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| "Cruz de los Caminos, Uruguay" Eduardo Amorim CC BY 2.0 |
La informalidad laboral es un problema persistente en Uruguay, con serias consecuencias para los y las trabajadoras y la sociedad en su conjunto. A pesar de que el porcentaje de trabajadores informales se redujo considerablemente en los últimos 20 años —pasando de alrededor de un 40% a cerca del 22%—, el ritmo de avance parece haberse estancado. La informalidad, que involucra el trabajo no registrado, implica riesgos importantes para quienes se encuentran fuera del sistema formal de aseguramiento social. Entender este fenómeno requiere analizar los incentivos y las barreras a la formalización que enfrentan tanto trabajadores como empleadores.
La informalidad plantea problemas tanto para los trabajadores como para el sistema de protección social. Para los trabajadores informales, la falta de cobertura de seguridad social significa una mayor exposición a la inestabilidad económica, ya que no cuentan con el respaldo de un seguro de desempleo ni con una cobertura adecuada en caso de enfermedad, accidente laboral o maternidad. A largo plazo, la falta de contribuciones afecta su acceso y monto de jubilación. Desde una perspectiva social, la informalidad también afecta el financiamiento de la seguridad social: si una parte considerable de la población no contribuye, el sistema se ve forzado a recurrir a otras fuentes de financiamiento, incrementando la presión fiscal o limitando los recursos disponibles para quienes sí contribuyen. Además, la existencia de ingresos no registrados dificulta la evaluación precisa de la situación económica de las familias, complicando la determinación de elegibilidad y el cálculo de los beneficios en los programas de protección social.
Balance entre costos y beneficios
Formalizarse implica costos directos muy claros en términos de impuestos y contribuciones a la seguridad social. Como contrapartida, los y las trabajadoras formales obtienen acceso al sistema de seguridad social, incluyendo seguro de desempleo, licencias por enfermedad y maternidad, cobertura de salud, y jubilaciones y pensiones contributivas. Por su parte, al formalizar los puestos de trabajo, las empresas reducen los riesgos de costos asociados a la fiscalización del trabajo informal.
Los incentivos que estos beneficios generan para aportar a la seguridad social dependen de en qué medida éstos son percibidos y valorados. Si bien la evidencia sobre las valoraciones de los beneficios del aseguramiento social es limitada, trabajos recientes han mostrado que el reporte de ingresos a la seguridad social responde a los beneficios de, por ejemplo, la cobertura de salud para las familias de los trabajadores, o la forma de cálculo de las jubilaciones programas. En el cálculo de costo-beneficio de contribuir a la seguridad social entran también las alternativas de programas no contributivos que ofrecen cobertura alternativa, como la cobertura de salud pública, los programas de transferencias contra la pobreza, y las pensiones no contributivas a la vejez.
La decisión de empresas y trabajadores de contribuir o no contribuir a la seguridad social puede verse desde dos grandes paradigmas complementarios. Cada una de estas visiones tienen asociados diferentes tipos de políticas públicas que podrían ayudar a fomentar una mayor formalización de la economía. El primer paradigma identifica a la baja productividad como la causa última de la informalidad, sugiriendo que los empleos informales no serían viables si tuvieran que pagar los costos asociados a la formalidad. La segunda visión plantea la informalidad como una decisión de evasión de impuestos y contribuciones. Desde este punto de vista, hay trabajos que potencialmente pueden ser formales pero en el balance de costos y beneficios de formalizarse, incluyendo en el cálculo la probabilidad de fiscalización, se inclinan por la informalidad.
Bajo nivel de productividad y el costo de la formalidad
La visión de la baja productividad como la causa última de la informalidad se sustenta en la observación de que los trabajadores informales suelen tener en promedio un menor nivel educativo y menores ingresos que los formales, así como la mayor prevalencia de la informalidad en microemprendimientos y empresas muy pequeñas. Trabajadores y pequeñas empresas con bajos ingresos o en actividades de baja rentabilidad pueden encontrar muy difícil cumplir con las contribuciones y regulaciones del sector formal. Muchos trabajadores por cuenta propia lo son porque no encuentran alternativas en el mercado laboral. Las tradicionales “changas” son un ejemplo de trabajos esporádicos con bajos ingresos de alta inestabilidad. En el balance de costos y beneficios de la formalidad, los costos son demasiado altos en relación a los ingresos potenciales que estos trabajadores o puestos de trabajo pueden generar, por lo que no serían viables si tuvieran que pagar los costos mínimos de formalizarse.
Desde este paradigma, la clave está en aumentar la productividad. Reducir los costos de formalizarse a través de rebajas impositivas y de contribuciones puede también ayudar, pero con un alto costo en términos de recaudación en el sector formal. Por otra parte, aumentos de la fiscalización sin reducción de costos o aumentos de productividad podrían perjudicar a los trabajadores con baja empleabilidad en sector formal, llevando a una caída del empleo en lugar de su formalización.
La informalidad como decisión de evasión
La visión de la informalidad simplemente como un problema de productividad se choca con la existencia de solapamiento en las actividades y niveles de ingresos entre empresas y trabajadores formales e informales, así como con la observación de que muchos trabajadores transitan entre trabajos formales e informales a lo largo de su vida. También se observa la existencia de trabajos informales en pequeñas empresas formales, así como subdeclaración de ingresos de trabajadores formales. Por ejemplo, hay trabajadoras domésticas que tienen multi-empleo, teniendo algunos trabajos registrados y otros “en negro”, y trabajadores independientes que facturan algunos trabajos y otros no, o que aportan a la seguridad por el ficto mínimo aun teniendo mayores ingresos.
Una visión alternativa es que hay trabajadores y empresas en el margen entre la formalidad y la informalidad, y cambios en el cálculo de costos y beneficios puede volcarlos hacia la formalización. Desde este punto de vista, aumentos de la fiscalización pueden aumentar cómo perciben las empresas los costos de tener trabajadores informales, inclinando la balanza hacia la formalización. Esta visión enfatiza también la importancia de los incentivos para contribuir o no a la seguridad social generados por los programas de beneficios sociales contributivos y no contributivos.
El rol del monitoreo y la paradoja del enforcement
La evidencia sugiere que la informalidad es un fenómeno complejo que responde tanto a los bajos niveles de productividad, como a un cálculo de costos y beneficios que en el margen pueden afectar la decisión de evasión. Entonces, el incremento de controles podría incentivar la formalización, pero también acarrea riesgos: imponer regulaciones rígidas a empresas pequeñas puede llevarlas a una situación insostenible y a la destrucción de puestos de trabajo informales sin que éstos se transformen en trabajos formales.
El monitoreo efectivo de la informalidad, especialmente en sectores como los microemprendimientos y el empleo por cuenta propia, es complejo y costoso. Sin embargo, la estructura de la fiscalización que suele ser más rigurosa para empresas grandes, puede incentivar a los microemprendedores a mantener sus negocios pequeños para evitar costos adicionales y no exponerse a la supervisión estatal. Así, el menor nivel de fiscalización de las pequeñas empresas puede de manera no intencional desincentivar el crecimiento, limitando la expansión del empleo formal y la productividad. Incrementar la fiscalización de las empresas más pequeñas podría, en teoría, aumentar la formalización, pero también exige recursos considerables y podría tener efectos no deseados sobre el empleo en el corto plazo.
El camino estrecho de las políticas de formalización
Las políticas de formalización efectivas deben entonces encontrar un delicado equilibrio entre mejorar las condiciones de los sectores de baja rentabilidad y reforzar la fiscalización de las actividades informales. La solución no está en políticas de control o incentivos fiscales aislados, sino en un enfoque integral que promueva el desarrollo de habilidades y la competitividad de estos sectores.
Para ello, en primer lugar, es fundamental la presencia del Estado como garante de derechos laborales y sociales, especialmente en el interior y en sectores con mayores dificultades de fiscalización. En segundo lugar, es necesario invertir en educación y capacitación para mejorar la empleabilidad y, a largo plazo, elevar la productividad de trabajadores y empresas. Finalmente, los programas de protección social deben estar diseñados para proporcionar niveles de apoyo suficientes sin desincentivar la formalización. Este “camino estrecho” hacia la formalidad requiere un esfuerzo de políticas de estado coordinadas y sostenidas que permita mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y fortalecer la sostenibilidad del sistema de protección social en su conjunto.
Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.
