Comercio y desarrollo: una relación compleja

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Una de las convicciones más arraigadas entre los economistas es que la globalización afecta de forma positiva el bienestar de la gente. Esta idea es posiblemente también una de las que menos calan en los ciudadanos no economistas. En Uruguay, la disociación entre lo que parecen pensar los técnicos y la sociedad respecto a las posibilidades que el libre comercio abre parecen ser enormes. En este post planteo un breve resumen de lo que las literaturas teórica y empírica dicen sobre el tema, desde la economía y desde la historia económica, que en los últimos años ha contribuido a matizar lo que antes era un consenso rígido entre economistas.

¿Cómo afecta la apertura comercial a las economías? ¿Alcanzaron las economías más desarrolladas altos niveles de bienestar a expensas de las regiones más pobres? ¿Presenta el caso de Uruguay particularidades relevantes? Una interesante corriente de trabajos analiza estas preguntas. En lo que sigue presento mi síntesis.

Corto plazo vs largo plazo en la teoría

La literatura económica ha tratado de forma generalmente separada los efectos de corto plazo y largo plazo que la apertura comercial puede tener sobre una economía. La noción de que los efectos de corto plazo son generalmente positivos está ampliamente extendida entre los expertos y se basa en la idea de que liberalizar el comercio reduce el precio de las importaciones, mueve los recursos productivos hacia las actividades más eficientes (lo que aumenta la eficiencia general de la economía) y aumenta la variedad de bienes disponibles para el consumo (algo que los consumidores valoran de por sí y por tanto representa un beneficio). Si bien la relocalización de recursos entre actividades productivas implica que algunas empresas cierren y otras se expandan, teóricamente el efecto neto suele evaluarse como positivo, lo que implicaría que abrir una economía al comercio es positivo en el corto plazo.

El consenso entre economistas no es tan grande cuando se evalúa lo que pasa en el largo plazo. La teoría explica que existen beneficios extra derivados de las economías de escala que una economía puede obtener al especializarse. Además, empresas que venden a un mercado más amplio lograrían cubrir más fácilmente los costos de innovar y podrían aprender técnicas de un número mayor de competidores/proveedores. Este tipo de efectos positivos son bien conocidos, pero existe también la posibilidad de efectos negativos. Una especialización en sectores poco dinámicos puede determinar en el largo plazo una tasa de crecimiento menor al promedio. Típicamente, la especialización en la producción de bienes primarios está asociada a una tasa relativamente baja de crecimiento dado que la innovación tecnológica ocurre más lentamente y es menos transferible en esa actividad, en comparación con actividades industriales o de servicios. Por otro lado, la demanda de trabajo calificado en el sector primario suele ser menos dinámica que en otros sectores lo que puede inhibir la formación de capital humano (un fuerte motor del crecimiento económico). La especialización en actividades rurales suele generar un menor fomento relativo a la formación de ciudades, las cuales están relacionadas a economías de aglomeración y otras externalidades positivas. Finalmente, la producción primaria está correlacionada con la formación de instituciones que no suelen favorecer el desarrollo.

Evidencia empírica

Cuando la teoría no arroja un resultado claro, mirar qué dicen los datos se vuelve determinante. En general, la evidencia empírica que viene desde la economía respalda la idea de que mayor apertura comercial reporta mayor crecimiento en el largo plazo. Diversos análisis indican que, desde la segunda Guerra Mundial, los países que crecen más han sido los que más se han abierto al comercio. Si bien esto es muy indicativo, esta conclusión parece incompleta cuando se la combina con la que es aportada para períodos de tiempo más largos (aunque con datos de peor calidad) desde la historia económica. De hecho, la evidencia empírica histórica parece respaldar la idea de que el tipo de especialización, determinado por la abundancia relativa de factores productivos iniciales, juega un rol muy importante en el proceso de crecimiento futuro. Galor y Mountford (2008) explican que, durante el período de apertura comercial del siglo XIX, las diferencias iniciales en la dotación relativa de factores determinaron claros patrones de división internacional del trabajo que fueron fundamentales para explicar la gran divergencia que siguió. Las economías que poseían mayores niveles relativos de trabajo calificado y capital se especializaron en actividades económicas basadas en esos recursos y lograron crecer más que el resto. Otros trabajos encuentran conclusiones similares (ver por ejemplo Williamson 2011). Sin embargo, el hecho de que existan varias economías exitosas con una especialización originaria en recursos naturales (Canadá, Australia, Noruega, etc.) muestra que, en realidad, la calidad institucional al momento de la apertura comercial tiene también un peso importante en el proceso de desarrollo (ver Robinson et al 2006 o una síntesis de la literatura en Meissner 2014).

Es importante resaltar que cuando se afirma que un episodio de apertura comercial beneficia de forma diferencial a las diferentes partes según la especialización que adopte cada uno, al mismo tiempo se está resaltando que, para un país dado, la apertura con un socio dado reporta resultados diferentes que con otro.

Uruguay

La literatura muestra casos de economías que crecen mucho al abrirse (como el Reino Unido durante el siglo XIX), casos de economías que logran crecer muy bien incluso con altas tarifas (como China durante las últimas décadas del siglo XX), y casos mixtos en los que la protección comercial opera como paso previo a la liberalización (sudeste asiático en la segunda mitad del siglo XX). Las características de las economías deben dictar la estrategia óptima. En el caso de Uruguay, con alto grado de especialización en el sector en el que posee ventaja comparativa (el sector agropecuario), no parece haber mucho margen para ganancias de eficiencia derivadas de la relocalización de recursos entre sectores promovidas por la apertura comercial. En el mismo sentido, resulta difícil pensar que una profundización de su especialización conllevaría un aceleramiento del crecimiento en el largo plazo. De todos modos, mayor apertura seguramente traería ventajas por el lado de menores precios y más variedad de productos y podría generar ganancias de eficiencias por relocalización de recursos dentro de los sectores. Sin embargo, la evidencia también parece resaltar que, para casos como el uruguayo, hay un buen margen para políticas de promoción de sectores no tradicionales que puedan dinamizar la economía en el largo plazo. Los tratados de libre comercio (TLC) normalmente afectan de forma importante la plausibilidad de este tipo de desarrollos (tanto positivos como negativos), en la medida que crecientemente implican, no solo reducción bilateral de tarifas sino, cambios en las regulaciones de diferentes sectores.

Lamentablemente, un tema complejo y con muchas aristas parece ser abordado en Uruguay con poca rigurosidad técnica. Más que análisis, lo que prevalece son posiciones atrincheradas tanto a favor como en contra de los TLC. Quienes se oponen a todo TLC están obviando ventajas claras que el comercio puede traer a la sociedad hoy y en el futuro. Quienes pregonan a favor de todo TLC ignoran que los efectos son extremadamente heterogéneos y que los beneficios que pueden aparecer abriendo el comercio con un socio no son los mismos que con otro.


Referencias
Galor, O. y Mountford, A. (2008). Trading population for productivity: theory and evidence. The Review of Economic Studies, 75 (4), pp. 1143-1179.
Meissner, C.M. (2014). Growth from globalization? A view from the very long run. Handbook of Economic Growth, Vol 2B, Ch 8. Editado por Aghion P. y Durlauf S.N.
Robinson, J.A., Torvik, R., Verdier, T. (2006). Political foundations of the resource curse. Journal of Development Economics, 79 (2), pp. 447-468.
Williamson, J.G. (2011). Trade and Poverty: when the third world fell behind. MIT Press. Cambridge Mass.



Sobre la política de las transferencias informales

Foto: diario El País.
A todos nos suena conocido el hecho de que los hogares pueden consumir servicios básicos como el agua o la electricidad sin pagar la tarifa. Seguramente también, todos tenemos opiniones más o menos fuertes sobre si este comportamiento podría ser justificable bajo ciertas condiciones o si nunca debería ser justificado. En general, las personas de izquierda son más propensas a pensar que vivimos en un mundo injusto[1]---lo que determina las condiciones materiales de nuestra vida es la suerte del hogar en que nos tocó nacer y no el mérito o esfuerzo personal---y también tienden a justificar y a apoyar la tolerancia estatal frente a comportamientos como el acceso irregular a servicios básicos por parte de aquellos que viven en hogares con más empobrecimiento relativo[2].

Claro, siempre que hay votantes y preferencias más o menos claras sobre la asignación de determinados recursos, hay políticos y gobiernos que reaccionan frente a esas preferencias. Este juego no solo se da con transferencias formales (como el seguro de desempleo o una transferencia de programas condicionados) sino también con las transferencias informales. Por ejemplo, además de la propensión individual de las personas al hurto o consumo de irregular de energía eléctrica, está también la decisión estrictamente política sobre la tolerancia del gobierno a la violación de ciertas normas[3]. Desde este punto de vista, la asignación y distribución de algo así como "unidades de tolerancia" frente acceso irregular a la energía eléctrica puede entenderse como un programa social de transferencias informales. Esto es una herramienta de política frecuentemente utilizada por los gobiernos para brindar seguridad y suavizar el consumo de la población en países en desarrollo y con economías volátiles.

Para sustentar estas afirmaciones con algo de evidencia podemos comparar, por ejemplo, una situación en la que hay votantes que pueden re-eligir al gobierno u optar por reemplazarlo, contra una una situación en la que directamente no hay votantes y el horizonte de tiempo del gobierno es (relativamente más) independiente de las demandas sociales. Operativamente, la primera situación podría ser una democracia y la segunda una autocracia. Si efectivamente los gobiernos democráticos responden a las demandas por protección social con transferencias informales, deberíamos observar que el hurto de energía es contra-cíclico en esos regímenes. Es decir, las pérdidas de energía deberían aumentar durante las crisis económicas y reducirse cuando la economía mejora. En las autocracias, por el contrario, los gobiernos no pagan un costo electoral por castigar y reprimir el consumo irregular de energía, y por tanto no brindan transferencias informales contracíclicas porque son insensibles a las necesidades básicas de la población.

La Figura 1 muestra la correlación entre los ciclos económicos y las pérdidas de transmisión y distribución (PTD) en diferentes regímenes políticos de América Latina. Las PTD se miden como la pérdida de potencia sobre la potencia total suministrada[4]. Las áreas sombreadas representan nuestra incertidumbre[5]. Como se puede apreciar, los datos confirman que las pérdidas son acíclicas en las autocracias y fuertemente contracíclicas en las democracias. Como muestra el gráfico derecho de la Figura 1, las pérdidas aumentan cuando la brecha del producto es negativa (i.e., crisis) y disminuyen cuando la economía se mueve hacia lado positivo del ciclo económico. La diferencia de las pendientes en democracias y autocracias es estadísticamente significativa y económicamente relevante. Mientras que los ciclos económicos no tienen efecto en las pérdidas de transmisión y distribución de electricidad en regímenes autocráticos, las democracias con crecimiento menor a 2 puntos por debajo de la expectativa experimentan un 5% más de pérdidas de electricidad que las democracias que crecen 2 puntos por encima de la expectativa. Esta evidencia apoya la idea de que los gobiernos que responden a las demandas de la ciudadanía (aquí democracias) utilizan la tolerancia al hurto de energía eléctrica como un programa de protección social informal.


Figura 1: Pérdidas de electricidad, ciclos económicos y regímenes políticos en América Latina entre 1970 y 2015.
Fuente: tomado de López-Cariboni, ​Santiago, "​Pérdidas de Energía Eléctrica y Regímenes Políticos en América Latina." Globalización, Competitividad y Gobernabilidad 12(1): 109-119, 2018.

El análisis más detallado de este fenómeno en Uruguay nos permite pensar que los gobiernos además de tolerar en forma oportunista el aumento del consumo irregular de energía durante tiempos de crisis, también pueden exhibir preferencias ideológicas propias o responder a las preferencias ideológicas de sus votantes (las cuales discutí al inicio de esta nota). En un trabajo reciente[6] muestro que las pérdidas no técnicas (es decir, solamente el consumo irregular energía a nivel de hogares) en zonas residenciales de Montevideo han sido altamente contra-cíclicas desde 1998 hasta 2011. Ver Figura 2. En ese sentido, los gobiernos de izquierda y derecha no parecen tener diferencias importantes en cuanto a la relación entre el consumo irregular de energía y los ciclos económicos. Sin embargo, en las zonas más carenciadas de la ciudad (sobre todo asentamientos irregulares), la evolución de las pérdidas no técnicas se desacopla del ciclo económico luego de que la izquierda comienza a gobernar. Por supuesto que esto puede responder a múltiples razones y no únicamente a decisiones políticas sobre la tolerancia al hurto de energía. No obstante, lo que sí es poco discutible es que la distribución del acceso irregular a la energía eléctrica se ha vuelto mucho más progresiva en el último período.

Figura 2. Pérdidas no técnicas en distintas zonas de Montevideo.
Nota: La línea sólida indica el consumo irregular de energía eléctrica en zonas residenciales regulares como porcentaje del consumo total. La línea punteada indica el consumo irregular de energía eléctrica en zonas definidas como carenciadas (especialmente asentamientos irregulares) como porcentaje del consumo total.  El área sombreada en gris indica el pico de la crisis económica (junio de 2002 - abril de 2003). La línea punteada vertical azul indica el comienzo de los gobiernos de izquierda en Uruguay (marzo de 2005).
Fuente: tomado de López-Cariboni Santiago, "Informal Service Access in Pro-cyclical Welfare States:  A Comparison of Electricity Theft in Slums and Regular Residential Areas of Montevideo​." Journal of Comparative Policy Analysis. En prensa.

Esta nota no busca argumentar sobre aspectos morales o ideológicos del problema. Tampoco se trata de ocultar los avances recientes que ha hecho el país en materia de regularización de asentamientos, los innovadores planes que coordinan programas de trasferencias con estímulos a la formalización en el acceso a servicios básicos, así como los muy importantes esfuerzos por reducir los efectos sobre la estigmatización social que frecuentemente tienen muchas de estas intervenciones. Sin desmedro de todo ello, aunque la política social informal pueda resultarle muy incómoda a los gobernantes, la creciente evidencia sugiere que existe y que tiene su propia economía política.


[1] Ver por ejemplo: Alesina, Alberto, Edward Glaeser, y Bruce Sacerdote. 2001. “Why Doesn’t the United States Have a European-Style Welfare State?” Brookings Papers on Economic Activity 2001(2): 187–254.; Alesina, Alberto, y Paola Giuliano. 2009. “Preferences For Redistribution.” National Bureau Of Economic Research, Marzo; Benabou, Roland, y Jean Tirole. 2006. “Belief in a just world and redistributive politics.” Quarterly Journal of Economics 121(2): 699 – 746.
[2] López-Cariboni, Santiago. "Political foundations of electricity losses and theft: evidence from survey experiments and time-series cross-section data in Latin America.'' ​​Proyecto financiado por Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. 2016. Trabajo en curso disponible a petición.
[3] Ver por ejemplo: Holland, Alisha 2014, The Distributive Politics of Enforcement. American Journal of Political Science, 59(2), pp. 357-371.
[4] Por una explicación detallada del uso de datos y la fuente de los mismos ver: López-Cariboni, ​Santiago, "​Pérdidas de Energía Eléctrica y Regímenes Políticos en América Latina." Globalización, Competitividad y Gobernabilidad 12(1): 109-119, 2018.
[5] Es decir, son intervalos de confianza del 95 % de una línea de regresión ajustada por mínimos cuadrados.
[6] López-Cariboni Santiago, "Informal Service Access in Pro-cyclical Welfare States: A Comparison of Electricity Theft in Slums and Regular Residential Areas of Montevideo​." Journal of Comparative Policy Analysis. En prensa. Aquí disponible

A propósito del proyecto de ley de vivienda popular


El pasado 13 de marzo la cámara de diputados aprobó el proyecto de ley “Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública”. El proyecto refleja una preocupación de los parlamentarios sobre el problema de la vivienda en Uruguay, preocupación que tiene efectivamente sustento en una serie de datos sobre la situación de la vivienda en el país. Si bien las críticas al proyecto se enfocaron en buena medida en la falta de previsión de recursos para su financiamiento, el proyecto tiene una serie de problemas de concepción y diseño que, más allá de que tenga o no financiamiento, hacen que no sea una buena herramienta de política de vivienda.
Foto "bricks" de Chilanga Cement bajo licencia CC BY 2.0.

Solo un 40% de los uruguayos se muestran satisfechos con la disponibilidad de vivienda de calidad y precio accesible en la localidad donde residen. Este indicador coloca a Uruguay en el puesto 15 entre 18 países de la región.[1] Cuando se evalúa la situación de problemas de acceso a la vivienda según niveles de ingreso de los hogares, las estadísticas muestran que las dificultades de acceso están especialmente concentradas en los hogares de ingresos bajos. En el gráfico a continuación, por ejemplo, vemos que más de la mitad de los hogares del primer quintil de ingresos no alquilan ni son propietarios de las viviendas en que residen, sino que son ocupantes con permiso o en relación de dependencia o están en situación de informalidad, fenómeno cuya manifestación más extrema son los asentamientos informales. Asimismo, el Ministerio de Vivienda estima que más de la mitad de los hogares con déficit en las condiciones físicas de la vivienda (materiales, hacinamiento, o falta de acceso a servicios básico como agua o saneamiento) se encuentra en el primer quintil de ingresos y solo un 3% de estos hogares se encuentran en el último quintil.[2]


Fuente: Situación de la vivienda en Uruguay. Dinem. Mides.


Existe un conjunto importante de evidencia que relaciona los problemas de informalidad en la vivienda y de falta de acceso a servicios básicos con distintos aspectos relevantes de la calidad de vida de los hogares, como la salud, el bienestar subjetivo y la posibilidad de obtener mayores ingresos mediante el trabajo. Esta evidencia y los datos sobre la prevalencia de problemas de acceso a la vivienda en los sectores de ingresos bajos justifican que se realicen esfuerzos en cuanto a política de vivienda y que estos esfuerzos tengan una prioridad en los hogares de menores ingresos.

En relación a en qué medida las herramientas de política de vivienda existentes llegan a los hogares de menores ingresos, en la política de vivienda vigente conviven instrumentos muy bien focalizados, como los programas de relocalización y mejora de asentamientos, con otros relativamente bien focalizados, como la construcción mediante cooperativas de vivienda y la autoconstrucción, con otros de focalización extremadamente pobre, como los beneficios tributarios a la vivienda de interés social.[3] El proyecto de ley de vivienda popular se ubica en un nivel intermedio en relación a las herramientas existentes, lo que implica que la focalización no es uno de sus fuertes. Por un lado, el proyecto establece un límite relativamente alto de ingresos para acceder al programa, de unos $77.000 (nominales) por hogar por mes, lo que en una estimación preliminar implica que podría alcanzar a un poco más de la mitad de los hogares.[4] Además de que el límite de ingresos es relativamente alto y de que el proyecto no prevé un criterio de priorización según ingreso del hogar, una debilidad adicional del proyecto en términos de focalización es que el límite no considera el ingreso per cápita del hogar sino solamente el ingreso total.

Más allá de sus problemas de focalización, el proyecto sufre de un problema de concepción general y de varios problemas de diseño que hacen que sea un proyecto muy costoso, lo que limita la cantidad de hogares que el proyecto podría alcanzar, en especial en el contexto actual de recursos fiscales limitados.

En cuanto a su concepción general, una característica del proyecto que lo encarece particularmente es su foco exclusivo en la construcción de vivienda nueva. Dicho foco en la vivienda nueva descarta otras opciones que pueden contribuir al objetivo de acceso a la vivienda de calidad de los hogares de menores ingresos a un menor costo y por lo tanto alcanzar a un mayor número de hogares. En primer lugar, la vivienda es un bien que dura muchos años y por tanto en cualquier momento dado la mayor parte del stock de vivienda está conformada por viviendas usadas. La consideración como herramienta de política de los subsidios a la compra de viviendas usadas para hogares de ingresos bajos permitiría, además de menores costos, ampliar el rango de viviendas disponibles en cuanto a localización y calidad, favoreciendo la integración de los hogares de bajos ingresos en áreas ya desarrolladas de la ciudad. En segundo lugar, el proyecto no considera alternativas que son relevantes para los hogares de bajos ingresos y que pueden resultar en menores costos para la política, como la autoconstrucción, ya sea de forma individual o de forma colectiva mediante cooperativas de vivienda. Una tercera alternativa a considerar, en cuanto puede también cumplir con el objetivo de que los hogares de menores ingresos mejoren su situación de vivienda a un menor costo y en un plazo menor, son los subsidios al alquiler.

En cuanto a los aspectos de diseño del proyecto que lo encarecen particularmente, estos tienen que ver con la poca capacidad que el proyecto se plantea para recuperar a lo largo del tiempo los costos de la vivienda. Un proyecto que cuenta entre su población objetivo a más de la mitad de los hogares debería apuntar a que buena parte de los hogares aporten a cubrir los costos de la vivienda, lo que abarataría los costos del plan para el estado. Si bien el proyecto establece que los hogares beneficiarios deberán pagar cuotas mensuales equivalentes a un 10% del ingreso del hogar por 25 años, este mecanismo tiene varias limitaciones. Su principal limitación es que coloca un fuerte incentivo a la subdeclaración de ingresos por parte de los hogares, ya que de esta manera podrían reducir el monto la cuota. Asimismo, no se justifica en el proyecto por qué se escoge el valor del 10% de los ingresos y no 5% o 15% y en qué medida éste valor será suficiente para cubrir un cierto monto del valor de la vivienda. En el mismo sentido de no buscar recuperar los costos de la vivienda, el proyecto excluye explícitamente todo rol para el ahorro previo por parte de los hogares.

La idea de que los legisladores se ocupen de un problema que es de primer orden para la calidad de vida de los hogares en Uruguay es una buena noticia. Si bien existe en Uruguay un conjunto amplio de políticas de viviendas desplegadas, los datos indican que existe espacio para mejorar en cómo la política pública de vivienda llega a los hogares de menores ingresos. Como hemos discutido brevemente aquí, el proyecto de vivienda de interés popular tiene varias debilidades de concepción y diseño que hacen que diste mucho de ser una buena herramienta para avanzar hacia ese objetivo. 




[1] OCDE/CEPAL. 2014. Estudio Multidimensional de Uruguay. Volumen 1. Disponible aquí.
[2] Datos del documento del Plan Nacional de Vivienda 2015-2019 del MVOTMA.
[3] En los fondos destinados a cooperativas de vivienda 67% de sus hogares beneficiarios ubicados el primer quintil y los fondos para autoconstrucción con 53% de sus beneficiarios en dicho quintil. Datos del documento del Plan Nacional de Vivienda 2015-2019 del MVOTMA. Para una idea sobre cómo mejorar la focalización de la vivienda de interés social ver aquí.
[4] Para comparar el tope nominal con los ingresos líquidos que reporta la encuesta de hogares, considero una aproximación de ingresos líquidos que corresponderían 70% del tope nominal que establece el proyecto. Esto supone alrededor de $54.000, lo que corresponde con el límite superior del sexto decil según los datos de la Encuesta de Hogares del INE para el último trimestre de 2017. Sobre la necesidad de focalización de los incentivos de la ley de vivienda de interés social ver una nota previa aquí.

Sobre anti-vacunas, anti-vacunas en las escuelas, anti-vacunas HPV y sus argumentos


Foto: Matías Dodel


En las últimas semanas se ha dado –o mejor dicho, ha resurgido- una discusión bastante inédita en nuestro país: la posibilidad de objetar la vacunación por motivos no médicos. A tal punto ha florecido esta discusión que contamos un movimiento anti-vacunas autóctono de con más de 13 mil usuarios en Facebook.
Es cierto que Internet permite que se “reúna” gente en torno a cualquier tipo de idea, sin discriminar en sentido alguno sobre la veracidad de las mismas (por favor entren a la página de Facebook de la Flat Earth Society con sus 144 mil likes), pero duele/extraña un poco más cuando pega tan cerca de casa.
Sin ser un experto en inmunología, voy a intentar resumir el episodio local de la forma más concisa posible; abordándolo como un problema social/de comunicación de la ciencia y no sólo de salud. Particularmente me voy a centrar en la discusión sobre la vacunación en escuelas y el HPV.
El Virus del Papiloma Humano (HPV por sus siglas en inglés) es una de las infecciones trasmitidas sexualmente más extendidas (al menos en Estados Unidos) y es uno de los principales desencadenantes de cáncer de útero, pero también de vagina, vulva, pene, ano y garganta (el rol del HPV en este último, ha sido vinculado particularmente con la práctica del sexo oral).
Dado que existe una importante variedad de cepas de HPV, tal como en todas las vacunas, la seleccionada por el MSP protege contra algunas de ellas (generalmente las más prevalentes en los países que desarrollan estos medicamentos). Asimismo, aún quienes desarrollaron/impulsan/defienden estas vacunas explicitan que como única medida de prevención NO son eficaces y deben combinarse con el uso de métodos anticonceptivos de barrera (p.ej. preservativos) y PAPs. Asimismo, la vacunación es más eficaz si la realiza antes de inicio de actividad sexual.
La crítica a la vacunación en escuelas, más allá de a qué vacuna refiera, es la más sencilla de abordar. Algunas vacunas como la del Sarampión son obligatorias en nuestro país para poder asistir a la propia escuela. Esto no es un capricho de dirigentes autoritarios, sino una forma que tienen los países para proteger a TODOS sus ciudadanos: determinadas personas no pueden recibir las vacunas por motivos médicos (p.ej. sistemas inmunológicos comprometidos, embarazadas y niños pequeños) y dependen de la inmunidad de manada para protegerse frente a diversas enfermedades prevenibles por vacunas. Oponerse a la vacunación en las escuelas lo único que hace es incrementar el costo para los niños y familias que no se vacunan allí, ya que deben movilizarse hasta vacunatorios o clínicas para darse dichas dosis (tanto las obligatorias como optativas).
Si bien es muy temprano para saber el efecto de este movimiento anti-vacunación en Uruguay, algunas notas periodísticas parecen indicar que en ciertas escuelas las tasas de vacunación son más bajas que en otras aspecto que preocupa a algunos infectólogos locales. Episodios de este estilo en otros países -de baja tasa de vacunación en comunidades y/o regiones particulares- han desencadenado brotes importantes de Sarampión, tos convulsa, entre otras.
Yendo específicamente hacia el caso de la vacuna contra el HPV, podemos dividir las críticas en tres grandes grupos.
El primero y más problemático es el que apela a casos anecdóticos y/o no fundados en evidencia sobre los efectos adversos de esta vacuna en particular. Desde una lectura en criollo de los prospectos de la propia vacuna por parte del grupo de padres "No obligatoriedad de la vacuna contra VPH-Uruguay" (tip: al no comparar sus efectos adversos con los de otras vacunas o medicamentos se cae en una falacia de cherry picking), hasta la replicación de historias personales que –sin negar el sufrimiento de las personas involucradas- no han logrado comprobar su vínculo causal con la vacuna más allá del impacto emocional de los relatos. Estas cuestiones se vinculan a una mala comprensión de la ciencia y las creencias son muy difíciles de modificar.
En un segundo grupo se ubican los argumentos relativos a la falta de estudios que comprueben la efectividad de la vacuna. En este sentido una básica búsqueda de trabajos científicos es suficiente para encontrar diversos estudios académicos que señalan el potencial impacto de la vacuna en la reducción de cáncer de útero (p.ej.: para USA Markowitz et al. 2013;  para Australia Brotherton et al 2011) y en otras enfermedades asociadas al virus en hombres (Giuliano et al 2011). Quizás haya que tomarlo con más cuidado –ya que viene de los médicos que desarrollaron la vacuna- pero en Australia sostienen que con un calendario de obligatoriedad de vacunación para niñas y niños podrían erradicar el cáncer de útero en poco tiempo.
También es cierto que otros estudios han señalado la posibilidad de que exista alguna correlación entre condiciones preexistentes específicas y la vacuna, pero no presentan resultados o conclusiones claras (p.ej.  Brinth et al 2015 lo relacionan con interacciones con condiciones preexistentes -POTS- y, en otro texto Brinth et al 2015 señalan algo similar pero recomiendan que se estudie en mayor profundidad). También Siegrist et al. 2007 presentan una visión más seria sobre la temática tratando de diferenciar los posibles efectos adversos de esta vacuna de otros sucesos que ocurrieron al mismo tiempo pero sin vínculo causal (correlación no es causalidad). Para ambos tipos de estudios, la alfabetización científica vuelve a ser clave, sobre todo a la hora de buscar invetsigaciones de cierta calidad.
El tercer grupo de críticas a la vacuna del HPV viene de algunas organizaciones feministas, vinculadas a la Salud Sexual y Reproductiva y/o la Sociedad civil. Sin embargo, es importante resaltar que hay una variedad de posturas entre este tipo de organizaciones y, lo que aquí se expondrá refiere únicamente a las que expresaron una visión contraria.
A modo de síntesis, los argumentos van en torno a la medicalización del cuerpo, la idea de que la vacunación podría operar en contra de las tasas de protección sexual y controles ginecológicos (o que estos son los métodos más eficaces), que la prevalencia de la enfermedad en Uruguay es baja y también que un estudio señala que puede llegar a tener efectos adversos.
Vayamos de atrás hacia adelante. El estudio mencionado proviene de una organización confiable pero no es un artículo científico arbitrado -revisado por pares- y, sobre todo, es un único estudio; volvemos a encontrar cierto cherry picking o selección de evidencia incompleta. Más allá del caso puntual, en ciencia uno debería realizar una búsqueda exhaustiva de las investigaciones/artículos científicos de revisas de calidad que, sobre todo sean evaluadas por pares en ciego o doble ciego; tomar un panorama de la comunidad científica toda no de casos particulares.
El argumento de oposición entre vacuna vs protección y controles cae en otra falacia, conocida como “eludir la cuestión”. Al propiciar la vacunación en ningún momento se niega la relevancia de los otros métodos de cuidado (es más, se explicita que la eficacia de la misma depende de su conjunción), por lo que el argumento no va ni en contra ni a favor: la vacuna funciona si se da a la vez que se mantiene la protección y el control ginecológico.
Finalmente, el argumento de la medicalización del cuerpo podría ser válido (aunque debe reconocerse la evidencia que el efecto de las vacunas en la calidad de vida de los humanos es gigantesca), pero no parece muy lógico esgrimirlo únicamente en relación a esta vacuna.
Sin embargo, existe un punto vinculado al anterior y muy relevante desde una perspectiva de género que no ha sido esgrimido por MYSU en su comunicado relativo a la vacunación de HPV en escuelas: la medicalización exclusiva del cuerpo de la mujer. Los varones son transmisores del HPV al igual que las mujeres y, no sólo son vectores, sino que también se encuentran expuestos ellos mismos a otra serie de patologías severas vinculadas al virus. En todo caso, la reivindicación no sería “menos vacunas a las mujeres”, sino “más vacunas a los varones para proteger a todos y todas”. Este argumento, mucho más sólido, tampoco va en contra de la vacunación del HPV.
A modo de cierre, más allá de que el lector/a pueda estar de acuerdo o en contra de los argumentos aquí esgrimidos, quiero concluir señalando la peligrosidad de dar este tipo de discusiones dando igual lugar a las “dos bibliotecas”; sin importar que una de ellas no considerare/valore los aspectos empíricos de la temática. Si bien el propio éxito de las vacunas es en gran medida el que juega en contra de que podamos comprender lo relevantes que son, no deberíamos tener que esperar a tener nuestros propios brotes y epidemias como para recordarlo; y eso requiere un esfuerzo de divulgación importante y veloz.
Estas discusiones “mediáticas” sin reparos han probado ser muy dañina. En 1998, un estudio publicado en The Lancet que luego fue desmentido y rectificado (con cherry picking de casos, falseo de información y donde el autor principal perdió su licencia médica a consecuencia de ello), genero una caída muy significativa en las tasas de vacunación de la Triple Viral en el mundo desarrollado. Más allá de toda la rectificación, el daño producto de la difusión de ese mal artículo redujo la tasa de vacunación de la Triple Viral en el Reino Unido por cerca de 15 años (ver imagen) 


Foto: Tangled Bank Studios; data from the National Health Service of the United Kingdom

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