En esta nota discuto el rol de los docentes en el conflicto desatado tras los intentos de implementación del programa Promejora. En particular, quiero referirme al rol que los docentes de secundaria juegan en este episodio. Según datos presentados por el Observador, de los 19.461 profesores de secundaria que tiene el país, sólo unos 5.500 profesores están agremiados. En distintos medios de prensa se ha manejado la posibilidad que las decisiones de los sindicatos educativos son tomadas por grupos minoritarios de dirigentes sindicales radicales. Si esto es cierto, una pregunta es: ¿cuántos profesores (tanto del 72% no agremiado como del 28% agremiado) están de acuerdo con las medidas sindicales impulsadas? Lamentablemente no tenemos datos para responder esta pregunta. Pero lo que sí podemos discutir es el rol que todos los docentes tienen en este episodio. En el hipotético caso que una mayoría de los docentes creyera que los sindicatos educativos están actuando de un modo desmedido, ¿no debiera pronunciarse en contra de tales acciones? ¿Podemos pensar que el silencio de esa mayoría es una forma de complicidad con las trabas constantes que debe afrontar cada reforma educativa por más mínima que sea? Vale aclarar que está muy lejos de mi voluntad negar la utilidad e importancia de los sindicatos en la vida democrática del país. Mi intención es simplemente señalar que si la creciente percepción negativa de los sindicatos se debe al accionar de dirigentes radicales que no están en sintonía con la mayoría de sus representados, entonces hay una cuota de complicidad y responsabilidad en todos aquellos que, pensando diferente, legitiman dichas acciones. Naturalmente, la pregunta más importante en este asunto es hasta qué punto como ciudadanos queremos que los sindicatos decidan el futuro de la educación en Uruguay. Cualquiera sea el grado de representación interna de los gremios docentes, es crucial preguntarnos por qué el gobierno de la educación debería ser delegado en ellos. Pero no me voy a ocupar de ese tema en este post. En ese sentido, voy a pasar por alto tanto la incapacidad demostrada por el gobierno para manejar esta situación así como el accionar de los gremios de secundaria. Seguramente volveremos a esos temas en futuras notas.
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Recientes datos de opinión publica nos dicen que la educación es “el segundo problema del país” detrás de los problemas de inseguridad y delincuencia. Según datos de CIFRA, el 33% de los uruguayos cree que la educación es uno de nuestros dos grandes problemas. Hace unos años el empleo, la pobreza y la desocupación eran percibidos como las principales dificultades, pero hoy es el estado de la educación pública el que enciende alarmas. De hecho, un 57% y un 61% de los uruguayos piensa que la educación primaria y secundaria respectivamente han empeorado durante los últimos diez años. Más allá de ideologías políticas, una mayoría absoluta (casi tres de cada cuatro) de todos los uruguayos identificados con los diferentes grupos políticos perciben un deterioro en la educación secundaria. Esa percepción no es infundada. Vale tan solo considerar los resultados PISA del 2009. El hecho que casi el 70% de los estudiantes de 15 años provenientes de contextos socioculturales desfavorables se encuentren debajo del umbral de competencia en lectura nos debería apurar a reaccionar. Lo mismo debemos concluir del hecho que el 48% del total de estudiantes de 15 años no supera los umbrales mínimos en matemáticas.
La pregunta evidente es, entonces, si estamos tan mal, ¿por qué no cambiamos el funcionamiento del sistema educativo? Si el país cuenta con fondos y con cierta voluntad política de los principales partidos del país, ¿por qué no se pueden tomar medidas proporcionales a la magnitud del problema? Un argumento recurrente es que los cambios al sistema son constantemente frenados y erosionados por las corporaciones educativas. Un ejemplo de ello es lo que actualmente viene sucediendo con el programa Promejora, un programa piloto con escasas pretensiones reformistas. A grandes rasgos, Promejora “busca generar márgenes de autonomía a los centros para la gestión de propuestas pedagógicas propias enmarcadas en los objetivos nacionales de política educativa y a partir de un núcleo común curricular, con vocación inclusiva.” Si bien las descripciones oficiales disponibles del programa son pocas, repetitivas y poco detalladas, la idea central es que Promejora otorga un mayor protagonismo a los Centros educativos, situándolos como ejes de cambio. Los veinte centros (escuelas, liceos, institutos) del plan piloto deberán desarrollar sus propias propuestas específicas de acuerdo a sus propias necesidades.
Como es de público conocimiento, Promejora ha sido ferozmente resistido desde la Federación de Profesores de Secundaria (Fenapes) y de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo (ADES). El programa cuenta, sin embargo, con respaldo multipartidario y fue elaborado por Daniel Corbo, un delegado de la oposición. La situación tiene tantas aristas relevantes que cuesta seguir el conflicto sin perderse. En particular hay dos asuntos que han acaparado mayor atención. Primero, las negociaciones entre las autoridades educativas mostraron un claro caso de insubordinación del Consejo de Secundaria (CES) frente al CODICEN, su órgano jerárquico. Un caso de insubordinación que no tuvo consecuencias en la composición de las autoridades y que fue visto sin dramatismo por el poder ejecutivo. En segundo lugar, las razones expuestas por parte de los sindicatos son difíciles de aceptar. Cuesta acompañar una medida sindical que frena la implementación de un plan piloto como Promejora, bajo el argumento de que dicho programa es una medida de “Chilenización” de la educación con ribetes “neoliberales” y diseñada por tecnócratas que nunca pisaron un aula. Cuesta apoyar un reclamo sindical basado en el dictamen de que un plan piloto modesto como Promejora va a crear y acentuar desigualdades educativas entre ricos y pobres. Cuesta creerlo porque justamente ese es el peor problema que el sistema actual tiene: los alumnos de sectores menos favorecidos aprenden muchísimo menos que aquellos de sectores muy favorecidos.
Como es de público conocimiento, Promejora ha sido ferozmente resistido desde la Federación de Profesores de Secundaria (Fenapes) y de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo (ADES). El programa cuenta, sin embargo, con respaldo multipartidario y fue elaborado por Daniel Corbo, un delegado de la oposición. La situación tiene tantas aristas relevantes que cuesta seguir el conflicto sin perderse. En particular hay dos asuntos que han acaparado mayor atención. Primero, las negociaciones entre las autoridades educativas mostraron un claro caso de insubordinación del Consejo de Secundaria (CES) frente al CODICEN, su órgano jerárquico. Un caso de insubordinación que no tuvo consecuencias en la composición de las autoridades y que fue visto sin dramatismo por el poder ejecutivo. En segundo lugar, las razones expuestas por parte de los sindicatos son difíciles de aceptar. Cuesta acompañar una medida sindical que frena la implementación de un plan piloto como Promejora, bajo el argumento de que dicho programa es una medida de “Chilenización” de la educación con ribetes “neoliberales” y diseñada por tecnócratas que nunca pisaron un aula. Cuesta apoyar un reclamo sindical basado en el dictamen de que un plan piloto modesto como Promejora va a crear y acentuar desigualdades educativas entre ricos y pobres. Cuesta creerlo porque justamente ese es el peor problema que el sistema actual tiene: los alumnos de sectores menos favorecidos aprenden muchísimo menos que aquellos de sectores muy favorecidos.
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Ante todo esto, cabe preguntarse cómo deberían actuar aquellos profesores que discrepan por el rumbo tomado por los sindicatos de la enseñanza. Muchas veces he hablado con profesores que se sienten ofendidos tras las continuas acusaciones que reciben a causa de la calidad de la educación, las tasas de ausentismo y la fuerte resistencia a los cambios. Esos profesores dicen –con razón- que hay muchos docentes que hacen un trabajo ejemplar y que están afines a embarcarse en un programa de reformas que nos saque adelante. Pero lamentablemente esa postura es insuficiente si las posibilidades de cambio son frenadas sistemáticamente. Si es verdad que una inmensa mayoría del profesorado rechaza las posturas radicales, entonces sería bueno -para la ciudadanía toda- que las posturas, ideas y voluntad de esta parte del profesorado sea manifestada públicamente. Dicho esto, es importante reconocer que existe un problema de acción colectiva que afecta la respuesta y coordinación de los docentes no agremiados. Evidentemente, tomar decisiones colectivas y coordinadas es más costoso para los docentes no agremiados que para los agremiados. Más aun, esos costos de acción colectiva de los no agremiados se traducen en mayor poder para el accionar del gremio. Sin embargo, la estabilidad de organizaciones sindicales depende del apoyo, acatamiento y sustento de sus miembros y representados. Sindicatos que sistemáticamente toman medidas impopulares se vuelven inestables y propensas al cambio. Si bien la existencia de sindicatos es saludable y deseable para una sociedad democrática, eso no quiere decir que cualquier modalidad sindical sea aceptable. Si como muchos creen, es cierto que la mayoría de los profesores no se ven representados por los sindicatos actuales, ¿no es hora de que sus voces, reclamos y propuestas empiecen a ser escuchadas?[1]
[1] Un ejemplo bastante difundido es el de Estela Alem, subdirectora del liceo 65 de Maroñas, quien fuera desafiliada de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) por participar en el diseño de Promejora.
SI,pero cpaz que no es tan asi y la mayoria de los docentes esta con los gremios, sino no se entienede que pase lo que pasa todo el tiempo.
ResponderEliminarExcelente análisis Cristian!
ResponderEliminarComo vos decís, el costo de la acción colectiva para los no agremiados es enorme.
Además, debería considerarse que para quienes están agremiados el mecanismo de toma de decisiones a mano alzada (una pésima forma de implementar -un símil de- democracia directa creo yo), más las maratónicas asambleas (en las que quedan solo los que tienen de sobra el recurso tiempo y los que están más comprometidos y/o fanatizados), más la presión de los radicales (quienes la ejercen con mayor eficiencia) no ayudan para nada tampoco a los opositores.
Por último, quizás el cuco de la "chilenización", aunque sea un cuco, también limita un poco el accionar de los docentes que no están de acuerdo...
No me parece que la deficiente democracia interna de los sindicatos de la educación sea un punto central. No creo en la tesis de las mayorías silenciosas. Primero, tienen % de afiliación muy altos (los no agremiados son pocos). Segundo, tienen organismos de toma de decisiones razonables para el tipo de organización que son, con miles de afiliados y de nivel nacional. La descripción bastante terrible del funcionamiento de asambleas que hace Matías - que no voy a discutir ahora- en todo caso no se corresponde con el funcionamiento de estos sindicatos. La asamblea es una Asamblea Nacional de Delegados que funciona una vez por mes con delegados de todas las filiales a nivel nacional, a los delegados de todo el país se les suele pagar la comida, el transporte y en algunos casos el alojamiento. Cuarto, luego hay un Comité Ejecutivo que se elige cada dos años y es elegido por un congreso. Quinto, tienen pluralidad de listas y corrientes que compiten en elecciones con voto secreto en cada filial. Sexto, las corrientes hegemónicas en secundaria lo son porque los afiliados las votan (tienen listas amigas en el gremio de magisterio que son minoritarias en dicho gremio porque la gente no las vota). Probablemente, en las elecciones con voto secreto y no obligatorias la participación no sea muy alta (no lo se) pero no creo que sea más baja que en organizaciones con mecanismos similares. Esta descripción puede contener alguna imprecisión y no pretende dar una visión idílica pero simplemente cuestionar que debamos poner el foco ahí.
ResponderEliminarCreo que desde hace mucho tiempo hay un proceso de selección negativa en quienes deciden seguir la carrera docente (creo que el ultimo anuario de educación indica que las carreras docentes son las menos preferidas por los estudiantes) y la pauperización de sus sindicatos y dirigencias (a las que yo no les concedería el adjetivo radicales que para mi tiene una connotación positiva) son en parte reflejo de eso. Sólo en un ambiente de “chatura” general pueden ascender dirigentes que se opongan a un programa de alcance reducido y de carácter experimental con los objetivos que tiene promejora.
saludos
gab
Una aclaración-rectificación cuando digo que los % de afiliación son altos (y asumiendo que los datos del observador son correctos) lo digo en relación al % de afiliación sindical media en Uruguay. Aunque probablemente sean bajos en comparación a otros sindicatos públicos, incluido magisterio.
ResponderEliminarGracias por los comentarios. Viene muy bien lo que apuntas Gabriel y ciertamente cuando escribí la nota esperaba que alguien hiciera un punto similar. Para alguien no familiarizado – como yo- con el funcionamiento interno de los sindicatos en Uruguay, queda siempre en suspenso qué tan ajustadas son las interpretaciones del funcionamiento sindical. En estos días es bien fácil toparse con una nota de prensa (en la nota señalo alguna) que cuestiona la legitimidad de las decisiones sindicales en Uruguay en base al bajo porcentaje de afiliados. No sé si hay datos recientes de densidad sindical en Uruguay. Pero comparativamente, los datos de 1997 para Uruguay (sacado de un trabajo de Adriana Cassoni) era de 14.7% para todos sectores públicos y privados. Para ese mismo año, países de la OECD (según datos de Visser) en general tenían números bastante más altos: Austria 44%, Bélgica 47%, Dinamarca 83%, Finlandia 95.5%, Alemania 29.7%, Italia 61.2%, Noruega 68%, España 13%, Suecia 86%. Dicho esto, mi idea en la nota es apuntar a un foco que se descuida bastante, y es el del rol de todos los docentes en el sistema educativo. Sea cual sea el porcentaje de docentes afiliados a los gremios educativos, seria importante que aquellos no afiliados y que disienten fuertemente con la conducción de la educación se hagan escuchar. Eso ya sea creando listas alternativas, creando otro sindicato, etc. Y si son tantos, como la prensa dice, sería bueno empezar a oír pronto esas voces antes de que dejemos de crecer y no haya plata para la educación. De todos modos, como conversábamos con Juan el otro día, el problema principal está en la idea de que la conducción de las políticas educativas sea delegada en parte a los sindicatos. Pero esa es otra discusión.
ResponderEliminarDos aclaraciones adicionales sobre la cifra de 19461 profesores totales que El Observador toma del Anuario Estadistico del INE. Primero, ese total cuanta a un mismo profesor varias veces si este enseña en más de una asignatura. No tengo idea si la cantidad de profesores multi-asignaturas son muchos o pocos pero en todo caso la cifra puede estar algo inflada y por ende subestimar la tasa de afiliación. Segundo, el promedio de horas de trabajo semanales en secundaria de 14hs (también según anuario estadístico INE), lo cual sugiere que hay una alta proporción de profesores para los cuales secundaria no es su ocupación principal y es bastante lógico que no esten afiliados.
ResponderEliminarBueno, parece que ya hay algunas iniciativas en la direccion que planteaba en la nota:
ResponderEliminarhttp://unidosporungre-mio.blogspot.com/2011/12/iniciativa-de-profa-fernanda-larre.html?spref=fb
Gabriel, mil gracias por la clarificación sobre el funcionamiento de los sindicatos docentes.
ResponderEliminarLo que expresé sobre las asambleas más que una descripción intentó ser una caricatura de los factores que inhiben la pluralidad de opiniones basada en pocas y malas experiencias. Error común, sobre todo ayudado a que le daba algo de sentido -al menos para mi- a la situación.
Es por eso que luego de esta aclaración entiendo aún menos los motivos de la ausencia de una oposición fuerte en la interna docente...
Cristian, muy buen artículo. Desde mi punto de vista, una de las preguntas más importantes en este conflicto por la educación publica, independientemente del grado de democracia interna o representatividad del sindicato docente, es: ¿puede el sindicato docente participar formalmente de los órganos de decisión en materia de educación pública? Mi opinión es que no. Las razones son las siguientes:
ResponderEliminar1. El sindicato no responde a la ciudadanía sino a los miembros del mismo sindicato (como debe ser). Esto es, si el sindicato participa formalmente del gobierno de la educación, la ciudadanía no tiene capacidad de ‘accountability’ o control sobre las decisiones en materia de educación. Son las autoridades del gobierno, a quienes los ciudadanos elegimos periódicamente quienes deben tomar las decisiones, porque si esas decisiones no nos satisfacen, podemos votar otras propuestas y cambiar el rumbo de la política educativa. ¿Qué pasa si la ciudadanía no esta de acuerdo con el voto del representante del sindicato? ¿Como hace la ciudadanía para cambiar el rumbo de dicha política? No puede.
2. El sindicato defenderá sus intereses corporativos, como es esperable y deseable que sea. No es correcto suponer que el sindicato debe velar por el interés general, porque muchas veces, como en tantas otras situaciones, este interés general puede oponerse al interés particular de los docentes, que son parte del sistema educativo. En ese caso, el sindicato defenderá los intereses docentes. La ciudadanía delega en el gobierno democráticamente electo la defensa del interés general. El sindicato tiene igual derecho a negociar con el gobierno sus intereses. El gobierno tiene el deber de no lesionar la soberanía de la ciudadanía.
3. Como el interés general, por definición, incluye al menos en parte la consideración del interés docente, si los sindicatos participan formalmente del gobierno de la educación, entonces sus intereses estarán sobre-representados: los delegados docentes representaran sus intereses en forma exclusiva, y los delegados del gobierno y oposición también tendrán que velar en parte por sus intereses.
Saludos, Juan