Agente de dos principales: el economista frente a los conflictos de interés

En la actividad profesional, se configura una situación de conflicto de interés cuando el interés personal del profesional diverge de su responsabilidad técnica y moral frente a quienes presta sus servicios y frente a la sociedad toda. La existencia de conflictos de interés es ampliamente reconocida y estudiada en numerosas actividades. Un ejemplo elocuente es la medicina, donde existe copiosa evidencia acerca de cómo las relaciones entre médicos e industria farmacéutica (vía regalos, financiamiento de investigaciones, viajes a congresos, etc.) sesgan las opiniones y decisiones profesionales en beneficio de ésta última y, muchas veces, en detrimento del funcionamiento de instituciones médicas, del bienestar de pacientes y del conjunto de la sociedad. Otro ejemplo es el problema de las llamadas "puertas giratorias" entre la política y el sector empresarial. Pensemos en una agencia reguladora dirigida por alguien con una amplia trayectoria de trabajo en una industria a la que ahora debe regular. O el caso inverso: personas con alta responsabilidad política en determinada área que luego son contratadas como activo estratégico por el sector privado. Por estos motivos, los conflictos de interés son ampliamente regulados.

¿Qué decir de los conflictos de interés en el ejercicio profesional de la economía? Como plantea el economista italiano Luigi Zingales, resulta difícil de explicar cómo los economistas, para quienes los problemas de captura de políticos y reguladores a manos de intereses privados han sido una preocupación recurrente, no se vean a sí mismos como un colectivo profesional vulnerable a los conflictos de interés. Se podría agregar algo más. Es como si los economistas, campeones dentro de las ciencias sociales en el estudio de los efectos positivos (¡pero también negativos!) de la racionalidad-egoísta sobre el bienestar social, se vieran a sí mismos como dotados de cualidades morales inusualmente incorruptibles. Una autopercepción que, por otra parte, no parece tener demasiado respaldo.

Pero hay una razón más profunda para explicar la negación de este problema. Las personas tendemos a creer que nuestros juicios son objetivos y a considerar sesgadas las opiniones de “otros”. Se trata de una forma de "sesgo de autoservicio", un mecanismo psicológico que sirve para proteger nuestra autoestima. Por ejemplo, en un estudio a médicos residentes, en Estados Unidos, un 61% declaró que las promociones de los laboratorios no condicionan su práctica como médicos, pero solo un 16% creyó lo mismo de sus colegas. Las personas reconocen que los sesgos existen, pero en otros, no en si mismas. Difícilmente, un profesional reconozca a nivel consciente los efectos distorsivos de los conflictos de interés en su trabajo. Los economistas no son la excepción.

Resulta habitual analizar ciertas relaciones económicas como relaciones entre un “principal” y un “agente”. El principal contrata a un agente para desarrollar una tarea cuya correcta ejecución lo beneficia. Pero ejecutar dicha tarea le insume esfuerzo y otros costos personales al agente. Asimismo, la actividad del agente suele ser vagamente observable. Por ejemplo, una empresa sabe cuantas horas el trabajador está en el lugar de trabajo, pero tiene una idea mucho más vaga de cuánto tiempo dicho trabajador se está efectivamente esforzando o haciendo un buen uso de la maquinaria. En este contexto, el agente estará tentado de actuar en su beneficio y en detrimento del principal. Sabiendo esto, el principal debe proveer incentivos (monetarios o de otro tipo) para alinear las acciones del agente en función de su interés. Este modelo de principal-agente puede ser útil para abordar los conflictos de interés en la actividad profesional, pero con una variante. Los economistas son “agentes” de las organizaciones o clientes para los cuales trabajan directamente (universidades, gobierno, empresas privadas o consultoras, etc.), pero mantienen una obligación profesional frente a la población en general. Dicha obligación se expresa, por ejemplo, en el análisis de temas económicos de interés general, a través de columnas de opinión y entrevistas en los medios de comunicación. El publico delega (¡tal vez demasiado!) en los economistas la provisión de cierta información y saber económico especializado, en base al cual toma decisiones y forma sus preferencias en relación a la conveniencia de determinadas políticas públicas. En esta variante, el economista es agente común de dos principales: su empleador inmediato y la población. El problema radica en que la capacidad de ambos principales de influenciar el desempeño del economista es muy diferente. Mientras el empleador directo tiene a disposición un amplio repertorio de incentivos (compensaciones, promociones, renovación contingente de contratos de asesoría, etc.), al publico solo le queda confiar que el economista adhiere a ciertos principios de comportamiento profesional. El problema se agrava cuando los intereses particulares del empleador inmediato que el economista debe servir difieren del “interés social”.

Particularmente tras la crisis internacional de 2008-2009, la profesión económica ha sido puesta bajo la lupa en diversos aspectos. Uno de ellos refiere a su cercanía con el dinero. La discusión sobre conflictos de interés se popularizó tras la difusión de la película Inside Job en la que se documenta como prestigiosos economistas, cuyas opiniones y artículos académicos promovían la desregulación financiera, tenían vínculos directos (no siempre declarados) con Wall Street, en calidad de consultores, asesores y miembros de directorios de empresas. Esto disparó acalorados debates en asociaciones profesionales internacionales, como la prestigiosa American Economic Association (AEA), particularmente tras una carta de 300 economistas solicitando que se tomaran medidas. Desde el año 2012, la AEA instauró nuevas reglas de disclosure, que incluyen la mención explícita de vínculos con el sector privado y gobiernos en publicaciones académicas de la asociación (muchas de las cuales cuentan entre las más influyentes a nivel global).

Los economistas que se desempeñan en el ámbito académico están sometidos a crecientes regulaciones en materia de prevención de conflictos de interés. Las promociones en la carrera académica dependen cada vez más de publicar en revistas internacionales, lo que potencialmente genera incentivos a conductas reñidas con la ética profesional. A las mencionadas normas de disclosure en publicaciones, se han sumado exigencias en materia de transparencia y replicabilidad de resultados de investigación (publicación de códigos, bases de datos, etc). Asimismo, han surgido importantes iniciativas de "open science", que incluyen a la economía y al resto de las ciencias sociales. Si bien lejos de estar generalizadas, el carácter fuertemente globalizado del trabajo académico hace probable que estas buenas prácticas tengan una difusión creciente en el futuro.

Todas estas medidas son una buena noticia. Sin embargo, regulan básicamente la actividad de una minoría de economistas que trabajan en el ámbito académico.[1] ¿Qué sucede con los economistas en la actividad privada? ¿Cuáles son los riesgos potenciales en materia de conflictos de interés cuando se trabaja para intereses privados bien definidos y, simultáneamente, se busca “servir al público” en el análisis de temas económicos? En su libro The Economist’s Oath, basado en un interesante trabajo de entrevistas, George DeMartino provee un inventario de las tensiones que enfrenta el trabajo de los economistas aplicados. Esto incluye, por ejemplo, presiones para producir reportes técnicos sesgados o destinados a justificar posiciones tomadas de antemano. En el sector de servicios de consultoría, el libro describe como muchas veces el trabajo del economista consiste en “vender opiniones”. El economista debe proveer el análisis que mejor sirve los intereses del cliente y no necesariamente aquel que tiene un mayor respaldo en la evidencia. Pese a que muchas consultoras tienen protocolos de actuación profesional, la posibilidad de que en este sector las malas prácticas desplacen a las buenas está latente. Resulta legítimo preguntarse en qué medida la necesidad de mantener una reputación amigable frente a clientes actuales y potenciales conduce, en este tipo de contextos, a potenciales sesgos en el análisis económico.

La identificación de posibles conflictos de interés no es sencilla. Parte del problema radica en que la noción de verdad en economía, en tanto ciencia social, es compleja. Sin caer en el peligroso relativismo de creer que todo es válido (hay argumentos que no pueden sostenerse, sea por razones de inconsistencia lógica o por falta de evidencia), existen amplios márgenes para defender posiciones diversas apoyándose en distintas teorías y en interpretaciones más o menos convincentes de la evidencia disponible (¡incluso de la misma evidencia!). Por tanto, una opinión sesgada por el efecto de los conflictos de interés puede camuflarse fácilmente desde el punto de vista técnico. Asimismo, es difícil separar los sesgos asociados a los conflictos de interés de otro tipo de sesgos inherentes al análisis de la realidad económica y social. Uno conocido y bien documentado es la ideologíaPese a que el economista suele presentarse como un técnico neutral, dista mucho de serlo: sus valores y su posición social en la realidad que analiza pueden influenciar el propio análisis. Otros sesgos se derivan de la ignorancia o la incompetencia. Las opiniones del economista podrían simplemente reflejar saberes desactualizados, en un contexto en que la frontera de conocimiento se mueve rápidamente, o limitaciones cognitivas a la hora de analizar determinado problema.

La dificultad para identificar cuándo se configura un potencial conflicto de interés, y para distinguir sus efectos, vuelve también complicado el diseño de soluciones. Una alternativa podría ser elaborar detallados códigos de ética profesional que obliguen, entre otras cosas, a revelar todos los vínculos laborales potencialmente conflictivos, por ejemplo, cuando se emiten opiniones. Algo similar a lo que ya debe hacerse en muchas publicaciones académicas y a lo que sucede en otras profesiones. Los oyentes de un programa de radio sabrían que el economista que les habla sobre la supuesta inconveniencia de poner un impuesto a las grandes propiedades, o a grupos de muy altos ingresos, trabaja en una empresa que se dedica justamente al asesoramiento en la gestión de grandes patrimonios. El público tendría la información para poder “descontar” el efecto de potenciales sesgos en la opinión del profesional. Los oyentes podrían hacer un mejor uso del “asesoramiento” recibido si los incentivos y motivaciones del profesional están a la vista. De alguna manera, la lógica de las normas de disclosure es nivelar el campo de juego en términos de información.

Este tipo de reglas, si bien pueden ayudar, tampoco son la panacea. La literatura sobre la psicología de los conflictos de interés muestra que, en algunos casos, el remedio puede ser peor que la enfermedad.[2] Primero, podría operar un mecanismo psicológico de "licenciamiento moral". Una vez revelado el conflicto de interés, el profesional podría sentir que el público ya fue advertido y que, por tanto, tiene "carta libre" para un asesoramiento sesgado en función de su propio interés. Volviendo al ejemplo de los impuestos, el economista podría sobre-enfatizar que el impuesto tendrá graves consecuencias para el país porque esto mejora su reputación frente a ciertos sectores (y asegura un flujo incrementado de contratos de asesoría en el futuro). El efecto comportamental de la revelación del conflicto de interés es reducir el “costo ético” de trasmitir una opinión sesgada. Segundo, las creencias del público frente a un asesoramiento sesgado pueden no ajustarse correctamente, aun disponiendo de información fidedigna sobre el profesional. Tercero, anticipando que el público “descontará” en alguna medida los sesgos de opinión, el profesional podría “exagerar estratégicamente” y dar opiniones aún más sesgadas. Asimismo, cierta evidencia indica que los sesgos tienden a amplificarse cuando el destinatario es una audiencia masiva y anónima en comparación a cuando el receptor es único e identificable. Como resultado de todo esto, las ganancias de bienestar asociadas a las normas de disclosure no son evidentes.

Los momentos económicos turbulentos son de alta exposición pública para los economistas. También son buenos momentos para reflexionar sobre aspectos de la práctica profesional. En Uruguay, y en todo el mundo, los economistas tienen una importante influencia en diversas áreas. Las acciones de instituciones académicas, sociedades y colegios profesionales, medios de comunicación y periodistas especializados deberían conjugarse para mitigar los efectos potencialmente nocivos de los conflictos de interés. Las formas en que estos conflictos se manifiestan varían según el ámbito de actuación de los economistas, pero los potenciales efectos son igualmente perniciosos. Se trata de un problema con muchas zonas grises y que no tiene soluciones fáciles. El gran perjudicado es el público, el único “principal” que carece de “garrotes” y “zanahorias” para alinear la conducta profesional. Y al que simplemente le resta confiar que el economista le servirá haciendo bien su trabajo.




*Agradezco a Agustin Reyes por valiosos comentarios y a Fabrizio Scrollini quien me sugirió referencias utiles. 
[1] Por ejemplo, información disponible para Uruguay indica que solo un 17% se desempeña en el ámbito académico-universitario. El resto se reparte entre el sector público (39%) y privado (43%) bajo diversas modalidades. Los economistas del sector publico deberian estar regulados por la normativa sobre conflictos de interés en la función pública y no son analizados en esta nota.
[2] Sobre los problemas asociados a las normas de disclosure ver Cain, D., Loewenstein, G. & Moore, D. (2005) Coming clean but playing dirtier: The shortcomings of disclosure as a solution to conflicts of interest, en Moore, D. A., Cain, D. M., Loewenstein, G. and Bazerman, M. (Eds.). Conflicts of Interest: Challenges and Solutions in Business, Law, Medicine, and Public Policy, pp. 104-125. London: Cambridge University Press.

¿Cómo hay que aumentar los ingresos de los docentes en Uruguay?*



En una nota de 2013 aquí en Razones y Personas argumenté que la carrera docente en Uruguay es poco atractiva y que el bajo salario en comparación con otras profesiones es un candidato de primer orden para explicar la escasez de docentes. Datos recientes muestran que algunos signos notorios de la escasez de docentes no se han revertido.[1]

Escuela de Tiempo Completo Nº 99. Isidoro Noblía. Cerro Largo.

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) publicó recientemente un informe elaborado por Cecilia Llambí y Cecilia Oreiro que aporta valiosa información sobre la cuestión de los salarios docentes en Uruguay. Una de las conclusiones principales del informe es que los salarios relativos de los docentes con alta dedicación en Uruguay tal vez no sean bajos en comparación con lo que sucede en otros países. Parte del problema de por qué la carrera docente en Uruguay no es atractiva podría radicar no en que el salario docente sea bajo en general sino al régimen laboral predominante que sólo remunera las horas de trabajo en el aula, algo excepcional en la comparación internacional. Este diagnóstico tiene implicancias fuertes respecto a los énfasis que debería seguir la política salarial. En particular, dichos énfasis deberían ser distintos al tipo de aumento "generalizado" acordado para 2016 y 2017.

Las remuneraciones y el régimen de trabajo de una profesión no suficientemente atractiva

El régimen de trabajo en la enseñanza pública en Uruguay tiene una característica distintiva en comparación con los países de la OCDE y con varios países de la región: mientras en el mundo a los docentes se les paga por alrededor de 40 horas de trabajo semanales a desarrollar en el centro educativo, en general mitad de tiempo en tareas de aula y mitad en otras tareas en el centro, en Uruguay esto no es así. Como es sabido, en la enseñanza primaria predomina un régimen en que se remuneran 20 horas de trabajo en el centro educativo. Además de esas 20 horas en el centro, los docentes de primaria trabajan unas 10 horas semanales no remuneradas fuera de aula en tareas de planificación, evaluación y otras. Por lo tanto, esto significa que si usted considera estudiar 4 años de educación terciaria para ser docente de primaria, le espera un trabajo de 30 horas semanales con una remuneración de unos $23.000 nominales. ¿Poco no?

Por otro lado, en primaria existe también el régimen de tiempo completo. En 2014, un 18% de los docentes se desempeñó en esa modalidad. La evidencia disponible indica que, entre quienes eligen la carrera de docentes de primaria, el régimen de tiempo completo resulta atractivo a juzgar por mayores tasas de permanencia en el centro, captación de docentes de mayor antigüedad y mayor demanda que lugares disponibles en las listas para acceder a esos puestos. La remuneración para un docente de primaria recién recibido en una escuela de tiempo completo es de unos $47.000 nominales por 40 horas semanales. ¿Será suficiente?

En enseñanza secundaria la situación es, por un lado, diferente a primaria, en cuanto existe mayor flexibilidad en la carga horaria que el docente puede elegir. Por otro lado, se da el mismo fenómeno de no reconocimiento de horas de trabajo fuera del centro, lo que hace que el salario efectivo por hora sea menor al que muestran los recibos. Si consideramos que un docente de secundaria que eligió 30 horas trabaja en promedio otras 10 horas no remuneradas, esto disminuye notablemente su salario efectivo y por tanto repercute directamente en el atractivo económico de la profesión. Además, más allá del atractivo económico, el fenómeno de no reconocimiento de horas es sin duda relevante para el reconocimiento social de la profesión y la legitimidad que puedan tener futuros aumentos salariales.

Los salarios relativos en la comparación internacional

Dado que en el mundo el trabajo docente (como la mayoría de los trabajos) se remunera en general sobre una base de 40 horas semanales, el informe del INEEd buscó comparar salarios de docentes en otros países con cargos docentes de alta dedicación en Uruguay. Para primaria, el informe toma como referencia de alta dedicación la remuneración del régimen de tiempo completo y para secundaria a aquellos cargos de 30 horas “reconocidas”, que sumadas a las horas no reconocidas se acercan al 
estándar de 40 horas semanales.
Ratio salarios docentes en educación primaria (1) / PIB per cápita. Fuente: INEEd (2016).












Una forma de evaluar el atractivo de la profesión en cada país es comparar cuánto ganan los docentes en relación a alguna medida de los ingresos medios en el país. El informe del Ineed considera el PBI per cápita para medir cuán rico es el país y compara entonces el salario de los docentes de “alta dedicación” (definidos según el párrafo anterior) y 15 años de antigüedad con el PBI per cápita de cada país.[2] Como muestra el primer gráfico, en el promedio de países de la OCDE un docente de enseñanza primaria gana más o menos lo mismo que el PBI per cápita. En Uruguay la situación es por supuesto bien distinta si miramos a la mayoría de los docentes de primaria con cargos de 20 horas o si miramos a la minoría con cargos de tiempo completo. Si bien en ambos casos el salario en relación al PBI per cápita ha ido aumentando en los últimos años, los docentes de 20 horas están obviamente muy mal pagos en la comparación internacional, mientras que los de tiempo completo aparecen con una magnitud similar al promedio de la OCDE y a algunos países de la región. De la misma forma, cuando en el segundo gráfico se compara el salario de un docente de secundaria con cargo de 30 horas, el salario relativo en Uruguay se ubica en línea con el promedio de la OCDE, aunque está bastante por debajo de países más cercanos a Uruguay como Chile, Brasil y México.

Ratio salarios docentes en primer ciclo de secundaria / PIB per cápita.Fuente: INEEd (2016).













Sobre las prioridades de futuros aumentos de fondos destinados a salarios docentes

Al comienzo de la nota sostuve que si el diagnóstico del informe del INEEd es correcto, debería revisarse la política salarial actual de aumentos de sueldos generalizados como los acordados en 2015. Si aceptamos la idea de que los docentes con dedicaciones altas tal vez no estén mal remunerados en Uruguay en relación a otras profesiones pero que lo realmente excepcional es que se les paga solamente por el trabajo que realizan en el aula, entonces una forma de hacer más atractiva la carrera docente pasa por reconocer lo que los docentes ya hacen y expandir aún más el número de horas de trabajo fuera de aula y que dichas horas transcurran en los centros educativos. De alguna forma, este camino se ha recorrido en parte en los últimos diez años con la expansión de las distintas modalidades de tiempo extendido y el incremento de las horas de coordinación en secundaria. Sin embargo, aumentar la remuneración al trabajo docente fuera del aula y en los centros es un camino caro: las modalidades de tiempo extendido requieren no solo más horas docentes, sino también cuantiosas inversiones en infraestructura y en cargos no docentes. Tender hacia el 6% del PBI para la educación es una promesa pendiente pero la discusión está abierta en cuanto a cómo deberían asignarse esos fondos. Reforzar el atractivo de la carrera docente es imprescindible y remunerar más horas de tareas fuera del aula y en los centros es una opción atractiva en cuanto mejora la remuneración de la profesión, mejora las condiciones de trabajo al dar mayor tiempo para tareas de formación, planificación, etc. y potencia el reconocimiento social de la profesión al explicitar una enorme cantidad de trabajo que los docentes realizan (alrededor 10 horas semanales) pero que hasta hoy permanece en buena medida invisibilizada.

Por otra parte, si ese fuera el camino correcto, es necesario empezar a recorrerlo cuanto antes y cambiar los énfasis de la política salarial. De continuar los aumentos generalizados como los que se darán en 2016 y 2017, en el futuro será cada vez más caro (y por tanto más difícil sino imposible) avanzar en las modalidades de tiempo extendido y de mayor dedicación horaria de los docentes en los centros educativos. Cambiar el énfasis de los aumentos generalizados al aumento del número de horas remuneradas reconociendo y ampliando el trabajo fuera del aula y en los centros parece un camino atractivo entonces tanto para mejorar las remuneraciones como el reconocimiento social de la profesión docente, cuestiones clave para terminar con la escasez de docentes y avanzar hacia un nuevo tipo de centros educativos con alta dedicación de docentes, algo que muchos actores sitúan como una de las claves del cambio educativo que Uruguay necesita.

*Este nota es básicamente un trabajo de difusión del artículo: INEEd (2016), Los salarios docentes en Uruguay: estructura y evolución reciente, INEEd, Montevideo. Todos los datos provienen de allí. La foto es de Florencia Giammarchi en arquitecturaceleste.com. Además del informe en el que se basa la nota, he discutido el tema con varios economistas y docentes a los que agradezco.




[1] Primero, continúan faltando maestros y profesores al comienzo de cada año http://www.elobservador.com.uy/todavia-faltan-casi-50-maestros-montevideo-n882253. Segundo, faltan profesores titulados en secundaria. Solo alrededor de un 60% tiene título y no se observan mejoras notorias en este problema (ver Cuadro 4 del informe). Otros dos signos de la escasez son el estancamiento de la matriculación en carreras docentes (al menos hasta 2012) y los estudios que indican que los estudiantes de formación docente tienen en promedio menores rendimientos en pruebas estandarizadas.
[2] Para la comparación los salarios se expresan en US$ y se ajustan por paridad de poder adquisitivo. Podrían considerarse otras formas de responder a la misma pregunta. Por ejemplo comparar diferenciales salariales respecto a trabajadores de características similares. Una limitación importante de esta comparación a tener en cuenta, es que el informe del INEEd establece que en la OCDE la relación entre horas de trabajo en el aula y horas fuera del aula es de 1 a 1, mientras que los cargos de “alta dedicación” que el informe define para Uruguay tienen mayor carga de aula.

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