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La violencia doméstica. Un conflicto a resolver.

El problema de la violencia doméstica contra la mujer ocupa un lugar relegado en el debate público, en general nos importa poco a los ciudadanos, y menos a los políticos que elegimos (claro, después de que los partidos confeccionan sus listas). En el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres decidí escribir algunas notas con el único objetivo de invitarlos a pensar sobre el tema. Si estamos de acuerdo o no en las opiniones, es de segundo orden. Después de todo, el mayor problema es que reflexionamos poco sobre esto, en especial, nosotros, los hombres del Uruguay.

Hace un tiempo que el país está en un estado de alarma a causa de aspectos relacionados con la criminalidad y la seguridad pública. No dudo que por fundadas razones, es un tema que preocupa y se discute en todos lados. Lo discuten las familias, los amigos, los compañeros de trabajo, los comerciantes, los periodistas, los políticos, y hasta los dueños del capital. Sin embargo, de lo que se habla es de lo que pasa afuera, “en la calle”. Lamentablemente, los hogares uruguayos son también un lugar peligroso para vivir. Son particularmente peligrosos para los niños y para las mujeres. En lo que va del 2011 fueron asesinadas 27 mujeres por violencia doméstica. Ellas son cerca del 70% del total de mujeres asesinadas durante el último año (1). No murieron a causa de hurtos, ni rapiñas. Perdieron la vida como consecuencia de la violencia originada en sus propios hogares.

Todos entendemos que la seguridad debe proveerse como un bien público, cuyo consumo no está restringido, y una vez que se provee en formal universal, cualquiera tiene el pleno derecho y acceso a disfrutarlo. Pero estamos muy lejos de concebir como un bien público a la protección contra cualquier tipo de violencia doméstica. Por el contrario, estamos llenos de mitos y creencias, cuyo supuesto básico es que se trata de un bien que debe ser provisto en forma privada.

El razonamiento más patético asume que las propias mujeres víctimas de la violencia son aquellas que deben hacerse responsables y tomar medidas para salir de la situación en la que están. Ciertamente, las victimas de la violencia doméstica reaccionan todo lo que pueden cuando el estado brinda las mínimas posibilidades. Las denuncias por violencia doméstica han aumentado dramáticamente entre 2005 y 2011. No solo se multiplicaron por más de 2 veces en números absolutos, sino que además pasaron de representar el 30% de las denuncias por delitos totales contra las personas en 2005, al 60% entre en 2011 (ver gráfico (1)). ¿A que se debe un crecimiento tan acelerado? En mayor medida, a que Uruguay aprobó recién en 2002 una ley de violencia doméstica (Ley 17.514) que dispone de algunos mecanismos para facilitar el acceso a la justicia y la protección al denunciante.

Pero el sistema no funciona. Las víctimas reportan denuncias pero no logran ni las audiencias, ni las pericias legalmente estipuladas, ni el control de las medidas de protección dictadas. Del total de asuntos judiciales iniciados por violencia doméstica en 2009, casi el 80% no llegaron a una audiencia evaluatoria, donde el juez debe entrar en contacto con la víctima y analizar el funcionamiento de las medidas dispuestas. Solo en aproximadamente un quinto de los casos iniciados se realizan pericias médicas, siquiátricas, sicológicas o sociales. Entre 2004 y 2010 hubo solo 787 procesamientos por violencia doméstica (2).

Los equilibrios de poder dentro de los hogares, la distribución de las capacidades de negociación y los niveles de autonomía son aspectos que importan para explicar la violencia doméstica. Pero algunos mecanismos no son tan evidentes. Por ejemplo, hay quienes argumentan que mujeres con mayores niveles de autonomía pueden recibir más ataques de sus esposos cuando estos últimos ven a la violencia como su último recurso de control(3). También se ha dicho que la legislación que estipula el arresto obligatorio frente a las denuncias de violencia conyugal puede terminar induciendo mayores niveles de homicidios, o bien porque las víctimas reportan menos denuncias y están más desprotegidas, o porque los abusadores responden al arresto con mayor violencia en el futuro(3). Estos resultados pueden ser provocadores para los ojos de algunos. En último caso, nos muestran lo difícil que resulta hacer políticas para proveer de determinados bienes públicos que afectan positivamente y negativamente a distintos miembros de un mismo hogar.

Cuando una política provee un determinado bien de forma universal pero solo un grupo de la sociedad necesita consumirlo en forma intensa, esa política implementada es altamente redistributiva. Ese es el caso de la educación, por ejemplo, que beneficia desproporcionalmente a los hogares más jóvenes. Pero en lo que refiere a la violencia doméstica, se trata de un problema mucho más complicado. Allí es necesario distribuir costos y beneficios al interior de los hogares. Mi opinión es que es necesario incentivar la destrucción y creación de hogares. Es decir, reducir el costo del divorcio.

El divorcio es un importante remedio contra la violencia. Hay sin embargo, aspectos distributivos que atentan contra el mismo. Las mujeres tienen situaciones desventajosas en el mercado de trabajo y generalmente la legislación hace que los empleadores discrimen “estadísticamente” contra ellas. En la medida que los aportes económicos masculinos al hogar son desproporcionalmente altos, se reduce la utilidad del divorcio para las mujeres. Pero también se reduce su poder sobre división del trabajo en el hogar, lo cual reduce la utilidad de divorcio para lo hombres. Esto se agrava con el paso de tiempo. La permanencia en situación de dependencia económica por parte de la mujer atenta contra el desarrollo de sus calificaciones y acumulación experiencia laboral. Desde la economía política hay estudios que dicen que el divorcio es menos probable cuanto más ventajas de calificaciones especializadas tiene el hombre sobre la mujer. Más aún, la oferta de empleos públicos de bajas calificaciones aumentan las tasas de divorcio en economías que demandan trabajos muy especializados (5).

Pero se necesitan mujeres que representen a las mujeres. Por ahora, el gobierno de los hombres no ha hecho mucho más que algunos cambios marginales y salir a repartir volantes a calle.



(1) Ministerio del Interior (www.minterior.gub.uy).
(2) Provisión de información pública sobre violencia doméstica y maltrato infantil por el Poder Judicial. Informe elaborado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública y la Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual. Montevideo, Noviembre de 2011.
(3) Eswaran, Mukesh y Nisha Malhotra. (2011). “Domestic violence and women’s autonomy in developing countries: theory and evidence”. Canadian Journal of Economics. Vol. 44, No. 4.
(4) Bowlus, A.J., y S. Seitz (2006) “Domestic violence, employment, and divorce”. International Economic Review 47, 1113–49
(5) Iversen, Torben, Frances Rosenbluth, y David Soskice. “Divorce and the Gender Division of Labor in Comparative Perspective”. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society - Volume 12, Number 2, Summer 2005, pp. 216-242.

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