The question
of what kind of city we want cannot be divorced from that of what kind of
social ties, relationship to nature, lifestyles, technologies and aesthetic
values we desire. (…) The freedom to make and remake our cities and ourselves
is, I want to argue, one of the most precious yet most neglected of our human
rights.
David Harvey (The
Right to the City)
De las medidas que el
gobierno uruguayo anunció el 20 de junio, como parte de su Estrategia por la
Vida y la Convivencia, es decir para reducir la inseguridad ciudadana, la de
la legalización de la marihuana fue sin lugar a dudas la más farandulera,
recibiendo gran atención nacional e internacionalmente. Una de las que pasó más
inadvertida en aquel momento ha tomado merecida relevancia en el último mes en
algunos medios de prensa[i]
y quiero dedicar hoy esta nota a reflexionar sobre ella, celebrarla y plantear
algunas inquietudes acerca de sus alcances. Su importancia aumenta, además,
porque a diferencia de la de la marihuana, esta medida ya se está
implementando. Me refiero a la inversión en infraestructura urbana de alta
calidad en algunos puntos empobrecidos de la ciudad bajo la forma de “plazas de
convivencia”.
Bajo el lema “más
barrio y más vida” la propuesta es apostarle al espacio público de modo de
generar dinámicas de convivencia sin temor, sin inseguridad, en la periferia
empobrecida de la ciudad. Así, el
gobierno ya está trabajando en una plaza
en el Cerro y proyectando otra en el barrio Ituzaingó (donde está el
Hipódromo de Maroñas). En ambos casos, los emprendimientos combinan
infraestructura para recreación y deportes, estética y funcionalidad. A pesar
de que cada uno tendrá sus particularidades, el modelo es algo similar al implementado
en el Parque Liber Seregni, en el centro de la
ciudad, cuya singularidad atrae a vecinos y visitantes a una manzana de la
ciudad que por mucho tiempo permaneció abandonada, deprimida e insegura.
Ningún interesado en
la ciudad puede estar en desacuerdo con medidas de este tipo. Por lo general
solemos ser fans del espacio público
y más cuando, como en este caso, lo que se propone es pagar deudas sociales y
urbanas con zonas que han sido muy abatidas en los últimos años. Celebro
entonces esta iniciativa. Quiero problematizar sin embargo los alcances de la
misma y para ello me voy a centrar en dos de los alcances que desde el gobierno
se han manejado para justificar la propuesta: seguridad e integración.
Que los espacios
públicos barriales habitados sirven para el control social y la seguridad es
una idea vieja en urbanismo, planteada por Jane Jacobs[ii]
y muchos otros. Si los habitantes de esas zonas se apropian de estas plazas
barriales, seguramente, además de generar sentimientos de pertenencia y de
dignidad, se generarán también sinergias que mejoren la seguridad. Sin embargo,
aun ni en la ciudad que inspira estas obras, Medellín y su “urbanismo social”,
donde se han gastado millones en infraestructura urbana de altísima calidad y
sentido estético en barrios populares, es claro su impacto sobre el delito. A
pesar de que los homicidios bajaron en la ciudad más letal de la Colombia de
los años 90s, muchos sostienen que ello se debe no al urbanismo social sino a
dinámicas internas del narcotráfico (el fin de los grandes carteles).
En relación con la fragmentación,
uno de los asesores del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, decía en una
entrevista que las plazas de convivencia pretenden generar más integración
social a partir del encuentro con un diferente[iii].
En una ciudad crecientemente segregada como la montevideana, donde los barrios pobres
son cada vez más homogéneamente pobres y los habitantes de clases medias y
altas temen cada vez más salir de las zonas de la ciudad que sienten seguras, éste
es un objetivo difícil de lograr. Sólo con intervenciones de la magnitud de la
icónica Biblioteca España en Medellín, se
puede generar la curiosidad de habitantes de otras zonas y turistas (ver foto).
Más allá de estas
dificultades, sin embargo, está claro que sin esos espacios públicos, el logro de
una ciudad integrada será más difícil. Si bien no aseguran mayor seguridad y
menor fragmentación, estas iniciativas al menos lo hacen posible. Invertir en
otros espacios públicos tradicionalmente más pluriclasistas como el centro de
la ciudad, la Rambla o parques como el Rodó también.
Finalmente, en la
receta deben estar la sostenibilidad y la integralidad de estos proyectos. El
caso de Bogotá, cuyo exalcalde Mockus es uno de los asesores de la propuesta de
las plazas de convivencia, es un caso no siempre positivo en cuanto a la sostenibilidad de
algunas de sus intervenciones. Hoy en día Bogotá está en crisis de movilidad y poco queda de la
“cultura ciudadana” que este alcalde quiso implantar[iv].
El caso de Medellín, por su parte, de donde también recibimos asesores, muestra
no sólo éxitos. La persistente situación
de pobreza, desplazamiento interno y homicidios en la Comuna 13 de esa ciudad
deja ver, por ejemplo, que no alcanza con una obra majestuosa de
infraestructura como un teleférico (Metrocable).[v]
Obras urbanas y sociales integrales que acompañen esa acupuntura urbana son
clave para el éxito de los proyectos. Aparentemente, según la propuesta del
gobierno uruguayo, esta integralidad será parte fundamental de las
intervenciones y se apoyará en coordinaciones interministeriales. Ojalá veamos
en un tiempo artículos en el New York
Times sobre el caso exitoso de Montevideo, la ciudad que se reinventó y
reintegró, como vemos hoy acerca de Medellín.[vi]
Foto:
Medellín, Línea K del Metrocable con la Biblioteca España detrás. Foto tomada
por Julio D. Dávila. Aparece en: Brand, Peter y Julio D. Dávila. 2011. “Mobility innovation at the urban
margins. Medellín's Metrocables.” Cities,
15 (6).
[iv] Justin McGuirk, “Colombia's architectural tale of two cities”, The
Guardian, 11 de abril de 2012.
