Un gran hermano para el área social

Hace algunos días se anunció públicamente la puesta en producción del Sistema de Información Integrada para el Área Social (SIIAS), un proyecto que lleva ya varios años de trabajo y ha implicado el esfuerzo coordinado de los principales organismos públicos del área social. Básicamente y en forma simplificada, lo que el SIIAS hace es integrar los registros de beneficiarios de los organismos públicos a partir del número de cédula de identidad.

La noticia pasó desapercibida pero quiero en esta nota destacarla por varias razones.

La idea del SIIAS es bastante simple pero muchas han sido las trabas por las que históricamente el país había tenido dificultades para avanzar en esta dirección. La menos importante, los costos de construir un sistema informático potente y versátil, que permitiera el manejo de la información a nivel individual y también que habilitara el uso de indicadores agregados. La más importante, la voluntad política de ceder una “fuente de poder” (los datos) y también una cierta paranoia a que los datos personales de los beneficiarios de las políticas públicas “salieran” de las computadoras y la oficinas de cada organismo y que fueran a parar a manos de un “Gran Hermano” estatal del área social.

Pero no todo en las posiciones que durante mucho tiempo retrasaron el proceso son paranoia y pereza política. Hay otros tres argumentos quizá menos importantes pero que tocan directamente el compromiso de una por destacar hoy esta noticia: El primero es que quienes promueven proyectos de este tipo –básicamente un ejército de sociólogos, economistas e informáticos- tienen una avidez maquiavélica por tener datos que después no saben para qué usar. El segundo es que los datos no reflejan adecuadamente la compleja realidad de cada beneficiario. El tercero, ¿por qué el estado quiere saber todo sobre los pobres y no sobre los ricos?

Quisiera aclarar algunas cosas:

En mi opinión, es una muy buena noticia que el país hay resuelto superar –no sin un arduo y lento trabajo político y legal- los dos principales obstáculos –pereza política y paranoia- que han bloqueado por años la idea que el SIIAS logró hacer realidad e ir “al hueso” de los problemas y conflictos que cerraban la posibilidad de integrar esta información. Esto ha permitido dar un paso importante hacia el bien público, con el estado como garante fundamental y con la autoridad social del MIDES a la cabeza.

Con este argumento, está claro que no hace falta responder en extenso a las frecuentes quejas que suelen aparecer ante iniciativas como el SIIAS. Baste con señalar:

1. Que las externalidades positivas de este proceso son evidentes. El uso de esta información permitirá  conocer mejor qué está haciendo, como y a quién está llegando el sistema de protección social y cómo se combinan en los hogares y en el territorio los distintos dispositivos e intervenciones que se derivan de cientos de programas y políticas. También permitirá identificar mejor a la población objetivo de cada intervención social, ubicar las superposiciones virtuosas de las políticas y también las omisiones viciosas de cobertura. Hay demasiadas cosas que quienes hemos trabajado o trabajamos en la formulación y evaluación de políticas sociales creemos saber y que en realidad no sabemos. Y hay muchísimas cosas más que nunca supimos y que necesitamos saber para tomar mejores decisiones.

Ni que hablar del potencial que un sistema de este tipo –aunque ahora no se lo plantee como objetivo- tiene para la gestión de los registros que administra cada organismo público del área social (y que se alimentan del formulario que uno tiene que llenar, el certificado que tiene que presentar, la demostración de medios que tiene que acreditar).

2. Que los datos integrados en  el SIIAS por supuesto no reflejan por completo la realidad de cada beneficiario. Para eso se requerirían otros datos, otras técnicas de recolección, otro enfoque. Pero hay una cosa que está clara: con una herramienta como el SIIAS es posible juntar las “partecitas” de registros desperdigadas por múltiples organismos y sistemas informáticos, y tener una visión más completa de las necesidades y la forma en que el sistema de protección social llega –o debería llegar- a cada individuo y a cada familia. Esto no es poca cosa.

3. Que el SIIAS tiene vocación de integrar registros universales y de hecho ya hoy lo hace. Eso no quita que la mayor parte de los datos –o los datos más completos- provengan de familias de menores ingresos, porque son ellas las que en mayor medida hacen uso de los beneficios, servicios y prestaciones públicas. Conocer más sobre a quienes, como y donde el sistema de protección social cubre a la población más vulnerable del país no es un deseo maquiavélico del estado uruguayo y de los organismos que hoy conforman el SIIAS, es una obligación.

Bienvenido Gran Hermano del área social…..

Regalados y callados


Desde que el domingo pasado los uruguayos conocieron que en el Hospital Maciel y la Asociación Española, dos enfermeros asesinaron a 16 pacientes durante el 2011 y lo que va del 2012,[1] son muchas las expresiones que se escuchan entre los uruguayos. Algunas expresan horror, otras son de dolor, y son varios los que dicen “estamos regalados”.

No voy a describir el caso ya conocido por todos, ni tampoco voy a analizar las posibles explicaciones de lo sucedido (si los enfermeros son psicópatas, si son asesinos seriales, si lo hicieron por “piedad” o porque los pacientes los molestaban). Si bien la espectacularidad de los hechos genera mucho impacto, lo que verdaderamente hace que las personas se sientan vulnerables es que a cualquiera le podría haber pasado. Cualquiera puede estar “grave”, o ni siquiera tan grave, en una institución de salud uruguaya. Le puede pasar a alguien joven como a alguien entrado en años, a alguien con muchos recursos económicos como a alguien pobre, todos podemos ser parte del “target”. Esto es parte de la razón del “estamos regalados”.

Sin embargo, hay algo más detrás de la sensación de vulnerabilidad producida porque existan psicópatas que pueden llegar a cometer crímenes de ese tipo, y es el hecho de que tuvieron que suceder al menos 16 muertes, para que se descubriera lo que estaba pasando. Aún más, la investigación no empezó porque se detectara alguna anomalía a través de los controles del sistema de salud, sino por la iniciativa individual de una enfermera que se animó a realizar la denuncia policial. El aumento de la tasa de mortalidad, la desaparición de dosis de morfina, las denuncias anteriores realizadas contra uno de los enfermeros, o la muerte sorpresiva de una persona que ya había sido dada de alta, no fueron suficientes para hacer saltar los botones de alarma del sistema de salud uruguayo. No fueron los mecanismos de control establecidos por el Estado, aquellos que se supone nos garantizan que podemos estar tranquilos, los que activaron la investigación policial.

Esto no es casual. Los uruguayos somos consumidores poco críticos. No nos quejamos y aceptamos que las cosas funcionen de manera regular (en el sentido de no muy bien), sobretodo, cuando se trata de asuntos médicos. La foto que antecede esta nota, fue publicada ayer, 21 de marzo, por el diario La República con el título “¿Qué esconden los enfermeros?”. La imagen de la enfermera pidiendo silencio, es fácilmente reconocible por la mayoría de las personas. Si bien ahora no es tan común encontrarla colgada en sanatorios y hospitales, lo fue durante muchos años. Apenas la vi, pensé en el efecto persuasivo que había tenido esa imagen en la cultura uruguaya, parece que nos influyó mucho, ya que aprendimos a quedarnos “calladitos”, en silencio, frente al sistema de salud que tenemos. Tanto es así que aceptamos que exista “corralito mutual” (e incluso se debate si reabrirlo para la Asociación Española en este contexto), aceptamos que las operaciones de cataratas sean sin costo para aquellos que no tienen recursos pero que quienes aportan 6% de su salario al FONASA tengan que pagarla, aceptamos que la analgesia de parto se cobre, aceptamos que si uno tiene que operarse de cálculos en la vesícula y quiere hacerlo usando tecnología que mejora el post-operatorio tenga que pagarlo de forma privada a pesar de que el sistema mutual cuente con la tecnología, y también aceptamos que el país cuente con un robot quirúrgico como el “DaVinci” y sin embargo todavía no haya habilitado su uso. Atrás de cada una de estas decisiones habrá distintas explicaciones: definiciones del gobierno sobre el uso de la tecnología, presión corporativa de algunas especialidades médicas, regulación de las instituciones mutuales, pero lo que es cierto es que los uruguayos las aceptamos bien “calladitos”.

Mientras el clima de opinión reinante es que estamos “regalados”, y sin embargo nos quedamos “calladitos”, la oposición usa este terrible acontecimiento en contra del gobierno pidiendo la cabeza del Ministro de Salud Pública Jorge Venegas. Parece lógico que se busquen los responsables de no haber detectado los asesinatos antes y haber llegado a 16, pero, ¿es el Ministro quién debería haber percibido las alarmas? Parece que algunas de las fallas del sistema de salud claramente anteceden a la actuación del ministro Venegas ¿Cuándo llegará el día que nos animemos a mirar los problemas del país más allá de las posiciones político partidarias? Tal vez ese día los uruguayos, como ciudadanos y consumidores, rompamos el silencio y nos sintamos menos “regalados”.


[1] Al momento de escribir esta nota, debido a que continúan apareciendo denuncias y la investigación no está cerrada, no existe seguridad sobre el número de personas asesinadas ni el período en que fueron realizados los crímenes.



Rosario Queirolo

Yo cuido, nosotras cuidamos, ellas nos cuidan



Hace una semana el mundo celebraba el Día Internacional de la Mujer. Un sinfín de mensajes engolosinados del tipo “se escribe perfección pero se pronuncia mujer” que circularon en redes sociales y otros medios de comunicación fueron contrarrestados con noticias cuyo contenido abofeteaba cualquier festejo simple de ese día. Algunas fueron que una mujer murió en el Hospital de Clínicas por una complicación al querer abortar clandestinamente con Misoprostol y que Uruguay tiene una de las tasas más altas en América Latina de muerte ocasionadas por su pareja o expareja. En esta nota quiero problematizar un aspecto distinto de las desigualdades persistentes de género: la economía del cuidado y, principalmente, su relación con el servicio doméstico.

El Panorama Social de América Latina 2009 (CEPAL 2009) nos alarma frente a lo que llama “la crisis del cuidado y la doble discriminación de género.” Allí se ofrecen datos de las encuestas de uso del tiempo para diversos países de América Latina. Ellos ponen en evidencia quiénes han asumido los costos de la revolución de género del último siglo con la entrada masiva de las mujeres al mercado de trabajo: las propias mujeres con su doble jornada. En todos los países para los que tenemos información las mujeres trabajan en promedio más que los hombres si contamos las horas de trabajo remunerado y no remunerado. Y trabajan desproporcionadamente más en trabajos no remunerados, es decir en trabajos de cuidado (de la casa, de los niños, de los adultos, de los enfermos, etc.). Uruguay no es excepción en esto. Mientras en promedio las mujeres realizan 4 horas y 25 minutos de trabajo no remunerado por día, la cifra para los hombres es de 1 hora y 42 minutos. Casi 3 horas menos por día, 13 horas y media menos por semana, 54 horas menos por mes [1].

Más interesante aún, para los hombres, esto no varía según nivel socioeconómico. Independientemente del quintil de ingresos del que hablemos, los hombres no dedican más horas al trabajo doméstico. Para las mujeres sí hay un cambio, sin embargo. Las mujeres disminuyen la cantidad de horas dedicadas al cuidado a medida que aumentan sus ingresos (aunque valga aclarar, siempre son superiores que para los hombres).
Y aquí viene la conexión que proponía al inicio. ¿Quiénes se encargan de esas horas de cuidado que dejan de cumplir las mujeres de mayores ingresos? Otras mujeres. Mujeres con menos ingresos y empleos más precarios, cuya doble jornada consiste en trabajo de cuidado pago y trabajo de cuidado no pago en sus propios hogares.

Según Amarante y Espino (2008) el servicio doméstico en Uruguay está casi totalmente (99%) a cargo de mujeres y es contratado fundamentalmente por los hogares de más ingresos (noveno y décimo decil). Además, es una gran fuente de empleo en el país. De hecho un 18% de las mujeres ocupadas lo hacen en servicio doméstico, porcentaje alto comparado con la región. A pesar de lo fundamental de las tareas que realizan para la reproducción de los hogares, su remuneración es muy inferior al del promedio de las mujeres ocupadas (45% menos) y la mayoría son trabajadoras informales, es decir no tienen protecciones. Muchas trabajadoras domésticas no alcanzan a estar por encima de la línea de pobreza.

Hemos mejorado en los últimos años. A partir de la Ley de Servicio Doméstico de 2006 (Ley 18.065), que entre otras cosas declara aplicables las normas laborales y de seguridad social, y de la campaña que la acompañó, la cotización aumentó. Pasamos de un 70% de empleadas domésticas que no cotizaba a un 58% que no lo hace (Aguirre y Scuro 2010). Pero la cifra es aún alta. Y encubre además otros problemas de ese complejo oficio sobre los que poco sabemos.

El empleo doméstico tiene unas particularidades que lo distinguen de otros empleos y que lo sitúa en una situación de vulnerabilidad. La cercanía de la intimidad doméstica contrasta con la gran distancia social que frecuentemente existe entre empleadores y empleada. Relaciones afectivas, de patronazgo, de abuso, de dependencia, violencia simbólica y, en algunos casos, violencia sexual son algunas de las posibilidades que se mencionan en estudios realizados en otros contextos. Queda mucho por investigar y por mejorar en torno a este oficio, para que algún día podamos decir feliz día y feliz vida o vida digna para TODAS las mujeres.

Referencias:

Aguirre, Rosario, and Lucía Scuro. 2010. Panorama del sistema previsional y género en Uruguay: avances y desafíos. Santiago de Chile: CEPAL.

Amarante, Verónica y Alma Espino. 2008. “Situación del servicio doméstico en Uruguay”, en: Uruguay: ampliando las oportunidades laborales para las mujeres, Montevideo: INAMU/Banco Mundial.
CEPAL 2010. Panorama Social De América Latina 2009. Santiago de Chile: CEPAL, Publicaciones de Naciones Unidas.


[1] Esta distribución inequitativa de las tareas domésticas no es privativa de la región. En un estudio que compara Estados Unidos y Suecia, Wright encuentra lo que el llama el “no efecto de la clase sobre la división del trabajo en el hogar”. Ver: Wright, Erik Olin. 1997. Class counts : comparative studies in class analysis. Cambridge; New York; Paris: Cambridge University Press ; Maison des sciences de l'homme.

Drogas y delito de jóvenes



Cuando volví a Uruguay quede sorprendido tanto por el nivel de inseguridad/pánico existente con el delito de los jóvenes, como por el convencimiento de que la causa fundamental de este problema era el consumo de drogas. Lo extraordinario es que este si bien este diagnostico parece estar ampliamente consensuado (o al menos eso percibo en mi círculo de amistades, conocidos, colegas, medios de prensa que consumo, etc.), no suele haber mucho fundamento empírico detrás del mismo.
En este contexto, es interesante la noticia publicada en El País el jueves 1 de marzo de 2012, donde se cita un estudio sobre la relación droga y delito en adolescentes infractores (en Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Uruguay) realizado en el marco de la ONU y la OEA. La investigación para el caso de Uruguay involucró un censo donde se encuestaron 177 jóvenes entre 13 y 18 años atendidos por los programas de INAU.
Más allá de que se mencionan problemas en diversas dimensiones en la vida de los jóvenes infractores (familia, amistades, educación, uso de tiempo libre, victimización, etc.) el cronista destacaba cinco resultados vinculados a drogas:
1. El titular: “de cada cinco delitos, uno estaría relacionado con drogas
2. En algún periodo de su vida “el 61% consumió marihuana de forma cotidiana, el 42,4% pasta base, el 32.4% alcohol, y el 26.6% cocaína
3. El mismo día de la infracción “un tercio de los infractores consumió alcohol…uno de cada diez consumió marihuana, 5% pasta base, 2.6% cocaína y el 1.5% alguna sustancia inhalable
4. Los niveles de consumo de drogas de los jóvenes internados en los hogares de SEMEJI tienen características e intensidades muy diferentes a las de la media poblacional, y por supuesto a la de los jóvenes que están insertos en la educación secundaria
5. Se trata de hogares pobres donde el altísimo consumo de sustancias psicoactivas es otra de las características que los define…la semejanza con los resultados tanto de consumo de niños en situación de calle como los de la población carcelaria, lo evidencian
Si bien la impresión inicial es que estos datos respaldan el diagnostico intuitivo – alarmista, quiero destacar tres limitaciones bastante simples y obvias derivadas del tipo de muestra (población exclusivamente infractora) pero que ayudan a visualizar la complejidad del vinculo entre drogas y delito, y por ende, a ser más cautelosos y relativizar el rol explicativo de las drogas sobre el delito.
En primer lugar, más allá de que los elevados niveles de prevalencia de consumo de drogas entre los infractores (mencionadas en los resultados 2 – 4) puedan preocupar, estas cifras carecen de implicancias explicativas. No se provee de una caracterización análoga de los consumos de drogas para la población adolescente no involucrada en el delito. Si bien el estudio citado menciona una encuesta realizada en hogares en 2006 y una encuesta en secundaria en 2007, los datos no son presentados. La única grafica presente (pag. 81) compara a los jóvenes infractores con otras dos poblaciones vulnerables (niños en la calle y población carcelaria). Sería útil presentar información que mostrara que los jóvenes que no cometen infracciones poseen niveles de consumo de drogas nulos o mucho más bajos comparativamente.
En segundo lugar, el titular de la nota donde se establece que la droga está involucrada en el 20% de los delitos tiene mayor relevancia explicativa. El estudio utiliza el modelo de Goldstein (con correcciones de Pernanen y Brochu)[1] para establecer cuanto delito puede atribuirse al consumo de droga. Para ello se establecen tres variantes: una conexión sistemática que involucra delitos asociadas a peleas entre productores, intermediarios y consumidores de drogas; una conexión económico – compulsiva que refiere a aquellos delitos que se realizaron para proveerse de drogas o de medios para comprar drogas; y la conexión psicofarmacológica donde el delito se produce bajo los efectos estimulantes de las drogas (pags. 24 y 25). No obstante, precisamente por centrarse exclusivamente en la población infractora el tipo de vínculo causal que puede establecerse es exclusivamente de suficiencia causal, no de necesidad causal. En otras palabras, diversas formas de delito juvenil pueden tener lugar en Uruguay sin requerir la presencia del consumo de drogas. Así mismo, la forma de medir el vínculo entre drogas y delito tiene limitaciones. Por ejemplo, la conexión psicofarmacológica entre droga y delito se evalúa haciéndole una pregunta contra fáctica al joven infractor (“¿Lo habría hecho si no hubiese estado con marihuana/pasta base (bazuco)/cocaína/alcohol?”) que exige facultades cognitivas y memorísticas muy elevadas y dudosas, especialmente si se considera que muchos de estos adolescentes pueden poseer serias limitaciones en dichas capacidades tanto por las condiciones extremas de vida como el propio consumo de drogas.
En tercer lugar, emplear técnicas exclusivamente descriptivas aplicadas a este tipo de muestras limita nuestro entendimiento en el sentido de que impide controlar el posible efecto de otras dimensiones o variables relevantes para la explicación del delito (problemas familiares, grupo de pares delictivo, tensiones experimentadas, problemas de personalidad, etc.). De esta manera, no solo sobre-estimamos la importancia que poseen las drogas, y en el peor de los casos ignoramos un vínculo muy débil; sino que perdemos capacidad de poder visualizar múltiples y posibles relaciones causales y efectos interactivos existentes entre el consumo de drogas, otras dimensiones de vulnerabilidad, y el delito de los jóvenes. De hecho la investigación internacional muestra que los vínculos entre drogas y delitos están lejos de ser sencillos. El hecho no es solo que algunos trabajos han mostrado como el consumo de drogas puede tener roles causales muy diferentes como variable independiente, interviniente o intermediaria (Parker 1995)[2], sino que en algunos trabajos se ha detectado como el vínculo es inverso: es el mundo del delito el que produce el involucramiento del joven en el consumo de las drogas (Inciardi et al 1993)[3]. Investigaciones que emplean diseños longitudinales han logrado mostrar relaciones aun más complejas donde el inicio en el mundo del delito, genera ingresos suficientes como para consumir habitualmente drogas, lo cual tiende a producir dependencia y adicción, reforzando y retroalimentando de esta manera la reincidencia delictiva (White and Gorman 2000)[4]. Al mismo tiempo, otras investigaciones han intentado probar que el vínculo entre drogas y delito es espurio y que ambas son manifestaciones conductuales de un antecedente causal común (Gottfredson & Hirschi, 1990)[5]. Y finalmente, el tipo de diseño de investigación empleado (cualitativo/cuantitativo; crossection/longitudinal) y el tipo de muestra (ofensores, adictos, población representativa) naturalmente incide muy poderosamente en el tipo de vínculos explicativos a observar (Bennett y Holloway 2005)[6].
En un país donde la investigación empírica cuantitativa en estos temas es escasa este tipo de estudios son un avance relevante. No obstante, es importante ser consciente de las limitaciones a los efectos de no sobre-estimar el rol explicativo del consumo de drogas sobre el volumen del delito juvenil, y más si va a ser utilizado como razón para aplicar políticas prohibicionistas.

Nicolás Trajtenberg



[1] Goldstein, Paul (1985) “The Drugs/Violence Nexus. A Tripartite Conceptual Framework”, Journal of Drug Issues, 39: 493-506; Pernanen, K. et al. (2002) “Proportions of Crimes Associated with Alcohol and Other Drugs in Canada”, Canadian Centre on Substance Abuse.
[2] Nash Parker R. (1995) Bringing ''Booze'' Back In: The Relationship Between Alcohol and Homicide
Journal of Research in Crime and Delinquency (32) 3
[3] Inciardi, J.A. et al (1993) Street Kids, Street Drugs, Street Crime: An examination of Drug Use and Serious Delinquency in Miami. Belmont, CA: Wadsworth.
[4] White, H.R. and Gorman, D.M. (2000) Dynamics of the drug–crime relationship, Criminal Justice, 1: 151–218.
[5] Gottfredson and Hirschi (1990) Stanford University Press, CA.
[6] Bennett, T. & Holloway, K. (2005) Understanding drugs, alcohol and crime, Open University Press.

Convivencia y Territorialidad

                                                                                                                            Por Luciana Sc...