Conflictividad laboral y la (nula) evidencia que sustenta las demandas empresariales

Foto: Montecruz Foto

Normalmente la conflictividad laboral responde a situaciones de desacuerdo entre trabajadores y empresarios que terminan en la movilización de los primeros para elevar demandas por salarios y por protección de empleo. Hace un tiempo que existe un fuerte debate en Uruguay sobre cuánto debe limitarse el derecho colectivo de los trabajadores para ejercer el derecho a huelga. Uno de los aspectos particularmente polémicos es el decreto de Vázquez de 2006 que hace una interpretación de la ocupación como una extensión del derecho de huelga. Otro punto frecuentemente señalado es la rigidez que impondría la negociación colectiva (Consejos de Salarios) en la fijación de salarios y empleo. En esta campaña electoral distintos pre-candidatos presidenciales de la oposición ya han manifestado su intención de limitar algunos de los derechos colectivos de los trabajadores y modificar (o hacer más flexible) distintos aspectos de la negociación salarial.

A grandes razgos, la visión predominante (o más visible) entre los empresarios sostiene que los trabajadores en Uruguay están sobre-dotados de poder político e institucional y ello afecta negativamente el funcionamiento de la economía.

Por ejemplo, el ex vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (y ex asesor de Luis Alberto Lacalle durante la campaña electoral de 2009) Gustavo Licandro, sostiene que "cuanto más regulado esté el funcionamiento del trabajo, y menos elástico sea, habrá más tensión entre los trabajadores y las empresas". Según su visión la rigidez "hace más difícil llegar a acuerdos naturales".[1] En referencia a las ocupaciones, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Gabriel Murara, sostiene que "por más que se diga que es una extensión del derecho a huelga, es una manera de hacer perder empleos e inversiones o re-inversiones porque ¿quién va a invertir acá teniendo la espada de Damocles de que te pueden ocupar?". En consecuencia, las ocupaciones estarían "perjudicando en empleo y en inversiones."[2] Estos razonamientos sustentan varias de las demandas políticas de los empresarios, que reclaman una reducción del poder de los trabajadores frente a los empleadores en situaciones de conflicto.

¿Pero cuál es la evidencia?

Ni en el debate político ni en la forma en que el sector empresarial eleva sus demandas, parece haber un sustento sólido y basado en investigación detallada que demuestre que los niveles conflictividad son consecuencia de la reforma laboral implementada principalmente entre 2005 y 2006. (Si la hubiera, de hecho, agradezco al los lectores que me la hagan llegar).

Pero, sorprendentemente, sí hay múltiples instancias en el debate público donde se hace visible que los actores interesados atribuyen tal causalidad a las políticas laborales implementadas por la izquierda, argumentando que contribuyeron con la severidad de la conflictividad en Uruguay.

Un ejemplo es la interpretación que hacen los actores sobre la evolución del número de los conflictos sindicales atendidos por el MTSS. Entre 2005 y 2015, las intervenciones del Ministerio de Trabajo aumentaron un 525% según cifras oficiales. A los ojos de Andrés Fostik, integrante del Consejo Directivo de la Cámara de Industrias del Uruguay, este aumento refleja el "fracaso total de la negociación colectiva", y que "una mayor y más profunda negociación colectiva y un mayor crecimiento del salario real en un período de una década es sinónimo de mayor conflicto". Refiriéndose al pasado, cuando gobernaban Blancos y Colorados y "la gente tenía la mitad de los beneficios para acceder a un salario", Fostik dice que había menos conflictividad porque "había la décima parte de los controles para que los empresarios cumplan con sus obligaciones y no existían las más de 60 normas laborales". En consecuencia, "si a mayor negociación colectiva se genera un aumento disparatado del conflicto, quizá, de haber sido bipartitas [las negociaciones], hubiera sido más fácil que los trabajadores estuvieran más conformes".[3]

Desde el gobierno se acepta que los conflictos muchas veces explotan en el "nivel más alto de movilización", pero destacan que en realidad sucede que la Dirección Nacional de Trabajo se involucra cada vez más en la resolución de los mismos [4]. Por tanto, la creciente participación del estado en la solución y prevención de conflictos no podría ser considerada como evidencia de aumento de la conflictividad, sino solo como un proceso de institucionalización de las relaciones laborales.

Lo que sí volvería a las demandas empresariales consistentes con la realidad es la demostración de que existe un nivel superior de horas de trabajo perdidas por conflictos del que existiría si se hubieran adoptado políticas laborales más flexibles y derechos colectivos de trabajadores más restringidos.

Sin embargo, una mirada a los datos disponibles y un rudimentario ejercicio sugieren que es por lo menos difícil encontrar apoyo empírico para la idea de que la conflictividad aumentó con las políticas implementadas por los gobiernos de izquierda.

En la figura a continuación se muestra la evolución del Índice de Conflictividad Laboral [5] desde enero de 1995 hasta octubre de 2018. El índice relaciona los días y horas de trabajo perdidos por conflicto con los días y horas de trabajo que normalmente se habrían podido trabajar en cada mes. La línea de evolución punteada refleja los datos originales y la línea solida es mi estimación de la tendencia (luego de descomponer la serie dejando afuera la variación estacional y shocks aleatorios). La linea azul vertical indica la instalación de los consejos de salarios a mediados de 2005.

Figura 1

Como es posible notar, el periodo 1995-2004 muestra un nivel de conflictividad algo más alto que los años que suceden a la reinstalación de la negociación colectiva y las extensiones de los derechos de huelga desde el primer gobierno de Vázquez. Luego le siguen ciclos con niveles relativamente estables si se atiende la evolución de largo plazo. Ciertamente, no se observa ningún aumento "disparatado" de la conflictividad y tampoco ninguna tendencia al alza. Esto es consistente con otros estudios de comparación internacional que muestran que la negociación colectiva no afecta sustancialmente la cantidad de huelgas[6].

Finalmente, lo que sí puede llamar la atención es que las instituciones de coordinación como los consejos de salarios deberían haber reducido la cantidad y profundidad de conflictos en forma estable y duradera. Sin embargo, una sencilla predicción basada en la información presentada en la Figura 1, muestra que el efecto negativo de los consejos de salarios (más todos los otros fenómenos o "confounders" que el lector quiera imaginar) sobre la conflictividad no se sostiene en el tiempo. La Figura 2 presenta la función de impulso-respuesta acumulada, que muestra la evolución de la conflictividad (y su intervalo de confianza) durante 24 meses luego de la reforma laboral[7]. Al cabo de poco más de un año (quince meses) de reinstalados los consejos de salarios, la conflictividad retorna a su nivel inicial.

Figura 2

Esto no es más que evidencia preliminar y sujeta a múltiples limitaciones. Pero el propósito aquí no es otro que mostrar la debilidad del relato que hace el sector empresarial organizado y la falta de evidencia para apoyar sus demandas (al menos tal como hoy aparecen planteadas). Es posible, y no intento negar, que haya distintas intervenciones del gobierno que fomenten conflictos no deseables y perjudiciales para la sociedad. Pero los empleadores deberían hacer algún esfuerzo para ofrecer evidencia sólida y creíble sobre la cual apoyar sus demandas en torno a políticas tan relevantes como los derechos colectivos de los trabajadores.



[1][3][4] Ver La Diaria, 25 de enero de 2017: https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/1/conflictos-sindicales-atendidos-por-el-mtss-crecieron-525-en-diez-anos/
[2] Ver Crónicas, 31 agosto, 2018: http://www.cronicas.com.uy/sociedad/murara-el-mensaje-que-se-da-es-que-en-uruguay-te-pueden-ocupar-y-no-pasa-nada/
[5] El índice es elaborado por el Instituto de Relaciones Laborales del Departamento de Sicología Social y Trabajo de la Universidad Católica del Uruguay.
[6] Campolieti, M., Hebdon, R., & Dachis, B. (2014). The Impact of Collective Bargaining Legislation on Strike Activity and Wage Settlements. Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 53(3), 394–429. doi:10.1111/irel.12063
[7] Se basa en un modelo VAR que considera hasta 60 retardos (5 años) de las variables endógenas.


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Competencia, Regulación y la Campaña Electoral

“Palácio Legislativo – fundos” por Leandro Ciuffo, CC BY 2.0.

En 2019, Uruguay va a comenzar un nuevo proceso electoral. En la campaña electoral, además de escuchar jingles pegadizos, escucharemos también las ideas que tiene nuestro elenco político sobre los principales problemas del país y cómo encararlos. Seguramente la agenda de discusión política visitará varios temas fundamentales de cara al futuro de Uruguay. Estarán presentes la educación, la seguridad, la inclusión social y el diseño de las políticas sociales, la inserción internacional, la creación de empleo y el déficit fiscal. Sin reducir la importancia de ninguno de los otros temas, en este artículo quiero discutir tres motivos por los cuales los temas de la defensa de la competencia y la regulación también deben ser parte de la discusión programática de la campaña electoral. En concreto planteo que los temas de defensa de la competencia y regulación interactúan con otros aspectos de la economía uruguaya contribuyendo a la sensación de que Uruguay es un país caro, limitando los aumentos de la productividad y afectando el proceso electoral en sí mismo.

El primer motivo que hace necesario discutir los temas de competencia en la campaña se relaciona con hacer más barata a la economía uruguaya. En general los uruguayos tenemos la sensación de que Uruguay puede ser más barato, y la política de defensa de la competencia es una herramienta para lograr esto. Los precios de una economía reflejan en parte los costos e impuestos que tienen los productos, así como las ganancias de las empresas. Las empresas determinan sus precios considerando la intensidad de la competencia del mercado en el que participan. En un ambiente con menores niveles de competencia, las empresas tienden a subir los precios para obtener mayores ganancias. Si las ganancias que consiguen las empresas son las “normales” de un mercado competitivo, entonces la mejora de la competencia no podría influir sobre el nivel de estos precios. Sin embargo, parecen haber en nuestra economía sectores donde estas ganancias son superiores a las normales, o sea las empresas logran obtener rentas extra normales en base a determinar precios más elevados. En este marco, mejoras en la competencia y regulación de los mercados pueden contribuir a reducir estos márgenes de ganancia y con ello hacer más barata a la economía uruguaya.

Además de afectar los precios que pagamos los consumidores, el nivel de competencia también afecta los costos de las compras estatales y por lo tanto las necesidades de financiamiento del Estado. En una nota reciente de El Observador[1], se relata cómo Efice, una empresa que es proveedora de hipoclorito para OSE, terminó reduciendo los precios con lo cuales se presentó a la licitación después de la llegada de un competidor al mercado. La nota afirma que, mientras que en marzo Efice cotizó alrededor de $13 el litro de hipoclorito, en agosto y tras la llegada de un competidor, esta empresa terminó cotizando un precio de $1,50 por litro. Guillermo Pons, gerente de Efice, declaró a El Observador que “con esos precios nosotros podíamos competir perfectamente con los productos importados. Con la aparición de una industria similar a la nuestra en el mercado nacional –con una estrategia de precios muchísimo más baja que los anteriores – tuvimos que adaptarnos”. En estas afirmaciones Pons literalmente nos recuerda nuevamente que las empresas son estratégicas en sus decisiones y que tienden a reducir sus precios cuando enfrentan mayor competencia. Finalmente, vale la pena notar además que la licitación fue por 2.4 millones de litros. De esta forma, una diferencia de precios como la mencionada en este caso antes y después de la entrada de la competencia (de 13 a 1.5 por litro de hipoclorito), sugiere que sin la mayor competencia, OSE habría pagado un sobrecosto equivalente a aproximadamente 800 mil dólares sólo en esa compra. 

El segundo motivo tiene que ver con la relación entre competencia y productividad. Mejorar la productividad es uno de los temas centrales de la economía uruguaya, que precisa aumentar sus niveles de ingreso, tanto para mejorar la capacidad de consumo de la población como para afrontar los requerimientos presentes y futuros de recursos que tienen los programas sociales (educación, salud y seguridad social, por ejemplo). En el reciente Reporte de Economía y Desarrollo 2018 de la CAF, se plantea que la principal fuente de diferencias de ingreso entre las economías desarrolladas y las de América Latina tiene que ver con la productividad de las empresas. El informe plantea que el entorno institucional en el cual se mueven estas empresas es el principal responsable de estas diferencias, y que las políticas de competencia y la mejor regulación de los sectores regulados son piezas claves en este proceso de convergencia de productividad. Este informe se basa en la idea de que entornos más competitivos y con regulaciones más eficientes para las empresas tienden a incentivar mejoras de productividad.

Los efectos de la competencia y la productividad también se interrelacionan con el grado de exposición de los sectores de la economía al comercio internacional. Por un lado, una mayor apertura comercial de la economía uruguaya, podría aumentar la productividad de los productos transables, o sea aquellos que se pueden comprar desde el exterior. Sin embargo, para lograr esto, la apertura debería combinarse con un mayor impulso a la competencia entre los importadores, una menor influencia de los acuerdo de exclusividad de importación y una simplificación de los procedimientos de importación. Por otro lado, el problema de la baja productividad es probablemente más relevante en los sectores no transables, o sea aquellos que no están expuestos a la competencia internacional. Estos sectores, como por ejemplo las empresas que participan de la provisión de bienes energéticos, tienden a estar más regulados y la calidad de esa regulación probablemente determina parte de su productividad y eficiencia. La mejora de la productividad de estos sectores es fundamental por dos motivos. Primero, porque en sí mismos representan un porcentaje elevado del total de la producción de la economía. Segundo, porque estos sectores tienen además fuertes impactos sobre los costos de toda la economía, ya que son usados como insumos para las otras actividades.

En este marco, un tema central para discutir en la próxima campaña son las empresas públicas: cómo mejorar su gestión y gobierno corporativo, cómo organizar los mercados en los cuales participan y se interrelacionan con empresas privadas, y, finalmente, cómo y dónde marcar los límites de los subsidios que otorgan y en qué mercados estas empresas participan. Si bien ha habido mejoras recientes en la gestión de las empresas, quedan todavía muchas cosas por hacer. Un caso claro es el de ANCAP, donde pese a las significativas mejoras recientes, la discusión política ha tendido a concentrarse más en pasarse cuentas o defenderse, que en los temas centrales para mejorar ANCAP en el futuro. Ojalá que en esta campaña electoral que se está iniciando, el debate sobre ANCAP se focalice en cómo resolver los problemas centrales que todavía tiene la empresa, con propuestas relevantes, posibles y fundamentadas, y no se caiga en ideas simplistas que niegan las especificidades del sector. 

El tercer motivo es que los temas de competencia y regulación evidentemente interactúan con el lobby de los grupos de interés y el financiamiento de las campañas políticas. Uruguay es un país relativamente pequeño donde “nos conocemos todos”, que cuenta con mercados generalmente concentrados y donde los grupos de presión son muy cercanos al sistema político. Las relaciones de amistad entre regulados y reguladores, y entre grupos de presión y el elenco político, no son de por sí problemáticos, ni mucho menos prueba de un comportamiento lesivo para los intereses del país. Sin embargo, este contexto de cercanías impone la necesidad de una mayor vigilancia sobre la situación de la competencia en los mercados y sobre la financiación de los partidos políticos. Si los grupos de presión encuentran que el lobby es una mejor estrategia que la innovación, las mejoras de productividad quedarán rezagadas y los recursos serán dedicados a esta actividad. Regular el financiamiento de los partidos políticos es de importancia fundamental para lograr que el accionar político esté menos contaminado por grupos de presión. 

Adicionalmente, basar las políticas en evidencia es otra forma de controlar el lobby. En un contexto de cercanías es fundamental contar con más información y estudios sobre el funcionamiento de los mercados. La disponibilidad de estudios técnicos independientes y de técnicos de las agencias estatales sobre los mercados, permitiría alimentar debates sobre la conveniencia de diferentes regulaciones y mejorar el diseño de las políticas. Más aun, institucionalizar el debate basado en evidencia a la hora de tomar las decisiones sobre la regulación puede proteger a los reguladores y el sistema político frente a los potenciales pedidos de los grupos de presión. De esta forma, los reguladores pueden conseguir una mayor independencia de los regulados en la toma decisiones, y apuntar a las decisiones que favorezcan en mayor medida el interés general. 

En varios de estos temas se han hecho avances recientemente. La mejora de la regulación del financiamiento de los partidos políticos o los cambios planteados a la Ley de Defensa de la Competencia son ejemplos de ello. Sin embargo, creo que todavía nos queda el desafío fundamental de mejorar las capacidades de los organismos reguladores y de controlar efectivamente estos asuntos. La campaña electoral es un excelente momento para definir el compromiso de los diferentes actores políticos con estos temas y con el fortalecimiento de estos objetivos. Carencias en términos de capacidades, recursos y autonomía son claras en los organismos encargados de estos asuntos. En los casos de la Comisión de Defensa de la Competencia y los reguladores sectoriales, más allá del buen trabajo que realizan, es claro que estos organismos no cuentan con el presupuesto y las capacidades necesarias para sus roles. Tampoco cuentan en muchos casos con la autonomía necesaria. Por ejemplo, la Comisión de Defensa de la Competencia es todavía un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas y no una agencia con independencia técnica y política. Vale la pena notar que brindar más recursos a estas agencias podría ser muy rentable incluso en el corto plazo, por ejemplo cuando pensamos que situaciones de mejora de la competencia podrían reducir potenciales sobrecostos de las compras estatales de hasta 800 mil dólares como en el caso del hipoclorito. Por otro lado, la Corte Electoral, que es la encargada de analizar las declaraciones de los partidos políticos sobre su financiamiento, no cuenta con las capacidades y las atribuciones para poder controlar efectivamente este procedimiento, y por lo tanto mucha de la normativa propuesta o vigente no es aplicable en la práctica. 

En síntesis, Uruguay tiene la oportunidad y el desafío de debatir seriamente en esta campaña electoral los temas de competencia y regulación. El sistema político debe comprometerse a presentar los ejes fundamentales de sus propuestas de soluciones a los problemas que se enfrentan en estas áreas. Entre ellos, es necesario que los diferentes partidos se comprometan a mejorar las capacidades, la independencia y los recursos de los organismos de regulación y defensa de la competencia. Una mejora en la intensidad de la competencia en la economía uruguaya contribuiría a hacer más barato a Uruguay, mejorar la productividad y mejorar la calidad democrática. Mayor productividad y menores costos crean mejoras directas de la capacidad de consumo de la población y también generan más recursos para realizar las políticas sociales necesarias en las áreas urgentes.


Agradezco los comentarios y sugerencias de Guillermo Alves, Mariana Zerpa y Gonzalo Zunino. Las opiniones vertidas son de mi responsabilidad.
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[1] La nota de El Observador puede encontrarse en este link

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Informalidad y clases sociales

La informalidad es un signo de inseguridad y precariedad de la fuerza laboral, los trabajadores por cuenta propia y pequeños empresarios, y también uno de los atributos más usados para describir las clases sociales en la región (Franco, Hopenhayn y León, 2010; Portes y Hoffman, 2003; Solís et al., 2016). El empleo formal se ha definido recientemente como un rasgo distintivo de las clases medias latinoamericanas (Ferreira et al., 2013: 10), y la caída en las tasas de informalidad en la mayoría de los países latinoamericanos parece estar al menos parcialmente correlacionada con el crecimiento de la clase media (Neri, 2010).

Uruguay, desde 2005, ha sido ejemplo de esta tendencia a la baja en los niveles de informalidad alcanzando niveles históricamente bajos. Este proceso fue impulsado por un contexto económico favorable, pero también por un conjunto de políticas y reformas que afectaron la formalización de los trabajadores (Amarante y Arim, 2015; Amarante y Gómez, 2016). Aunque la importancia relativa de cada una de estas políticas en disminuir la informalidad no se ha demostrado completamente, se espera que las siguientes políticas hayan tenido un efecto positivo: la reinstalación de la negociación salarial colectiva en 2005; el aumento en el salario mínimo, la reforma fiscal de 2007, que incluyó un nuevo esquema del impuesto a la renta personal y un monotributo que se centra especialmente en las pequeñas empresas y los trabajadores independientes, la creación del sistema nacional de salud en 2008, y el proceso de regulación del sistema financiero a partir de 2011.

En conclusión, durante la última década y media, la economía uruguaya se ha formalizado de forma muy importante. Sin embargo, estas buenas noticias no han sido igualmente buenas para todas las clases sociales. En otras palabras, la formalización no ha beneficiado a todos los trabajadores de la misma manera.

Junto con María José Álvarez, Juan Bogliaccini y Cecilia Rossel estamos trabajando en entender cuáles son estas diferencias y las causas de las mismas. Para ello, analizamos los datos de las encuestas continuas de hogares de Uruguay para el período 2001-2016 con el fin de explorar cómo los cambios en la informalidad en este período se distribuyen entre y dentro de las clases sociales. Nuestra clasificación de clases sociales se basa en el enfoque sociológico clásico (Erikson & Goldthorpe 1992), con adaptaciones al contexto latinoamericano (Solís et al., 2016) y una reclasificación propia de esas categorías ocupacionales en clase baja, media baja, media y alta. Usando tres indicadores: (i) tareas realizadas en el trabajo principal, (ii) tamaño del empleador y (iii) tipo de relación laboral, definimos cuatro clases: alta, media, baja media y baja.

La reducción de la informalidad se ha producido en todas las clases, incluso se redujo en 10 puntos porcentuales la brecha general entre la clase baja y alta, de aproximadamente 40 puntos a 30 puntos en una década y media. Sin embargo, la estructura general de la informalidad a lo largo de las líneas de clase no ha cambiado mucho, excepto por una disminución dramática en la clase alta, impulsada principalmente por una política agresiva de formalización en el sector de profesionales liberales. Por lo tanto, el país exhibe dos niveles diferentes de informalidad, con las clases baja y media-baja que van desde 45-50% a 35-36% al final del período, y las clases media y alta que pasaron de entre 10% y 22% a 5% y 10% durante el período.

 Figura 2. Evolución de la informalidad, por clase social (2001-2016).

Fuente: Elaborado por autores a partir de Encuestas de Hogares. 

 Las mejoras en la formalización del mercado laboral están asociadas a dos fenómenos. Primero, donde el dinamismo del mercado fue más fuerte, se observa un mayor aumento en la formalización. Segundo, el enfoque de la política también ayudó a mejorar los niveles de formalización. Por ejemplo, aunque el dinamismo del mercado ha sido débil entre las ocupaciones de clase baja, el enfoque de la política en los trabajadores rurales y la formalización del sector del servicio doméstico ha dado sus frutos. De manera similar, la formalización en la clase alta responde tanto al dinamismo del mercado como también, y de manera importante, al nuevo IRPF que impone impuestos a los profesionales liberales por primera vez.

La clase media ha tenido sistemáticamente los niveles más bajos de informalidad durante el período debido a que la mayor parte de su estructura ocupacional es el empleo público y privado en los sectores consolidados de la economía. Por lo tanto, mientras que la clase media siguió siendo la más formalizada, participando de la tendencia general a la baja en el trabajo informal, la clase media-baja no se le acerca. La distancia entre las clases media y media-baja es sorprendente, y habla de la insuficiencia de evaluar la mejora de los sectores de la clase media únicamente a partir de los cambios en los ingresos. Muchos de los integrantes de esa clase media emergente por ingresos celebrada por gobiernos y organismos internacionales en la región está conformada por ocupaciones de clase media baja que, aún en época de bonanza económica y en el país con mayor formalización de la región, no logran incorporarse al mercado formal de trabajo. Este contraste también denota la condición segmentada del mercado laboral uruguayo a través de líneas ocupacionales. Volver al concepto sociológico de clase social, basado en ocupación, nos permite tener una mirada más compleja de ciertos fenómenos, en este caso la informalidad, que cuando trabajamos con clase social basada en ingreso.

Referencias

Alvarez-Rivadulla, M. J., Bogliaccini, J., Queirolo, R., &Rossel, C. (2018). Middle class and informality in Uruguay: winners and losers in a process of re-salarization of the labor market. Paper en elaboración. 

Amarante, V., &Arim, R. (2015). “Desigualdad e informalidad: un análisis de cinco experiencias latinoamericanas”. Santiago de Chile: CEPAL. 

Amarante, V., & Gómez, M. (2016). Diferenciales de ingreso entre Trabajadores formales e informales En uruguay, 2001-2014. Revista de Economía, 23(1). 

Erikson, R., &Goldthorpe, J. H. (1992). The constant flux: A study of class mobility in industrial societies. Oxford: Oxford University Press.

Ferreira, F., Messina, J., Rigolini, J., López-Calva, L., Lugo, A., &Vakis, R. (2013). La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina. Banco Mundial. 

Franco, R., Hopenhayn, M., & León, A. (2010). Crece y cambia la clase media en América Latina: una puesta al día. Revista de La CEPAL, 103(111), 7–26. 

Neri, M. (2010). The New Middle Class: The Bright Side of the Poor.Rio de Janeiro: Fundaçäo Getulio Vargas Press. 

Portes, A., & Hoffman, K. (2003). Latin American class structures: Their composition and change during the neoliberal era. Latin American Research Review, 41-82. 

Solís, P., &Boado, M. (2016). (coords) Y sin embargo se mueve. Estratificación y movilidad intergeneracional de clase en América Latina. México D.F.: El Colegio de México.  

El lado bueno del malo de la película comercial

“Coors Factory” por Daveynin, bajo licencia CC BY 2.0.

El 23 de junio de 2016 se votó el Brexit en el Reino Unido, con la perspectiva de, entre otras cosas, renegociar la inserción comercial de la economía británica con la europea. Durante el correr de 2018, Donald Trump ha logrado alterar los términos de sus tratados comerciales con México y Canadá y ha levantado aranceles a las importaciones de China en los últimos meses. Si bien las grandes economías del mundo tradicionalmente han protegido de la competencia internacional sectores que consideran claves, la tendencia durante años era a la reducción de barreras comerciales. Esto parece estar cambiando.

Proteger ciertas actividades de la competencia internacional puede tener sentido en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en actividades en las que los costos promedio tienden a ser menores en la medida que la escala de producción crece, una economía puede encontrar beneficioso proteger dicha industria de la competencia externa mientras se reducen los costos aumentando la escala de producción para el mercado doméstico. Una vez que los costos se reducen a niveles competitivos la economía puede liberalizar el comercio y competir eficazmente con el exterior. Sin embargo, siguiendo la breve historia y las fundamentaciones propuestas por los líderes tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, los embates proteccionistas en estos países parecen estar basados en algo más primitivo: una visión negativa del efecto que las importaciones tienen en la economía doméstica.

Abrir una economía a las importaciones puede tener algunos efectos negativos. En particular, los sectores que deben competir con esas importaciones pueden sufrir reducciones en sus ventas e incluso es de esperar que algunas de las firmas en esas actividades deban cerrar. Pero, mientras que estos efectos negativos son por demás conocidos, los efectos positivos no lo son tanto. En este post voy a presentar algunos beneficios que las importaciones traen a una economía y que han sido identificadas por la literatura. En este sentido, este post complementa algunos anteriores^[1] en los que subrayo efectos sobre el bienestar de la gente de la apertura comercial.

Los efectos positivos más evidentes que las importaciones de bienes del resto del mundo traen a una economía son aquellos que se derivan de las posibilidades de consumo de la gente. Los productos extranjeros que logran insertarse en el mercado doméstico suelen ser presentar un mejor ratio calidad precio que los productos domésticos, por lo que facilitar su importación reporta ganancias de poder adquisitivo. Incluso cuando los productos internacionales no son evidentemente mejores o más baratos que los locales, el solo hecho de estar presentes en las góndolas locales puede reportar beneficios a los consumidores en la medida en que expanden las variedades de productos disponibles al consumo. Diversos estudios han medido las ganancias de bienestar derivadas de este incremento en variedades, encontrando efectos muy importantes^[2].

Más sutiles son los efectos positivos que la industria local puede obtener al acceder a insumos y bienes de capital o servicios extranjeros. Incrementar las importaciones de productos intermedios puede tener un efecto positivo en la productividad de las firmas locales a través de dos canales fundamentales: a) los insumos importados pueden poseer una mejor relación calidad-precio (de lo contrario no habría razón para importarlos), b) habilitar la importación de insumos abre el abanico de variedades de insumos disponibles para los productores locales, permitiendo una combinación de insumos totales más amplia con potenciales ganancias de eficiencia. Usando datos de firmas de Hungría entre 1992 y 2003, Halpern et al (2015) encuentran que abrir un 100% el abanico de importaciones, hubiera reportado a la economía húngara ganancias de productividad mayores a 20% y estiman que la mitad de esta ganancia se debe a la razón a) mientras que la otra mitad se explica por la razón b). Estos resultados están alineados con los resultados encontrados en trabajos anteriores para otras economías como Chile (Kasahara y Rodrigue, 2008), India (Topalova y Khandelwal, 2011) o Indonesia (Amiti y Konings, 2007). Algunos de estos trabajos también resaltan un tercer canal que podría operar desde las importaciones de insumos hacia la productividad: c) firmas que demandan insumos de mercados internacionales deben actualizar sus procesos productivos más frecuentemente para mantenerse sobre la frontera tecnológica (ver por ejemplo Goldberg et al., 2010).

Esta literatura también hace énfasis en los efectos diferenciados que los insumos importados pueden tener sobre las firmas que operan en el mercado doméstico según sus características. Un aspecto saliente es que las ganancias son mayores en empresas con participación accionaria extranjera, dado que estas empresas suelen mantener contactos internacionales y por lo tanto enfrentan menores costos de importar insumos, lo que las lleva a importar más frecuentemente. Otra característica relevante es la proporción de insumos importados que las firmas utilizaban inicialmente. Ambas características realzan los beneficios de tener una economía abierta al mundo.

Lo anterior es sólo un pantallazo de la cuestión, limitada únicamente a señalar efectos positivos y que además omite otros efectos importantes como los que se derivan de las interacciones entre firmas y de las decisiones estratégicas de las firmas (por ejemplo entre importar o establecerse en un mercado extranjero). Cubrir estos otros efectos será objeto de un post futuro. Más importante es resaltar que el estudio de cómo estos efectos ha afectado la economía uruguaya es un interesante trabajo que deberá ser emprendido en futuros estudios.

Referencias

Amiti, M. y Konings, J. (2007): “Trade Liberalization, Intermediate Inputs, and Productivity: Evidence from Indonesia.” American Economic Review, 97 (5): 1611–38.

Broda, C. y Weinsten, D. (2006): “Globalization and the gains from variety.” Quarterly Journal of Economics, 121(2): 541-585.

Goldberg, P. K., Khandelwal, A. K., Pavcnik, N. y Topalova, P. (2010): “Imported Intermediate Inputs and Domestic Product Growth: Evidence from India.” Quarterly Journal of Economics 125 (4): 1727–67.

Halpern, L. Koren, M. y Szeidl, A. (2015): “Imported inputs and productivity.” American Economic Review, 105(12): 3660-3703.

Kasahara, H. y Rodrigue, J. (2008): “Does the Use of Imported Intermediates Increase Productivity? Plant-Level Evidence.” Journal of Development Economics 87 (1): 106–18.

Topalova, P. y Khandelwal, A. (2011): “Trade Liberalization and Firm Productivity: The Case of India.” Review of Economics and Statistics 93 (3): 995–1009.

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[1] Ver por ejemplo este post anterior.

[2] Ver por ejemplo Broda y Weinstein (2006), donde se estima en el orden de 2,6% del PBI la ganancia para los consumidores estadounidenses derivada de la creciente cantidad de variedades importadas disponibles al consume entre 1972 y 2001.

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