Razones y personas: repensando Uruguay: 2024

LA CULTURA, EL DISCRETO ENCANTO. Reflexiones sobre las políticas culturales de la izquierda uruguaya a partir de sus bases programáticas para un nuevo gobierno (*)

Las acciones políticas para el fomento de la actividad cultural están atravesadas por una serie de posicionamientos en función de cómo se define la cultura y sobre cuál es su relación con la estructura de clases de la sociedad. La teoría sociológica de la cultura ofrece una larga tradición de pensamiento sobre la importancia de la dimensión simbólica en la vida común, tanto en los mecanismos de distinción social y la reproducción de las desigualdades, cómo en las formas de emancipación y de resistencia a la cultura dominante (Bourdieu, 1970; 1979; Chartier, 1997; Hall & Whannell, 1964; Hall & Jefferson, 1976; Hoggart, 1957; Thompson, 1963; Williams, 1958). Según estos aportes, en la política de la cultura, ese “discreto encanto” que a veces parece accesorio, se condensa una disputa no sólo pragmática, sobre la producción de bienes simbólicos, sino también cognitiva, sobre las formas de percibir y de apreciar el mundo[1]. En período de campaña electoral, donde el debate cultural resulta a menudo marginal frente a las temáticas vedettes de la contienda, resulta pertinente preguntarse cuál es lugar que ocupan las políticas culturales en los programas de los partidos y cómo dialogan las propuestas con los desafíos que presenta la actualidad política.

Si bien el rubro “cultura” aparece en todos los programas (en el del Partido Nacional es un sub-punto dentro del sexto capítulo “Conocimiento, innovación y cultura” y en el caso del Partido Colorado es un ítem dentro de los 31 que se contemplan), es en las Bases programáticas 2025-2030 del Frente Amplio donde encontramos un posicionamiento que trasciende las generalidades vernáculas (valores, identidad, tradición…) y/o la retórica contemporánea de la eficiencia. Sin embargo, la formulación de ciertos propósitos, corre el riesgo de deslizar hacia una suerte de mesianismo cultural secular, depositando en la cultura la reparación de todos los males. Sin mayores precisiones, la definición detrás de la palabra cultura, y por ende la concepción y orientación de la política cultural, puede funcionar en la retórica política, como esos “significantes flotantes” que retomando la definición de Ernesto Laclau (2005) permiten, a través de cierto grado de generalidad, unificar múltiples antagonismos en un nivel simbólico superior. El rol de la academia en la discusión teórica sobre el uso de tales conceptos y en la producción de datos que permitan argumentar orientaciones en función de ellos es fundamental, pero hasta el momento resulta insuficiente en nuestro país.

Reflexionar sobre las disyuntivas de una política cultural de cara a un eventual próximo gobierno de izquierda se vuelve necesario para contribuir a eludir la bolsa de esas nociones “vacías” o “flotantes”, que si bien permiten cierta “performatividad del pensamiento” pueden, también, obstaculizar tanto la discusión como la acción. En esta nota, luego de presentar las líneas generales del proyecto de “una nueva institucionalidad cultural” del Frente Amplio, se abordarán tres problemas teóricos y políticos. Primero, ¿cuál es el modelo de políticas culturales en el que se inscribe esta nueva institucionalidad y cómo se posiciona frente a los antecedentes locales y a la circulación internacional de modelos? Segundo, ante un contexto político internacional donde las nuevas derechas reciclan la noción de “batalla cultural” contra una fantaseada “hegemonía cultural de izquierda” y las políticas culturales se han convertido en uno de los rings privilegiados, ¿qué posicionamiento adoptar para garantizar la autonomía relativa que requiere la acción cultural y cierta continuidad más allá de los gobiernos de turno? Tercero, ante la explicitación desde el sistema político y el campo cultural de la necesidad de evaluación y monitoreo de estas políticas, ¿qué rol puede/debería jugar la academia en la producción de conocimiento sobre el funcionamiento del campo cultural en Uruguay?

En el tercer punto de las bases programáticas del Frente Amplio (“Un país de cultura, pilar del sentido de la vida y de la fuerza constructora de la sociedad”), se plantea qué hacer con el rubro cultura frente a la posibilidad de un cuarto gobierno nacional. Los avances en materia de política cultural durante las pasadas gestiones nacionales son evidentes, se puede decir que hay cierta acumulación en la reflexión sobre lo hecho y también la identificación de puntos débiles de las políticas adoptadas, como lo demuestran los aportes desde la academia local sobre el tema (Achugar y Lembo, 2017; Cabrera, 2018; Di Giorgi, 2024; Gómez et al., 2021; Gortázar, 2017). Es así que en el nuevo programa, domina por un lado, la recuperación del legado de los primeros quince años de gobierno progresista y, por otro, ciertas formulaciones que subrayan las discrepancias ideológicas con algunas reorientaciones de la administración actual, que sin embargo se han situado en relativa continuidad. En cuanto a las propuestas, el “rediseño de la institucionalidad cultural” parece ser el eje articulador de las acciones a implementar. En síntesis, este rediseño plantea una nueva configuración del actual Ministerio de Educación y Cultura a partir de una redefinición de sus áreas de competencia, por lo que se pasaría a llamarse “Ministerio de las Culturas, las Artes, los Patrimonios y la Educación”. Según el programa, esta reformulación se realizaría con el mismo presupuesto con el que cuenta el actual MEC, previendo un aumento gradual hasta alcanzar el 1% del PBI. Así mismo, la creación de un Sistema Nacional de Cultura, encargado de gestionar la política cultural en todo el país articulando los tres niveles de gobierno, será garantizado por una nueva legislación a través de la promulgación de una Ley Nacional de Cultura y Derechos Culturales.

Es posible identificar cuatro grandes líneas en esta nueva institucionalidad cultural: a) la preocupación por la descentralización (retomando las acciones de los Centros MEC y de la creación de nuevas estructuras de gobernanza como Consejos Departamentales de Cultura); b) la inclusión de diferentes expresiones y producciones simbólicas de la población (desarticulando las jerarquizaciones históricas entre ellas); c) la apuesta a la profesionalización y al refuerzo de los derechos laborales (a través de legislaciones que permitan el reconocimiento de la actividad y garanticen el acceso a la seguridad social de los trabajadores del rubro); y c) el impulso a la educación artística (se menciona la creación de un Programa Nacional de Educación Artística). Estos cuatro puntos parecen retomar y profundizar el paradigma de la “democracia cultural” que guió las gestiones anteriores (paradigma que parte de una concepción amplia de cultura, donde el derecho a la misma no se remite solo al acceso a un conjunto de obras, sino también a la producción y al reconocimiento de su diversidad). El paradigma de la “democracia cultural”, sugerido por la Unesco a través de los informes producidos en las sucesivas conferencias[2], es visto como una ampliación y superación del paradigma fundador de la política cultural europea basado en la “democratización” (Dubois, 1999 ; Poirrier, 2010 ; 2011 ; Urfalino, 1996; Zask, 2016). En algunos paises latinoamericanos, como el nuestro, la adopción de este paradigma se efectúa en combinación con el concepto de “participación cultural”, adoptado y promovido por la ola de gobiernos progresistas al inicio del siglo XXI (De Torres, 2007; García Canclini, 1987; Mejía, 2009; Rubinich, 1993). Si bien el nuevo programa deja suponer un alineamiento al paradigma de las “democracia cultural”, el mismo no es explícito, por lo que no sabemos cómo los diferentes ejes serán ejecutados con las instituciones culturales que ya existen (Sodre, Medios Públicos Nacionales, Institutos artísticos, Sistema Nacional de Museos, Comisión de Patrimonio Nacional…) y las nuevas que se crearían (como el Sistema Nacional de Cultura, los Consejos Departamentales de Cultura o los Centros Sociales, Culturales y Deportivos…) y cómo éstos van a interactuar con otras instituciones educativas, sanitarias, comerciales, nacionales e internacionales…Es por eso que para construir ese nuevo organigrama y establecer una dinámica de funcionamiento institucional, sea necesario definir antes hacia dónde se orientarán las acciones generales de este rediseño ministerial.

En la retórica de las políticas culturales, una serie de términos que muchas veces aparecen superpuestos, indican orientaciones distintas. Es por eso que ciertas palabras recurrentes (como participación, inclusión, identidades…) usadas con cierto grado de generalidad pueden obstaculizar el debate programático. Primero, porque es muy difícil estar en contra de esos ideales como objetivos de la política pública democrática y, segundo, porque las formas de entender lo que implica cada una de ellas y las acciones a desarrollar en función, pueden ser muy divergentes, hasta contradictorias. Entonces, si bien la performatividad electoral exige ciertos acuerdos generales que esos conceptos vehiculizan, los mismos también exigen en una segunda instancia, una traducción política específica, que permita discutir sobre agenda de prioridades y orientaciones presupuestarias.

Por un lado, desde una perspectiva histórica, el fomento y el subsidio de las artes y la cultura desde los poderes públicos es algo que se encuentra instalado en el debate nacional desde las primeras décadas del siglo XX. En el marco del proyecto de investigación “Teatros en la ciudad. Estudio socio-histórico de la actividad teatral en Montevideo”[3], hemos observado a través del caso específico de la actividad teatral, cómo la preocupación por incluir a las artes y la cultura dentro de una política de Estado forma parte de las discusiones parlamentarias, de las actas de actividad de la junta departamental de Montevideo y de la contienda pública entre representantes de los diferentes partidos políticos al menos desde 1910. También observamos, a partir de la revisión de esas fuentes primarias, cómo ciertas dicotomías que se plantean hoy a la hora de pensar en la política cultural (cómo por ejemplo la oposición entre “alta cultura”/“culturas populares”, “cultura extranjera”/”cultura nacional” y “cultura urbana”/”cultura rural”), determinaban las pujas entre las diferentes posiciones políticas (colorados, blancos, socialistas, anarquistas) desde entonces (Brando, 2024; De Torres, 2015). Si bien la primera dicotomía ha sido ampliamente discutida gracias a los aportes de varios académicos nacionales (Achugar, 2015; Delacoste y Naser, 2018 Remedi, 2018) y a las investigaciones empíricas provenientes de la sociología de las prácticas culturales, que han demostrado la predominancia en la actualidad de gustos y consumos culturales “omnívoros” (Coulangeon, 2010), la dicotomía campo-ciudad parece reeditarse en el debate local actual sin explicitar con claridad cuáles son los términos de tal oposición. Más allá de los imaginarios que los partidos políticos movilizan a partir de esta oposición, en términos específicos de la producción artística, desde la geografía del arte se ha demostrado que si bien el acto creador puede tener lugar en cualquier lado, es la ciudad la que proporciona la infraestructura necesaria y la concentración de recursos para la producción, la circulación y la recepción de esa creación (Grésillon, 2014). En este sentido, no todo lo que se produce en Montevideo es necesariamente “urbano” o “capitalino” y su circulación no se agota en las fronteras de la capital: los ejemplos son numerosos tanto en la música, la literatura, las artes escénicas, las artes visuales…No hay dudas que una política cultural nacional que aspire a la descentralización debe pensar en expandir los servicios, la infraestructura y las oportunidades al conjunto del territorio, o bien, buscar mecanismos para paliar el desequilibrio que la propia concentración que proveen los centros urbanos genera en la configuración de circuitos de producción cultural. Sin embargo, seguir reproduciendo la proyección de un imaginario cultural que fija a lo urbano y lo rural en categorías identitarias opuestas y concurrentes, sobre todo en un país donde la mayor parte de su población vive en zonas urbanas, puede resultar problemático. Esta forma de activar imaginarios culturales a partir de una lógica de oposición genera, además, otras dicotomías recurrentes, como la de construir una frontera entre lo “uruguayo” y lo “extranjero”. Esto puede generar efectos de exclusión colaterales hacia culturas foráneas recientemente instaladas en el territorio nacional que también forman parte de la producción simbólica de nuestro país.

Por otro lado, si bien pensar una política cultural implica gestionar las diferentes escalas gubernamentales hacia el interior de las fronteras (local, departamental, nacional), al mismo tiempo exige dialogar con la circulación internacional de modelos que no se piensan necesariamente a partir de las particularidades locales. Desde el informe pionero “Cultural policy a preliminary study” (1969) producido a partir de la primera conferencia sobre políticas culturales organizada por la Unesco, la orientación de éstas se encuentra frecuentemente determinada por una agenda definida a través del lobby internacional (la adopción del concepto de “industrias creativas” y su progresiva centralidad en la planificación, o la reciente aparición de la noción de “ecosistema cultural” en el vocabulario del policy making, son dos ejemplos de ello). Pero además, no solo se trata de agenda, sino de establecer metas, desafíos comunes y de evaluar su cumplimiento, a cambio en general de recursos humanos y económicos nada desdeñables. Por ejemplo, en la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales realizada en México en 1982, que reúne a 135 países, se establecen por primera vez una serie de indicadores para realizar “una evaluación global de los esfuerzos realizados en la década 1970-1980 en términos de desarrollo cultural, de políticas culturales y de cooperación cultural” (Bustamante, 2015) y fijar una agenda común de fortalecimiento de las políticas culturales de los países en vías de desarrollo.

En cuanto a la circulación internacional de modelos, el caso francés es paradigmático en gestión pública de la cultura porque, a diferencia del modelo británico de Arts Council, desde la creación del Ministerio de la Cultura en 1959 (primer ministerio dedicado exclusivamente a asuntos culturales) el Estado juega un rol central en el desarrollo y la gestión de la acción cultural. La historia de este Ministerio de la Cultura francés es también la historia de la sucesión de los diferentes modelos de políticas culturales que desde los años cincuenta han circulado en América Latina: primero a través de la “democratización cultural” (dónde según André Malraux, ministro entre 1959 y 1969, se trata de “poner al alcance de todos las obras capitales de la humanidad”), luego adoptando el paradigma del “desarrollo cultural” en los años setenta (que revisa la estructura macrocefála del primer modelo, instalando la idea de descentralización territorial y una reflexión sobre la economía específica de los “bienes simbólicos” y la rentabilidad de su gestión) y, a partir del triunfo del socialista François Mitterrand en 1982 se trabaja en la ya mencionada “democracia cultural”, en puja con el incipiente paradigma del management y la gestión cultural que se desarrollará posteriormente (Dubois, 2010; Menger, 2011). Si bien objeto de una campaña de deslegitimación por la prensa de derecha (Bourdoncle, 2001), la administración socialista con Jack Lang a la cabeza del Ministerio, es un punto de inflexión en la política cultural francesa tal cómo la conocemos hoy y también consolida un imaginario sobre lo que implica una política cultural de izquierda. Primero, por lo que se concibe como una “ruptura cuantitativa” duplicando el presupuesto del Ministerio de la Cultura (de 0,4% al 0,8% y luego al 1,0% del presupuesto nacional) y creando 8000 nuevos puestos de trabajo en el campo cultural. Segundo, por proponer el concepto de “excepción cultural” que supone tratar a la cultura de manera diferente a otros productos comerciales, instalándolo posteriormente en las negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en 1993 de la Unión Europea,.

En síntesis, la idea de “democracia cultural” no es nueva y tiene ciertas implicancias conceptuales, como apostar a bienestar de todos los individuos promoviendo tanto el acceso a las obras como también a las condiciones y las posibilidades de producirlas, el respeto de la multiplicidad cultural integrando otras actividades y rubros antes excluidos de las políticas de promoción cultural, generando una nueva asociación entre economía y cultura a través del fortalecimiento de las industrias creativas. Nada de esto parece nuevo para quienes han seguido de cerca alguno de los lineamientos de la política cultural del Frente Amplio, ya sea desde la Intendencia de Montevideo o desde la Dirección Nacional de Cultura del MEC, durante los tres períodos anteriores de gobierno. Ahora bien, pensando en el rediseño institucional que plantea el nuevo programa, ¿qué acciones se retomarán de lo realizado en los períodos anteriores y cuáles serán los ejes de la nueva acción cultural? Por otra parte, teniendo en cuenta la separación de competencias que el nuevo ministerio propone (a saber, “artes”, “culturas”, “patrimonio” y “educación”) ¿cómo contemplar las diferencias fundamentales en el funcionamiento de cada una de esas áreas? En otras palabras, ¿cómo combinar, ciertos objetivos universalistas de las políticas culturales y educativas, con algunas definiciones relativistas de las nociones de cultura y las múltiples lógicas de excepción y de diferenciación que generalmente priman en el funcionamiento y la estructuración del campo artístico? (Menger, 2001). Finalmente, si bien la asociación entre cultura y educación también tiene larga data en la administración nacional y no hay duda de que una política cultural necesita de una política educativa que la acompañe, ¿no sería conveniente separar la gestión pública de la educación, de la gestión de las políticas culturales, como forma de preservar las especificidades de cada una de estas áreas?

Uno de los grandes problemas de la acción cultural en los países latinoamericanos ha sido su discontinuidad. Esto se ha debido en gran parte a que las acciones en temas culturales han estado supeditadas a la voluntad política de los partidos en el gobierno. Estas acciones han sido izadas regularmente como una bandera partidaria que en consecuencia es inmediatamente es arriada si cambia la conducción. Así como al campo de producción artística y cultural le ha costado preservar ese márgen de autonomía relativa del campo político, parece casi imposible pensar que una política cultural en América Latina pueda llegar a tener un mínimo de autonomía para que logre perdurar frente a la alternancia. La “autonomía relativa” de un campo artístico en términos de Pierre Bourdieu (1992), no se refiere a un funcionamiento del campo cultural autónomo de la política o de la economía, pero sí implica que los conflictos estructuradores del campo en cuestión, cómo los las formas de valoración y los criterios que rigen su funcionamiento, sean específicos a éste (es decir, encuentren justificación en las disputas internas y no en disputas determinadas por los conflictos en otros campos). Si bien lograr este márgen de autonomía no ha sido evidente en la socio-historia del campo cultural latinoamericano, ciertas novedades de la actualidad política contemporánea, como las querellas en torno a la “batalla cultural”, la vuelven amenazar.

En efecto, desde hace algunos años, las políticas culturales parecen estar arrinconadas en la retórica beligerante que plantea la nueva “batalla cultural”, avivada por las nuevas derechas, con numerosos y distópicos ejemplos tanto en Europa como en Estados Unidos y en América Latina[4]. La noción de “batalla cultural” tiene sus raíces en el pensamiento de Antonio Gramsci. En los Cuadernos de la cárcel, específicamente en el cuaderno 12 y en el 29, Gramsci analiza cómo las políticas públicas destinadas a la educación y la cultura funcionan como “aparatos de hegemonía” en la esfera simbólica reforzando las relaciones de dominación (Gramsci, 1977). Una contra-hegemonía puede emerger desde los “lugares de innovación lingüística”, dentro de los cuales se encuentran la escuela, la prensa, la literatura, el teatro, el cine, la radio, las reuniones políticas y las asambleas de los diferentes estratos de la población. Si bien esta idea ha sido parte del debate de los movimientos de izquierda durante el siglo XX, la misma reaparece en la actualidad en el discurso de las nuevas derechas, con algunas deformaciones e inconsistencias teóricas. Sería tema de otra nota analizar teóricamente estos usos, pero para mencionar algunos ejemplos de estos reciclajes conceptuales, podríamos mencionar la idea de “gramscismo de derecha” propuesta por político de extrema derecha francés Alain de Benoist y retomada recientemente por Marion Maréchal Le Pen; el uso de la noción de “marxismo cultural” por el estadounidense Pat Buchanan, cuyos propósitos han sido reutilizados tanto en los discursos de la primera campaña de Donald Trump como en la del vecino Jair Bolsonaro; los libros del politólogo y conferencista argentino Agustín Laje (cómo El libro negro de la nueva izquierda: idología de género o subversión cultural o su contraparte La batalla cultural: reflexiones críticas para una nueva derecha), o bien, sin ir más lejos, el reciente interés por Gramsci en las filas del Partido Nacional uruguayo (dónde un concurso de ensayos sobre la infleuncia del filósofo italaiano en las estrategias de la izquierda uruguaya fue lanzado por el Instituto Manuel Oribe cuyo premio le fue otorgado al libro Gramsci. Su influencia en el Uruguay de Juan Pedro Arocena)[5].

Esta reutilización de lenguaje beligerante que alega una raíz gramsciana se efectúa invirtiendo el sentido tanto de la idea de hegemonía como de la de contra-hegemonía y, sobre todo, escindiendo la relación de la hegemonía cultural con otras estructuras de dominación. En otras palabras, se separa al concepto gramsciano de la teoría marxista que lo acuña. En la retórica de estos nuevos intelectuales de derecha, la “batalla cultural” implica impedir, revertir o deslegitimar ciertas transformaciones recientes lideradas por el progresismo en al menos tres campos: la educación, los derechos y el reconocimiento de las minorías y las políticas culturales. En el debate público encontramos un sin fin de frentes específicos dónde esta “batalla” se materializa: en educación por ejemplo, en las discusiones sobre presupuesto o sobre el financiamiento de la investigación científica, los debates sobre los programas como por ejemplo en la enseñanza de la historia reciente, de educación sexual en las escuelas, de educación artística o de las horas destinadas a disciplinas humanísticas como filosofía, sociología, historia….; en cuanto a los derechos, cuando se habla de políticas de inclusión, de disidencias sexuales, de reconocimiento de los pueblos autóctonos, de la despenalización del aborto, de matrimonio igualitario, de crímenes de lesa humanidad….; y en el campo de las políticas culturales, cuando se discuten paradigmas, se des-jerarquizan disciplinas, géneros o estilos, se programa, se asignan recursos, becas, subsidios…El problema no es tanto la discusión teórica ni tampoco el debate ideológico, sino la consecuencias que la retórica deformada de una supuesta “guerra cultural” puede generar en términos de política pública. No hay que hacer un gran esfuerzo de imaginación para tener algunos ejemplos del alcance de la misma: en el reciente Brasil de Bolsonaro o en la actual Argentina de Milei, el cierre de instituciones, la supresión de programas culturales, las reducciones de presupuesto a proyectos de educación artística, la cancelaciones de subsidios y de exoneración de impuestos para la actividad artística o la estigmatización (y a veces incluso la persecución) de artistas, docentes, estudiantes…han sido y son moneda corriente, bajo argumentos que se sustentan en esta cruzada contra una supuesta hegemonía cultural de la izquierda[6].

Ahora bien, volviendo a nuestro tema específico, Julio Brum, integrante de la Comisión Nacional de Cultura del FA, escribía en una columna de opinión publicada en La Diaria, “se debe aspirar a un horizonte de políticas culturales de Estado, que como tal no dependan de intereses partidarios”[7]. Este horizonte es justamente ese que aseguraría cierta continuidad de las acciones que se pongan en marcha en un posible cuarto gobierno y evitaría el volver a empezar constante que impide no solo la consecución de objetivos a mediano y largo plazo, sino también la posibilidad de producir datos para el seguimiento y la evaluación del funcionamiento de dichas acciones. ¿En qué medida es posible una política cultural de izquierda que sea a su vez una política de Estado relativamente autónoma de intereses partidarios? La pregunta subsecuente – y el desafío - es ¿cómo plantear, justificar, argumentar las decisiones en materia de política cultural, evitando la retórica de oposición irreconciliable que plantean las nuevas derechas?

Uno de los puntos de las bases programáticas del FA propone “crear herramientas para la evaluación y monitoreo de las políticas culturales”. Tiene sentido: la puesta en marcha de un rediseño institucional y una evolución presupuestal cómo la que se propone, necesita de un seguimiento. Pero sucede un poco lo mismo que lo mencionado sobre el modelo de política pública, es necesario mayor precisión. Por un lado, es necesario pensar las herramientas para la evaluación y el monitoreo desde el inicio para poder asegurar la producción de datos que las mismas necesitan. Por otro lado, esto precisa de la adjudicación de un presupuesto específico y de recursos humanos para realizar una tarea cuyos resultados no son inmediatos y, muchas veces, muestran más las dificultades y los obstáculos que los avances. Por ejemplo, las primeras evaluaciones sobre el efecto de las políticas de democratización, mostraron que a pesar de las acciones desplegadas por la gestión pública de la cultura, primaba un persistencia de la estructura de desigualdades en el consumo cultural (Bourdieu y Darbel, 1966). Esto no necesariamente conduce a concluir sobre el fracaso de dicha política sino, por un lado, considerar la variable tiempo para evaluar efectos a largo plazo, pero también, por otro lado, pensar en otras modalidades de evaluación complementarias a los datos sobre frecuencia a servicio y relación entre el consumo y el nivel socio-económico. Porque la idea “excepción cultural” que distingue el valor comercial de los bienes simbólicos, también podría aplicarse a la reflexión sobre cómo medir los efectos de los mismos en las poblaciones objetivo. Por eso mismo, las herramientas necesarias exigen discusión teórica y metodológica previa para que puedan cuantificar los consumos de bienes y servicios, pero también contemplar la dimensión subjetiva de la recepción y de la producción artística y cultural, cuyos efectos son, en general, diferidos[8].

En este sentido, la producción de conocimiento desde la universidad resulta clave para acompañar una reflexión sobre qué herramientas de evaluación son necesarias para la implementación de nuevas políticas en materia de cultura. El rediseño institucional de las políticas culturales nacionales, es ademas, una oportunidad ineludible para que investigadores/as de diferentes disciplinas (sociología, ciencia política, economía, antropología, psicología, comunicación…) puedan aportar elementos desde sus saberes específicos para profundizar el conocimiento sobre el funcionamiento de los diferentes mundos del arte y de la cultura en Uruguay. El ejemplo del caso francés (no porque sea un ejemplo frente a otros o un modelo a seguir, sino porque es el que más conozco por mi formación y vida profesional) así lo muestra: la sociología del arte y la cultura francesa se configura como un área legítima dentro de las ciencias sociales en paralelo a la creación del Ministerio de la Cultura, gracias al impacto que la necesidad de información de dicha institución tuvo para el desarrollo de la investigación empírica sobre una dimensión de la vida social que, hasta entonces, era competencia casi exclusiva de la estética y de la historia del arte (Fleury, 2006; Péquignot, 2009). Además de la creación de la encuesta periódica “Pratiques culturelles”, principal producto del Departamento de estudios, prospectiva, estadísticas y documentación (DEPS) del Ministerio, desde esta dependencia se ha financiado directa o indirectamente un gran número de investigaciones externas que dieron lugar a trabajos claves para el desarrollo de pensamiento teórico y la innovación metodológica en sociología y economía de la cultura. Desde el pionero El amor al arte. Los museos de arte europeo y su público de Pierre Bourdieu y Alain Darbel (Minuit, 1966) a los trabajos de Raymonde Moulin sobre el mercado de la pintura como Le marché de la peinture en France (Minuit, 1967) o L’artiste, l’institution et le marché (Flammarion, 1992); de los estudios cualitativos sobre la recepción, cómo el innovador Le temps donné aux tableau de Jean-Calude Passeron y Emanuel Pedler (Imerec, 1991) a los aportes en la intersección de la economía y la sociología de Pierre-Michel Menger sobre la incertidumbre y el riesgo como característica estructuradora del trabajo artístico en Le travail créateur. S’accomplir dans l’incertain (Le Seuil, 2009), el análisis de Philippe Coulangeon sobre las trayectorias laborales de los músicos de jazz en Les musiciens de jazz en France à l'heure de la réhabilitation culturelle : sociologie des carrières et du travail musical, (L'Harmattan, 1999), o bien, la recolección de una serie de trabajos pioneros sobre el circuito de la música hip hop que contiene el reciente 40 ans de musiques hip hop en France coordinado por Karim Hammou y Marie Sonnette-Manouguian (Presses de Science Po - Ministere de la Culture, 2022)...funcionan como ejemplos de una larga lista de contribuciones al estudio del campo cultural, empujando la discusión y la producción de conocimiento desde la academia un poco más allá de la sistematización de los datos recolectados por el DEPS del Ministerio.

En Uruguay es ineludible mencionar el aporte de los informes sobre Imaginarios y Consumos Culturales dentro del marco del Observatorio Universitario de Políticas Culturales radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y creado por un convenio entre la Udelar y el MEC (el primero es del 2002, el segundo del 2009, el tercero del 2014…) Sin embargo, si bien estos primeros resultados a partir de la “Encuesta sobre consumo culturales” han sido una herramienta importante para conocer las grandes tendencias del consumo cultural que debería ser continuada y profundizada, es ínfimo el conocimiento sobre otras dinámicas de la producción y la recepción artística, de la mediación cultural, de la economía de los bienes simbólicos y del patrimonio material y inmaterial, de la circulación local e internacional de obras y artistas, de las trayectorias de profesionalización y las dinámicas específicas del trabajo artístico, de la relación entre el contexto social de producción y las características estéticas de las obras producidas… y la lista es larga. Producir conocimiento sobre alguno de estos ejes, permitiría vincular a la académica y la gestión pública en cultura para pensar esas herramientas de evaluación y monitoreo necesarias mencionadas en las bases programáticas, pero también para afirmar un área de conocimiento en Uruguay que ha sido sistemáticamente desestimada en la agenda de investigación empírica de las ciencias sociales locales.

Montaje de la exposición “Giro Gráfico. Rumores y clamores del sur” por Proyecto CasaMario, Facultad de Artes (Udelar) y Red Conceptualismos del Sur en el Espacio de Arte Contemporáneo (EAC), Montevideo, 2023.

Notas:

[1] En la historia del pensamiento de izquierda esta cuestión ha sido central entre las filas del marxismo y de sus reformulaciones, siendo justamente la importancia de esa zona “supra-estructural” en la teoría del cambio uno de los elementos sustanciales de las corrientes post-marxistas del siglo XX. Sobre la continuidad de la discusión en el debate contemporáneo ver por ejemplo: Butler Judith, “Merely Cultural”, New Left Review, I/227, jan/feb, 1998.

[2] En la sección “recomendaciones” del informe de la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales en Europa, se le sugiere a los Estados miembros de Europa ir “(…) más allá de una democratización de la cultura heredada, nacional o internacional, y promuevan la democracia cultural, en la que cada uno pueda no solamente recibir, sino también participar y actuar”. En Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales en Europa (UNESCO) Helsinki, 1972, p. 22-23. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000014/001486SB.pdf

[3] Proyecto “Teatros en la ciudad. Estudio socio-histórico de la actividad teatral en la ciudad de Montevideo”, Programa IM-Udelar “Ing. Oscar J. Maggiolo”, participantes: Camille Gappenne, Agustín Juncal, Chiara Miranda, María Eugenia Ryan y Francis Santana, coordinado por Florencia Dansilio.

[4] Élodie Bordat-Chauvin y Florencia Dansilio, « Les politiques culturelles en tant que champ de bataille : la rhétorique belligérante dans la dispute symbolique au Cône Sud », presentado en la Session Thématique « Sociologie des politiques culturelles : regards croisés Europe – Amériques » en el Congrès de l’Association Française de Sociologie, Lyon, 2023 (en curso de publicación en la revista Critique Internationale. Revue Comparative de Sciences Sociales).

[5] https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2023/4/libro-premiado-por-instituto-del-partido-nacional-va-contra-la-igualdad-el-feminismo-radical-y-las-agendas-de-derechos-enlatadas/

[6] Los efectos de esta batalla cultural en la política pública, también alcanza hoy, por ejemplo, las instituciones culturales francesas, que durante décadas celebraron su (relativa) autonomía frente a la variabilidad de otros contextos como el latinoamericano. Dos pequeños ejemplos del campo teatral, por un lado, en los últimos dos años, el valor de las entradas de los teatros públicos aumentó considerablemente, dónde además de la inflación el argumento es la reducción presupuestal que vienen experimentando con la actual administración; por otro lado, según los datos aportados por el barómetro “Los franceses y el teatro” hay un aumento considerable de la censura a las obras que tocan temáticas polémicas, que no encuentran lugar en la programación de los teatros públicos bajo presión de las autoridades locales. Ver: “Le théâtre confronté à une insidieuse censure », Le Monde, 25/09/2024, https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/09/25/le-theatre-confronte-a-une-insidieuse-censure-c-est-comme-si-une-partie-de-la-population-devait-etre-preservee-mais-preservee-de-quoi_6332589_3246.html

[7] Julio Brum, “Hacia un modelo de ministerio de las culturas, las artes y los patrimonios”, La Diaria, 14/11/2023, https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2023/11/hacia-un-modelo-de-ministerio-de-las-culturas-las-artes-y-los-patrimonios/#fnref-2

[8] Florencia Dansilio, “La dimensión subjetiva de la recepción artística. ¿Cómo contemplarla en el estudio de los públicos de las artes y la cultura?”, Encuentro “Desarrollo de audiencias en organizaciones culturales locales”, Centro de Fotografía - CCE. https://www.youtube.com/watch?v=ZeodV05i-7M

Referencias bibliográficas

Achugar, Hugo (2015). “Sobre políticas culturales a comienzos del siglo xxi”. En Desarrollo cultural para todos. Informe de Gestión 2010-2014, editado por DNC, 13-15. Montevideo: MEC.

Achugar, Hugo y Victoria Lembo (2017). “Tendencias y factores de cambio en la institucionalidad cultural del Uruguay”. En Estrategia Nacional de Desarrollo, Uruguay 2050 (I), editado por Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 1-46. Montevideo: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Boudoncle, L (2001) Les critiques de la politique culturelle de Jack Lang dans la presse de droite de 1981 à 1993 : l’exemple du Figaro Magazine, Maîtrise [Pascale Goetschel, Pascal Ory], Univ. Paris 1 CHS, 2001

Bourdieu, P (1979). La distinction. Critique social du jugement. Paris: Minuit.

Bourdieu, Pierre (1992). Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire. Paris, Seuil.

Bustamante, Mauricio (2015). « Les politiques culturelles dans le monde : Comparaisons et circulations de modèles nationaux d’action culturelle dans les années 1980 », Actes de la recherche en sciences sociales, 206-207, p. 156-173.

Cabrera, Hernán (2018) “¿Qué lugar ocupa la cultura en el Presupuesto Nacional? Un breve análisis descriptivo de la evolución de la asignación presupuestal en cultura 1999-2018”. Cuadernos del CLAEH 107: 131-158. https://doi.org/10.29192/CLAEH.37.6.

Chartier, R (1997) Histoire de la lecture dans le monde occidental, Paris : Éditions du Seuil.

de Giorgi, Alvaro (2024). “Políticas culturales en Uruguay durante el ciclo progresista (2005-2020). Avances y contradicciones en un tiempo de cambios”. Iberoamericana. Vol. 24, Núm. 85. https://doi.org/10.18441/ibam.24.2024.85.185-207

De Torres, María Inés (2007). “Cultura, diseño institucional y prácticas democratizantes”, en Institucionalidad Cultural en Uruguay. Documento sobre ponencias del Seminario de Institucionalidad Cultural en Uruguay (Montevideo, octubre de 2007). MEC (pp.179-190)

De Torres, María Ines (2015). “Artes, Estado y política: los proyectos de fomento a la cultura artística en el legislativo municipal de Montevideo (1904-1925). Cuadernos del Claeh.

Delacoste, Gabriel y Lucía Naser (2018). “Indigestión cultural. Una mirada desde la izquierda a la política cultural de los gobiernos del Frente Amplio”. Cuadernos del CLAEH 107: 311-333. https://doi.org/10.29192/CLAEH.37.15

Dubois, Vincent (2010). « Le ”modèle français” et sa ”crise” : ambitions, ambiguïtés et défis d’une politique culturelle », dans : Saint-Pierre (D.). Tendances et défis des politiques culturelles dans les pays occidentaux, Presses universitaires de Laval, Québec, p.17-52.

Dubois, Vincent (2012). La politique culturelle, Genèse d'une catégorie d'intervention publique, Paris, Belin, collection “Socio-histoires”.

Fleury, Laurent (2006). « L’analyse des politiques et des pratiques culturelles à l’intersection de la science politique et de la sociologie ». En: Sociologie des arts et de la culture. Un état de la recherche. L’Harmattan, Paris, pp. 37-58.

García Canclini, Néstor (1987). Políticas Culturales en América Latina. Ed. Grijalbo, México.

Gómez, Diego, Germán Silveira y Danilo Urbanavicius (2021) La nueva cultura del ballet en Uruguay. El BNS y sus públicos. Montevideo: UCLAEH.

Gortázar, Alejandro (2017) “Tendencias y factores de cambio en la Ciudadanía Cultural”. En Estrategia Nacional de Desarrollo, Uruguay 2050 (II), editado por Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 7-54. Montevideo: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Gramsci, Antonio (1977). Quaderni del carcere, Quaderni 12 - 29 [1932 - 1935] Volumen 3, Einaudi.

Grésillon, Boris (2014). Géographie de l’art. Ville et création artistique Editions Economica, Paris.

Hall, S & Jefferson, T. (1976), Resistance Through Rituals, Youth Subcultures in Post-War Britain. London: Harper Collins Academic.

Hall, S. & Whannell, P. (1964). The Popular Arts. London: Hutchinson Educational.

Hoggart, R (1957). The Uses of Literacy: Aspects of Working Class Life, London: Chatto and Windus.

Laclau, Ernesto (2005). La razón populista, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Mejía, Juan Luis (2009) “Apuntes sobre las políticas culturales en América Latina, 1987-2009”. Revista Pensamiento Iberoamericano. N°4, mayo de 2009. (pp. 105-130)

Menger, Pierre-Michel (2001). « Art, politisation et action publique », Sociétés & Représentations, 2001/1 (n°11), p. 167-204.

Menger, Pierre-Michel (2011). « Les politiques culturelles. Modèles et évolutions», dans Poirrier Philippe (dir.), Pour une histoire des politiques culturelles dans le monde (1945-2011), La Documentation française, coll. « Travaux et documents », p. 465-476

Péquignot, Burno (2009). Sociologie des arts. Paris, Armand Colin.

Poirrier, Philippe (2010). Politiques et pratiques de la culture. La Documentation Française, Les Notices.

Poirrier, Philippe (2011). Pour une histoire des politiques culturelles dans le monde (1945-2011). La Documentation française, coll. «Travaux et documents».

Remedi, G. (2018). El cielo y el infierno está aquí: Las culturas populares y el desafío de la gestión. Cuadernos Del Claeh, 37(107), 111–129. https://doi.org/10.29192/CLAEH.37.5

Rubinich, Lucas (1993). Extensionismo y Basismo. Dos estilos de Política Cultural. Espacio Editorial, Buenos Aires.

Thompson, E.P. (1963). The making of the English Working Class, London: Victor Gollancz.

Urfalino, Philippe (1996). L'invention de la politique culturelle, Comité d'histoire du ministère de la Culture. La Documentation Française.

Williams, R (1960). Culture and society 1780-1950. New York: Anchor Book.

Zask, J (2016). “De la démocratisation à la démocratie culturelle ». Nectar, Vol. 2, N° 3, pp. 40-47. https://doi.org/10.3917/nect.003.0040.

*Agradezco la lectura y los comentarios de Gustavo Remedi, Gabriela González Vaillant y Santiago López.

Florencia Dansilio es investigadora asociada del Laboratorie de Changement Social et Politique (LCSP) de l’Université Paris Cité y profesora adjunta de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Actualmente dirige una evaluación sobre el programa Démos de la Filarmónica de París y el Ministerio de la Cultura. Doctora en sociología por la Université Sorbonne Nouvelle y post-doctorante del Centre de Recherche sur les Arts et le Langage de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), sus temas de investigación se sitúan en el área de la sociología del arte y de las prácticas culturales, la socio-historia de la circulación cultural transatlántica y la evaluación de políticas culturales.

¿Qué pasó con las ideologías?

De todos modos, esto automáticamente me recordó a una columna de Victoria Gadea en No Toquen Nada después de la victoria de Javier Milei, donde ella destacaba que Milei había ganado una elección discutiendo ideologías. Lo cual sin dudas que es cierto. Milei, desde sus primeras apariciones mediáticas, se presentó con una ideología concreta –el libertarismo, anarcocapitalismo, o como quieran llamarlo. Ideología que funcionaba como paraguas teórico con el cual se explicaba absolutamente todo –esa cosa de las grandes teorías. Del otro lado estaba Sergio Massa, un candidato que no discutía ideologías, y si lo hacía era en respuesta a Milei.

Luego se me vino la gran pregunta a la cabeza: ¿La gente quiere discutir ideologías? Seguida de otras preguntas como: ¿Si nadie discute ideologías, se debilita la democracia? ¿Qué pasa si los partidos dejan de lado las ideologías? ¿Aparece un Milei? ¿Por qué aparecería un Milei, es decir, alguien que discute ideologías cuando nadie más lo hace? ¿Por qué los partidos dejarían de lado las ideologías? Por suerte hay muchos académicos intentando responder estas preguntas, y algunos desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, yo no me voy a tomar ese trabajo en esta breve nota. Sino que el espíritu de esta nota es compartir una serie reflexiones que surgieron a raíz del estudio del CEPP y la columna de Gadea.

Estas preguntas han estado rondando por mi cabeza los últimos días mientras sigo con mis responsabilidades de estudiante de doctorado; pero siempre escuchando algún que otro programa de radio del paisito –eso que inevitablemente hacemos los que estamos lejos para, de alguna forma, seguir estando. Y así llegué a una entrevista que le hace Emiliano Cotelo en “En Perspectiva” a Tomás Teijeiro y Valentina Arlegui, dos dirigentes Herreristas. Donde Teijeiro dice categóricamente que el Herrerismo no es una ideología, sino una idea, porque “las ideologías acarrean pasiones.” Inevitablemente al escuchar esto lo primero que pensé fue: ¿las ideologías acarrean pasiones?

Supongamos que lo hacen como dice Teijeiro, ¿por qué eso es algo negativo? O mejor dicho, ¿por qué como partido o movimiento político te querés diferenciar de eso? No sería, en todo caso, deseable tener una masa de personas apasionadas por una causa política. La pasión es sin dudas un gran movilizador, y si asumimos que el fin último de un político es ganar la elección, ¿por qué alguien deliberadamente renunciaría a apasionar a los ciudadanos? Entonces, ¿de dónde viene esta mala fama de las ideologías?

Las ideologías no solamente pueden servir para “acarrear pasiones,” sino que también generan identidad. Algo –creo yo– más que deseable a la hora de intentar ganar una elección; gente identificada con un partido, movimiento o líder, parecería ser lo más deseable. Pero momento, ¿será eso? Será que los actores políticos, como parte de su estrategia electoral, buscan restructurar una identidad política vacía de contenido ideológico, donde votar al Partido A o al Partido B es lo mismo. Al menos eso parece ser lo que estaría intentando Andrés Ojeda al presentarse como “Colorado, pero muy coalicionista.” Entiendo que para un candidato como Ojeda esta sea una estrategia atractiva; generar que la gente perciba pocas diferencias entre blancos y colorados, y por ende cruzar de un partido al otro no genere un problema de identidad política en el votante. De hecho en su último spot publicitario se refiere a la elección de octubre como “la interna de la coalición”.

¿Pero por qué lo hacen otros movimientos políticos? ¿Por qué el Herrerismo se niega a presentarse como una ideología? ¿Por qué ya no se encuentran movimientos políticos que se autodefinan como Batllistas o Wilsonistas en los partidos tradicionales? ¿Por qué el Frente Liber Seregni, un espacio dentro del Frente Amplio con un marcado componente ideológico, se desmembró de tal manera que hoy encontramos exintegrantes en las listas del Partido Comunista y del Espacio 609? Y otras infinidades de ejemplos que se me vienen a la mente de la política nacional y regional.

Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.

Revisando Mitos: Inclusión, Ideología y Representación Política en el Siglo XXI*

La campaña electoral, la cepa de la BCG y el alto consumo de mate

En agosto de 2022 participé de una cena en que estaban presentes los más connotados empresarios de Uruguay. También se encontraban en torno a esa mesa unos pocos dirigentes políticos con liderazgo nacional. El motivo de la cena era hablar sobre la situación de Chile, país “modelo” en la región, caído en desgracia luego del estallido de 2019. A los asistentes les interesaba especialmente entender las características del gobierno de Gabriel Boric y del caótico primer proceso constituyente. Al terminar la exposición y con el ida y vuelta de preguntas y respuestas comenzó a instalarse en el ambiente el consabido: “Como el Uruguay no hay”. Alusiones a la fortaleza de los partidos políticos, a su arraigo social y a su moderación terminaron de redondear el tono complaciente con que cerramos la velada.

Hace poco más de tres meses, también en Montevideo, participé de un diálogo inter-partidario sobre temas de seguridad en la región y en Uruguay. La relatoría de ese diálogo puede leerse aquí.[1] Salí de esa instancia respirando aliviado. Ante una región en que cunden el modelo “Bukele” y el populismo punitivo, en Uruguay uno encuentra (los cada vez más escasos) consensos traslapados. Es decir, orientaciones compartidas que pueden asentar políticas de estado sobre temas estratégicos para el país.

Por un lado, la derecha reconoce sin ambages que la política social debe ser parte de la política pública de seguridad. Por otro lado, la izquierda asume que la política social no alcanza. Aunque es necesaria, se requiere a su vez contar con políticas sectoriales de seguridad bien pensadas e implementadas para perseguir el delito. Ambos sectores, por lo demás, reniegan del “populismo punitivo” y ven en Uruguay la posibilidad de construir un contra-modelo a Bukele, mediante instancias de cooperación inter-partidaria para el diseño, la implementación y la evaluación de la política pública. Como el consenso que ha saturado transversalmente durante estos años en torno al valor de la estabilidad macroeconómica y las reglas de juego para estimular la inversión, sobre la base del consenso traslapado sobre temas de seguridad, Uruguay podría intentar consolidar también políticas de estado sensatas en torno al tema de la seguridad. Salí de ahí recitando: “Como el Uruguay no hay”.

Desde ese sesgo tan nuestro, hace unas semanas, comencé a seguir con más intensidad de lo que venía siendo habitual la campaña electoral para las elecciones de octubre. Para no aburrir, me encontré con una campaña penosa y triste, repleta de personajes estridentes y banales, confrontando en base a ataques personales y rastreros. No encontré todavía una idea debatida con algo de profundidad. Me dije, para conformarme, “es que en un país en que las cosas andan tan bien, solo se trata de elegir al personaje menos malo para presidente”. Pero como soy auto-flagelante y siempre termino encontrando alguna razón para el pesimismo, me puse a buscar algunos temas cercanos a mis intereses personales y de investigación en que Uruguay no anda tan bien. Rápidamente encontré cinco.

Primero, Uruguay ha consolidado niveles centroamericanos (con perdón de los países del istmo) de deserción educativa. La tasa de no compleción de educación secundaria (liceo o UTU) es cercana al 60% y a estas alturas debiera considerarse una vergüenza nacional. Al mismo tiempo, para una sociedad que se piensa y percibe como igualitaria, las brechas socioeconómicas del nivel de logro y calidad educativa también rompen los ojos.[2]

Segundo, Uruguay ostenta, para sus niveles de capacidad estatal, de integración social y de desarrollo socioeconómico, tasas de homicidios asombrosas. Mientras Argentina alcanza tasas de aproximadamente 4 cada 100.000 habitantes, la cifra uruguaya triplica ese registro con cerca de 12 homicidios cada 100.000 habitantes. La tasa nacional varía fuertemente entre zonas cercanas.[3] Los homicidios también reflejan la desigualdad.

Tercero, excepto por Cuba y (recientemente) El Salvador de Bukele, Uruguay es el país latinoamericano con mayores tasas de encarcelamiento de su población.[4] Ni las dictaduras de Nicaragua y Venezuela, ni países connotados por contar con bandas carcelarias cuya actividad criminal tiene alcance internacional (Brasil, Ecuador y Venezuela) encarcelan a tasas cercanas a las de Uruguay. Esas tasas de encarcelamiento se asocian además a altos niveles de hacinamiento (y violación de los DDHH de los reclusos) y a niveles comparativamente muy bajos de reinserción.[5] La cárcel en Uruguay es criminógena, al tiempo que contribuye a reproducir desigualdades sociales. Esa reproducción es intergeneracional en tanto los hijos de reclusos tienen muchísimas más probabilidades de terminar presos en su adultez. Como en el resto de la región, quienes van presos en general son pobres.[6]

Cuarto, frecuentemente miramos Argentina para sentirnos bien y hay justificadas razones para ello. Sin embargo, Uruguay exporta significativamente más población que Argentina. A pesar de sus crisis recurrentes, nuestro vecino tiene hoy un 2.37% de su población viviendo fuera del país. El guarismo equivalente para Uruguay alcanza al 10.7%.[7] Al mismo tiempo, Argentina atrae comparativamente más inmigrantes que Uruguay. Por alguna razón, a pesar de las variadas virtudes de Uruguay, una proporción relevante de nuestros compatriotas sigue buscando futuro en otros horizontes y quienes buscan a dónde migrar, no parecen encontrar tantas virtudes en el “paisito” como quienes todavía viven allá.

Quinto, Uruguay se ha vuelto un hub logístico relevante para el tráfico de grandes embarques de droga. Esto vino a complementar su larga tradición en el negocio del lavado de activos a nivel internacional.[8] Sin embargo, o por eso mismo, los escáneres y radares son pocos y se tienden a romper. Del mismo modo, Uruguay ha invertido muy escasamente en la detección, persecución y judicialización de casos de lavado de activos.[9]

Esta última situación es riesgosa para los ejemplares partidos políticos uruguayos. No existe crimen organizado efectivo sin infiltración significativa de estructuras estatales y políticas. Sin embargo, los partidos políticos uruguayos han sido transversalmente reacios a sincerar y regular su financiamiento electoral. No hay partido político que hoy pueda asegurar que alguna de sus actividades no esté ya siendo parcialmente financiada, directa o indirectamente, por recursos asociados a los intereses de operadores de mercados ilegales relevantes en el país. Sin embargo, todos escupen al cielo y chicanean con la corrupción y los escándalos del que está en frente. Las estructuras criminales también han penetrado la vida barrial. Hace un par de semanas, en otra visita a Montevideo escuché a una militante política de base decir que, en su barrio, el estado, así como los partidos y sus liderazgos ya no aparecían como antaño. Su lugar lo habían ido tomando los narcos y los evangélicos. Por esta misma razón, ningún partido puede tampoco garantizar que sus listas no estén integradas ya por miembros de organizaciones criminales locales.

Ayer, antes de ponerme a trabajar en el borrador que tenía para este texto, escuche un editorial de Gabriel Pereyra en VTV, en el que desarrollaba un argumento similar al que he planteado hasta aquí.[10] En esa columna, Pereyra mencionó las tasas de deserción escolar y la problemática de las cárceles. Además hizo referencia a dos estadísticas comparativas adicionales en que Uruguay es virtualmente campeón mundial: la infantilización de la pobreza y el suicidio. En suma, temas relevantes y urgentes para discutir en la campaña nos sobran.

Entonces, más allá de la enorme distancia social que uno observa al “norte y al sur de Avenida Italia”, ¿qué puede explicar la disociación entre la imagen que tienen del sistema político, y del país, los empresarios y las elites políticas nacionales que hacen gárgaras con la excepcionalidad nacional y el panorama alternativo que surge de pensar en alguna de estas problemáticas graves y urgentes? Por otro lado, ¿hay alguna relación entre el tipo de campaña que hoy observamos desplegarse en los medios y las redes sociales y la creciente disociación entre la realidad que enfrenta la ciudadanía y la visión del país que sostienen las elites? En este sentido, y más allá de su “excepcionalidad”, ¿hay algo que Uruguay pueda aprender de la experiencia comparada?

Mi impresión es que Uruguay está comenzando a transitar desde un modelo de movilización político-electoral articulado en torno a organizaciones partidarias densas y con llegada territorial, a un modelo de movilización política “desde arriba”. Esa transformación, que en buena parte de la región ha llegado de la mano de cotizados expertos en comunicación política, termina contribuyendo a disociar al liderazgo político de la realidad en que viven aquellos a quienes se pretende representar.

Dada la irrupción de nuevas tecnologías que permiten sondear estados de opinión y comunicar a distancia, estas estrategias son eventualmente eficientes para sintonizar con el estado de ánimo de la población y ganar elecciones. Sin embargo, en última instancia, este tipo de movilización política no construye poder, sino que lo diluye. Al mismo tiempo, este tipo de movilización ambienta (especialmente en un contexto de mayor segregación socioeconómica) una desconexión creciente y eventualmente peligrosa para la democracia entre los liderazgos políticos, las elites y la ciudadanía.

Usualmente me preguntan cómo y por qué me interesé en el tema del crimen organizado, especialmente considerando que los países a los que presto atención más cercana en mi investigación eran países lejanos a las expresiones más dramáticas de ese problema. Mi respuesta siempre vuelve al trabajo de campo sobre las campañas locales de partidos políticos en Chile durante las últimas dos décadas. En ese tiempo, vi languidecer progresivamente la estructura partidaria y la organización social vinculada a la mediación política a nivel territorial. En ese contexto también vi irrumpir dos organizaciones que fueron ocupando cada vez más espacio a nivel local: las bandas dedicadas al microtráfico y las múltiples expresiones de la iglesia evangélica. De ahí mi sorpresa al escuchar esa misma referencia durante mi última visita a Montevideo.

En Chile, esas dos organizaciones a las que en algunas instancias vi colaborar abiertamente (también cooperan en las cárceles de la región) comenzaron a sustituir o cooptar a la estructura social local, por ejemplo, financiando clubes de fútbol barriales (muchas de las ligas locales tienen mecenas asociados a bandas de crimen organizado) o juntas de vecinos. También los vi avanzar en el sector comercial (que depende de las patentes para negocios locales que otorgan los municipios), a través del cual se lava parte del dinero que genera la actividad ilegal. El diezmo que reciben las iglesias, se me mencionó frecuentemente como un mecanismo de lavado. Esas iglesias han ido ganando centralidad, en Chile y en toda la región (el caso brasilero es el más claro), en el financiamiento de campañas electorales y en la emergencia de nuevos referentes partidarios y candidaturas afines a sus intereses.

Al mismo tiempo que observaba eso en el trabajo de terreno, los líderes políticos y las elites empresariales de Chile seguían hablando con orgullo del “modelo chileno”. Mientras tanto, los colegas escribían papers sobre la fuerte “institucionalización” del sistema de partidos y sobre el exitoso modelo de formación de políticas públicas propiciado por la altísima calidad (en términos comparativos) de su sistema político.[11]

Sin embargo, al observar las campañas que los liderazgos partidarios montaban en sus distritos, uno veía campañas fuertemente personalistas, estructuradas en torno a mensajes y estrategias facilongas. Progresivamente, ante su incapacidad para convocar jóvenes y formar nuevos liderazgos, los partidos chilenos comenzaron a recurrir a figuras de los medios, del deporte, o del mundo cultural para instalar rápidamente nuevos candidatos (que contaban con un reconocimiento de nombre y marca que los partidos ya no podían sustentar). Eventualmente, los partidos políticos chilenos se convirtieron en el equivalente a cultivos hidropónicos: se veían muy verdes y vistosos desde arriba, pero carecían de raíces firmes en la sociedad. Eventualmente, esos partidos fueron desafiados electoralmente por nuevas coaliciones electorales, cada vez más precarias. Hoy el parlamento chileno cuenta con más de veinte partidos, que compiten para liderar los rankings de personalismo, indisciplina y discolaje.

En comparación con la situación chilena, los partidos políticos uruguayos aún están fuertes y cuentan con una llegada territorial envidiable. A eso contribuye también la presencia de una estructura estatal porosa, universalmente presente en el territorio. Sin embargo, al observar cómo viene la campaña, no pude evitar pensar en cuánto están pesando hoy esas estructuras que Uruguay aún sostiene, en contraposición a las estrategias de movilización electoral desde arriba que hegemonizan el debate en los medios y las redes sociales.

Dado el cambio tecnológico, la movilización desde arriba es tentadora para los líderes políticos. Se puede “conectar” sin tener que embarrarse los pies ni pasar malos ratos o perder tiempo en intentar construir una relación más genuina con la ciudadanía. Para hacerlo, rinde profundizar grietitas, apelar a la chicana y recurrir a la estridencia en las plataformas de comunicación social.

Sin embargo, ese tipo de movilización solo paga a corto plazo. Quienes ganan elecciones de este modo, terminan eventualmente enfrentándose a altos niveles de impopularidad cuando gobiernan, porque las coaliciones electorales que logran hacer confluir la noche de la elección tienden a ser armados bastante precarios y evanescentes. También son más débiles las coaliciones políticas que los llevan al poder, lo que hace muy difícil encausar una gestión de gobierno efectiva.

Por esta razón, el otrora “ejemplar” sistema político chileno se encuentra hoy atrapado en un ciclo de alternancias entre liderazgos y movimientos de opinión. Quienes alternan son cada vez más estridentes en términos retóricos (y son desafiados rápidamente por rivales aún más estridentes que ellos). Pero la radicalidad retórica es la contracara de la inoperancia. Esos liderazgos se han vuelto incapaces de producir cambios tangibles y valorados por la sociedad (los dos intentos fallidos de reforma constitucional son un ejemplo de ello), porque rápidamente el poder que les entrega la elección se desvanece a raíz de la fragmentación e ilegitimidad creciente de todo el sistema. Dada esta configuración, la ciudadanía se enfrenta a un sistema político atrapado en una polarización banal e irrelevante, entre personajes cada vez más payasescos. Ese sistema, al mismo tiempo, fracasa persistentemente en atender y procesar las demandas ciudadanas.

La situación de Uruguay es sin duda mejor a la chilena. También es excepcional a nivel regional. Pero la tendencia de cambio que uno observa a la distancia es francamente preocupante. Como ante la ola de autoritarismos de los 1960s y 1970s podemos seguir pensando que Uruguay y su sociedad de cercanías lograrán amortiguar las tendencias que uno ve emerger en los países vecinos.[12] Sin duda, algo de eso hay.

Pero, como volvió a mostrarlo la reciente experiencia del país con el Covid-19 en 2021, estribar en nuestra recurrente excepcionalidad constituye una apuesta arriesgada. Ante la dilación de la llegada del Covid-19 a nuestras costas en 2020, no fuimos pocos quienes nos ilusionamos pensando que la pandemia a Uruguay no llegaría tan fuerte porque la cepa de la BCG que nos había tocado en suerte en los 1980s, o el tomar tanto mate, mágicamente nos protegerían. No obstante, más allá de la excepcional gestión del GACH, cabe recordar que el Covid-19 nos pegó muy fuerte en 2021, dando por tierra con nuestra ilusión de excepcionalidad. En suma, con la perspectiva que proveen nuestras apuestas fallidas a lo único e irrepetible del paisito, tal vez haya llegado ya el momento de atinar. De lo contrario, me temo, seguiremos consignando a bajo precio las joyas de la abuela.

Juan Pablo Luna

Profesor Titular, Escuela de Gobierno, Universidad Católica de Chile

[1]https://www.thedialogue.org/analysis/uruguay-insecurity-and-organized-crime/

[2] https://pisa.anep.edu.uy. Véase también: https://www.scribd.com/document/379476700/Libro-Abierto-EDUY21

[3] A modo de ejemplo, mientras en la zona céntrica y costera de Montevideo la tasa nacional desciende a menos de 5 homicidios cada 100.000 habitantes al año, en las áreas geográficamente cercanas a la periferia de la ciudad, la tasa de homicidios es de 28,1 cada 100.000 habitantes en la Zona 3 y de 20 cada 100.000 habitantes en la Zona 4. A nivel nacional, Rivera posee la segunda tasa de homicidio más alta en el país (11 homicidios cada 100.000 habitantes), mientras Tacuarembó también presenta tasas relativamente altas (10 homicidios cada 100.000 habitantes). Véase: https://www.gub.uy/ministerio-interior/sites/ministerio-interior/files/documentos/publicaciones/Rojido%20et%20al%202024%20Tipología%20de%20los%20Homicidios%20en%20Uruguay%20vF.pdf

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_incarceration_rate

[5] https://ladiaria.com.uy/usuarios/entrar/?article=112028

[6] https://www.infobae.com/america/america-latina/2024/09/05/carceles-de-uruguay-presentan-hacinamiento-critico-con-el-mayor-numero-promedio-de-presos-de-america-latina/

[7] Los datos pueden consultarse aquí: https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/inmigracion. Agradezco a Andrés Malamud, a quien he escuchado hacer esta comparación previamente.

[8] https://www.cambridge.org/core/books/criminal-politics-and-botched-development-in-contemporary-latin-america/B63F25A3ABF3F42F723E70CD22C010F8

[9] https://www.gub.uy/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/sites/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/files/documentos/publicaciones/ENR%20Uruguay%20SENACALFT%20para%20Difusion%2026JUL23.pdf

[10]https://www.youtube.com/watch?v=XCmvTHmQNEk

[11]Véase por ejemplo: Banco Interamericano de Desarrollo, ed. La Política de Las Políticas Públicas: Progreso Económico y Social en América Latina. Idb, 2006.

[12]Véase: http://ciesu.edu.uy/wp-content/uploads/2013/11/real_-_uruguay_una_sociedad_amortiguadora.pdf

¿Deuda paga deuda?

¿Deuda paga deuda?

Reflexiones sobre el mercado de crédito y la situación de endeudamiento de las personas en Uruguay

Por Elisa Failache

¿Cuántas personas tienen algún vínculo con el mercado de crédito? ¿Este número se ha ido incrementando en el tiempo? ¿Para qué usan las personas los créditos? ¿En qué condiciones las personas se endeudan? El acceso al mercado de crédito puede ser una oportunidad de mejoras en la situación socioeconómica de las personas, así como un motor del desarrollo económico de los países. Sin embargo, también puede esconder problemas sociales, así como generar efectos negativos en distintas dimensiones de la vida de las personas.[1]

La información disponible respecto al endeudamiento de las personas en nuestro país ha dejado en evidencia la relevancia de esta temática para los y las uruguayas. Según un informe del Banco Central del Uruguay (BCU) a mayo de 2023, 1.905.155 personas físicas tenían algún vínculo con el mercado de créditos observándose además una tendencia creciente durante los últimos 10 años (Arnabal et al, 2023).[2] Si bien este dato no representa ningún problema a priori, el informe muestra además que el 37% de esas personas se encuentran en la categoría de deudores con dificultad, y cerca de 650.00 tienen al menos una calificación de deudor irrecuperable. Estos números indican que un tercio de quienes acceden al crédito, y cerca de un cuarto de la población uruguaya mayor de 18 años, tienen algún problema de endeudamiento.

Los datos anteriores se agravan aún más si consideramos que los números presentados dejan por fuera del análisis las deudas con entidades que no están obligadas a declarar información en la central de riesgo (por ejemplo, varias empresas administradoras de créditos y cooperativa, o casas comerciales que otorgan créditos para compra de productos) así como a todo el sector de endeudamiento informal. Respecto a esto último, un trabajo realizado por el Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU) y la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) alerta sobre el incremento de las denuncias periodísticas y policiales por actividades denominadas “gota a gota” o “préstamos diarios”, enmarcadas en nuevas prácticas financieras no reguladas por el Estado, con fuertes implicancias en términos de sobre costo para las personas que las usan así como con mecanismos y formas de cobro presenciales vinculadas con entramados de violencia (AEBU-IPRU, 2024).

En este marco, comprender las causas y consecuencias del endeudamiento de las personas, así como la posibilidad del desarrollo de políticas públicas en el tema se torna relevante. Respecto a lo primero, según el informe del BCU mencionado previamente, los datos de la Encuesta Financiera de los Hogares Uruguayos en su última edición (2017), muestra que el primer motivo de endeudamiento es el de cubrir gastos corrientes con valores cercanos al 30%, seguido de cubrir gastos mensuales, y en tercer lugar de cubrir sobregiro o cancelación de deuda. Asimismo, la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras llevada adelante por CAF y BCU en 2022 muestra que el 34% de quienes responden la encuesta no podrían hacer frente a sus gastos mensuales por al menos un mes en caso de perder su fuente principal de ingresos, o que el 36% declara estar totalmente de acuerdo con que “apenas me alcanza mi ingreso y el de mi hogar para sobrevivir”. Estos datos dejan en evidencia un problema social vinculado a la falta estructural de ingresos de buena parte de la población cuya solución no puede estar vinculada al endeudamiento, que podría incluso generar un agravamiento del problema.

Asimismo, la literatura académica plantea como característica relevante y distintiva de los mercados financieros de crédito a los hogares la combinación de una serie de factores que favorece relaciones desiguales de poder entre las empresas y los consumidores. Por ejemplo, en estos mercados interactúan empresas sofisticadas, que centralizan una gran capacidad de análisis e información, y que invierten grandes sumas de dinero en publicidad o agentes de venta, haciendo que los individuos tengan más dificultades en comprender las señales de precios y calidad correctas (ver por ejemplo Straumann, 2020, Hastings et al., 2017, Hastings et al., 2013, Bertrand et al., 2010 o Agarwal y Ambrose, 2007). Vinculado a estos problemas, la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras muestra que en Uruguay el porcentaje de personas adultas encuestadas que calcula correctamente una tasa de interés simple es solo 22%, mientras que 33% la calcula mal y el resto declara no saber o no querer contestar. Asimismo, en una encuesta realizada por la Usina de Percepción Ciudadana, el 53% de las personas que responden la encuesta y no pagan en fecha el saldo total de la tarjeta de crédito declaran no saber cuánto es la tasa que se les cobran.[3]

Además, la presencia de sesgos y discriminación en el acceso a préstamos o problemas de acceso a la información derivan en condiciones de crédito muy desfavorables y con tasas muy elevadas para algunas poblaciones (Becher, 2023; Gardner, 2022; Fuster, 2022; Bartlett, 2022; Dobbie, 2021; Durkin y Elliehausen, 2014; Ghent, 2014). Respecto a esto, el trabajo de Bertoletti, Borraz y Sanroman para Uruguay muestra que si bien las personas vulnerables tienen un riesgo mayor de no pago comparado con personas no vulnerables, parte de ese riesgo se asocia a características de la deuda, es decir a que las personas en situación de vulnerabilidad acceden a créditos con tasas de interés más altas, y esto contribuye a que luego no puedan pagar (Bertoletti, Borraz y Sanroman, 2024). Si bien en Uruguay la Ley de Usura legislada en 2007 puso un tope a las tasas que cobran las entidades financieras por sus créditos, a febrero de 2024 estos topes para la mayoría de los tipos de créditos al consumo superaban el 100%.[4] El pago de tasas de interés altas merece una discusión normativa, pero además debe agregarse la amenaza pendiente cuando las tasas de interés contratadas son tan elevadas que superan la capacidad de generación de excedentes que permitan saldar los capitales a pagar.

Todo lo anterior hace evidente la necesidad de pensar soluciones integrales a esta problemática desde la política pública en distintos niveles.[5] Por un lado, la necesidad de atender a los problemas estructurales de ingresos de buena parte de la población, que encuentran en el endeudamiento una solución parcial y momentánea pero que los expone posteriormente, en el mejor de los casos, a situaciones de incapacidad de financiamiento, cuando no a situaciones de violencia más complejas. Por otro lado, diseñar estrategias que atiendan los problemas particulares del mercado presentados previamente: incremento de la regulación de la publicidad y el aumento de la transparencia en la información brindada por las empresas; la promoción de la difusión pública de comparaciones de productos financieros entre empresas; la penalización de prácticas abusivas para el cobro de los créditos; el fortalecimiento de las capacidades de las personas mediante la educación en la temática. Por último, el contexto actual combina situaciones de endeudamiento problemáticas con ganancias históricas por parte de los bancos, explicadas en parte por el incremento de los márgenes financieros. [6] En este sentido, pensar políticas que piensen cómo garantizar préstamos en condiciones accesibles, tanto en términos de garantías, plazos y tasas, es igualmente indispensable.

[1] Por ejemplo, puede estar relacionado con el estrés económico, teniendo relación con empeoramientos de la salud mental; o puede limitar el acceso a determinados servicios como la vivienda en la medida que puede limitar la posibilidad de acceso a garantías de alquiler.

[2] Los datos son obtenidos de la Central de Riesgos Crediticios, y reflejan el total de personas con cédula de identidad uruguaya que presentan deudas con montos positivos en alguno de los siguientes conceptos: créditos vigentes brutos, colocaciones vencidas brutas, créditos en gestión brutos, créditos morosos brutos, créditos vencidos brutos, créditos castigados reestructurados y créditos castigados por atraso menores o iguales a 15 años. Esto incluye por ejemplo a personas que usan sus tarjetas de crédito y pagan el monto total en fecha, y que por tanto mantienen deudas positivas por períodos muy cortos de tiempo.

[3] La encuesta fue realizada en el marco del proyecto “Interés por intereses” financiado por la CSIC, integrado por UDELAR, IPRU y AEBU.

[4] Información proporcionada por AEBU en base a las publicaciones periódicas del BCU.

[5] En el último tiempo y tomando en consideración la cantidad de personas en situación de impago, los principales actores de la industria financiera coordinaron la realización de una propuesta de reestructuración de deuda para parte de las personas en dicha situación. La propuesta incluye, por un lado, la cancelación de deudas cuyo saldo de capital sea inferior a $5.000 y por otro, para deudas entre $5.000 y $100.000 se realiza una financiación del saldo a tasa 0% en el plazo y cuotas fijadas de común acuerdo entre las partes. Si bien la iniciativa ofrece una posibilidad ventajosa de salida de una situación de impago para parte de la población objetivo, es una medida excepcional y puntual, y por tanto no analizada en esta entrada de blog.

[6] En el siguiente link se puede acceder al análisis respecto a las ganancias en el sistema financiero elaborado por AEBU.

Nota: Agradezco la lectura, comentarios y sugerencias de César Failache, Soledad Giudice, Martina Querejeta, Marcelo Ventos y Joan Vilà.

Referencias:

- Agarwal, S., & Ambrose, B. (2007). Does it Pay to Read Your Junk Mail? Evidence of the Effect of Advertising on Financial Decisions. Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper.

- Arnabal, R., Taroco, S., Dassatti, C., Landaberry, V., & Ponce, J. (2023). Endeudamiento de las personas físicas en Uruguay. Documento de trabajo del Banco Central del Uruguay 007-2023

- Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) e Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU) (2024): Endeudamiento excesivo de los hogares uruguayos. Informe de la sociedad civil. Uruguay: Comité de Derechos Humanos Grupo de Trabajo. Examen Periódico Universal - Cuarto ciclo 46a Sesión, ONU.

- Bartlett, R., A. Morse, R. Stanton, and N. Wallace (2022). Consumer-lending discrimination in the fintech era. Journal of Financial Economics 143 (1), 30–56.

- Becher, S. I., Y. Feldman, and O. Lobel (2023). Poor Consumer(s) Law: The Case of High-Cost Credit and Payday Loans, pp. 384–414. Cambridge Law Handbooks. Cambridge University Press.

- Bertoletti, L., Borraz, F. and Sanroman, G. (2024), Consumer Debt and Poverty: the Default Risk Gap, No 1439, GLO Discussion Paper Series, Global Labor Organization (GLO).

- Bertrand, M., Karlan, D., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zinman, J. (2010). What's advertising content worth? Evidence from a consumer credit marketing field experiment. The quarterly journal of economics, 125(1), 263-306.

- Dobbie, W., A. Liberman, D. Paravisini, and V. Pathania (2021). Measuring Bias in Consumer Lending. The Review of Economic Studies 88 (6), 2799–2832.

- Durkin, T. A. and G. Elliehausen (2014). Consumer Lending. Oxford University Press.

- Fuster, A., P. Goldsmith-Pinkham, T. Ramadorai, and A. Walther (2022). Predictably unequal? The effects of machine learning on credit markets. The Journal of Finance 77 (1),5–47.

- Gardner, J. (2022). The Future of High-Cost Credit. Rethinking Payday Lending. Bloomsbury Publishing.

- Ghent, A. C., R. Hernández-Murillo, and M. T. Owyang (2014). Differences in subprime loan pricing across races and neighborhoods. Regional Science and Urban Economics 48 (C),199–215.

- Hastings, J. S., Madrian, B. C., & Skimmyhorn, W. L. (2013). Financial literacy, financial education, and economic outcomes. Annu. Rev. Econ., 5(1), 347-373.

- Hastings, J., Hortaçsu, A., & Syverson, C. (2017). Sales force and competition in financial product markets: the case of Mexico's social security privatization. Econometrica, 85(6), 1723-1761.

- Straumann, S. (2020). Obfuscation through Complexity: Evidence from the Market for Retail Financial Products. Available at SSRN 3670344.