Políticas de Estado, memoria y costos políticos

En estas últimas semanas, los debates sobre la Ley de caducidad y la baja de la edad de imputabilidad han acaparado la escena política del país. No es para menos. Aunque distanciados temáticamente, estas dos grandes discusiones tienen varios elementos en común. Aquí quiero llamar la atención sobre dos puntos. Primero, quisiera hablar sobre los usos de la memoria en la política uruguaya. En segundo lugar, quiero referirme brevemente sobre la necesidad de políticas de Estado, de acuerdos multipartidarios, para tratar de una mejor forma temas tan decisivos como los antes mencionados. 

Para empezar, ¿a que me refiero con la falta de memoria en la política uruguaya? Durante estas semanas, se ha repetido en innumerables ocasiones el argumento de que tenemos temas más urgentes que resolver que seguir revolviendo en el pasado. Creo que ese argumento pudiera tener algo de valor, si se estuviera discutiendo sobre cómo reparar a los familiares directos de las víctimas de la matanza de Salsipuedes. Pero realmente ¿se puede decir que se sigue perdiendo el tiempo en discutir temas del pasado cuando quienes torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a cientos de ciudadanos uruguayos aun caminan entre nosotros? ¿Cómo se les puede decir a los familiares de detenidos y desaparecidos que ese es un tema del pasado y que hoy nos debemos dedicar a otros problemas más importantes?
        Pensemos ahora en el tema de los menores y la campaña por bajar la edad de imputabilidad. Supongamos que efectivamente vamos a bajar la edad de imputabilidad a 16 años. Asumamos que las medidas se empiezan a aplicar este mismo año y que aquellos infractores de 16 años pasan a ser tratados por el derecho penal que hoy se aplica a los mayores de 18. Pero ahora pensemos que ese infractor de 16 años nació en 1995. Es decir, en el primer año de la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti. Más aun, ese infractor entró a su primer año de escuela a comienzos del mandato de Jorge Batlle. En otras palabras, los 10 primeros años de vida de ese infractor de 16 años coincidieron con dos gobiernos Colorados. Lo problemático es que hoy en día es el mismo partido Colorado – incluso con Sanguinetti activamente juntando firmas- que propone una medida extremadamente radical y discutible para tratar con las generaciones que son producto del sistema educativo y bienestarista que sus propios gobiernos pusieron en práctica. Entonces, ¿debemos entender la recolección de firmas como el reconocimiento de un fracaso de las políticas para la niñez y la infancia de las gestiones del gobierno de Sanguinetti y Batlle? Si el problema de la inseguridad- como diagnostican los promotores de la campaña de firmas- esta en los menores que nacieron y se educaron mayormente bajo mandatos colorados ¿no nos deben sus dirigentes un ejercicio de autocritica respecto a este tema? ¿O acaso son sus gobiernos también un tema del pasado que no vale la pena discutir? La política uruguaya necesita apelar más a la memoria. Los mecanismos de rendición de cuentas en manos de los ciudadanos no pueden durar solo un ciclo electoral.
         El segundo punto refiere a las políticas de Estado. Seguridad, educación y derechos humanos han sido temas extremadamente importantes para la política nacional. Sin embargo, es notoria la ausencia de acuerdos multipartidarios y de políticas de Estado robustas sobre estos temas. Naturalmente, estos tres temas han sido utilizados en dinámicas electorales y partidistas que poco han colaborado en avanzar hacia soluciones satisfactorias. Lo que acaba de suceder con el tratamiento parlamentario de la Ley de Caducidad tendrá – sin lugar a dudas- repercusiones en la próxima campaña electoral de 2014. Hay evidencia para decir que durante los últimos meses el presidente Mujica y el vice-presidente Astori no han sido coherentes en su discurso sobre el tema. Pero por sobre todo, el resultado del último plebiscito no ha sido acatado tal como el hoy presidente dijo que sucedería en su gobierno. Así, la decisión tomada por la bancada del oficialismo tendrá un costo para esta fuerza política. La pregunta es ¿hasta dónde el país se puede permitir esos costos que pueden afectar al sistema político en su totalidad? Un acuerdo multipartidario para saldar el tema de las violaciones a los derechos humanos en Uruguay, hubiera sido un camino óptimo. Pero otra vez nos quedamos cortos, y la política electoral ha sido más fuerte.  

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