El tema ya había sido parte de la plataforma política de los partidos de oposición durante las últimas elecciones. Este año, el Senador Pedro Bordaberry volvió a instalar el tema sobre el tapete, proponiendo bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años de edad. ¿Esto implicaría responsabilizar a los adolescentes por las infracciones que cometieron? No, porque de hecho, ya son responsables desde los 13 años y son penalizados con privación de libertad, semi - libertad y medidas alternativas. ¿Entonces, en la práctica, qué significa bajar la edad de imputabilidad? Aumentar las penas. Por ejemplo, si un adulto comete una rapiña, debe cumplir una pena mínima de cinco años de prisión. Ahora, si un adolescente comete el mismo delito, tiene la posibilidad de que el juez le prive la libertad o en el mejor de los casos, que lo mande a su casa. Según las cifras que reveló el Ministro Bonomi, en 2010 se produjo un aumento del 20% en el total de las rapiñas. De ese 20%, un 46% contaron con la participación de adolescentes. Entonces, evidentemente, sobre este delito en particular, la sociedad uruguaya tiene un problema serio. Quienes no parecen tener un problema serio, son los propios adolescentes que cometen rapiñas. Según el diario El País del 27 de marzo de 2011, los operadores judiciales opinan que este fenómeno en particular se debe a los bajos costos que implica para el adolescente el cometer una rapiña, en comparación con los beneficios. Y cito al El País: “’Doctor, lo que pasa es que una rapiña es un bollo. Y no pasa nada con el INAU´, respondió un adolescente a un operador judicial durante una audiencia”. (P.132). Y sí, es “un bollo”, dado que a setiembre de 2010, se contabilizaba un total de 731 adolescentes en el Sistema de medidas a Jóvenes en Infracción (SEMEJI), al mismo tiempo que se registraron 800 fugas, cuando solamente menos de la mitad cumple medidas privativas o semi – privativas de libertad.
En esta nota abordo tres aspectos sobre el debate de la baja de la ley de imputabilidad: primero: ¿de qué se debate cuando se trata el tema? Segundo: ¿la propuesta de Bordaberry de plebiscitar el tema es un mecanismo adecuado para tomar una decisión de tal naturaleza? Y finalmente: ¿sobre qué información se basa esta propuesta?
¿De qué se debate sobre el proyecto de baja de la edad de la imputabilidad?
La respuesta es: de todo, menos sobre el significado sustantivo y la implementación de la rebaja de la edad imputabilidad. Larrañaga propone crear un Instituto de Rehabilitación de Menores como servicio descentralizado. El Directorio de INAU está de acuerdo, pero quiere que esté bajo su órbita. Pero nadie ha dicho nada sobre el plan educativo que tendría la institución o qué mecanismos se prevén para reintegrar a los jóvenes a la sociedad. Sí se discute sobre el modo en que se rebajaría la edad de imputabilidad.
¿Plebiscito sí o no?
La calidad del debate actual sobre el plebiscito (que hasta la semana pasada llevaba juntadas 70.000 firmas) puede evaluarse por sí sola escuchando las declaraciones de los protagonistas políticos. El Senador blanco Francisco Gallinal: “me parece bien que se recurra a la opinión pública y que se junten firmas para que se decida”. ¿Los argumentos? Nunca los sabremos. Germán Cardoso, Diputado colorado: “Estamos orgullosos de ser protagonistas”. Eso es seguro. Rafael Michelini, Senador del Frente Amplio: “Y quién no se equivocó a los 16 años?”. Problamente todos, pero hay equivocaciones y equivocaciones… Pero la pregunta central nunca tiene respuesta: ¿es el plebiscito el mecanismo adecuado para tomar semejante decisión? Basta pensarlo dos minutos para concluir que la respuesta es no. Una población que esta pasado por una coyuntura caracterizada por el miedo y es bombardeada constantemente con noticias sobre delitos cometidos sobre menores infractores, que sólo cuenta con la información anecdótica que ve en la televisión o escucha en la radio, no puede tomar una decisión sobre cómo administrar justicia a un grupo particular de la población. E incluso, si la situación fuera diferente, es una discusión que debe darse con el asesoramiento de técnicos nacionales e internaciones y que debe ser resuelta por los legisladores tomando una decisión informada. Porque si hay algo que falta en toda esta “discusión” es información.
El secreto mejor guardado sobre la seguridad ciudadana. Las cifras sobre adolescentes infractores.
¿Quién debería darle a la sociedad la información necesaria para conocer el estado de situación de la delincuencia juvenil? El INAU. Los invito a visitar su página web. Vayan al apartado SIPI (Sistema de Información para la Infancia). Abran el informe “Datos a octubre de 2010”. ¿Y qué encuentran? Una estadística general sobre modalidades de atención para todo el sistema, que no dice nada sobre infracciones. Bien, prueben ahora el link de abajo, el Portal del SIPI. Upss! ¡Para entrar hay que ser usuario del sistema! Vayan a documentos, y tampoco van a encontrar nada. Increíblemente, las cifras existen, pero el organismo no las difunde. ¿Alguien recuerda alguna presentación pública del INAU sobre cifras de adolescentes en infracción? No, ¿verdad? Ni siquiera después de la aprobación de la ley de “Derecho al libre acceso de la información pública” se ha publicado un dato. Por suerte, el diario El País logró tener acceso a un informe del Directorio de INAU. Y muestra algunas cifras. Y eso es todo lo podremos saber, si un día, y esperemos que no, nos toca participar en un plebiscito sobre la baja de la edad de imputabilidad.
