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Algunas recomendaciones para el problema de la seguridad en Uruguay a partir del estudio m-proso

Una de las prioridades del entrante gobierno es el problema de la seguridad. Si bien las cosas están cambiando en los últimos tiempos, en Uruguay resulta bastante complicado poder avanzar en este tema fundamentalmente porque a diferencia de otros países existe poca información, pocos estudios académicos rigurosos, y muy pocos investigadores especializados en el tema.

 En 2014 el Institute of Criminology de la Universidad de Cambridge en conjunto con ANEP y con el Departamento de Sociología de la Udelar realizó un estudio (m-proso) donde se buscó empezar a generar evidencia empírica útil para pensar recomendaciones de política de prevención del delito y la violencia para Uruguay. El estudio que llevamos adelante Manuel Eisner y quien escribe implicó una encuesta de aproximadamente 2200 adolescentes de tercer año de liceo, quienes debieron responder un cuestionario compuesto de diferentes escalas validadas sicométricamente en estudios europeos que miden toma de decisiones, valores morales, características de personalidad, consumo de sustancias, consumo de medios de comunicación, vínculos familiares, comportamientos delictivos y pro sociales, etc. Quisiera acá plantear esquemáticamente los principales hallazgos y líneas de acción que se desprendieron del estudio. [1]

Básicamente planteamos la necesidad de intervenir en seis áreas claves de la prevención.

Una primer área donde debemos intervenir es la familia. Encontramos que alrededor del 28 % de los adolescentes reportó experiencias de castigo corporal por parte de sus padres. El castigo familiar se quintuplicaba si había una relación conflictiva entre los padres del adolescente. Los adolescentes que sufren victimización doméstica tenían una mayor probabilidad de sufrir síntomas de tristeza y depresión. Adicionalmente, estas experiencias de castigo corporal incrementaban las chances de que el adolescente se involucrara en conductas violentas, especialmente para las mujeres. Por otra parte, los adolescentes que viven en familias donde hay altos niveles de conflicto entre los padres tienden a involucrarse más en comportamientos agresivos independientemente de si reciben o no castigos corporales. Por si todo esto fuera poco, también observamos que problemas en el funcionamiento de la familia que involucraban no solo la presencia de castigo físico sino también un escaso involucramiento de los padres o una crianza errática o autoritaria aumentaba las probabilidad de que los adolescentes fueran víctimas o perpetradores de bullying en el liceo. Por ello, es central establecer programas de apoyos parentales a familias con hijos en todas las edades, establecer como eje prioritario de intervención el abordaje del maltrato y abuso infantil, y proveer apoyo universal y entrenamiento intensivo para familias en situación de alto riesgo.

Una segunda área de intervención es el centro de estudios. Un primer aspecto a destacar es que existen niveles considerables de bullying entre los adolescentes en Montevideo: 1 de cada 5 adolescentes declara haberlo experimentado frecuentemente en el ultimo año (es decir al menos una vez al mes). Además, los adolescentes que tienen peor relación con los compañeros y profesores y mayores dificultades académicas son los que tienen más chance de ser victimizados en el liceo. Por otra parte, los jóvenes que están menos comprometidos con el centro educativo, que tienen peor relación con los profesores, que tienen mayores dificultades y que perciben como menos legítima a la institución educativa, tienen mayores chances de desarrollar comportamientos violentos tanto dentro como fuera del liceo. Este panorama habla de la necesidad de emprender una fuerte línea de esfuerzos en el ámbito educativo. En el reporte proponemos desarrollar cuatro programas universales que han demostrado eficacia en otros contextos: programas de gestión del centro, programas de gestión del aula, programas específicamente diseñados para contrarrestar el bullying, y finalmente programas de capacitación en habilidades sociales.

 Una tercer área donde concentrar esfuerzos es la policía. Aproximadamente tres de cada cuatro jóvenes encuestados desconfían de la policía, y la consideran una fuera ilegítima que actúa en forma injusta e ineficaz. Al mismo tiempo, los jóvenes con baja percepción de la legitimidad policial tienen tres veces más chances de involucrarse en conductas violentas que los jóvenes con una percepción alta de la legitimidad policial. Además, es probable que esta falta de confianza generalizada en la policía tenga como resultado que menos víctimas denuncien delitos a las autoridades, lo cual reduce la probabilidad de que las víctimas reciban ayuda y que los perpetradores respondan ante la justicia. En nuestro estudio, los jóvenes sólo denuncian a la policía aproximadamente uno de cada diez incidentes que sufren. Por todo esto, Uruguay debe proponerse aplicar programas que apunten no solo a mejorar la reputación de la policía sino también a que el trabajo diario de la policía se haga más eficaz y confiable y que responda mejor a las necesidades de la comunidad.

En cuarto lugar, el acceso a sustancias psicoactivas fue otra de las áreas consideradas prioritarias. La mayoría de los chicos de 15 años que encuestamos habían consumido bebidas alcohólicas al menos una vez durante los últimos 12 meses y un grupo pequeño de aproximadamente un 5 % declaraba consumirlas semanalmente. El consumo de sustancias psicoactivas sean legales o ilegales incrementaba significativamente las chances de verse involucrado en episodios de violencia ya sea como víctima o como perpetrador. En particular, los jóvenes que declaraban haber consumido alcohol o drogas en el ultimo año, tenían hasta tres veces más chances de haber protagonizado comportamientos violentos en el ultimo año. Esta evidencia nos llevó a proponer líneas de acción que sin contradecir o cuestionar los recientes cambios legales apunten a prevenir y reducir el inicio temprano en el uso y abuso de drogas legales e ilegales, reducir la disponibilidad de bebidas alcohólicas para los jóvenes y plantear controles más estrictos de edad en los lugares de venta.

En quinto lugar, la evidencia también sugirió que la vía pública es otra área donde es decisivo intervenir. Más de la mitad de los robos sufridos por los jóvenes encuestados tuvieron lugar en la vía pública. La mitad de los jóvenes hombres que sufrieron agresiones fueron victimizados en la vía pública, y un tercio de las víctimas mujeres lo sufrió también en la vía publica. Nuestros datos también sugieren que existe una proporción no despreciable de adolescentes (19%) que son miembros de bandas que cometen actos delictivos en la vía publica tales como robos o extorsión para exigir dinero por protección. Así mismo nuestros datos confirman la evidencia de estudios en otras sociedades: jóvenes que pertenecen a este tipo de grupos tienden a tener mayor involucramiento en comportamientos delictivos y violentos y también tienen mayores chances de ser ellos mismos víctimas de delitos. Estos resultados impulsan a pensar estrategias específicas con el objetivo de reducir la violencia juvenil en espacios públicos. Algunas de estas estrategias implican realizar intervenciones policiales dirigidas e iniciativas orientadas a los problemas y basadas en evidencia, que impliquen: la formación de un grupo de trabajo entre varios organismos; la utilización de las mejores técnicas de investigación disponibles y una adaptación continua de la intervención basada en las observaciones de resultados exitosos.

Finalmente, un componente imprescindible en toda estrategia eficaz de prevención del delito juvenil es la presencia de adecuados sistemas de información, tanto para desarrollar diagnósticos como para monitorear y evaluar los resultados de las acciones emprendidas. En los últimos años, Uruguay ha tenido un avance de los sistemas de información oficiales asociados al delito, así como del desarrollo de estudios puntuales sobre delito y violencia juvenil. No obstante, existe todavía mucho terreno para avanzar en esta materia. En primer lugar, es importante continuar mejorando los sistemas de información oficiales que todavía exhiben problemas de calidad y transparencia. Un sistema de información policial más consistente y que habilite una mejor comparación regional facilitará la temprana identificación de tendencias problemáticas, la toma de decisiones y el desarrollo de acciones efectivas. En segundo lugar, parece importante desarrollar encuestas de corte transversal de manera frecuente y estudios longitudinales que incluyan indicadores sobre victimización, delito autorreportado, bullying y uso de sustancias, que permitan monitorear la evolución de estos fenómenos así como el surgimiento de nuevos problemas. Este tipo de instrumentos permitirá evaluar más adecuadamente los efectos de políticas o cambios legales que se implementen en Uruguay. En tercer lugar, es importante tener una comprensión más adecuada de las políticas preventivas desarrolladas en Uruguay que incluyan el ámbito familiar, educativo, el uso del tiempo libre, la policía, etc. Ello requiere hacer un análisis global de las fortalezas y debilidades del sistema de políticas preventivas del delito juvenil en Uruguay para identificar más precisamente donde será más promisorio destinar esfuerzos adicionales. En definitiva, para lograr asignar en forma eficiente los recursos es fundamental fortalecer la capacidad para llevar adelante evaluaciones de alta calidad que permitan identificar qué programas son efectivamente eficaces y funcionan, cuáles ofrecen señales promisorias y cuáles son poco eficaces o incluso contraproducentes.


Foto: Martín Zaitch

[1] Para quien este interesado en leer el reporte/libro completo del estudio ver:

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