
Desde hace unos meses, mi amiga y colega Tatiana Andia, profesora como yo de Sociología en la Universidad de los Andes en Bogotá, tiene un cáncer terminal y ha estado reflexionando sobre esto y sobre el sistema de salud con su usual sabiduría, profundidad, sarcasmo y curiosidad. Vale la pena leer esas reflexiones si aún no lo han hecho, en esta columna que escribió durante casi un año. Me pidió que reflexionara sobre el camino que hemos desarrollado juntas para hacer un espacio a la sociología en nuestro contexto. Esto es lo que escribí. Conecta mucho con la nota que hace poco escribió mi adorado Ruben Kaztman, sobre el camino que lideró en IPES y cómo nuestros contextos grandes, nuestras experiencias de vida y nuestras redes moldean las preguntas que nos hacemos y las formas en las que las respondemos. Aquí va.
La construcción institucional y el deseo de contribuir a la política pública marcan profundamente a una forma de hacer sociología y ciencia en general en América Latina. Ha sido un camino hermoso compartir el vértigo que ese trabajo implica con Tatiana.
La historia estigmatizada de una de las sociologías más antiguas de la región como es la colombiana hizo que no hubiese un lugar para ella en la Universidad de los Andes, donde ambas trabajamos. Uno de nuestros proyectos comunes ha sido crearla junto a un grupo de colegas pequeño en número pero desbordante en espíritu colectivo en el marco de la Facultad de Ciencias Sociales. Y junto a nuestros estudiantes, porque si hay un acuerdo tácito entre nosotras es que ellos son la principal muestra y parte de lo que hacemos.
Un espíritu pragmático fuerte y unas miradas políticas, éticas, vitales y científicas parecidas y, tal vez sobre todo, una admiración mutua y un amor inmediato, hicieron que lo que podía ser una discusión eterna sobre qué sociología hacer y cómo enseñarla en la nueva maestría en Sociología, fueran fáciles. Con Matthieu de Castelbajac, nuestro fact checker sociológico, lector voraz y con quien compartimos también el humor negro, siempre decimos que deberíamos pelear más entre nosotros, como académicos serios. La llegada de Ángela Serrano al equipo nos reforzó y aportó en el mismo espíritu.
Y ¿cómo es esa sociología que hacemos y promovemos? Haciéndole “ingeniería en reversa” al proyecto, una metodología que Tatiana tiene para enseñar a los estudiantes a pensar sociológicamente y que consiste en ir hacia atrás en la metodología de un producto de investigación finalizado y pensar en contrafactuales del tipo ‘¿qué otra cosa pudo haber hecho?’ voy a intentar responder a esta pregunta hurgando en esos acuerdos, la mayoría tácitos, que hemos hecho.
El primer acuerdo fue tal vez el nunca nombrado así “no bullshit sociology”, imitando al grupo de analíticos, entre los que estaba nuestro admirado Erik Olin Wright junto a Elster y otros, y que hablaban del “no bullshit Marxism” aludiendo a la rigurosidad analítica y metodológica que profesaban. En el marco de unas ciencias sociales de múltiples paradigmas, permeadas por peleas bizantinas muy morales acerca de quién es el verdadero crítico, nosotras creímos siempre que no hay crítica sin método (ni chisme sin método pero esa es harina de otro costal que incluye tipologías alicoradas pero siempre rigurosas sobre temas varios).
Así, nos avocamos a practicar y enseñar una sociología fuerte en métodos, así con s., tan promiscua y curiosa que fuera incluso más allá de la ya tradicional dicotomía cuali-cuanti y que combinara experimentos con big data y etnografía. Muchos de los estudiantes de Tatiana, por ejemplo, han usado la sociología para, como ella, analizar sus propios lugares de trabajo en el estado. ¿Cómo se hace eso? ¿No tiene que separarse uno de su objeto para estudiarlo? Tatiana fue una maestra en enseñarnos cómo usar esas prácticas cotidianas como evidencia para entender mejor el estado y para, algo nada menor, acceder a datos que serían de otro modo inalcanzables. Su curso etnografía política, que enseñó un intersemestral junto a sus profes y colegas de la universidad de Brown que vinieron par esa ocasión, fue un momento icónico en esta forma de pensar de Tatiana. La materializó en su propia tesis doctoral donde analiza desde adentro al estado, trabajando en y transformando el ministerio de salud en el equipo asesor que llevó adelante la política progresista de medicamentos genéricos que hoy tiene Colombia. Allí nos ofrece, desde el supuesto caos de la práctica y de ser juez y parte de la política, un mecanismo de innovación estatal teóricamente iluminador, parsimonioso y útil: los burócratas visitantes, esos personajes que entran al estado, generalmemte desde la academia, para promover una innovación que está en sus agendas porque en ese momento tienen una ventana de oportunidad política pero no tienen aspiraciones de quedarse en el estado. Este tipo de innovación es distinta a las del servicio civil, a la literatura de los “pockets of efficacy” y a la de los liderazgos políticos, y nos muestra que nuestros estados no son siempre los seres paquidérmicos, monolíticos, débiles, patrimoniales, clientelares en los que solemos pensar. La idea de burócratas visitantes es poderosa e invita a estudiar otros ejemplos, sobre todo en contextos de puerta giratoria entre academia y estado como son los nuestros en América Latina.
Además de la promiscuidad metodológica, hemos promovido una sociología muy enraizada en debates teóricos relevantes para la disciplina. Su caso es un caso de qué, ha sido una pregunta clave en nuestras clases y coloquios y una que hemos usado para criticar mutuamente nuestros propios trabajos. Sin eso, no es sociología, es un informe, ojalá interesante, pero no es sociología. Para serlo, necesitamos conversar con una disciplina rica en debates que echan luz sobre nuestro caso y nos hacen ver que no es tan excepcional o que definitivamente sí lo es en relación a otros. A propósito, siempre me ha sorprendido la capacidad de Tatiana para responder esa pregunta tan difícil a veces y ayudar a los otros a pensar en sus casos. Recuerdo pensar en silencio muchas veces “¿a qué horas leyó eso?” O “qué buena conexión, no la había pensado”.
Finalmente hemos promovido también una sociología pertinente, relevante, con incidencia. No porque no nos interese la investigación básica (Tatiana ama las matemáticas, por poner el ejemplo tal vez de lo más básico) sino por un sentido de urgencia, de injusticia y de transformación que nos mueve y orienta. En particular creemos que la sociología tiene mucho para decir en las discusiones de bienestar. La perspectiva economicista dominante en Colombia y en otros contextos es importante (ambas trabajamos con economistas muy de cerca, Tatiana es economista de base) pero no es suficiente. Así, hemos trabajado para complejizar discusiones, agregar datos, hacer otras preguntas. Y ese aporte, sentimos, ha sido valorado. Hoy no se puede pensar el sistema de salud de Colombia, ni las políticas globales de medicamentos, sin tener como referencia a Tatiana Andia.
Tatiana ha sido clave en formar este centro de pensamiento que es el área de sociología en los Andes, una sociología como he descrito, a la vez sistemática, crítica y relevante. En sus cursos generales ha sido clave para formar mentes de ingenieros, historiadores, médicos, que hoy piensan sociológicamente desde sus lugares. En sus cursos específicos ha formado sociólogos que hoy multiplican sus enseñanzas en los lugares más diversos. En su investigación nos ha ayudado pensar sobre el estado y sus posibilidades para innovar en regular y distribuir.
En el camino, nos hemos reído mucho.
[La foto se titula "La pinta de socióloga sí existe" y la tomamos un día en que nos encontramos en el pasillo del departamento y nos habíamos vestido prácticamente iguales, hasta de botas rojas...en fin, la simbiosis de la amistad. Nos reímos ese día también.]
Por Rosario Gambetta y Andrea Ciocca
Exclusivo para Razones y Personas
Traducción de A. C. García
1. No te dejan salir
Gran parte de tu vida es digital. Por ejemplo, te presentaste a un trabajo, pediste un préstamo, enviaste una solicitud, una propuesta, un proyecto. Todo online, obvio, y lo más cómoda, mientras te tomás unos mates, sin tener que moverte de tu casa. Pero hete aquí que las cosas no te salen: no te dan el trabajo, ni te otorgan el préstamo, ni aceptan tu solicitud o propuesta o proyecto. ¿Por qué?
Te hacen esperar más que a otros para darte un turno, consulta, reunión, o para atenderte, ya sea en persona o por teléfono, cuando llamás al servicio de atención al cliente. Te exigen que mandes más documentos y llenes más formularios. Desconfían de vos. No te aceptan en la asociación, grupo o club. No hacen negocios contigo, no te abren una cuenta, no te hacen un descuento, no te ofrecen determinados beneficios o prerrogativas. No te dan la visa, no te dejan pasar, no te dejan salir (estás verde). Te preguntás de nuevo por qué.
* Nota I. No te dejan salir
Te cobran más caro un bien, un servicio, un seguro. O sea, tenés que garpar más que otras personas para recibir la misma cosa. El juez te sentencia a una pena inusualmente draconiana. No te alquilan o venden el apartamento que te hubiera encantado para vivir. Te seguís preguntando por qué.
¿Cómo explicar el comportamiento de estas empresas, organizaciones y entidades para contigo? Quizás obedezca a las huellas que tu vida digital ha ido dejando. Así, pueden obtener mucha información sobre tu persona, tus costumbres, hábitos, gustos, compras, viajes, tu familia y amistades, con quién te relacionás y con quién tenés relaciones carnales. Aunque obviamente vos no les contaste nada de esto y no te conviene contarles nada de esto.
Resulta que estos datos no les agradan, no coadyuvan a sus objetivos e intereses, o incluso los socavan. Entonces vos te verás perjudicada: no conseguirás lo que querías, se te tratará peor, se te cerrarán puertas. En términos agregados o sociales, la consecuencia es el aumento de las desigualdades y nuevas formas de discriminación.
2. Y entonces claro
Tus rastros digitales pueden ser muy reveladores:
i. Una empresa podría enterarse (o al menos sospechar) que estás embarazada, o que estás tratando de quedar embarazada, o que querrías en un futuro tener un bebé. Por tanto, se dicen: “mejor contratemos a otra persona que vaya a ser más productiva y redituable.”
ii. Podrían estimar tu clase social, en base a información sobre tus patrones de consumo y tus contactos y amistades. Los cuales son considerados indeseables, a causa de su situación económica, barrio de residencia, opiniones políticas, o costumbres y hábitos. Por tanto, se dicen: “no es el tipo de persona que queremos en nuestra empresa; no es gente como uno.”
iii. Podrían averiguar que sos de escabiar, dada la cantidad de alcohol que adquirís en bares y supermercados. Parafraseando a la afamada banda “Amar Azul,” vos tomás licor, vos tomás cerveza, y en la noche te la pasás diviertiéndote y delirándote.
** Nota II. Vos tomás licor
iv. El mecanismo más simple y obvio (un viejo conocido ya): tu actividad en “las redes” te afecta negativamente, pues no se condice con ciertas normas sociales. Tus ideas y opiniones son viles e indeseables. Ya sea por cosas que intencionalmente posteaste o “compartiste,” o por actividades y mensajes que son supuestamente privados. (Privados mi abuela.)
v. Tu apariencia, facciones, ropa, cuerpo, peso, o color de piel no son aquellos que la sociedad valora, aquellos que se asocian con el estatus social. Vos no mandaste fotos junto con tu solicitud, pero las encontraron fácilmente. Y la antedicha empresa comulga con el dicho popular: más vale lindo, rico, elegante y blanco que feo, pobre, zaparrastroso y negro.
vi. Se puede averiguar que no hacés nada de ejercicio físico. Y que das pocos pasos por semana. La antedicha empresa asume que eso significa que no tenés fuerza de voluntad y espíritu de sacrificio. Quizás también pueda acceder a tu historial médico.
vii. Se puede obtener tu perfil genético y el de tus familiares directos, según la muestra de saliva que le mandaste a 23andMe. Y entonces claro, te cobran más caro el servicio o seguro (o te lo niegan).
viii. Te consideran un caso riesgoso en varios sentidos: médicos, sociales, económicos y psicológicos. Y entonces claro, te cobran más caro el servicio o seguro (o te lo niegan).
*** Nota III. Y entonces claro
ix. Se puede averiguar tu religión y en qué medida la practicás. Por ejemplo, con qué frecuencia concurrís a actividades, rituales y espacios cristianos, judíos, musulmanes, umbandistas, hare krishna, rastafari, o lo que fuere.
x. Si un partido autoritario llegara al poder, ahí sí que vas a estar “in the oven.” Sabrán cuáles son tus ideas y en qué eventos y grupos políticos participás. Probablemente el gobierno implemente una vigilancia de tal alcance que reíte de la Stasi.
3. Peras al olmo
¿De dónde proviene esta información sobre tu persona y tus comportamientos? A esta altura del partido, mucha gente sabe la respuesta. Tus actividades online van dejando huellas, las cuales pueden ser más o menos accesibles, con más o menos esfuerzo y destreza técnica (en especial si no configuraste tus dispositivos y preferencias minuciosamente). Tus redes sociales y búsquedas en Google. Tus clics y “me gusta.” Las fotos y enlaces que “compartís.” Las páginas y foros que visitás. Las películas y videos que mirás. Tus compras y pedidos. Mensajes y mails. Datos médicos y transacciones en Paypal, Airbnb o Uber. La ubicación geográfica de tu celular, que siempre está en tu bolsillo, cartera o mesita de luz. El audio y video que registran sus micrófonos y cámaras. Los movimientos que registran sus sensores.
Nadie te está vigilando y controlando a vos en particular, no es que haya espías: todas estamos en la misma. Esta información es valiosa económicamente, se puede monetizar, y su valor probablemente se incrementará en el futuro, a medida que surjan nuevas maneras de usarla. Hay compañías que consiguen, recogen y almacenan estos datos, o bien para su propio uso, o bien para vendérselos a otras compañías y organizaciones. ¿Cui bono? ¿Quién se beneficia? No es para beneficiarte a vos (faltaba más), sino a quienes paguen por ellos.
Las empresas, organizaciones y entidades que usan estos datos tienen que ser cuidadosas, para no ser acusadas de violar leyes y regulaciones, y para no ser acusadas de discriminar, lo cual sería económicamente contraproducente. Por supuesto, no te van a confesar sus verdaderas razones. No van a admitir que le dieron el cargo a otro postulante por su clase social, o porque tiene el color de piel adecuado, según las fotos que encontraron en las redes. No te van a decir que te echaron porque tus búsquedas en Google y compras indican que querés quedar embarazada.
Pero esa es la verdad de la milanesa. Lo único que le importa a la empresa son sus objetivos e intereses materiales. Así funciona el sistema capitalista. Hablando mal y pronto, ganar tanta guita como sea posible. Reducir salarios y costos, minimizar impuestos, que la competencia se funda, que suba el valor de sus acciones. ¿Y si la sociedad protesta, quejándose de la desigualdad, explotación, injusticia, degradación ambiental, discriminación? “No le pidan peras al olmo,” responde la lógica capitalista, mientras se lava las manos cual Poncio Pilatos. El capitalismo de la vigilancia agrega nuevos instrumentos y mecanismos a esta lógica implacable.
Quien realmente te
discrimina no es un algoritmo; la discriminación es un fenómeno humano,
demasiado humano.
Te discriminan personas y empresas, cuyos fines de lucro determinan la expansión de la “discriminación algorítmica.”
Ella me bate como haciendo
bayonesa. Este comercio no acepta pagos digitales.
4. ¿Qué hacer?
Hay mucho que hacer a nivel social y político. Por suerte, mucha gente y organizaciones están hace tiempo trabajando en ello: entidades públicas y privadas, activistas, movimientos sociales y equipos de investigación, actores políticos y de la sociedad civil. Gracias a su trabajo han logrado mejoras, avances en los marcos legislativos y regulatorios, aunque en algunos países y regiones más que en otros.
Mientras tanto, a nivel personal, tenemos que tomar conciencia de cómo funciona el capitalismo de la vigilancia; cómo es que una empresa puede aprovecharse de la información digital. Cómo actuar de modo responsable y no regalarse. En qué circunstancias tener más cuidado (por ejemplo, cuándo usar Tor, cuándo recurrir a la ofuscación como táctica). Qué sitios no visitar y de qué aplicaciones mejor prescindir, porque son compañías que te vigilan y explotan sin miramientos. Cómo evitar prácticas digitales que contribuyen a las desigualdades y la discriminación.
Se nos dirá que cada quien es libre de hacer con su vida y sus datos lo que se le antoje. Esta objeción no es descabellada, pero olvida que la privacidad es un bien público, como tener aire puro y océanos y ríos limpios, sin contaminantes y sustancias tóxicas. No se trata simplemente de tu libertad individual, de tus deseos y lo que te va a ocurrir a vos, sino de tus efectos sobre tu entorno, familiares, conciudadanas, amistades, amantes, y realmente sobre la sociedad y la comunidad política en su conjunto. Tu comportamiento digital repercute sobre la privacidad, el bienestar y los proyectos de otras personas e instituciones, presentes y futuras. Al igual que con la crisis ambiental y el cambio climático, hay millones de damnificadas que todavía no han nacido.
Es menester que pensemos estos temas desde una perspectiva social y ética. Pensar si tus prácticas digitales son moralmente aceptables o más bien inaceptablemente egoístas, y qué bienes colectivos, instituciones y grupos podrías estar perjudicando. Decidir qué precio social estás dispuesta a pagar por la conveniencia, practicidad y comodidad, por quedarte en el sillón y hacer todo desde tu teléfono, desde las compras hasta tu sesión semanal de terapia, desde mostrar fotos de tus hijas hasta controlar la heladera, electrodomésticos o cámaras de seguridad. Claro, está bueno que tantas tareas prácticas sean ahora más simples, eficientes y ágiles. Sin embargo, en las sociedades contemporáneas la conveniencia ha devenido un elemento esencial, y muy redituable, quizás el bien supremo, sin que se contemple las consecuencias de los rastros digitales sobre el bien común y el tipo de sociedad y sociabilidad a las que aspiramos. Eso no está bueno.
Bibliografía y fuentes
Finn Brunton y Helen Nissenbaum. 2016. Obfuscation: A User’s Guide for Privacy and Protest. MIT Press.
https://mitpress.mit.edu/9780262529860/obfuscation/
Carissa Véliz. 2021. Privacidad es Poder: Datos, Vigilancia y Libertad en la Era Digital. Debate.
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-y-tecnologia/256166-libro-privacidad-es-poder-9788418056680
Shoshana Zuboff. 2020. La Era del Capitalismo de la Vigilancia. Paidós.
https://pmb.parlamento.gub.uy/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=115904
La Agesic (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento) tiene una página sobre estos asuntos:
Que incluye este video:
Por Iris E. Acquarone y Gonzalo Di Landro Tiempo de lectura: 10 a 15 minutos —