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Fuente: Proyecto Horizontes de Libertades
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Nota Germán Bidegain y Martín Freigedo
Uruguay ha transitado en los últimos años un camino de reformas que integran lo que ha sido caracterizado a nivel público como la «nueva agenda de derechos». Algunos hitos importantes en este sentido son la ley de matrimonio igualitario, la ley integral para personas trans, la ley sobre afrodescendientes (normas para favorecer su participación en las áreas educativas y laboral), y la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Detrás de esta agenda, existe una red de organizaciones y movimientos sociales que históricamente han trabajado por estos temas y que han sabido aprovechar el cambio de estructura de oportunidad política que se dio en 2005 cuando accedió el Frente Amplio al poder. A pesar de ello, no hay mucha información sistematizada sobre estas organizaciones, su forma de acción, sus objetivos, sus vínculos, etc.
Este post lo dedicamos a mostrar y discutir algunas características de estas organizaciones sociales y del vínculo que presentan con otro tipo de actores del sistema político, a partir de un reciente mapeo de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabajan los temas de diversidad sexual, género y feminismos, afrodescendencia y racismo, privación de libertad y VIH. Se trata de una investigación que realizamos en el marco del proyecto Horizonte de Libertades, impulsado por varias organizaciones de la sociedad civil[1].
Aunque no se trata de una muestra estadísticamente representativa, el relevamiento brinda un acercamiento relevante a la situación de las organizaciones a nivel nacional, ya que logramos encuestar a la gran mayoría de las organizaciones identificadas como pertinentes para el estudio. Para acercarnos a la realidad a las OSC definimos tres dimensiones de análisis: 1) nivel de institucionalización de las organizaciones, 2) percepción sobre grado de acción y de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, 3) redes de interacción.
En relación al nivel de institucionalización, en términos generales y salvo casos puntuales, las organizaciones presentan un grado bajo de institucionalización. Esta realidad se refleja en la escasa infraestructura disponible y en pocos recursos humanos efectivos, casi exclusivamente de carácter voluntario. Por ejemplo, un 58 % de las organizaciones cuenta solamente con entre 1 y 10 miembros con actividad regular (lo que no obsta para que puedan disponer de un número mayor en actividades puntuales).
Otro punto clave a la hora de analizar la institucionalización de las organizaciones son sus recursos financieros. El mapeo revela una situación muy precaria en este aspecto. En primer lugar, debido a la escasez de recursos con los que disponen. En segundo lugar, por una fuerte dependencia de recursos de origen estatal para su funcionamiento. Con respecto al primer punto, un 18 % de las OSC declaró no disponer de recursos financieros de ningún tipo y un 23 % contar con recursos muy escasos (entre 0 y 1700 pesos mensuales). Es más, el 64 % de las organizaciones declaró que su base financiera es «inadecuada» o «completamente inadecuada» para realizar sus tareas. Esta realidad da cuenta de una percepción generalizada de fragilidad económica.
En lo concerniente al segundo punto, referido al origen de los recursos, se constata que el Estado es la fuente principal de financiamiento, y que aquellas organizaciones que disponen de mayores recursos manifestaron que el Estado es su principal fuente de ingresos. El financiamiento estatal es considerado por muchas organizaciones como un arma de doble filo, pues si bien puede facilitar el trabajo organizativo, también puede implicar formas de control de diverso tipo.
Un hallazgo asociado con el anterior tiene que ver con el vínculo de las organizaciones con los distintos actores de gobierno, en base a su percepción. Aunque existe cierta acumulación respecto al vínculo de las OSC con el Gobierno nacional (ver Rossel 2013[2], por ejemplo), hay menos evidencia sobre lo que ocurre a nivel subnacional. Los resultados muestran que existen diferencias sustantivas en relación al diálogo que las organizaciones declaran tener con el Gobierno nacional y el departamental. Por ejemplo, en Artigas, Cerro Largo y Tacuarembó, menos de un 40 % de las organizaciones declaró tener un diálogo moderado o extenso con las autoridades departamentales (28% en Artigas, 33% en Cerro Largo y 40% en Tacuarembó). Sin embargo, consultadas sobre el mismo nivel de diálogo con oficinas locales del Gobierno nacional, los guarismos son muy elevados (72 % en Artigas, 89 % en Cerro Largo, 80 % en Tacuarembó). Probablemente, esto se asocie con la orientación política de los Gobiernos del Partido Nacional a nivel departamental y del Frente Amplio en el nacional. En el caso de los departamentos con Gobiernos frenteamplistas, el diálogo con los actores subnacionales es también muy importante (80 % en Canelones y 77 % en Montevideo manifestaron tener un diálogo moderado o extenso). Es interesante también el caso de Rivera, que tiene un Gobierno departamental colorado. A diferencia de los demás departamentos del norte, las organizaciones manifestaron tener un mayor diálogo con las autoridades departamentales que con las nacionales (80% vs. 40%).
Porcentaje de organizaciones (por departamento) que declaró tener un diálogo «moderado» o «extenso» con autoridades políticas
Con
oficinas locales del Gobierno nacional
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Con el Gobierno
departamental
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Artigas
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72 %
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28 %
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Canelones
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47 %
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80 %
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Cerro
Largo
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89 %
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33 %
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Montevideo
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75 %
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77 %
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Rivera
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40 %
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80 %
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Tacuarembó
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80 %
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40 %
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Por otro lado, es interesante destacar algunos de los hallazgos que se obtuvieron a partir del análisis de redes de interacción. Como era de esperar, la red de Montevideo es la que presenta el mayor número de nodos (actores), mientras que algunas redes del interior del país como la de Tacuarembó, Rivera o Artigas, tienen como característica ser pequeñas y poco conectadas, incluso entre las propias OSC entrevistadas. Esta realidad marca un desafío en términos de la generación de estrategias que permitan el trabajo coordinado y en conjunto entre las organizaciones radicadas en los departamentos.
Si se analizan los actores centrales de las redes, en todas ellas aparecen algunas organizaciones sociales como relevantes, ya sea por su grado de entrada (es decir que fueron mencionadas por otras organizaciones) o de salida (que refiere a la cantidad de actores que las propias OSC mencionan). Incluso en algunos casos, como el de Montevideo, ciertas organizaciones cuentan con un alto grado de centralización en ambas direcciones. También se destaca que algunas organizaciones radicadas en la capital están presentes en las redes de otros departamentos.
Por otra parte, el análisis de las redes también dio cuenta de la importancia de algunos actores del Gobierno central. Se destacan especialmente el MIDES o servicios/organismos del ministerio (SOCAT, INMUJERES, INJU, etc.), mencionados de manera recurrente por las OSC entrevistadas. En el caso de los Gobiernos subnacionales la situación es diferente. En algunas redes departamentales se posicionan como actores centrales mientras que en otras son más marginales. Esta posición suele coincidir con el diálogo que las organizaciones declararon tener con los Gobiernos departamentales. Por ejemplo, en los casos de Montevideo y Canelones los Gobiernos departamentales ocupan un lugar central de la red, mientras que en Artigas y Cerro Largo las Intendencias son actores periféricos.
La realidad analizada nos lleva a plantear una serie de preguntas que permitan avanzar en comprender las lógicas de relacionamiento entre el Estado y la sociedad civil organizada en este campo de políticas. Algunas giran en torno a factores que permitan entender el avance de la agenda y la importancia del vínculo entre Estado y sociedad civil. Otras sobre lo que puede pasar tomando en cuenta el escenario de incertidumbre electoral al que nos enfrentamos.
En relación al escenario de los últimos años: ¿Qué rol tuvo el Gobierno en relación a la fortaleza de las redes de las OSC? ¿Cómo el fuerte vínculo entre OSC y Gobierno nacional permitió avanzar en la agenda? Por otro lado, en el marco de un eventual cambio de gobierno, cabe preguntarse: ¿Cómo sería el diálogo entre un Gobierno nacional de los partidos tradicionales y las OSC? ¿Cuál sería la capacidad de incidencia de las OSC sobre la agenda pública? ¿Cuál sería la estrategia para avanzar en sus objetivos? ¿Cómo podría impactar este posible cambio en el financiamiento de las organizaciones?
[1] Por más
información, ver: http://horizontedelibertades.com/
[2]
Rossel, C. (2013) “Te
amo, te odio, dame más. ONG, Participación y representación en el primer
gobierno de izquierda”
Colección de becas CLACSO, Bueno Aires.
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