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| "A boy in the street", por Giulian Frisoni, bajo licencia CC BY 2.0. |
La desigualdad es la posesión inequitativa
de recursos valorados por todos. La fragmentación social es la existencia en
una misma sociedad de distintas comunidades debilmente conectadas entre sí, con
instituciones y normas propias. Su extremo es la exclusión. Ambos fenómenos
pueden y suelen ir juntos empíricamente pero son analíticamente separables. Uruguay
ha tenido en los últimos años avances enormes en términos de igualdad de
ingresos. (También en otros aspectos como la igualdad de género aunque todavía
queda mucha tela por cortar como se pone de manifiesto hoy en el día de la
mujer, en términos de violencia de género, techos de cristal en el mercado de
trabajo y, fundamentalmente en términos de lo que la socióloga Arlie Hochschild
llamó la segunda jornada, refiriéndose a ese doble trabajo de gestión y ejecución del trabajo doméstico, su
logística y su emocionalidad. Solo para no olvidarnos, en el Uruguay
progresista todavía las mujeres hacemos mucho más trabajo no remunerado que los
hombres, más del doble, y no
ha habido cambios sustantivos en esto entre 2007, primera fecha de medición,
y 2013. Aquí más que de un techo de cristal podríamos hablar de una puerta de
hierro. Fin del detour.) Sin embargo, más allá de estos pasos de gigante en igualdad
de ingreso, Uruguay muestra signos de fragmentación creciente.
El
índice de Gini de Uruguay, de los más bajos de la región durante la segunda
mitad del siglo XX, comenzó a subir enormemente en la década del 90 y solo en
2008 comienza a bajar. Hoy, con un Gini de 0.382, Uruguay regresa a su
honorífico lugar de país menos desigual de América Latina. Esto es muy
importante porque no todos los países de
América Latina supieron aprovechar el boom de las commodities para redistribuir,
como sí lo hizo Uruguay. Uruguay creció y redistribuyó. Esto no es menor. ¿Por
qué? Porque la desigualdad tiene efectos muy negativos para los que están
debajo. Desperdicia capital humano. Y, como si fuera poco, la desigualdad,
independientemente del nivel de ingresos del país, tiene efectos negativos
sobre toda la población, incluso para aquellas personas que tienen más recursos,
afectando su salud y su calidad de vida (trayéndoles más estrés, más miedo a la
criminalidad, etc.). [1]
Sin
embargo, desde hace tiempo hay signos de que, a pesar de esos avances, no se han podido deshacer los efectos que el
aumento de la inequidad en los años 90 tuvieron. Desde que comenzó este año,
hemos visto varias puntas de ese iceberg que es el aumento en la fragmentación
social del Uruguay. Por un lado, al terminar el año pasado, vimos cómo un
grupo de vecinos de Casavalle dedicados a actividades ilícitas relacionadas con
la droga echaban a otros vecinos de sus casas tomando control del territorio.
Esto no surge en los 90, pero sí hay algo novedoso y preocupante. Aunque Casavalle
tiene una historia muy larga de exclusión y de segregación generada en gran
parte por el estado, este tipo de eventos masivos de control del territorio sí
son inéditos. De inmediato esta noticia fue relevada por otra en los titulares.
Un grupo de productores y terratenientes agropecuarios autodenominados
Autoconvocados realiza una movilización en enero. Antes de que se formalizaran
sus reclamos al gobierno comenzaron a surgir testimonios de que protestaban
contra las políticas sociales del gobierno. Finalmente esto, que tuvo mucha
resonancia en redes sociales, no quedó en la proclama. Sin embargo, es
importante saber que Uruguay es, junto a Argentina, el país de América Latina
donde se cree más fuertemente que quienes reciben ayuda del gobierno son perezosos.
Casi un 60% de la población lo cree según datos del Barómetro de las Américas.
No solo los autoconvocados lo creen. Las transferencias implementadas en
América Latina en los años 2000 fueron claves para la superación de la pobreza
de muchas familias y han sido muy positivas en muchos aspectos. Sin embargo, en
países como Uruguay, Argentina y Chile, acostumbrados a servicios universales
del Estado de Bienestar, las transferencias agregaron una categoría de
distinción desde el estado que luego fue utilizada por los no receptores de
este beneficio para señalar a los más pobres como pobres no merecedores, carentes
de esfuerzo. (No está de más decir que la mayor parte de la evidencia muestra
que las transferencias no desincentivan el trabajo[2]).
Siguiendo con el año movido, una asonada
de vecinos de un barrio de Malvín Norte corta una de las avenidas principales
de la capital, quemando llantas, apedreando vidrios y amedrentando a los autos
que quedaron atrapados en el piquete. Protestaban por la muerte de dos vecinos
jóvenes que al parecer intentaban robar. Protestaban por rabia y por dolor. La
singular movilización mostró un nuevo tipo de protesta en el repertorio de
movilizaciones de los pobres urbanos, una que confronta al resto de la ciudad y
que señala nuevamente la fragmentación. Unos
días después, la firma encuestadora Opción Consultores nos sorprendió con sus
datos sobre favorabilidad a la pena de muerte en Uruguay, muy relacionados
seguramente con el crecimiento de la violencia en los delitos en los últimos
años. Un 43% de la población uruguaya está de acuerdo con la pena de muerte
para delitos graves.
Estos
eventos de un ajetreado comienzo de año descansan sobre tendencias de más largo
plazo. Entre ellas destaco las del ámbito de la educación. En Uruguay, el país
de la educación igualadora, solo uno de cada tres adolescentes termina el
liceo. En Uruguay, el país de la educación igualadora, los hijos de los
profesionales ya no van a la educación pública. Lo hacían en un 80% a inicios
de los 90 y hoy ese porcentaje ha bajado al 20%.[3]
La educación policlasista se acabó. Los pobres no terminan. Los ricos se
fugaron.
Luchar
contra la desigualdad es difícil. El crecimiento económico ayuda pero la
reforma tributaria lograda por el gobierno de izquierda fue clave. Se logró.
Luchar contra la fragmentación social es aun más complejo. ¿Cómo deshacer esa
tendencia? ¿Cómo volver a poner a interactuar a clases sociales o grupos dentro
de ellas que se han separado? Las políticas para combatir la segregación social
son costosas. No tienen impactos a corto plazo del tipo que tienen las
transferencias condicionadas. Implican pensar en la sociedad y no solo en
grupos específicos. Desde lo urbano, el olvidado “Plan 7 Zonas” fue una buena
idea de revivir espacios urbanos de exclusión social y hacerlos atractivos para
todos. Promover la mezcla urbana a través de construir vivienda social (de
verdad) en zonas más afluentes también puede ser una buena idea en ciertas
condiciones. [4] Pero tal vez la apuesta más importante es la
educativa. Es ahí donde las personas pueden conocerse “ en clave de equidad”[5].
¿Cómo hacer para retener a los más pobres y para evitar que los hijos de
profesionales descremen a la educación pública dejandola con menos capital
social y por lo tanto con menos posibilidades de interacción entre clases? No
tengo una receta única. Hay que explorar políticas innovadoras, escuelas “imán”
muy buenas en sectores bien heterogéneos que atraigan allí a estudiantes con más
recursos. Y un gran etcétera. Son políticas costosas. Y retadoras. Pero también
lo fue en su momento crear el sistema público de educación con cobertura
nacional del que estamos tan orgullosos.
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[1] Wilkinson, R. G. (2002). Unhealthy societies: the afflictions of inequality. Routledge.
[2] Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Harman, L., Barca, V., Sturge, G., Schmidt, T., & Pellerano, L. (2016). Cash transfers: what does the evidence say. A rigorous review of programme impact and the role of design and implementation features. London: ODI.
[3] Álvarez, MJ, Bogliaccini, J., Queirolo, R y Rossel, C. 2018 “¿Quedarse, irse o protestar? Clases medias altas y sus decisiones educativas en Uruguay”. Paper en progreso.
[4] Aquí la evidencia es peleada. Pero hay ejemplos exitosos en ciertas condiciones, como siempre en política pública “el diablo está en los detalles”. Ver: Massey, D. S., Albright, L., Casciano, R., Derickson, E., & Kinsey, D. N. (2013). Climbing Mount Laurel: The struggle for affordable housing and social mobility in an American suburb. Princeton University Press.
[5] Esta expresión es de Ruben Kaztman y la uso para distinguirla de otro tipo de interacciones entre desiguales en condiciones de subordinación.
