Educación y responsabilidad docente

En esta nota discuto el rol de los docentes en el conflicto desatado tras los intentos de implementación del programa Promejora. En particular, quiero referirme al rol que los docentes de secundaria juegan en este episodio. Según datos presentados por el Observador, de los 19.461 profesores de secundaria que tiene el país, sólo unos 5.500 profesores están agremiados. En distintos medios de prensa se ha manejado la posibilidad que las decisiones de los sindicatos educativos son tomadas por grupos minoritarios de dirigentes sindicales radicales. Si esto es cierto, una  pregunta es: ¿cuántos profesores (tanto del 72% no agremiado como del 28% agremiado) están de acuerdo con las medidas sindicales impulsadas? Lamentablemente no tenemos datos para responder esta pregunta. Pero lo que sí podemos discutir es el rol que todos los docentes tienen en este episodio. En el hipotético caso que una mayoría de los docentes creyera que los sindicatos educativos están actuando de un modo desmedido, ¿no debiera pronunciarse en contra de tales acciones? ¿Podemos pensar que el silencio de esa mayoría es una forma de complicidad con las trabas constantes que debe afrontar cada reforma educativa por más mínima que sea? Vale aclarar que está muy lejos de mi voluntad negar la utilidad e importancia de los sindicatos en la vida democrática del país. Mi intención es simplemente señalar que si la creciente percepción negativa de los sindicatos se debe al accionar de dirigentes radicales que no están en sintonía con la mayoría de sus representados, entonces hay una cuota de complicidad y responsabilidad en todos aquellos que, pensando diferente, legitiman dichas acciones. Naturalmente, la pregunta más importante en este asunto es hasta qué punto como ciudadanos queremos que los sindicatos decidan el futuro de la educación en Uruguay. Cualquiera sea el grado de representación interna de los gremios docentes, es crucial preguntarnos por qué el gobierno de la educación debería ser delegado en ellos. Pero no me voy a ocupar de ese tema en este post. En ese sentido, voy a pasar por alto tanto la incapacidad demostrada por el gobierno para manejar esta situación así como el accionar de los gremios de secundaria. Seguramente volveremos a esos temas en futuras notas.

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Recientes datos de opinión publica nos dicen que la educación es “el segundo problema del país” detrás de los problemas de inseguridad y delincuencia. Según datos de CIFRA, el 33% de los uruguayos cree que la educación es uno de nuestros dos grandes problemas. Hace unos años el empleo, la pobreza y la desocupación eran percibidos como las principales dificultades, pero hoy es el estado de la educación pública el que enciende alarmas. De hecho, un 57% y un 61% de los uruguayos piensa que la educación primaria y secundaria respectivamente han empeorado durante los últimos diez años. Más allá de ideologías políticas, una mayoría absoluta (casi tres de cada cuatro) de todos los uruguayos identificados con los diferentes grupos políticos perciben un deterioro en la educación secundaria. Esa percepción no es infundada. Vale tan solo considerar los resultados PISA del 2009. El hecho que casi el 70% de los estudiantes de 15 años provenientes de contextos socioculturales desfavorables se encuentren debajo del umbral de competencia en lectura nos debería apurar a reaccionar. Lo mismo debemos concluir del hecho que el 48% del total de estudiantes de 15 años no supera los umbrales mínimos en matemáticas.

La pregunta evidente es, entonces, si estamos tan mal, ¿por qué no cambiamos el funcionamiento del sistema educativo? Si el país cuenta con fondos y con cierta voluntad política de los principales partidos del país, ¿por qué no se pueden tomar medidas proporcionales a la magnitud del problema? Un argumento recurrente es que los cambios al sistema son constantemente frenados y erosionados por las corporaciones educativas. Un ejemplo de ello es lo que actualmente viene sucediendo con el programa Promejora, un programa piloto con escasas pretensiones reformistas. A grandes rasgos, Promejora “busca generar márgenes de autonomía a los centros para la gestión de propuestas pedagógicas propias enmarcadas en los objetivos nacionales de política educativa y a partir de un núcleo común curricular, con vocación inclusiva.” Si bien las descripciones oficiales disponibles del programa son pocas, repetitivas y poco detalladas, la idea central es que Promejora otorga un mayor protagonismo a los Centros educativos, situándolos como ejes de cambio. Los veinte centros (escuelas, liceos, institutos) del plan piloto deberán desarrollar sus propias propuestas específicas de acuerdo a sus propias necesidades. 
Como es de público conocimiento, Promejora ha sido ferozmente resistido desde la Federación de Profesores de Secundaria (Fenapes) y de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo (ADES). El programa cuenta, sin embargo, con respaldo multipartidario y fue elaborado por Daniel Corbo, un delegado de la oposición. La situación tiene tantas aristas relevantes que cuesta seguir el conflicto sin perderse. En particular hay dos asuntos que han acaparado mayor atención. Primero, las negociaciones entre las autoridades educativas mostraron un claro caso de insubordinación del Consejo de Secundaria (CES) frente al CODICEN, su órgano jerárquico. Un caso de insubordinación que no tuvo consecuencias en la composición de las autoridades y que fue visto sin dramatismo por el poder ejecutivo. En segundo lugar, las razones expuestas por parte de los sindicatos son difíciles de aceptar. Cuesta acompañar una medida sindical que frena la implementación de un plan piloto como Promejora, bajo el argumento de que dicho programa es una medida de “Chilenización” de la educación con ribetes “neoliberales” y diseñada por tecnócratas que nunca pisaron un aula. Cuesta apoyar un reclamo sindical basado en el dictamen de que un plan piloto modesto como Promejora va a crear y acentuar desigualdades educativas entre ricos y pobres. Cuesta creerlo porque justamente ese es el peor problema que el sistema actual tiene: los alumnos de sectores menos favorecidos aprenden muchísimo menos que aquellos de sectores muy favorecidos. 

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Ante todo esto, cabe preguntarse cómo deberían actuar aquellos profesores que discrepan por el rumbo tomado por los sindicatos de la enseñanza. Muchas veces he hablado con profesores que se sienten ofendidos tras las continuas acusaciones que reciben a causa de la calidad de la educación, las tasas de ausentismo y la fuerte resistencia a los cambios. Esos profesores dicen –con razón- que hay muchos docentes que hacen un trabajo ejemplar y que están afines a embarcarse en un programa de reformas que nos saque adelante. Pero lamentablemente esa postura es insuficiente si las posibilidades de cambio son frenadas sistemáticamente. Si es verdad que una inmensa mayoría del profesorado rechaza las posturas radicales, entonces sería bueno -para la ciudadanía toda- que las posturas, ideas y voluntad de esta parte del profesorado sea manifestada públicamente. Dicho esto, es importante reconocer que existe un problema de acción colectiva que afecta la respuesta y coordinación de los docentes no agremiados. Evidentemente, tomar decisiones colectivas y coordinadas es más costoso para los docentes no agremiados que para los agremiados. Más aun, esos costos de acción colectiva de los no agremiados se traducen en mayor poder para el accionar del gremio.  Sin embargo, la estabilidad de organizaciones sindicales depende del apoyo, acatamiento y sustento de sus miembros y representados. Sindicatos que sistemáticamente toman medidas impopulares se vuelven inestables y propensas al cambio. Si bien la existencia de sindicatos es saludable y deseable para una sociedad democrática, eso no quiere decir que cualquier modalidad sindical sea aceptable. Si como muchos creen, es cierto que la mayoría de los profesores no se ven representados por los sindicatos actuales, ¿no es hora de que sus voces, reclamos y propuestas empiecen a ser escuchadas?[1]

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[1] Un ejemplo bastante difundido es el de Estela Alem, subdirectora del liceo 65 de Maroñas, quien fuera desafiliada de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) por participar en el diseño de Promejora.