Las perspectivas de crecimiento económico de mediano plazo así como la posibilidad de transformar ese crecimiento en desarrollo enfrentan el riesgo de progresiva inadecuación de nuestra fuerza laboral en términos de capacidades y número. Algunos artículos en este foro han discutido el problema de la formación de capacidades (ej. mi artículo en febrero y dos de Denisse en marzo); este se ocupa del número. Los cálculos en varios sectores de la economía, por ejemplo la construcción, sugieren que la escasez de mano de obra puede afectar en el corto plazo la viabilidad de varios proyectos y en el largo plazo el crecimiento. ¿Qué podemos hacer al respecto? Me voy a referir a tres posibles estrategias complementarias. Aumentar la fuerza laboral vía aumento de tasa de actividad (aumentar el número de personas que buscan trabajo); trasladar fuerza laboral a áreas prioritarias mediante la sustitución de trabajo por tecnología en las que no lo son; inmigración (esta estrategia ocurre sola pero es deseable gestionarla).
En términos de expandir la fuerza de trabajo existe un grupo al que no hemos sabido integrar a la población económicamente activa: mujeres en edad de procrear. La tasa de actividad actual (aquellos que tienen o buscan trabajo/población en edad de trabajar) es del 63.8% (datos INE para diciembre 2010 en base a Encuesta Continua de Hogares). Sin embargo, la tasa es de 73.3% para hombres y solo 53.4% para mujeres. ¿Por qué pasa esto? Las razones son varias, pero una de las más importantes es que muchas mujeres dejan de trabajar o buscar trabajo al tener su primer hijo (por falta de políticas adecuadas). ¿Cómo se puede evitar esto? En las crisis de 1970 y 1980 Suecia fue el país más exitoso entre las democracias avanzadas en evitar la caída de la tasa de actividad debido al proceso de precarización de empleo (Crouch 1993, entre otros). Aunque las condiciones hoy son las contrarias, el principio rector de la política sueca de aquellos años es igualmente aplicable. ¿Qué hizo Suecia? Favoreció el acceso de este grupo a sectores protegidos de la economía que proveían generosos beneficios de maternidad, en particular el sector público. Esto no significó sobre emplear en el Estado (y no debe significar tampoco en el caso de Uruguay), pero si implicó privilegiar a este grupo en todos los niveles de contratación. ¿Consecuencia esperada? Movilizar otros grupos (hombres fundamentalmente) a sectores de menores niveles de protección.
Una segunda estrategia es movilizar trabajo desde sectores de bajo salario y baja estabilidad (servicios de bajas calificaciones) hacia otros sectores de mayor necesidad. La introducción de nuevas tecnologías en estos sectores puede ayudar a suplir la fuerza de trabajo. Naturalmente esta estrategia es menos deseada en contextos de escasa oferta laboral, pero en este caso uno podría servirse de la tecnología para favorecer al trabajador. ¿Cómo hacerlo? Es necesaria una política pública que tenga dos patas: en primer lugar fomentar la introducción de tecnología en sectores donde sea posible hacerlo (surtidores de estaciones de servicio; cajas de supermercados; peajes; informatización del Estado, aunque este punto presenta mayores dificultades); y en segundo lugar ofrecer programas de reconversión laboral y protección laboral por un lapso de tiempo a aquellos trabajadores que deseen acogerse a dicha política. Esto requiere, claro está, acuerdos previos con los sectores de mayor necesidad de mano de obra para poder ofrecer una rápida inserción del trabajador.
Un tercer y último aspecto a considerar es la inmigración. En la medida que el Uruguay siga creciendo a estas tasas la inmigración desde la región va a fluir cada vez más. Esto ha sucedido en cada país y región que experimentara crecimiento sostenido. Suponer que no va a pasar aquí es poco realista. Por esto, una política fundamental es comenzar a prever esto en términos de tipo de mano de obra que inmigrará, formalización del trabajo inmigrante, política de vivienda, política de integración social, acceso a salud y educación.