Una razón para agradecerle a Fernández Huidobro

John Stuart Mill creía que la diversidad de voces y opiniones es importante por al menos tres razones. Primero, nunca podemos estar enteramente seguros sobre la veracidad de nuestras ideas. Segundo, aunque nuestras opiniones sean correctas, la confrontación con otras opiniones antagónicas ayudan a fortalecer nuestras propias creencias. Finalmente, en algunos casos no es sencillo diferenciar entre quienes están enteramente en lo cierto y quienes están enteramente equivocados. En esos casos, en vez de existir una única verdad, existen buenos argumentos en ambos frentes del debate.[1]
Pensé inmediatamente en esas ideas de Mill cuando leí las recientes declaraciones del Ministro Eleuterio Fernández Huidobro sobre la agenda política de la izquierda uruguaya. Para simplificar, Fernández Huidobro cree que la izquierda uruguaya esta focalizada en discutir una nueva agenda de derechos (“que los homosexuales se puedan casar y cosas así”) y que no se centra en lo que “realmente importa”. Esa nueva agenda, dice el ministro, “no jode a nadie” porque el problema no está ahí: “El problema no está en si los homosexuales sí o los homosexuales no. El problema está entre los homosexuales ricos y los homosexuales pobres. Los homosexuales ricos no tienen ningún problema, nabo, no tienen ningún problema. El problema está en que hay ricos y pobres. Acá lo que pasa es que se olvidaron de la lucha de clases.[2]
Ciertamente no es menor que alguien de su investidura se anime a decir esto públicamente. Sobre todo porque Fernández Huidobro no es el único que piensa en estos términos.[3] Y cuando este tipo de cosas sucede se abre una ventana de oportunidades para discutir si se está implementando una agenda de políticas públicas adecuada o no. Dejando de lado la teoría conspirativa que menciona Fernández Huidobro,[4] hay varias cosas importantes en su planteo.   
Primero, lo que propone Fernández Huidobro no es otra cosa que un debate sobre redistribución vs reconocimiento.[5] ¿Alcanza con redistribuir recursos para mejorar los niveles de justicia social? La respuesta es no. Las oportunidades que una persona tiene para llevar adelante el tipo de vida que prefiera no son determinadas exclusivamente por su nivel de recursos monetarios y materiales. Por ejemplo, podemos pensar en una sociedad que iguala ingresos que pero castiga fuertemente a quienes tienen una religión u orientación sexual determinada. Vale tan solo pensar en la hostilidad y persecución de homosexuales que tuvo lugar durante mucho tiempo en la cuba revolucionaria.[6] Como bien dice el comunicado de Ovejas Negras en respuesta a Fernández Huidobro:  …el combate a la pobreza –por más justo que sea- no ataca las raíces de la discriminación. La homofobia, lesbofobia y transfobia, al igual que la violencia de género, reafirman las barreras socioeconómicas”.
Segundo, y siguiendo la misma lógica, difícilmente podamos decir que la implementación de medidas de reconocimiento es suficiente para elevar los niveles de justicia social de una sociedad. Seguramente ninguno de los promotores de estas medidas se oponga a esa conclusión. La redistribución de recursos es requerida en sociedades desiguales como la uruguaya. ¿Por qué? Porque no alcanza con otorgar más derechos civiles y políticos si buena parte de la población no cuenta con los medios y oportunidades para disfrutar de esos derechos. Aquí aparece la pregunta más interesante del debate: ¿Se puede perseguir al mismo tiempo políticas de redistribución y de reconocimiento? ¿En qué medida estos dos objetivos pueden chocar entre sí? Quienes salieron al cruce de las declaraciones de Fernández Huidobro rápidamente dijeron que el ministro plantea una “falsa oposición” ya que ambas agendas son compatibles. ¿Pero hasta qué punto lo son?  
Existen al menos dos argumentos para justificar la incompatibilidad de ambas agendas.  Primero, podemos pensar que estos objetivos (más reconocimiento, más redistribución) pueden ser difícilmente perseguidos al mismo tiempo por una razón de agenda. Eso es: no hay suficiente tiempo y recursos para dar la batalla en ambos frentes. Por ese motivo, el gobierno debería concentrarse en las prioridades. Por ejemplo, el país atraviesa por una crisis educativa sin igual con números escandalosos en secundaria y con un posicionamiento de la educación terciaria a nivel internacional más que preocupante. ¿Deberían entonces estar todos los esfuerzos destinados prioritariamente a solucionar esos problemas que la sociedad uruguaya en su conjunto? La respuesta es que no. Aun cuando los problemas educativos deberían ser tomados de una manera mucho más seria, es difícil pensar, por ejemplo, que la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género puede interferir con políticas de reformas en la educación.  
Pero hay un segundo argumento para pensar en la incompatibilidad de ambas agendas. La idea es que mientras las demandas por mayor redistribución intentan eliminar las distinciones entre grupos, las demandas por reconocimiento proponen resaltar el valor distintivo de cada grupo. Nancy Fraser ha expuesto ese famoso dilema de la siguiente manera.[7] Según Fraser es paradójico que quienes se oponen a la discriminación de género o racial, deben perseguir medidas políticas y económicas que ataquen esa diferenciación, al mismo tiempo que deben llevar adelante políticas de reconocimiento que revaloricen la especificidad de los grupos marginados. Las minorías que tienen demandas de redistribución y reconocimiento requieren, dice Fraser, dos remedios diferentes los cuales pueden no implementarse simultáneamente. Mientras la lógica de la redistribución es eliminar las distinciones étnicas y de género, la lógica de las políticas de reconocimiento es valorizar la especificidad de cada colectividad. ¿Se pueden llevar adelante ambos proyectos al mismo tiempo? Por ejemplo: ¿Cómo se puede luchar simultáneamente para abolir la discriminación de género y valorizar la especificidad de género?
Desafortunadamente no tengo una idea clara de cómo se puede resolver este dilema. Lo que en cambio sí creo tener claro, es que necesitamos más debate para responder la pregunta de si redistribución y reconocimiento pueden volverse políticas incompatibles en algún punto en la agenda política uruguaya. Las declaraciones de Fernández Huidobro, aunque puedan parecer desafortunadas a primera vista, nos obligan a pensar en estos temas. Después de todo, sabemos que su postura no es completamente marginal en el país. Y mientras podemos estar orgullosos de las políticas de reconocimiento que se han implementado en los últimos tiempos, también hay que ser conscientes que los pasos necesarios para que algunas de esas políticas sean efectivas requerirán intervenciones que van más allá del reconocimiento formal de igualdad. Por ejemplo, no es lo mismo aprobar una ley de matrimonio igualitario que intervenir en el mercado laboral para que no se materialicen discriminaciones en términos de  orientación sexual e identidades de género. Los efectos que diferentes acciones afirmativas pueden tener en el mercado laboral no son siempre claros. Es ahí donde los promotores de la “nueva agenda de derechos” tendrán una batalla más dura que dar.




[1] Mill, John Stuart. 1989. On Liberty. Cmbridge University Press. Pp.47-48.
[2] Caras y Caretas. 2013. “Entrevista a Eleuterio Fernández Huidobro: Uruguay y la coordinación de la defensa continental: “Algún día van a venir por nuestros recursos”", Montevideo, 22/09/2013 http://www.carasycaretas.com.uy/algun-dia-van-a-venir-por-nuestros-recursos/
[3] Como señala la Diaria, la senadora Lucía Topolansky declaraba lo siguiente en una entrevista publicada por el semanario Brecha el pasado 24 de agosto: “No sé si es porque tengo 68 años, pero para mí el eje de la lucha sigue siendo la lucha de clases”. “Estas agendas [las de derechos] están muy bien, amplifican, reconocen cosas que existieron toda la vida y que no tenemos por qué excluir, pero estas cosas están dirigidas a parcelas de la población. Si yo al tipo no le doy de comer, podré autorizarle el matrimonio igualitario que quiera, pero se me va a seguir muriendo de hambre”. www.ladiaria.com.uy/articulo/2013/9/hay-que-tener-clase/
[4]  En palabras de Fernández Huidobro: “Esa agenda la hacen Estados Unidos y la socialdemocracia europea, que inventaron ese radicalismo con las mujeres, los homosexuales, esto y aquello para no hablar de lo que importa realmente.” Caras y Caretas, http://www.carasycaretas.com.uy/algun-dia-van-a-venir-por-nuestros-recursos/ Es importante, sin embargo, dejar en claro que podemos discutir si la izquierda debe priorizar las políticas redistributivas sobre las políticas de reconocimiento sin tomar en cuenta la teoría conspirativa que utiliza el ministro para proponer su postura.
[5] Ese debate se puede encontrar en: Taylor, Charles. 1994. ‘‘The Politics of Recognition.’’ In Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. Amy Gutmann ed. Princeton: Princeton University Press; Fraser, Nancy.1995. “From redistribution to recognition? Dilemmas of justice in a'post-socialis' age”, New left review, pp. 68—68; Fraser, Nancy, and Axel Honneth. 2003. Redistribution or Recognition? A Political- Philosophical Exchange. London: Verso.
[6] Ver por ejemplo: Lumsden, Ian. 2010. Machos Maricones and Gays: Cuba and Homosexuality, Temple University Press. 
[7] Fraser, Nancy.1995. “From redistribution to recognition? Dilemmas of justice in a'post-socialis' age”, New left review, pp. 68—68;

¿Se viene el estallido a la brasilera? Los gobiernos del Frente Amplio y los movimientos sociales


Los recientes conflictos de la educación y la salud dan cuenta de importantes tensiones que se han generado entre algunos sectores sindicales y el gobierno frenteamplista. Un ejemplo sumamente gráfico de esta situación fue la “advertencia” que en junio pasado el dirigente de COFE Joselo López hiciera al gobierno sobre la posibilidad de que en Uruguay se replicara el estallido social que vivía Brasil por aquel momento. Como respuesta, el Ministro de Trabajo Eduardo Brenta catalogó al líder sindical de “desestabilizador”. Estos conflictos nos invitan a reflexionar sobre las relaciones entre actores sociales y el Frente Amplio (FA) a ocho años de haber asumido el poder.

Evidentemente, y esto ha sido señalado por la literatura (Maguire, 1995), las relaciones entre partidos políticos y movimientos sociales aliados son más sencillas cuando el partido político se encuentra en la oposición que cuando gobierna. En este sentido, el FA ha sido históricamente el socio político de los movimientos sociales uruguayos. Desde el retorno de la democracia hasta el triunfo electoral de 2004 esta alianza tuvo un horizonte claro: la oposición a los sucesivos gobiernos de derecha y la acumulación de fuerzas en vistas de un eventual gobierno “popular”. Los sucesivos plebiscitos y referéndums sirvieron como herramienta efectiva de freno a la voluntad gubernamental y fueron instancias privilegiadas de articulación entre actores políticos y sociales. Es claro que los límites entre política institucional y no institucional son “borrosos y permeables” (Goldstone, 2001: 3), y aquellos años de oposición y alianza estratégica entre el Frente Amplio y distintos actores sociales son un buen ejemplo de esto.

Con el acceso de la izquierda al poder se generaron desafíos evidentes. Por parte de las organizaciones: ¿cómo posicionarse frente el gobierno “compañero”? Desde el lado del FA: ¿qué reclamos priorizar? Veamos rápidamente algunos elementos al respecto. En términos de los reclamos específicos, es posible afirmar que en estos años de gobierno el FA ha cumplido con algunas demandas históricas de las organizaciones. Ejemplos de ello son la instalación de los Consejos de Salarios y la implementación de otras leyes laborales, el mayor presupuesto a la educación, la reestructuración de la deuda de FUCVAM y mayores préstamos al cooperativismo, los avances importantes en materia de DDHH, el aumento importante de las jubilaciones, la legalización del aborto, el matrimonio igualitario, la ley de discriminación positiva en cargos del Estado, etc.

No obstante, desde el mundo social existen importantes voces que critican al gobierno la falta de cambios estructurales. Desde este punto de vista, el gobierno popular no estaría cumpliendo su compromiso de llevar adelante una agenda de reformas profundas a la estructura socio-económica del país. Por ejemplo, en su memoria de  la 29ª Asamblea Ordinaria de enero de 2013, FUCVAM declaró que: “(…) lo único que ha diferenciado a los gobiernos progresistas, en lo económico, es mayor inversión en el asistencialismo como consecuencia de disponer de mayores recursos” (FUCVAM, 2013: 36). Evidentemente, este tipo de análisis relativizan seriamente los logros enumerados en el párrafo anterior y marcan discrepancias de peso entre las expectativas sociales y las realizaciones políticas. La experiencia internacional de gobiernos de izquierda brinda evidencia sobre la moderación que muchos partidos de izquierda viven al llegar al poder. Sin ir más lejos, la Concertación en Chile y el PT en Brasil son casos paradigmáticos.

Frente a este tipo de escenarios, es de esperar que los movimientos sociales busquen tensionar al gobierno, procurando evitar su moderación. A su vez, el hecho de tener en el gobierno a un partido político aliado tensiona internamente a las organizaciones entre sectores más propensos a confrontar para acelerar cambios y otros más moderados que piden paciencia con el gobierno. FUCVAM nos brinda un interesante ejemplo de estas tensiones, esta vez en el documento resultante de su 62aAsamblea Extraordinaria de abril de 2013. En la misma, refiriéndose a su vínculo con el poder político, se señala “Puede ser discutible el accionar de Federación frente al gobierno, pero difícilmente se pueda sostener que hemos perdido independencia política o que somos furgón de cola. Esto no debe ser confundido con el hecho que articulamos por programa, esto es, coincidimos y trabajamos juntos, discrepamos, negociamos y/o nos movilizamos.” (FUCVAM, 2013a: 5)  

En términos generales no parece haber por el momento conflictos demasiado graves entre el FA y las organizaciones sociales. No obstante, los recientes conflictos de la salud y de la educación que ha tenido que enfrentar el gobierno de Mujica revelan la existencia de grupos que sí buscan tensionar al gobierno con el fin de acelerar algunas reformas. De todos modos, los equilibrios actuales en el PIT-CNT siguen permitiendo una relación estratégica cordial de la central sindical con el FA, principal aliado del gobierno en el mundo social.

Si pensamos en otros movimientos sociales (DDHH, estudiantes, jubilados y pensionistas, afro, feminista, diversidad), además de atender algunas de sus demandas, el FA ha logrado articular con los mismos, integrándolos más o menos directamente a instancias de discusión en el aparato estatal. En una serie de entrevistas que realicé hace unos meses a distintos líderes de organizaciones sociales, la mayor cercanía y acceso a las figuras gubernamentales fue señalada reiteradamente un cambio positivo cualitativo respecto al escenario previo a 2005. Las organizaciones sociales disponen de canales privilegiados para posicionar sus demandas en los gobiernos de izquierda y son reconocidas como interlocutores de importancia (al menos en una medida muy superior a lo que sucedía en gobiernos anteriores). No obstante, esta misma realidad puede ser abordada desde un punto de vista crítico. Por ejemplo, el sociólogo Alfredo Falero señala que el contexto inaugurado en 2005 podía tener tres posibles resultados para los movimientos sociales: resignación, cooptación o rebelión lenta[1]. El balance de Falero respecto a la situación actual es que la movilización social ha entrado en una etapa de resignación y cooptación, con expresiones marginales de rebelión lenta. En base a este diagnóstico, cabe preguntarse si el acceso al aparato estatal y la atención por parte del sistema político de algunas demandas tradicionales del movimiento social deben ser interpretadas necesariamente como cooptación o pueden también ser entendidas como un proceso exitoso de influencia sobre el poder político.

De todos modos, e independientemente de cómo se interpreten estas relaciones, es posible afirmar que al día de hoy el Frente Amplio sigue manteniendo relaciones privilegiadas con las organizaciones sociales más importantes del país. En este panorama,  un estallido social “a la brasilera” como el planteado por Joselo López (en declaraciones insistentemente reproducidas por la prensa) parece imposible; al menos como consecuencia de la acción de las organizaciones sociales tradicionales.



Finalmente, un caso que reviste especial interés por ser cualitativamente distinto a los movimientos sociales clásicos uruguayos es el del movimiento contra la mega minería que ha cobrado particular fuerza en los últimos años. Es posible señalar dos características principales que lo distinguen del resto. En primer lugar, es un movimiento descentralizado, que articula organizaciones heterogéneas presentes en la mayoría de los departamentos del país. Estas organizaciones articulan en Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, donde los referentes sociales clásicos no cumplen un rol de liderazgo. En segundo lugar, las organizaciones de la Asamblea no tienen mayores vínculos con el FA. La distancia entre el movimiento y el gobierno se ha hecho patente en la voluntad explícita del mismo por mostrarse apartidario y confrontar abiertamente con el modelo de desarrollo frenteamplista así como en la incapacidad/falta de voluntad del FA para articular con el mismo. La ausencia de lealtades recíprocas condiciona el relacionamiento entre poder político y movilización social, lo que hace de este movimiento un caso atípico en el contexto actual que merece la pena ser analizado en mayor profundidad.

En conclusión, en los últimos tiempos parece haber surgido una mayor conflictividad entre algunos actores sociales y el gobierno frenteamplista. No obstante, por el momento no hay signos de una ruptura entre los movimientos sociales y el partido que históricamente ha sido más cercano a los mismos. El año electoral que se avecina será sin dudas aprovechado por el FA y las organizaciones sociales para hacer un balance sobre estas relaciones y proyectarlas hacia el futuro. Habrá que estar atentos, las alianzas político-sociales condicionan las agendas políticas gubernamentales así como las perspectivas de los movimientos, por lo que en la definición de las mismas mucho se juega el país ante un eventual tercer gobierno frenteamplista.

Bibliografía

Falero, Alfredo. “Movimientos Sociales y la Recreación del Campo Popular en Uruguay: Desafios Urgentes”. Documento disponible en línea: http://www.extension.edu.uy/sites/extension.edu.uy/files/articulo_rel_mov_sociales_y_campo_politico_alfredo_falero.pdf [sitio web consultado el 15/09/2013].

Goldstone, Jack A. ed. 2003. States, Parties and Social Movements. New York: Cambridge University Press.

Maguire, Diarmuid. 1995. “Opposition Movements and Opposition Parties: Equal Partners or Dependent Relations in the Struggle for Power and Reform?” In The Politics of Social Protest: Comparative Perspectives on States and Social Movements, edited by J. Craig Jenkins and Bert Klandermans, 199-228, MN: University of Minnesota Press.

Documentos consultados

FUCVAM (2013a). “La FUCVAM que construimos pensando en la que queremos; entre la continuidad y la ruptura”, 62a Asamblea Nacional Extraordinaria.
FUCVAM (2013b). “Memoria 2010-2012”, 29a Asamblea Nacional Ordinaria.












No todo es distribución progresiva en el gobierno de izquierda



Foto: Adriana Cabrera Esteve

Hoy 12 de setiembre, un grupo de uruguayos, un grupo minoritario de uruguayos, pudo acceder al sitio web del BPS y confirmar cuanto dinero le va a devolver el FONASA. Se trata de un grupo muy minoritario, ya que para estar en dicha situación es necesario haber tenido durante el año 2012 un salario promedio que supere los $ 40.000.

Hace un par de meses, en el marco de la discusión parlamentaria sobre la rendición de cuentas, varios actores del gobierno habían mencionado la posibilidad de eliminar la devolución del FONASA. La idea surgió, aparentemente, como un camino para hacer caja y así financiar algunas de las demandas sociales que implicaban un aumento del presupuesto.

Posteriormente, la iniciativa perdió fuerza. Principalmente porque los derechos a recibir la devolución este año, se habían originado el año pasado y, por lo tanto, su eliminación planteaba varios problemas legales. Por lo tanto, la medida no servía para hacer caja este año ni el que viene.

Pero repasemos un poco como fue que se generó una medida que fue aprobada hace solo tres años y ahora era considerada su eliminación.

En el año 2011, en el marco del avance de la reforma de la salud, estaba prevista la eliminación de las Cajas de Auxilio y la incorporación de sus beneficiarios al FONASA. Dicha medida generó importantes resistencias entre los directamente afectados.

El objetivo de la creación del seguro nacional de salud en 2008 era, según el gobierno, permitir que cada persona pudiera tener una cobertura de salud de calidad realizando un aporte económico proporcional a sus ingresos. La idea era ir expandiendo ese seguro gradualmente hasta abarcar a toda la población uruguaya.

Esta lógica implicaba que todos beneficiarios aportaban al FONASA un porcentaje de sus ingresos y con la suma de todos los aportes se financiaba la misma cobertura de salud para todos. Obviamente si un trabajador tenía un salario bajo su aporte sería también bajo y por si solo no alcanzaría para financiar su cobertura de salud. Pero dentro del seguro también hay trabajadores con salarios altos y, por lo tanto, que realizaban aportes altos con los cuales se podía financiar la cobertura de salud de más de una persona. De esta manera los aportes del trabajador de salarios altos servían para darle cobertura de salud al trabajador de salarios bajos. Esta es la lógica que tenía el FONASA en sus primeros cuatro años y, por eso se decía que era un sistema solidario. Pero para que funcionase las personas de ingresos altos tenían que incorporase al mismo.

Las Cajas de Auxilio tenían una lógica totalmente distinta. En dichas instituciones cada grupo de trabajadores tenía su propio “pequeño fonasa” aparte del resto. Realizaban aportes que no iban al FONASA sino a su propia CA y con ello financiaban su cobertura de salud que, al tener salarios promedio mayores, era más amplia. Y de esa manera no contribuían a financiar la cobertura de salud de los trabajadores con menores salarios.

Dado el conflicto político que implicaba la incorporación de las Cajas de Auxilio, al gobierno no se le ocurrió mejor idea que la devolución de aportes al FONASA. La mayoría de los beneficiarios de dichas cajas eran personas ubicadas entre las de mayores ingresos de Uruguay. De modo que, la devolución de aportes implicaba que lo que el gobierno les sacaba con una mano, se lo devolvía con la otra, pero lo devolvía con creces. Con el agravante de que la nueva medida, no solo le devuelve aportes a los beneficiarios de las Cajas de Auxilio, sino a todos los aportantes de mayores ingresos. Y cuanto más alto es su salario, mayor es la devolución.

Los trabajadores de mayores salarios dejaron de aportar al FONASA para financiar la cobertura de salud de los otros trabajadores, aquellos con salarios menores. Ya que lo que aportaban de más, les era devuelto al año siguiente. Sin embargo, públicamente el gobierno se anotó un triunfo, ya que logró la eliminación de las Cajas de Auxilio. Pero la victoria fue, desde el punto de vista distributivo, una victoria pírrica.

Algunos jerarcas del gobierno justificaron la media señalando que la idea era que la contribución al FONASA se pareciera a un precio, que no era el rol del FONASA ser un instrumento redistributivo, que para eso estaba el impuesto a la renta, que en todo caso se podía subir el IRPF de los más ricos para compensar el efecto regresivo de la medida.

Pero el aumento del IRPF a los ricos nunca llegó. Al descartar la eliminación de la devolución del FONASA, aparentemente porque la medida no servía para recaudar más este año y el que viene, el gobierno se perdió la oportunidad de enmendar uno de sus grandes errores del presente período.

El tiempo (de todos?) es oro


En Uruguay, existe desde hace tiempo una extensa evidencia que muestra que el tiempo de trabajo no remunerado (es decir, aquel dedicado mayoritariamente a tareas domésticas y al cuidado de otros) se distribuye en forma muy desigual entre hombres y mujeres. Estas últimas son quienes cargan con mayor frecuencia con estas tareas, sumando muchas veces horas de trabajo no remunerado a las trabajadas en forma remunerada. Los datos provenientes de encuestas de uso del tiempo son concluyentes respecto a la todavía fuerte asociación entre ser mujer y cuidar a los niños pequeños o a los adultos mayores, así como a realizar la limpieza del hogar, cocinar o trasladar a los niños a los centros educativos. Y los estudios también indican que esta asociación es mucho más marcada entre las mujeres de menores ingresos, aquellas donde la opción de contratar a alguien para que cuide a los niños o de pagar un jardín infantil no es viable[i].  Es en base a esta evidencia que el debate sobre la construcción de un sistema de cuidados enfatiza, por ejemplo, la necesidad de expandir la oferta de servicios de cuidado infantil, priorizando a los sectores más vulnerables.

Pero más allá de este diagnóstico inicial, existen otras dimensiones asociadas a la valoración diferencial que la sociedad hace del tiempo de las personas: de hombres y de mujeres, y de personas más y menos pobres, y que son igualmente relevantes para pensar políticas públicas.  En esta nota quisiera hacer una breve referencia a algunas de estas dimensiones.

Una investigación reciente [ii] estudia un conjunto de actividades o trámites que todas las familias con hijos pequeños deben obligatoriamente realizar -como los controles de embarazo y los controles pediátricos del niño sano- y analiza la magnitud y las condiciones de las inversiones de tiempo que distintas familias hacen para llevarlos a cabo.


El estudio confirma, en primer lugar, que muchos de los trámites o gestiones asociadas al cuidado de los niños son realizadas por las madres o por mujeres y que son ellas, por tanto, quienes asumen los costos de tiempo que estas gestiones requieren. La investigación reafirma, en segundo lugar, lo que algunos expertos en movilidad han dicho[iii]: la realización de estas actividades lleva aparejada una movilidad en la ciudad, y el tiempo de la movilidad se distribuye en forma muy diferente entre hombres y mujeres y entre sectores de más y menos ingresos. En particular, los pobres demoran mucho más que los sectores de más ingresos en trasladarse de su hogar al trabajo o hacia otros puntos de la ciudad donde deben realizar, por ejemplo, el control del niño sano, o el control de embarazo. En general recorren distancias más largas y lo hacen por medios más lentos (transporte público), lo que equivale a decir que el cumplimiento de estas actividades obligatorias genera costos diferenciales de tiempo que tienden a perjudicar a los hogares más pobres.

Y el estudio también releva fenómenos hasta ahora poco documentados sobre el tiempo que las políticas públicas asumen que las personas tienen y deben dedicar a ciertas tareas. Esto se pone en evidencia cuando se considera el tiempo de realización del trámite o de la actividad, incluyendo en él el tiempo de espera. La investigación indica que  las mujeres de los hogares más pobres no solo demoran mucho más que las de más ingresos en la realización del control del niño sano o de embarazo -entre que llegan y se van de la policlínica o centro de salud-, sino que presentan tiempos de espera que están absolutamente alejados de lo que normalmente se prevé como razonable para este tipo de controles. Más aún, muchas veces la incertidumbre sobre el momento en que el niño o la mujer va a ser atendido es tan grande que las personas asumen que van a dedicar más de 5 o 6 horas a esperar a que los atiendan –y eso muchas veces ocurre!-. No hace falta recordar que estas esperas se hacen muchas veces con embarazos avanzados o con la compañía de niños pequeños.

Esto, por cierto, no es una realidad exclusiva de los servicios públicos. De hecho, el estudio refleja experiencias de servicios públicos de salud que hacen un uso muy eficiente del tiempo de sus pacientes. Y también pone de relieve las largas esperas que muchas veces enfrentan los pacientes de las mutualistas. Lo que es claro, más allá de los subsistemas, es que las esperas largas y la incertidumbre sobre cuando se prestará el servicio operan, en los sectores más pobres, como una barrera para el acceso a las oportunidades –sea porque las mujeres optan o no tienen margen alguno para transitar por las eternas esperas, sea porque asumen que deben hacerlo y eso se suma a los factores que les impiden acceder a otras oportunidades, entre ellas las laborales -. 

En contraste, el subsistema privado destaca por los ahorros de tiempo y las facilidades de planificación que permite a sus usuarios. Como resultado, entre las mujeres de estos estratos es mucho menos frecuente que la incertidumbre sobre el tiempo que insumirá el trámite se traduzca en una jornada laboral perdida. Pero si éste no fuera el caso, eso tampoco sería demasiado problemático, porque son estas las mujeres que suelen tener mayores niveles de flexibilidad en sus trabajos; esto es, las que cuentan con márgenes para ausentarse durante parte de la jornada o la jornada entera sin que eso perjudique su condición laboral.

En definitiva, en la distribución del tiempo de movilidad en la ciudad y del tiempo de espera en ciertos servicios clave –cuyo uso es exigido a todos por igual- existe un patrón regresivo, donde los sectores menos favorecidos resultan más perjudicados. Vale un apunte más: el mismo tiempo de espera es calificado como aceptable o incluso bajo por las mujeres de menores ingresos, mientras que sus pares de mayor nivel socioeconómico lo consideran excesivo. Sin embargo, parece claro que el hecho de que algunas personas perciban como aceptables ciertos costos temporales y personales excesivos no los convierte en tales. Tampoco parece válido que las políticas asuman que las mujeres de menores recursos tienen mucho tiempo disponible y, por ello, conviertan ese tiempo en una de las variables de ajuste del sistema de protección social.








[i] Véase, por ejemplo:
Aguirre, Rosario. y Batthyány, Karina. (2005) El cuidado infantil en Montevideo. Análisis de resultados de la encuesta sobre uso del tiempo: desigualdades sociales y de género. Montevideo, Universidad de la República. UNICEF.
Batthyány, Karina. (2004) Cuidado infantil y trabajo. ¿Un desafío exclusivamente femenino?. Montevideo: OIT-Trazos de la formación, 20.
Batthyány, Karina, Cabrera, Mariana. y Scuro, Lucía. (2007) “Perspectiva de género”. Informe Temático, Encuesta Nacional de Hogares Ampliada. Montevideo: INE.

[ii] Hernández, Diego y Rossel, Cecilia (2013) Tiempo urbano, acceso y desarrollo humano. Cuadernos de Desarrollo Humano Nº 1. Montevideo: PNUD.

[iii] Véase, por ejemplo:

Hernández, Diego (2012a). “Activos y estructuras de oportunidades de movilidad. Una propuesta analítica para el estudio de la accesibilidad por transporte público, el bienestar y la equidad”. Revista EURE, 38 (115), 117‑135 y

Hernandez, Diego (2012b). Políticas de tiempo y movilidad: rasgos básicos, equidad social y de género. Montevideo: pnud Uruguay e Intendencia de Montevideo.

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