Para John Rawls, cuya obra ha tenido profunda influencia en la forma de pensar los problemas distributivos en las sociedades contemporáneas, hay desigualdades que están justificadas si hacen que quienes están peor en la sociedad estén mejor de lo que estarían si la desigualdad fuera eliminada. Las políticas redistributivas que debilitan los incentivos de los individuos más productivos a invertir y esforzarse, y por ello terminan empeorando la situación de los más pobres, carecen de justificativo moral. Este es el llamado principio de la diferencia de Rawls.
Muchos han sostenido que, en virtud de la aplicación de dicho principio, la teoría de Rawls es insuficientemente igualitaria. Por ejemplo, el recientemente fallecido filósofo socialista Gerald Cohen ha señalado que los principios de justicia deben aplicarse no sólo a las instituciones básicas de la sociedad sino también a las prácticas personales. Una sociedad justa no es alcanzable sin individuos comprometidos con la igualdad y la solidaridad hacia los demás en la vida cotidiana. [1]
El principio de la diferencia de Rawls le resulta bastante simpático a los economistas, que tradicionalmente pensaron que distribución y eficiencia económica eran objetivos contrapropuestos. Por el contrario, el argumento de Cohen les resulta por demás extraño, dado que durante largo tiempo la maximización egoísta fue el supuesto de comportamiento individual absolutamente hegemónico entre los economistas.
Pero el tipo de motivaciones personales que reclama Cohen no hay que inventarlas. Hoy sabemos que integran el repertorio motivacional de todas las personas. Últimamente, los economistas se han esforzado por dotar de mayor realismo psicológico a su trabajo. De acuerdo a estos estudios, el ser humano responde a un amplio conjunto de motivaciones, incluyendo los comportamientos egoístas pero también las denominadas preferencias sociales. Lo interesante es que las motivaciones no auto-interesadas son perfectamente compatibles con los modelos de elección racional que los economistas tradicionalmente han utilizado. Racionalidad y egoísmo no son la misma cosa.
Las preferencias sociales son un rótulo para designar diversas predisposiciones cooperativas, altruistas y la adhesión a normas sociales y de reciprocidad que aparecen como regularidades comportamentales en diversos estudios experimentales. También se ha mostrado que las personas rechazan la desigualdad en variados contextos o, dicho de otra forma, tienen preferencias respecto a la distribución final de los resultados. Finalmente, parece bastante claro que cuando la “distancia social” entre los individuos aumenta y la comunicación entre los mismos es baja los niveles de cooperación y de generosidad hacia “el otro” disminuyen.
¿Qué tiene que ver esto con el debate sobre políticas redistributivas? Quienes aspiramos a construir una sociedad radicalmente igualitaria enfrentamos dos tipos de restricciones. La primera es económica. Toda política redistributiva debe ser compatible con el mantenimiento de una tasa de crecimiento económico elevada, al menos en las condiciones de países como Uruguay. Esto implica prestar atención a posibles incentivos adversos generados por las políticas. La segunda restricción es política. Las propuestas de reducción de la desigualdad deben ser capaces de generar el apoyo de coaliciones sociales amplias y duraderas que logren expresarse exitosamente en la competencia electoral.
Este mayor conocimiento sobre las bases motivacionales del comportamiento de las personas tiene implicancias directas para entender la naturaleza, el alcance real y la posibilidad de relajar estos dos tipos de restricciones. Esto es fundamental ya que muchos comienzan a creer equivocadamente que las restricciones (a las que se esta más expuesto cuando se gobierna) determinan el nivel de igualdad al que debemos aspirar.
Me limito a comentar tres implicancias en lo atinente a la viabilidad política de las políticas redistributivas. Primero, los estudios comentados ayudan a entender por qué algunas políticas son más apoyadas que otras. Por ejemplo, la resistencia de una parte de la población al PANES en Uruguay, reflejada en su momento en algunas encuestas de opinión pública, fue interpretada por muchos como una manifestación del avance de la ideología anti-igualitarista y de la erosión de valores solidarios. Yo mismo interpreté los datos de esa forma, pero hoy tiendo a pensar algo diferente. Creo que las políticas incondicionales de transferencias de ingresos dirigidas a beneficiar a “adultos responsables” son resistidas porque entran en conflicto con el principio de reciprocidad, el cuál parece ser una motivación humana ampliamente documentada. La gente esta dispuesta a cooperar con quienes cooperan y a penalizar, incluso asumiendo costos personales, a quienes no lo hacen. Esta perspectiva puede ser válida para entender la desaprobación a programas hiper-focalizados como el PANES pero también para entender por qué propuestas como la Renta Básica no logran en muchos casos ganar adeptos más allá de círculos intelectuales bastante estrechos.
Otro ejemplo de Uruguay es el recientemente anunciado plan de Compromiso Educativo que proyecta pagar una suma de dinero a jóvenes en riesgo de desvinculación del liceo. Me detengo en un aspecto particular. El carácter focalizado del plan y las contrapartidas laxas que aparentemente se exigirían (asistencia al centro educativo) podría generar patrones de desaprobación similares a los del PANES. Asimismo, no deberían descartarse efectos comportamentales no deseados en quienes no reciben el incentivo económico. Si una proporción no despreciable de jóvenes estudia “por el gusto de estudiar”, la introducción de incentivos materiales en el sistema puede desplazar este tipo de motivaciones y potencialmente empeorar el desempeño de estos estudiantes. De hecho, hay bastante evidencia de que cuando las personas consideran intrínsicamente valiosa determinada tarea la introducción de incentivos monetarios puede ser contraproducente. Las políticas de becas (que implican exigencias transparentes en términos de aprobación de materias) largamente aplicadas en la Universidad de la República y financiadas con impuestos a los profesionales parecen tener aprobación tanto de quienes las pagan como de los estudiantes que no califican para cobrarlas. Tal vez esto obedezca a que su diseño respeta en mayor medida las normas de reciprocidad antes comentadas. Esta nueva iniciativa es bienvenida porque Uruguay necesita urgentemente implementar políticas de incentivo a la demanda educativa, pero su diseño debe pensarse adecuadamente.
Segundo, las políticas de igualación de oportunidades pueden recibir mayor apoyo que las políticas de igualación de resultados. Las políticas de igualación de oportunidades tienden a reunir mayor consenso porque son compatibles con una noción intuitiva de justicia que la mayoría de las personas tiene. La educación y otras políticas de redistribución de activos (entrega de tierras a pequeños productores, crédito a cooperativas de trabajadores, etc.) pueden tener amplio apoyo porque generan condiciones de equidad a partir de las cuáles las personas pueden hacerse responsables por los resultados de sus acciones. Las políticas de igualación de resultados generan mayor ruido dado que resulta menos transparente determinar qué parte de los resultados obtenidos son responsabilidad de la persona y cuáles obedecen a circunstancias ajenas a su control.
Tercero, cuando la distancia social entre diferentes grupos y personas tiende a aumentar la implementación de políticas redistributivas puede ser más difícil. La efectividad de las preferencias sociales para asegurar mayores niveles de redistribución depende de que los individuos se sientan parte “del mismo barco”. Esto no es menor para Uruguay donde se observan notorios signos de segregación socioeconómica.
En definitiva, estos estudios son importantes porque muestran que muchas políticas redistributivas tiene un amplio anclaje en predisposiciones cooperativas naturales de las personas. No siempre la resistencia a algunas políticas redistributivas debería interpretarse como expresión pura y dura de avance del egoísmo. También podría ser que en el diseño de algunas políticas no estamos dando en el clavo con las bases motivacionales que llevan a las personas a ser solidarias y cooperar con otras.[2]
[1] La referencia clásica de Cohen sobre este punto es “Incentives, Inequality and Community”, publicado en 1992.
[2] La foto no es mía, es de Valentina Costantini. Tampoco nada de lo dicho es muy original. Algunas implicancias de los resultados de la economía comportamental para las políticas redistributivas son discutidas por Bowles y Gintis (1998) en “Recasting Egalitarianism” y Bowles, Gintis y Fong (2003) en “Reciprocity, Self-interest, and the Welfare State”. La crítica a la propuesta de Renta Básica en términos de violación de normas de reciprocidad ha sido formulada por Jon Elster en varios artículos.
