Razones y personas: repensando Uruguay

Desde hace varios años, distintas investigaciones vienen planteando el marcado desequilibrio que presenta la distribución del ingreso y el gasto público social en términos etarios en el Uruguay. La evidencia presentada en ellos enfatiza las diferencias en el acceso al bienestar de las generaciones más jóvenes, y la posición relativamente favorable que las generaciones adultas ocupan cuando se las compara con éstas en un conjunto de dimensiones. Estos análisis han mostrado la urgencia de “recalibrar” o reorientar la arquitectura de bienestar uruguaya y, en este proceso, otorgar un papel más preponderante a la inversión social para las generaciones más jóvenes. Afortunadamente, los políticos y las políticas públicas no han sido indiferentes a esta reflexión y, aunque todavía queda mucho, mucho por hacer, el país ha avanzado notoriamente en este proceso de reorientación. Pero a la hora de reflexionar sobre los avances y retrocesos, y sobre cómo profundizar el rumbo de los cam...

Primer Acto: Un Ministro del Interior divulga datos sobre la actividad delictiva en el Uruguay, que no condicen inicialmente con lo que los técnicos de su propio Ministerio le indicaban. Los técnicos no son consultados, y las fuentes de la información parecen ser diversas. Segundo Acto: El funcionario a cargo de realizar, entre otras cosas, las estadísticas sobre el delito renuncia. Tercer Acto: La oposición acusa de manipular cifras al gobierno. Cuarto acto:La o posición utiliza los datos del Ministerio y “otras fuentes” para justificar una campaña de rebajar la edad imputabilidad, en medio de críticas de ONG´s que afirman que no son ciertos. Parece una comedia de enredos italiana, de esas que marean, hacen cómplice al espectador y tienen finales inesperados. Lamentablemente, es la manera en que la información pública se usa en Uruguay. En el Primer Acto vemos un Ministro que evidentemente no se comunica bien con parte de su Ministerio, un fenómeno usual en gobiernos que r...

Para John Rawls, cuya obra ha tenido profunda influencia en la forma de pensar los problemas distributivos en las sociedades contemporáneas, hay desigualdades que están justificadas si hacen que quienes están peor en la sociedad estén mejor de lo que estarían si la desigualdad fuera eliminada. Las políticas redistributivas que debilitan los incentivos de los individuos más productivos a invertir y esforzarse, y por ello terminan empeorando la situación de los más pobres, carecen de justificativo moral. Este es el llamado principio de la diferencia de Rawls. Muchos han sostenido que, en virtud de la aplicación de dicho principio, la teoría de Rawls es insuficientemente igualitaria. Por ejemplo, el recientemente fallecido filósofo socialista Gerald Cohen ha señalado que los principios de justicia deben aplicarse no sólo a las instituciones básicas de la sociedad sino también a las prácticas personales. Una sociedad justa no es alcanzable sin individuos comprometidos con la igualdad...

  Varias investigaciones dan cuenta de la necesidad de considerar al ámbito familiar, social (grupos de referencia) e institucional, para enfrentar la deserción como un problema multidimensional. El “Compromiso Educativo”, a cargo del Ministerio de Educación y Cultura, tiene un abordaje de este tipo. Por un lado, se le da protagonismo a la familia y al adolescente, para que junto al centro educativo, definan un contrato del cual se hacen responsables. Esto evita políticas paternalistas en que se asume al joven como un beneficiario y no como un ciudadano con derechos. Por otro lado, se le ofrece al joven un ingreso magro (que puede reducir el costo de oportunidad de trabajar a tiempo completo, por ejemplo), y apoyo psico-social a través de tutores voluntarios que proveen al joven de un marco de referencia y modelos de rol. Son escasas las políticas como ésta que asumen las sugerencias ofrecidas por varias investigaciones realizadas en las últimas décadas. Y sin embargo, lo qu...

El viernes 25 de febrero Oscar Botinelli presentó en El Espectador una encuesta de opinión mostrando que la mayoría de los uruguayos (57%, para ser exactos) entiende que la seguridad pública “está mal o muy mal”. Una semana después el Senador Jorge Saravia (Espacio 609/FA) realizó públicamente varias propuestas tendientes a mejorar esa situación , todas ellas con un elemento en común: aumentar el involucramiento de las FF.AA. en la implementación de la política de seguridad pública. Mi intención aquí es analizar una de estas propuestas y mostrar que, aun considerando versiones estilizadas (o incluso abiertamente mejoradas) de los argumentos del Senador, la medida no permitiría alcanzar sus objetivos declarados. Saravia parte del diagnóstico de que organizaciones delictivas con fuertes conexiones internacionales (fundamentalmente traficantes de drogas y armas) se instalan en zonas con alto porcentaje de la población en conflicto con la ley (él habla en general de “asentamiento...

A partir del pasado 1º de enero el gobierno redujo la tasa de 30% de IMESI (Impuesto Específico Interno) para automóviles de baja cilindrada y ajustó al alza la alícuota para aquellos de mayor cilindrada. La modificación tributaria tiene sentido por cuanto pretende estimular la compra de autos de menor consumo de combustible. En el marco del renovado interés por revisar la estructura tributaria, vale la pena reflexionar sobre los efectos económicos y sociales que supondría modificar la política del IMESI. Según el último informe de DGI, durante 2010 (año récord de ventas de autos 0 km) la contribución por este rubro de IMESI fue sólo el 1,5% de la recaudación total. Esto sugiere que para un período representativo la misma sería menor al 1%, representando apenas 0,5 puntos de IVA. Para juzgar su rol dentro de la estructura tributaria deben ponderarse los costos y distorsiones que se asume al recaudar este tributo. El IMESI no sólo incide directamente sobre el precio de los vehícul...

¿De qué cuestiones asociadas al bienestar de la población debe ocuparse el Estado? A muy grandes rasgos, las distintas respuestas a esta pregunta han ido delimitando las instituciones y políticas que hoy conocemos como matriz de bienestar. En las últimas décadas, ante el aumento de la pobreza y la exclusión social entre otras cosas, esta matriz de bienestar debió comenzar a ser complementada por iniciativas públicas que se ocuparan de la “protección social”, es decir: de garantizar niveles mínimos de renta y de servicios que le permitan a dichos colectivos vulnerables acceder a las prestaciones “tradicionales” para que adquieran las capacidades necesarias para evitar situaciones de exclusión social y económica. Definidas estas responsabilidades públicas aunque sea de forma escolar, la pregunta que sigue bien podría ser “¿Cómo debe afrontar el Estado estas tareas?”. A un año de iniciado el segundo gobierno del Frente Amplio, y mientras comienzan a reproducirse un sinfín de eval...