Ir al contenido principal

Deja dudas


Foto: Ben Sutherland bajo licencia CC 2.0 Generic (CC BY 2.0)
Foto: Ben Sutherland bajo licencia CC BY 2.0.
“El sector público es lento y hace mal las cosas, el sector privado es mucho más eficiente”, “en Noruega te matan a impuestos pero los servicios son otra cosa”. Frases como éstas se pueden escuchar tanto en discursos de expertos como por parte de cualquier ciudadano en la calle. El mito es que el sector público brinda servicios de baja calidad, y para peor, caros, mientras que el sector privado se orienta a satisfacer al cliente. En definitiva: hay que dejar espacio a los que hacen las cosas bien. 

Existen varias oportunidades para que el sector público aprenda de sí mismo más que de las empresas privadas. Pero esto no viene dado, pues requiere inversiones, investigación, difusión, capacitación y creatividad y, en el costado más oscuro, romper con prácticas burocráticas arraigadas. En cualquier caso, resulta importante desmitificar a “los eficientes” y los “ineficientes” revalorizando al sector público como instrumento para proveer servicios de calidad. 

La discusión sobre la calidad de los servicios públicos ha estado muy asociada a las reformas de la gestión pública, particularmente a partir de los 90s. Las concepciones sobre el sector público son múltiples pero se relacionan con un mayor foco en el ciudadano como cliente o consumidor, la tercerización de servicios o la desburocratización de la gestión. La receta para el sector público ha sido la de aprender lo máximo posible de las empresas privadas, incorporando sus prácticas. Una suerte de sinergia conceptual en donde ambos mundos deberían empezar a parecerse más, rompiendo las cadenas de la burocracia que todo lo enlentece. 

Desde hace un tiempo intento poner este paradigma a prueba cada vez que hago una compra, un trámite o un contrato de servicio. Lo cierto es que cuando trato de evaluar la calidad de los servicios que recibo por parte de uno y otro, llego a la misma conclusión que un comentarista cuando ve la repetición de una jugada en offside cinco veces: deja dudas. 

Algunos ejemplos de la vida real. No había caso con la administradora, privada, del edificio en el que vivía hasta hace un mes. Cada vez que se rompían cosas importantes como el ascensor o la bomba de agua, era un drama. Nos daban largas, que el tema era “complicado”, que se precisa traer alguien que haga un presupuesto pero es que mañana es domingo y pasado feriado. Todo el edificio estuvo sin agua durante dos o tres días y la solución parcial fue hecha por los propios vecinos organizados (siempre hay un free rider en el edificio, para qué negarlo) más que por la administradora, privada. Digresión: uno no conoce el poder de los monopolios privados hasta que se ve envuelto en uno, ¡que mercado seguro el de las administradoras de edificios, eso sí que es tener un público cautivo!

Dos días después, llamo a la Intendencia de Montevideo para deshacernos de algunas cosas que en la mudanza no íbamos a llevar. Me atienden muy bien y, tal cual como me dijeron, esa misma noche las pasaban a buscar sin costo y sin ninguna complicación de esperas ni papeleo. 

Otra escena de la vida real. Voy a un banco, privado, para hacer un trámite sencillo. Me tuve que ir porque luego de casi dos horas los ejecutivos de cuenta habían atendido a cuatro o cinco personas. La cara larga no era sólo mía obviamente, sino de otros varios clientes que quizás le dijeron a su jefe: “vengo en 10 minutos que tengo que hacer un trámite en el banco privado tal”

Tengo que ir a ANTEL para cancelar mi número de teléfono fijo. Hice la reserva online y en máximo 10 minutos estaba afuera con mi tema solucionado.

Los ejemplos que pongo son muy pequeños y sin duda no representativos de una realidad más compleja, pero reflejan que la calidad de los servicios no está dada necesariamente por el tipo de prestador. Se suele argumentar que si el sector privado es ineficiente o si no cumple con las expectativas, a la larga, quebrará, en tanto otras empresas con las cuales compite, le arrebatarán sus clientes. Ello puede ser válido para algunos casos. Por ejemplo, si no me gustó la última parrillada a la que fui no volveré ni recomendaré a nadie que lo haga, pero en otros casos cambiar de edificio o de banco no es tan sencillo. Claro que siempre se puede presentar alguna queja pero esto raras veces tiene efecto. Por otra parte, más allá de “tu opinión nos importa”, me pregunto en qué medida algunas empresas privadas efectivamente reproducen prácticas superiores a las del Estado, en particular las más grandes, cuyos servicios no tienen una opción de salida sencilla (bancos, operadores de cable, seguros, prestadores de salud etc.). 

Estas líneas no son una “oda al sector público”, el cual está lleno de ejemplos de mal funcionamiento e irracionalidad. También es cierto que la mala calidad de los servicios, cuando es en el marco del sector público, puede vulnerar derechos de forma más directa que una mala o lenta atención en un banco. 

Sin embargo, lo que no me queda tan claro es que la calidad de los servicios que recibimos del sector privado sean siempre mejores que los del tan castigado sector público. A su vez, otra interesante discusión es si la provisión por parte de privados es efectivamente más eficiente en términos de costos. Las notas de Fernando Esponda o Sebastián Fleitas en este blog nos hacen al menos reflexionar sobre eso para el caso de las PPPs y el FONASA, respectivamente. 

Mi punto no es que el sector público debería cubrir todo tipo de servicios ni tampoco que no haya nada que pueda importarse desde las prácticas empresariales. Sucede que los casos exitosos o destacados del sector público no suelen ser objeto de estudio y mucho menos de difusión pública. ¿Cuánto saben los propios funcionarios públicos de cosas que ellos mismos hacen bien? ¿Cuánto sabemos de buenas prácticas en el sector público? ¿Cuánto puede enseñarle el sector público al privado sobre buena gestión?


Entradas populares de este blog

El Voto legalmente Obligatorio: Argumentos en favor y en contra

Por Julia Maskivker En una era en la cual las divisiones políticas e ideológicas parecen tragarse todo lo que encuentran en su camino, no es sorprendente que la discusión acerca del voto legalmente obligatorio haya alcanzado ciertos niveles de controversia en la esfera pública. ¿Es el voto obligatorio un instrumento legitimo de las democracias que aspiran a ser  saludables o puede este verse como una interferencia indebida a la libertad del ciudadano? En este corto ensayo voy a analizar los dos lados del debate; pero antes de empezar se hace necesaria una clarificación que no es muy neutral. En mi libro, The Duty to Vote, argumento que existe una obligación moral de votar cuando ciertas condiciones de justicia procedimental y política existen en el sistema electoral en cuestión. La idea principal del  libro es que votar con juicio e información relevante es contribuir a modificar las estructuras sociales y político-económicas que no son aceptablemente justas o funcionales en nuestras

¿Quién gana la elección de 2024 dando malas noticias?

Señal W1-5 «Camino sinuoso próximo» Pese a los avances en las últimas décadas, Uruguay tiene en su camino al desarrollo un conjunto desafíos fundamentales que comprometen su futuro. Muchos de estos desafíos requieren más gasto público para poder financiar las políticas públicas que permitan afrontarlos. El espacio para una mayor eficiencia del gasto público o una mayor recaudación no es nulo, pero es menor comparado a los recursos que se generan en base a un mayor crecimiento. En la ejecución de reformas pro-productividad que hagan posible el crecimiento del producto y, por lo tanto, brinden los recursos necesarios para las políticas públicas, se definirá si tenemos éxito en el camino al desarrollo. Durante esta campaña electoral debemos demandar al sistema político que sea capaz de reconocer estos importantes desafíos y ofrecer un plan de reformas para conseguir estos recursos. En este artículo planteo algunos ejemplos de estos desafíos, las líneas centrales de las políticas de produ

Cómo eliminar la pobreza infantil con 0,4% del PBI y por qué con eso persistirán los problemas

Matias Brum El Jueves 30 de Marzo el Instituto Nacional de Estadística publicó los microdatos de la Encuesta Contínua de Hogares, tras publicar unos días antes los datos más recientes de pobreza, indigencia y distribución del ingreso. Largamente comentados, los datos mostraron una reducción en la pobreza global en 2022 en relación a 2021, y una alarmante pobreza infantil (de 0 a 6 años) en torno al 17%. En esta nota a primera vista comento tres formas de acabar con la pobreza infantil y explico por qué dos de ellas no son del todo útiles. De fondo, trato de poner sobre la mesa asuntos de fondo que se pierden en la discusión semestral del dato puntual. Como punto de partida, vale recordar que la pobreza se mide a nivel de hogares: el INE entrevista a todas las personas dentro de un hogar, suma todos los ingresos, y si el monto total está por debajo de una línea de pobreza, el hogar entero (y sus integrantes) es considerado pobre. La línea de pobreza varía según la cantidad de integra