Hasta Febrero

Foto: “Old Car" por Nico Kaiser, bajo licencia CC BY 2.0.

Esta semana culminamos el quinto año de Razones y Personas. Durante el 2015 publicamos un total de 44 notas. Muchas de esas notas fueron re-publicadas en La Diaria. Agradecemos a todos los lectores por visitar este espacio virtual, difundir nuestras notas y participar en el debate. Agradecemos también a los columnistas invitados que publicaron notas en este espacio. En Febrero de 2016 retomaremos la rutina de publicar una nota semanal. Les deseamos un buen fin y comienzo de año. Hasta febrero.




Crónicas de Navidad: La lógica de mercado en torno a las configuraciones de la (s) memoria (s)

Árbol de Punta Carretas por Gustavo Uval bajo licencia (CC BY-NC-ND 2.0)
El pasado mes de noviembre fui invitada junto a mis compañeros/as de trabajo a participar en un seminario sobre sitios de memoria y territorio, el cual era organizado por el Museo de la Memoria ( MUME), la Intendencia de Montevideo; el Espacio para la Memoria y los DDHH "Quica Salvia" de Las Piedras, la Comuna Canaria; la Fundación Zelmar Michelini, y Memoria Abierta de Argentina.

En este seminario pudimos recorrer varios sitios donde hubo detenciones y torturas durante la última dictadura cívico-militar uruguaya, los participantes del seminario pudieron visitar y conocer lugares como ser: Batallón de Infantería Paracaidistas Nº 14 en Toledo; Canelones, el Centro Clandestino de Detención y Tortura de la ciudad de Canelones (“Los Vagones”); SMA (Servicio Material y Armamento) - Batallón Nº13, conocido como “El Infierno Grande”; la Cárcel de Punta Rieles, la cual fue ex Centro de Detención masculino (breve tiempo) y femenino durante toda la dictadura y la casona de Bulevar Artigas y Palmar antigua sede del Servicio de Información de Defensa (SID). Estos lugares no son accesibles de visitar dado que están abiertos al público normalmente.

Esta visita a conocer los sitios antes mencionados, me puso a pensar y justo en estas épocas donde la gente está como loca en la calle y comprando compulsivamente, que hay un sitio que si bien no ha sido justamente considerado como sitio de memoria, tampoco puede ser categorizado como sitio de amnesia y es un lugar que mucha gente visita seguido, el Punta Carretas Shopping Center.


En un artículo que escribimos Ana Guglielmucci y yo, publicado en la revista Latin American Perspectives en mayo de 2015, debatimos la idea de lugar de amnesia, con respecto a este caso específico. Aquellas personas jóvenes que no han conocido la historia del lugar, el Shopping Punta Carretas fue una cárcel donde hubo presos políticos en la última dictadura militar y de donde se escaparon un grupo significativo de militantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.


Para la escritura de este artículo que titulamos “Site of Memory and Site of Forgetting. The Repurposing of the Punta Carretas Prison” (Sitio de memoria y sitio de olvido. La re-funcionalización de la Cárcel de Punta Carretas, traducción propia), realice un trabajo de campo para el cual entreviste a los vecinos de la zona, sobre todo del almacén que está ubicado en la calle Garcia Cortinas al costado del Shopping, dado que es un almacén cuyo dueño siempre vivió en el barrio y que se conserva desde las primeras generaciones que poblaron el barrio. A su vez, se me ocurrió para esa ocasión ir al Shopping y preguntarle a los que encontraba allí si recordaban la historia del lugar, a quienes iban a comprar y a quienes trabajaban allí, la mayoría de las personas con quienes hablé estaban en conocimiento de la historia del sitio, lamentablemente luego fui echada del lugar por los guardias de seguridad quienes no querían que molestara a quienes estaban comprando allí.

De acuerdo con las reflexiones que realizamos en este artículo, consideramos que la re-utilización de la antigua prisión de Punta Carretas como un centro comercial no puede ser leído como un ejemplo de amnesia impuesta vinculado a la Ley de Caducidad. Esta reutilización espacial incorpora nuevas relaciones generadas desde el lugar, que difieren de las dadas previamente (en el tiempo en el que funcionó como una prisión) y que conducen a una resignificación de los recuerdos del lugar que no es necesariamente la imposición de amnesia colectiva (Guglielmucci y Scaraffuni, 2015:5, traducción propia) 

Esto implica que las relaciones entre las personas y el propio sitio se resignifican diariamente, lo cual me retrotrae al recuerdo del relato de una vendedora, quien me contó que su hermano quien estudiaba arquitectura había sido ayudante de arquitecto, al momento de tirar abajo las celdas para construir los espacios donde hoy en día están ubicadas las tiendas, y los arquitectos y trabajadores que debían realizar las reformas al lugar, tenían miedo de permanecer mucho tiempo allí debido a la presencia de fantasmas según este relato.


El ejercicio de abordar el análisis de este sitio y además el ejercicio de frecuentar este lugar y de participar de las dinámicas de mercado que allí se generan, me pone a cuestionarme que el proceso de construcción de memoria(s) que refieren a eventos pasados surge de representaciones, construcciones y prácticas disimiles por parte de diferentes grupos sociales y/o administraciones públicas, inclusive de disputas silenciosas que se dan dentro y fuera de los mismos espacios que se buscan delimitar como sitios de recuerdo u olvido (Guglielmucci y Scaraffuni, 2015).

La productividad de dicho lugar como vehículo de memoria (s), no solamente ligadas a la última dictadura militar, sino también a la lógica del neoliberalismo y a la privatización del patrimonio público confluyen en el espacio y se configuran en el relacionamiento con los transeúntes y consumidores que frecuentan el espacio.

No es dificil observar los vestigios de la cárcel en el actual Shopping, cuando entramos por la puerta principal podemos apreciar que se conserva la fachada de la misma junto con el reloj, así como también el arco que contiene en su interior, bajo el cual hoy en día se encuentra el árbol de navidad, ambos siguen siendo los mismos que presentaba la cárcel anteriormente, aunque su destino actual sea completamente otro. Mientras que un vecino me señaló que el muro que se encuentra en el estacionamiento detrás del edificio también se mantiene igual, allí solía ser el patio de la cárcel.

Esto me hace pensar que en estas fechas cuando todos van desquiciados a la noche de los descuentos, el mismo sitio sigue siendo un sitio donde la gente está de cierta forma aprisionada, hoy en día por una lógica de mercado. Es decir, que desde su propio nombre, que continúa siendo el mismo, y teniendo en cuenta que cada espacio alimenta distintas construcciones y configuraciones de recuerdos a través de ciertas disposiciones en los cuerpos, debemos considerar que este lugar, significa y resignificar las relaciones entre las personas dentro del mismo, así como con su entorno, es decir, el barrio y la ciudad (Guglielmucci y Scaraffuni, 2015:11).

He frecuentado varias veces en estas últimas semanas el Punta Carretas Shopping, por diversas diligencias que he debido realizar y el espacio del Shopping Center genera ciertos disciplinamientos corporales, tal como lo hacía cuando era una cárcel, ya que como distingue Foucault “(…) el cuerpo queda prendido en el interior de poderes muy ceñidos, que le imponen coacciones, interdicciones u obligaciones” (1998: 140). En el Shopping se genera también una organización de los movimientos de los cuerpos dentro del espacio, rodeados de amplias superficies vidriadas y escaleras mecánicas y ascensores que guían los cuerpos.

Recordando que los sitios que funcionaron como centros de detención mencionados al comienzo de este artículo, los pude visitar gracias a la realización del seminario de territorios de la memoria; el caso del Punta Carretas Shopping es un sitio que no debemos esperar la realización de un seminario para poder acceder a este. Sino que podemos y muchos de nosotros accedemos a este sitio sin inconvenientes en algún momento, lo cual me hace reflexionar que este disciplinamiento de los cuerpos en el espacio del Shopping, también se produce un disciplinamiento de la memoria, ya que en esa interacción de los cuerpos con el espacio, la memoria se va configurando en los cuerpos también. Por lo cual, se genera un disciplinamiento de la memoria en los cuerpos, así como también de esta en el espacio (Guglielmucci y Scaraffuni, 2015)

Es en este espacio donde confluyen diferentes memorias, primando una memoria de mercado, donde habría que indagar si las nuevas generaciones poseen un conocimiento de lo que pasó en ese lugar y lo que pasa ahora. La (s) memoria (s) confluyen en el Punta Carretas Shopping como en un palimpsesto, es decir, como en un manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior que quiso ser “borrada”, pero no se borró del todo, lo que pasó dejó huellas marcadas y esto confluye con lo que pasa ahora en ese mismo espacio.


Referencias bibliográficas:

Pagar por el delito

Goya: "Tan bárbara la seguridad como el delito",
de la serie Prisioneros.
El Día de los Derechos Humanos se celebra todos los años el 10 de diciembre. Se conmemora el día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En Uruguay y en toda América Latina las cárceles son inmensos focos de violaciones de esos derechos. Hoy es un buen día, quizás, para preguntarse si en algún momento podremos darnos un sistema de justicia penal que no esté esencialmente unido a la cárcel como instrumento.

En 1985 la población de Uruguay era de aproximadamente tres millones de habitantes y había unos 1.850 presos. El país tenía entonces una tasa de encarcelamiento de unas 62 personas cada 100.000 habitantes. Hoy somos aproximadamente 3.450.000 habitantes y tenemos unos 9.800 presos. El país tiene hoy una tasa de encarcelamiento de aproximadamente 284 personas cada 100.000 habitantes.

Los registros estadísticos del delito en Uruguay han sido históricamente un problema. Cuanto más se retrocede en el tiempo, menos confiables son los datos. Ello no obstante, el aumento brutal de las tasas de encarcelamiento parece ser (hasta donde sabemos) una consecuencia del hecho de que el delito (especialmente el delito contra la propiedad) ha venido aumentado ininterrumpidamente en el país tanto en épocas de bonanza como en tiempos de vacas flacas. Pero el aumento de las tasas de encarcelamiento es también el resultado de un consenso social, de la existencia de un sentido común punitivo que ha elegido combatir el delito y la violencia a través del encierro, aunque esa estrategia aparentemente no haya conducido a grandes logros, porque las cárceles están cada vez más llenas, pero no por ello hay menos delito ni menos violencia.

No podemos saber a ciencia cierta qué hubiera pasado si el país hubiera optado por censurar las conductas delictivas encarcelando menos y apelando más a medidas alternativas a la prisión. Podría haber más delito (como sostienen quienes piensan que la cárcel tiene un efecto disuasorio), pero también podría haber menos (si se admite que el encierro, sobre todo en las condiciones concretas de nuestras cárceles, reafirma y amplifica las conductas delictivas). En cualquier caso, dado que el resultado que estamos obteniendo es bastante menos que óptimo (no ahora, sino que desde hace ya varios lustros), podría pensarse que vale la pena estudiar la posibilidad de reducir el uso de la cárcel y aplicar en forma más o menos sistemática alguna de las formas de castigo penal alternativas que ya existen en el mundo [1].

Sin embargo, esta discusión rara vez se ha dado. En los últimos años el país hizo un histórico esfuerzo de inversión económica en materia penitenciaria, fundamentalmente orientado a erradicar el hacinamiento. Ese objetivo se ha concretado en una buena medida, aunque todavía existen niveles de hacinamiento críticos en varias unidades. Ahora hay muchas más plazas, pero también hay muchos más presos. Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, en 2005, había unos 7.000 presos y ahora, diez años más tarde, hay cerca de 10.000. La izquierda gobernante no pudo o no quiso poner en cuestión la cárcel como instrumento. Inmovilizada quizás por los discursos conservadores sobre la seguridad, no supo cómo o no quiso invitar a la sociedad a pensar la justicia más allá o al margen del encierro carcelario. Ello pudo deberse al mero oportunismo político, pero también a la falta de imaginación. ¿Por qué la izquierda no habrá podido imaginarse ni proponerle al país el desafío de pensar formas de hacer justicia al margen del encierro? Es posible aventurar una hipótesis. Tras muchos años de pedir juicio y castigo para los represores de la última dictadura, en el imaginario de la izquierda social y política la justicia, la cárcel y el castigo llegaron a conformaron una amalgama fuertemente unida. La idea que parece haberse impuesto durante ese proceso es que la ausencia de cárcel significa ausencia de castigo y, en definitiva, impunidad.

Muchas personas, quizás la inmensa mayoría, de izquierda o no, creen que, si se ha cometido un delito, para que haya justicia es necesario imponerle al ofensor alguna clase de sufrimiento, proporcional al daño que él mismo ha provocado. De esta manera, el ofensor habrá pagado por su ofensa. Una especie de balanza imaginaria se habrá vuelto a equilibrar. Si el ofensor no paga por su ofensa, entonces su delito habrá quedado impune. La balanza permanecerá desequilibrada. En los estados modernos, el ámbito natural e institucionalmente legítimo para imponer ese tipo de sufrimientos es la cárcel.

El castigo pensado en esta forma (retributiva) viene a reequilibrar un balance que se ha visto alterado por la ofensa. La metáfora de un equilibrio que se ha roto es muy habitual en la literatura filosófica, pero sus defensores han tenido grandes dificultades a la hora de explicar qué es exactamente lo que se vuelve a poner en equilibrio: dónde está el desbalance. Una respuesta a este problema, que fue popular durante algún tiempo, es que el delito le permite al delincuente tomar una ventaja injusta sobre aquellos ciudadanos (la abrumadora mayoría) que son respetuosos de la ley. El castigo vendría a eliminar esa ventaja, volviendo a equilibrar la situación. Esta idea es muy problemática, porque es bastante claro que no todo acto delictivo tiene como consecuencia la adquisición de algún tipo de ventaja por parte del delincuente. Incluso si ese fuera el caso, nuestras intuiciones parecen indicar que el castigo se justifica no por la ventaja obtenida, sino por la ofensa que ha sufrido la víctima. Ello sugiere otra posible respuesta al problema: considerar que el desbalance específico que habría que reequilibrar es de naturaleza moral. En este sentido, el castigo podría ser entendido como una forma de reparación moral de la víctima. La víctima ha sido ofendida y con ello se le ha provocado un daño, así como a sus seres queridos. El castigo vendría entonces a reparar (al menos en parte) el dolor que le ha provocado la ofensa, vendría a mitigarlo en alguna medida.

La impunidad de los represores de la última dictadura, sólo atenuada relativamente en tiempos recientes, puede haber contribuido, como fue señalado más arriba, a que la izquierda social y política, a partir de un justo reclamo de justicia, llegara a concebir justicia, cárcel y castigo como una especie de unidad indivisible. Cualquiera que sea la explicación correcta del fenómeno, es un hecho que pensar la justicia al margen de la cárcel es hoy, para la izquierda uruguaya, una tarea ciertamente tan difícil como lo es para la derecha. Los aproximadamente 10.000 presos que albergan los establecimientos penitenciarios de nuestro país son el testimonio de una larga relación de amor: la de los uruguayos y la cárcel. La idea de que los delitos pueden ser castigados de otra manera que no sea con encierro y sufrimiento parece resultarle a la inmensa mayoría de los uruguayos, tanto de izquierda como de derecha, una pura excentricidad nórdica. Mientras tanto, hay cada vez más presos y tampoco hay más seguridad.

Pero la amalgama entre justicia, cárcel y castigo no es inevitable. Existen muchas formas de pensar la justicia y el castigo penal al margen de la cárcel. Existen concepciones muy diferentes del castigo entre los filósofos que han reflexionado sobre la naturaleza y la función de la pena. Pero hay de hecho, en la literatura filosófica, muy pocas defensas de la pena bruta, del encierro prolongado, de la exclusión social del ofensor, del castigo como mera imposición de sufrimientos. Hay buenas razones para ensayar castigos alternativos o alternativas al castigo. Un primer paso, extraordinariamente importante, sería dejar de equiparar el reproche del delito (la comunicación de una censura moral) al encierro carcelario. Ya con eso habríamos avanzado notablemente hacia una sociedad más humana, más democrática y más justa.

La izquierda gobernante, sin embargo, viene desaprovechando sistemáticamente desde hace diez años la oportunidad de proponerle a la sociedad pensar el castigo penal de otra manera. El Frente Amplio surgió en 1971 como una fuerza destinada a cambiar la política y la sociedad. En esta materia el partido de gobierno no nos está invitando precisamente a cambiar, sino más bien a dejar todo más o menos como está. La izquierda parece haber entendido que el principal desafío en materia de derechos humanos en lo que hace a los asuntos penales está localizado en la órbita de la política penitenciaria y que concierne sobre todo a las condiciones de encierro. En ese sentido se ha trabajado y se ha conseguido bastante. Las autoridades del gobierno creen que han hecho una verdadera revolución penitenciaria.

Las cárceles en la era progresista probablemente se hayan convertido en un lugar ligeramente menos repugnante que hace una década. Parece un logro excesivamente escaso para una fuerza que se propuso nada menos que cambiar la sociedad. Nadie le pide al gobierno del Frente Amplio que haga tonterías como cerrar un buen día las cárceles y liberar a todos los presos. Nadie le pide que tenga una concepción romántica de los delincuentes, ni siquiera que renuncie a la idea de la necesidad social y moral del castigo. Pero la idea misma de castigo no tiene por qué ir unida al encierro carcelario. Hay otras formas de castigo y la izquierda ni siquiera se ha propuesto poner el tema en el orden del día. Lo dicho: es demasiado poco para una fuerza que se propuso nada menos que el desafío de cambiar la sociedad en su conjunto [2].

[1] La bibliografía a este respecto es muy extensa. El lector podrá consultar con provecho dos libros recientemente publicados en español: No sólo su merecido, de J. Braithwaite y P. Pettit, y Sobre el castigo, de A. Duff.

[2] Este texto recoge varios pasajes de un artículo más extenso incluido en: Derechos humanos en el Uruguay. Informe 2015, editado por Serpaj. Agradezco mucho a Serpaj la invitación a escribir en su informe.

Chorizos asesinos y vacunas que causan autismo: ¿Por qué es tan importante la alfabetización científica en la era digital?

Imagen por JaredTarbell (CC by 2.0) 
Los chorizos y la panceta te matan dándote cáncer (como el cigarro), la carne roja probablemente también. Con esa rigurosidad técnica que caracteriza, la amplia mayoría de los medios de información -locales e internacionales- levantaron y difundieron un pésimo comunicado (por lo poco claro) de la OMS sobre el vínculo entre las carnes procesadas y el cáncer 1. Además de hacer temblequear a los frigoríficos y las fiambrerías del mundo, este comunicado causó bastante revuelo y un pánico infundado.

La presente nota trata de reflexionar -con un mínimo de coherencia y algo de literatura- sobre este tipo de incidentes: su peligrosidad, causas y qué se podría hacer para evitarlos. Lejos de querer ser alarmista, voy a intentar demostrar por qué difundir contenidos falsos o de mala calidad puede acarrear consecuencias muy negativas para la salud física y mental (de los que las reciben y de terceros); particularmente en temáticas de interés social como las vinculadas a la salud pública.

Para dar algo de contexto, el artículo comienza discutiendo brevemente el rol de Internet en el cambio de la forma en que nos informamos y difundimos la información, así como los beneficios y  riesgos que ello acarrea. Luego, se presenta un ejemplo donde “repostear indiscriminadamente” causó daños significativos a la salud de miles de niños (y probablemente contribuyó bastante en la muerte de cerca de 10). Por último, presento algunas ideas sobre el tipo de competencias que se requieren para evaluar críticamente la información (alfabetizaciones científica y estadística), mostrando algunos datos que permiten pintar un panorama –no muy alentador- de éstas para el caso uruguayo.


Toda gran redistribución de poder conlleva una gran redistribución de responsabilidad


Internet, esa tecnología disruptiva que a pesar de surgir en El Imperio nos permite contactarnos con los ciber-soldados de la libertad. Ellos, luchando en contra de la desinformación de las corporaciones multinacionales, nos informan sobre cosas como las vacunas contra el cáncer descubiertas en Venezuela, las raíces ocultas del conflicto en Siria, o lo cancerígeno de la Coca Cola.

Dejando la ironía de lado, el asunto es que Internet ha cambiado sustancialmente la forma en que los uruguayos nos informamos sobre las cosas que pasan en nuestro país 2 y en el mundo. No solo se “descentralizaron” los lugares donde consumimos la información, sino que ahora también somos nosotros mismos los que la producimos o -quizás siendo un poco más realistas- los que decidimos qué noticias/artículos leemos, compartimos y cuáles no. En otros términos, parece existir un cambio importante en la distribución del poder en relación a la producción y consumo de información. El asunto es que, como decía el difunto Ben Parker (1962), “with great power there must also come–great responsibility!”. 

Siguiendo con la metáfora anterior, si el “gran poder” es la posibilidad de contar con niveles nunca antes sospechados de información a nuestro alcance y –al mismo tiempo- con una capacidad de redireccionarlos y difundirlos  a piacere entre nuestros pares;  la gran responsabilidad refiere entonces a la necesidad de un mínimo de evaluación, crítica y filtro de los contenidos que leemos y decidimos repostear o retwitear.
  

Cuando la cosa se pone viral pero no en sentido figurado


¿Por qué hablar de “responsabilidad” ante acontecimientos tan mundanos? Podrán decir “qué moralista y alarmista este pibe”, pero permítanme presentar un ejemplo puntual y bastante actual sobre situaciones en las que la falta de filtros y capacidad crítica para evaluar la veracidad de una afirmación difundida en Internet generó pánico y daño a la salud de la población toda (aún de terceros no crédulos o involucrados).

A comienzos de esta década, diferentes figuras mediáticas y “activistas online” de Estados Unidos comenzaron a reflotar el mito de que existe un vínculo causal entre la vacunación en niños y el autismo. Les recomiendo leer el siguiente artículo para comprender la magnitud del problema y ver cuán fácil puede ser presentar “evidencia” y pseudo-ciencia (o ciencia mal entendida) en internet para defender argumentos nefastos: http://www.activistpost.com/2013/09/22-medical-studies-that-show-vaccines.html 3

Sin información y conocimientos básicos sobre cómo funciona la ciencia y sus aplicaciones en el mundo en qué vivimos, no es muy difícil que un grupo importante de personas tomara como válido lo propuesto en dicha nota. Las consecuencias fueron nefastas: en Estados Unidos, en los años 2010 y 2012 reaparecieron brotes –literalmente epidemias- de Tos Convulsa, una enfermedad que puede ser mortal en niños pequeños pero que es fácilmente prevenible a través de la vacunación. En California, en el año 2010, murieron 10 niños y se registraron 9.120 casos  de esta enfermedad, el peor brote en 60 años. 

Diversos estudios vincularon este brote con conglomerados de hogares que rechazaron vacunar a sus hijos por motivos no médicos -en otros término, ideológicos- (Atwell et al. 2015)4. Lejos de ser una cuestión vinculada a niveles educativos y socioeconómicos bajos o ideologías conservadoras, el fenómeno se concentró en ciertas zonas residenciales y “liberales” de California donde –probablemente- el tipo de información que difundieron las figuras mediáticas tuvo un rol clave. 


Es la ciencia, estúpido!


Volviendo sobre el argumento central, el problema entonces radica en que las habilidades para evaluar la veracidad y calidad de niveles cada vez más grandes de información no son innatas.  Van Deursen, Helsper y Enyon (2015)5  conciben a las Informational Internet Skills como las competencias de los internautas para buscar exitosa y eficientemente información online, así como para evaluar su legitimidad/veracidad. Aquí encontramos  aspectos clave como la habilidad para evaluar si un sitio web es confiable o no, o la sana costumbre de comparar más de un sitio web antes de decidir si cierta información es veraz (Van Deursen et al. 2015)6

Sucede que este es un problema que va mucho más allá de Internet, vinculandose con aspectos más generales sobre la forma en la que comprendemos al mundo exterior. En otros términos, lo que la literatura denomina como alfabetización científica y alfabetización estadística

La primera puede entenderse en términos generales como la habilidad para utilizar conocimientos preexistentes para identificar nuevas preguntas, adquirir nuevos conocimientos y poder realizar juicios basados en evidencia sobre varios fenómenos empíricos o científicos de la realidad 7 . La segunda, quizá una herramienta clave para la anterior, refiere a la habilidad para utilizar un pensamiento crítico en base a datos, números y estadísticas usadas en argumentos/discusiones basadas en evidencia. Es necesaria para comprender materiales presentes en los medios de prensa tradicionales y digitales, particularmente en relación a la lectura e interpretación críticas de tablas, gráficas y encuestas 8.


¿Y por casa cómo andamos?


Quizá haya sido solo mi feed de Facebook en los últimos 10 años, pero diversos episodios noticiosos recientes me hacen de dudar que aquí –y en casi cualquier lugar del mundo- estas sean competencias muy universales. Más allá de mis impresiones personales, ¿existe alguna forma de evaluar en qué situación se encuentra el Uruguay en la temática? 

Si bien se carece de datos para la población adulta del país, los resultados de los jóvenes de 15-16 años evaluados por PISA resultan unos de los indicadores más confiables posibles de obtener 9. En este sentido, tal como en el resto de las competencias evaluadas por PISA, el país no se encuentra en una buena situación. No sólo Uruguay  presenta niveles de alfabetización científica considerablemente bajos comparados con otras naciones desarrolladas sino que, aun comparándonos con nosotros mismos la situación no es para nada auspiciosa: Uruguay es uno de los pocos países en todo el mundo que redujeron su desempeño en ciencias entre 2006 y 2012 (PISA-OECD, 2015).  

Pero además existe un segundo problema más conceptual que estadístico: lamentablemente las competencias en ciencia no despiertan el mismo interés que las de matemática y lenguas.


Sintetizando: ¿se puede hacer algo para cambiar la situación?


No deberíamos esperar a tener nuestro propia epidemia prevenible para empezar a trabajar en la temática. Diversos episodios locales recientes pueden ser entendidos como señales de alerta en relación a la comprensión ciudadana sobre temas con base científica y de interés social. Además del episodio de la OMS y las carnes, discusiones y desinformación en torno a la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano o la calidad del agua local se caracterizaron por escaso rigor de las notas que informaban sobre los mismos: desde la comprensión errónea de conceptos científicos y nociones estadísticas, hasta cuestiones más básicas como poner a disposición del lector vínculos a los estudios originales. Pero no sólo de las ciencias duras vive el hombre: una correcta interpretación de datos sobre política educativa, de salud o carcelaria (por poner algunos ejemplos) dependen de un adecuado análisis de encuestas y de datos administrativos. Una comprensión mínima de nociones como aleatoriedad y representación estadísticas son básicas para entender estos fenómenos; es muy ingenuo suponer que la mayor parte de la población las posee.

Sólo a modo de reflexión, propongo pensar dos “caminos” paralelos sobre los cuales considero que sería posible avanzar en la temática. 

Por un lado, capacitar a quienes redactan la información dentro de los medios tradicionales: a diferencia de los expertos en una temática, los periodistas deben escribir sobre un universo de temáticas amplísimo con limitantes de tiempo enormes. Si deseamos que la ciencia (dura o social) llegue a la ciudadanía en forma razonable, deberíamos asegurarnos de que quienes “la traducen” tengan los recursos y conocimientos mínimos necesarios para hacerlo en forma adecuada.

En segundo lugar, sin dejar de enfatizar la relevancia de la matemática y la lengua, podríamos comenzar a darle un mayor énfasis al aprendizaje científico y estadístico en un sentido amplio. Si se comparte al menos alguno de los argumentos que esbocé aquí, la habilidad para comprender y cuestionar los niveles de información cada vez mayores con los que se nos  bombardea resultaría clave para el ejercicio de una ciudadanía responsable. Es cierto que la ANII se encuentra desarrollando algunas iniciativas al respecto y aunque este es un avance importante, se focaliza en estudios específicos y con un perfil más “duro”. Quizás fuere más importante transformar la alfabetización científica en un tema de agenda; preguntándose y preocupándose por el desempeño en ciencias –y no sólo lengua y matemática- cuando salgan los próximos resultados de las pruebas PISA y TERCE.


_______________________
1  Después de leer toda la nota (sino me adelanta todo el desarrollo del argumento y destruye el post), ver este artículo sobre el problema del anuncio de la OMS y cómo el periodismo lo encaró: http://www.vice.com/es_mx/read/el-problema-no-es-la-carne-roja-es-todo-lo-demas-989?utm_source=vicefbmx
2  De a acuerdo a la encuesta WIP+UY 2013, la Web es por lejos medio de comunicación más importante para los uruguayos como fuente de información. Y esto no sólo sucede en los sectores de mayor instrucción formal y más jóvenes (que sí, lo hacen en mucha mayor medida), sino que la amplia mayoría de los grupos poblacionales considera a Internet como el medio más relevante para informarse. Dodel, M. (2015b) URUGUAY, SOCIEDAD E INTERNET: Principales Resultados de la Encuesta WIP+UY 2013. Universidad Católica del Uruguay.
3  Si por otro lado quieren entrarle rápidamente a todos los contraargumentos y evidencia científica en torno al fenómeno, recomiendo este video de SciShow “The Science of anti-Vaccination”
4  Atwell, J. E., Van Otterloo, J., Zipprich, J., Winter, K., Harriman, K., Salmon, & Omer, S. B. (2013). Nonmedical vaccine exemptions and pertussis in California, 2010. Pediatrics, 132(4), 624-630.
5  En su Proyecto “From Digital Skills to Tangible Outcomes”, estudio sobre los impactos de las competencias digitales en la calidad de vida (inicialmente realizado en Inglaterra y Holanda).
6  Para quien le interese un listado de armas un poco más sofisticado para realizar esta tarea, el siguiente es un excelente artículo: Six Easy Ways To Tell If That Viral Story Is A Hoax
7  Esta es una definición más complete provista por PISA: “PISA defines scientific literacy as an individual’s scientific knowledge, and use of that knowledge, to identify questions, acquire new knowledge, explain scientific phenomena and draw evidence-based conclusions about science-related issues; understanding of the characteristic features of science as a form of human knowledge and enquiry; awareness of how science and technology shape our material, intellectual and cultural environments; and willingness to engage in science-related issues, and with the ideas of science, as a reflective citizen.” (PISA-OECD, 2015)
8  Bidgood, P., Hunt, N., & Jolliffe, F. (2010). Assessment Methods in Statistical Education. John Wiley & Sons Inc..
9  Más allá que la definición de alfabetización científica de PISA se focalice casi que únicamente en “ciencias duras” o aspectos tecnológicos. Algo similar sucedió con los SERCE y TERCE, donde se estudió únicamente “Ciencias de la Naturaleza” http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/education-assessment-llece/second-regional-comparative-and-explanatory-study-serce/; http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/tercer-estudio-regional-comparativo-y-explicativo-terce

Una idea para reenfocar el gasto en la ley de vivienda de interés social

Solo un 40% de los uruguayos está satisfecho con la disponibilidad de vivienda de calidad y precio accesible en la ciudad en que reside. Según ese indicador, Uruguay está en el puesto 15 entre 18 países de la región.1 Hay indicios de que el problema de acceso a la vivienda no es un tema de nivel sino esencialmente de desigualdad: de cada 100 hogares de ingresos altos que acceden a la vivienda propia, sólo 58 hogares de ingresos bajos lo hacen. En este ratio, Uruguay está último, por lejos, en la región (ver gráfico).

En la última década se ha desplegado un amplio  set de políticas públicas para atender el problema de la vivienda en Uruguay. Entre estas se destacan un amplio rediseño institucional con la creación de la Agencia Nacional de Vivienda y el cambio de rol del Banco Hipotecario, el aumento del financiamiento a cooperativas y la continuidad de programas preexistentes de vivienda rural (MEVIR) y mejora de asentamientos precarios. Asimismo, la Ley 18.795 de vivienda de interés social (LVIS) instaló en 2011 un régimen de exoneraciones tributarias para inversiones en construcción y refacción de viviendas. Hace algunas semanas, María José Álvarez analizó aquí en Razones y Personas el potencial de la LVIS para disminuir la segregación residencial, lo que podría pensarse como uno de los objetivos de la ley si tenemos en cuenta que esta se propone apoyar proyectos que “contribuyan a la integración social”. En esta nota pongo en consideración una medida para avanzar en otro de los objetivos de la LVIS: facilitar “el acceso a la vivienda de los sectores socio-económicos bajos, medios bajos y medios de la población”. La razón es que a cuatro años de puesta en marcha existe una percepción generalizada de que la ley no está llegando a los sectores a los que buscaba beneficiar.

Elaborado en base a CEPAL/OCDE (2014)





Si bien no se dispone aún de una evaluación de la LVIS, se pueden enumerar algunos puntos de relativo consenso respecto a la marcha del programa. En primer lugar, como ya nos contó María José en su nota, desde que se comenzó a aplicar la LVIS la inversión inmobiliaria se redireccionó masivamente de los barrios costeros de Montevideo a las zonas más céntricas. Si hasta 2011 un 80% de la construcción se realizaba en la franja costera entre Punta Carretas y Carrasco, luego de ese año el patrón se invirtió y la construcción floreció en otros barrios de la ciudad, en especial en los barrios cercanos al centro. En segundo lugar, los precios de las viviendas de interés social no son en general accesibles para los hogares de ingresos bajos y medios bajos a los que la ley buscó beneficiar. En tercer lugar, el costo de la política no ha sido adecuadamente cuantificado pero podría ser muy alto. Si bien el monto de impuestos exonerados no es igual al costo de la política porque parte de las inversiones no se hubieran realizado sin las exoneraciones, un dato oficial indica que sólo con los proyectos aprobados hasta marzo de 2014 se habrían exonerado impuestos por un monto total de US$ 235 millones. Para tener una idea de la magnitud, este es un monto en el orden de lo que sería el incremento presupuestal para toda la educación y salud en la propuesta del Ejecutivo para 2017. 2

En 2014, cuando ya era claro que los hogares de ingresos bajos no estaban accediendo a las viviendas LVIS, el gobierno reaccionó implementando nuevos topes de precios en algunas zonas. Si bien el objetivo de estos nuevos topes - que la LVIS llegue a sectores de menores ingresos - es obviamente compartible, no es tan obvia la efectividad de la medida implementada para alcanzar el objetivo buscado. El problema es que no necesariamente las viviendas con precios topeados van a ir a los hogares a los que la política no está llegando.

Una propuesta alternativa que ha sido aplicada en otros países sería directamente condicionar las exoneraciones de impuestos a que las viviendas sean ocupadas por los hogares a los que se quiere llegar con la política.3 Más allá de los detalles de implementación, esta propuesta tiene dos componentes principales. El primero es que el Estado debe definir un criterio de selección de hogares beneficiarios, tal como se hace con otras políticas como por ejemplo Asignaciones Familiares. El segundo componente es que los proyectos recibirán exoneraciones impositivas solo si un mínimo de viviendas es ocupada por los hogares seleccionados según el primer componente.4 Por ejemplo, la nueva reglamentación podría establecer que para acceder a las exoneraciones tributarias los proyectos LVIS deberían reservar para hogares en situación de pobreza de ingresos (primer componente) al menos la mitad de las viviendas (segundo componente).

La propuesta no implica que el Estado deba invertir más o menos fondos en la LVIS. La idea es que, sea cual sea el monto de los recursos invertidos, el gasto fiscal esté mejor focalizado que en los cuatro primeros años de funcionamiento del programa. En cualquier caso, sería deseable que la LVIS cuente con una asignación explicíta y transparente del monto de impuestos a exonerar por año y con una evaluación que informe sobre la efectividad del monto invertido en relación a los objetivos planteados.

Según cuenta la historia, la LVIS nació de una propuesta de actores empresariales del sector inmobiliario al ex-presidente Mujica, antes de que éste asumiera la presidencia. La propuesta prosperó y tras unos años de apliación parece claro que la LVIS es una potente herramienta para dinamizar la construcción de viviendas pero que nació chueca en su habilidad para llegar a los hogares de menores ingresos. Los actores empresariales defendieron sus intereses y seguramente han recogido sus frutos, es hora de que la política pública muevas sus fichas para cumplir con el imperativo ético y legal de reorientar los beneficios fiscales de la LVIS a los hogares de menores ingresos. Lo que he propuesto aquí es solo una idea para empezar a pensar en cómo reenfocar la LVIS en esa dirección. El trabajo de los responsables de la política junto a los actores involucrados y los insumos que aportará la evidencia empírica habrán de definir el camino a seguir.

* Versión actualizada de la nota al 29 de noviembre de 2015.



1 OCDE/CEPAL. 2014. Estudio Multidimensional de Uruguay. Volumen 1. Disponible aquí.  ↩

2 Ver documentos de Rendición de Cuentas 2013 y Presupuesto 2015-2019. Al igual que otras políticas de exoneraciones fiscales como la ley de promoción de inversiones y de zonas francas, no es claro cuál es el saldo neto de estas políticas sobre la capacidad recaudatoria de un estado con necesidades presupuestales impostergables (ver nota Al bienestar hay que pagarlo). El cálculo no es para nada sencillo porque parte de las inversiones no existiría de no existir las exoneraciones y además puede haber efectos indirectos de aumento de recaudación en otros impuestos.↩

3 Así es como funciona por ejemplo el programa LIHTC en Estados Unidos.↩

4 Atendiendo a condiciones de rentabilidad económica de los proyectos pero también a objetivos de promoción de integración social, sería deseable que ese mínimo no fuera de 100%. De hecho, dependiendo del diseño concreto, puede ser deseable establecer un máximo para lograr mayor integración.↩

Medicamentos de alto costo: entre la profundización y el freno del SNIS


La cuestión del financiamiento de medicamentos de alto costo se instaló como uno de los temas más discutidos públicamente de la ley de Presupuesto que está siendo tratada en el Parlamento. En forma resumida, el proyecto original incluía tres artículos que pretendían limitar los recursos de amparo realizados por los usuarios del sistema de salud para que el Estado financiara fármacos que no estaban incluidos en el Formulario Terapéutico Médico (FTM) que es la lista de medicamentos que todos los prestadores de salud deben proveer.


En las últimas semanas, este tema ha sido tratado públicamente entre diferentes actores políticos y sociales, pero el debate no parece haber logrado salir de aspectos particulares a este tema, evidenciándose una ausencia importante de aspectos que hacen al financiamiento, sustentabilidad y equidad del sistema de salud en su conjunto.

Si bien no hay una solución clara a este problema, Uruguay se encuentra en una situación privilegiada en comparación con la región y otras partes del mundo, ya que progresivamente el FTM, y por ende el Fondo Nacional de Recursos (FNR), han ido incorporando nuevos tratamientos y medicamentos para el conjunto de usuarios del sistema que no son ofrecidos ni siquiera en países desarrollados como Alemania o Canadá[1]. Pero como ocurre en casi todo el mundo, la ampliación tiene sus límites y exige desarrollar criterios políticos y técnicos claros, que en buena medida van a terminar siendo determinados por el tipo de sistema de salud que se pretenda construir.

Hasta el momento, los argumentos plateados desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) han sido eminentemente financieros: la búsqueda de reducir los recursos judiciales y de reforzar los criterios de costo-beneficio para incluir o no nuevos medicamentos al FTM, responden principalmente a una lógica de contención de costos. Independientemente de qué tan precisas sean las proyecciones que auguran un colapso financiero del SNIS[2] en caso de que estas medidas no sean adoptadas, lo cierto es que vale la pena realizar algunas puntualizaciones.

En primer lugar, el crecimiento de recursos judiciales solicitando que el Estado dispense ciertos tratamientos o medicamentos puede ser leído también como un indicador saludable de participación ciudadana directa, gracias a mayor información disponible y a la ampliación de derechos. Podría decirse que en este sentido, la reforma de la salud es víctima de su propio éxito.

En segundo término, el problema del financiamiento de los medicamentos de alto costo viene a relucir diversos puntos débiles del Sistema Nacional Integrado de Salud y su forma de conducción. Por un lado, más allá de las valoraciones sobre el impacto de la reforma, el principal eje de los mismos ha sido su modelo de financiamiento. Sin embargo, episodios como este vuelven a instalar problemas o discusiones que claramente no están saldadas, como por ejemplo: ¿Deben, en un sistema que se piensa como integrado, existir dos fondos de financiamiento separados, como son el FONASA y el FNR?

Si el problema fundamental es de recursos, ¿No sería conveniente revisar los puntos más regresivos del esquema de financiamiento como la devolución de aportes al FONASA a las rentas más altas? Incluso manteniendo ese carácter dual de financiamiento, ¿Por qué no avanzar hacia copagos diferenciales según ingresos, volviendo más solidario el sistema? Limitar la discusión a la compra de dos, diez o cien medicamentos va a ser sin lugar a dudas muy relevante para muchas familias, pero siguiendo esa línea se puede estar perdiendo una interesante ventana de oportunidad para retomar el debate sobre cambios de gran impacto redistributivo que actualmente parecen sellados por el statu quo actual.

Por otra parte, si se vuelve la mirada a las capacidades regulatorias del MSP y cómo el mismo ejerce la rectoría, la situación actual refleja algunos problemas que atentan justamente contra los principios de equidad e igualdad que rigen formalmente al sistema, al tiempo que incentivan la judicialización del mismo. ¿Por qué? Porque existe un desfasaje entre la habilitación de medicamentos para ser comercializados en el país, y su inclusión en el FTM, que obliga a los distintos prestadores a proveerlo. Esta situación termina ahondando las diferencias socioeconómicas ya que aquellas personas de mayores recursos podrán comprar el medicamento.

Ahora bien, este desfasaje puede ser reflejo de problemas administrativos (que obviamente deberían resolverse) pero pueden también ser consecuencia de decisiones políticas de demorar deliberadamente la ampliación del FTM. Y aquí me permito un poco de suspicacia: si como ha declarado el Dr. Juan Ceretta, “Los antecedentes muestran que cuando un medicamento se incluye en el FTM su precio puede bajar hasta un 40%”[3] entonces la demora podría estar influenciada por los intereses de la industria farmacéutica de lucrar por un período más largo de tiempo.

Entonces, si a los intereses económicos de la industria se le agregan las presiones al gobierno de la salud por contener costos en un contexto de menores previsiones de crecimiento, y se añade una pizca de presión del mutualismo por no incorporar nuevos tratamientos o medicamentos que puedan potencialmente aumentar sus costos: tenemos como resultado una perfecta coalición de veto para la adopción de cambios.

En definitiva, ya sea por afinidad con la situación actual o por incapacidad de adoptar posiciones compartidas, el proceso de reforma del sistema de salud se encuentra en una peligrosa parálisis. Peor aún, los movimientos de las nuevas autoridades parecen estar más en línea con los intereses de algunos actores que actúan con lógica de mercado, que con los principios y actores más cercanos a la profundización y cumplimiento de los principios constitutivos del SNIS. Este congelamiento del debate difícilmente pueda superarse mientras aspectos particulares no sean problematizados en clave de sistema.

Foto: “el roto” por Olga Berrios bajo licencia CC BY 2.0




[1] Fondo Nacional de Recursos (2010) “Política y gestión de la cobertura de medicamentos de alto costo. Relevamiento de la experiencia internacional y respuesta del FNR”. Publicación técnica N° 13. Disponible en: http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/publicaciones/FNR_publicacion_tecnica_13.pdf
[2] http://www.180.com.uy/articulo/58148_el-%5Cdilema%5C-de-los-medicamentos-de-alto-costo
[3] http://www.carasycaretas.com.uy/medicamentos-de-alto-costo-dilema-dificil-de-resolver/

Uber en Uruguay: una excelente oportunidad para repensar la regulación

 "Voz Alta" por Jimmy Baikovicius, bajo licencia CC BY 2.0.
Uber es un servicio que conecta y posibilita el comercio entre consumidores que precisan un servicio de transporte y vendedores (conductores) que están dispuestos a brindar ese servicio[1]. Uber es parte de un conjunto de nuevas empresas que han tenido un desarrollo muy grande en los últimos años y que se conocen como “Economía entre pares[2]. Estas empresas crean un lugar virtual (mercado) donde oferentes y demandantes se juntan para comerciar. El rol de los mercados es crear información para que oferentes y demandantes puedan realizar transacciones. “El mercado” no es bueno o malo en sí mismo. Los resultados de las transacciones que se realizan en un mercado son buenos o malos dependiendo del poder, la información, y la confianza que tienen los actores intervinientes, y las reglas de juego (instituciones) vigentes en ese mercado. El diseño de los mercados y su regulación intentan lograr que los mercados produzcan los mejores resultados, y algunas veces pueden ser los causantes de sus malos desempeños.

¿Es la presencia de Uber buena o mala para la sociedad? Para poder entender el efecto de una empresa o un conjunto de empresas en el desempeño de un mercado específico, los economistas realizamos modelos teóricos y empíricos y utilizamos datos estadísticos. Si bien existe una creciente literatura académica sobre algunos aspectos de la “economía de pares” y de Uber en particular, la evidencia existente hasta ahora no permite responder de forma cierta esta pregunta. Pese a esto, muchos economistas tendemos a pensar que permitir que Uber compita con los taxis tradicionales, en igualdad de condiciones en términos de “genuina” seguridad, mejoraría el bienestar de los consumidores[3]. Esta opinión está basada en la idea de que Uber puede generar algunas ventajas para los consumidores, por el lado de reducción de costos (aun bajo los estándares de seguridad adecuados) o por la mejora en la calidad de los servicios, vía presión competitiva y el sistema de calificaciones cruzadas entre consumidores y oferentes. Sin embargo, para que el servicio de Uber sea beneficioso para los consumidores, deben satisfacerse condiciones “genuinas” de seguridad. La reducción de costos que Uber promete no puede estar generada por un aumento en el riesgo de los consumidores o los conductores. Elegir socialmente cuáles son los estándares de seguridad apropiados a ser exigidos a Uber no es tan sencillo como replicar los hoy vigentes. Por el contrario, implica un proceso entre el regulador del sistema de transporte, las empresas y la sociedad civil para determinar cuáles son los nuevos estándares adecuados para exigir a Uber. Más aun, la llegada de Uber abre la oportunidad para discutir también cuáles son las regulaciones de seguridad necesarias para el servicio de taxi tradicional en Uruguay. Quizás el ejemplo más claro de una norma de seguridad que debe ser repensada es la utilización de la “mampara”, que incomoda a los pasajeros y no parece ser efectiva para la seguridad de los conductores.

Más allá de las regulaciones sobre seguridad, la entrada de Uber presenta otros desafíos que merecen ser considerados. Un primer punto está asociado al mecanismo de determinación del precio que utiliza Uber y sus posibles implicancias para la regulación. Existen al menos dos motivos por los cuales muchas ciudades regulan las tarifas de los taxímetros. Por un lado, las tarifas implican un subsidio cruzado entre consumidores, en particular a favor de aquellos que viven en barrios más alejados, con más inseguridad, y de menores ingresos, cuyo acceso al servicio se vería comprometido de otra forma. Por otro lado, la regulación de tarifas evita que los conductores cobren precios demasiado elevados cuando los consumidores necesitan más el servicio y les es más difícil sustituir por otro medio de transporte. Para determinar el precio de cada viaje, Uber no tiene una tarifa fija sino que considera las condiciones de oferta y demanda en ese momento y zona. Este mecanismo de fijación de precios puede generar efectos distributivos regresivos no deseados, a partir de precios muy elevados o incluso ausencia de servicio en determinados barrios. La controversia sobre la determinación de los precios de Uber ha tenido algunos episodios destacados, como por ejemplo cuando este año, durante una tormenta de nieve en Nueva York, el precio de un viaje en Uber llegó a los 450 dólares[4]. En segundo lugar, existe un debate sobre si los conductores son empresas independientes o si son empleados de Uber. La posición de Uber es que los conductores son empresas independientes y que por lo tanto son responsables individualmente de cumplir los requerimientos de cualquier microempresa. Sin embargo, algunos críticos han entendido que los conductores son empleados de Uber, y que por lo tanto la empresa es responsable de algunos aspectos de sus empleados. En junio de este año, la Comisión de Trabajo de California resolvió obligar a Uber a pagarle un monto a una conductora por los costos de funcionamiento que tuvo mientras que trabajó con esta empresa, como si hubiera sido una empleada en vez de una empresa contratada[5]. La sucesión de protestas y juicios recientes hacen pensar que esta parte del negocio debe ser pensada cuidadosamente. En tercer lugar, es importante regular la propiedad y el uso de la gran cantidad de datos que el sistema genera sobre los usuarios para evitar usos no debidos.

Además de las potenciales ganancias para los consumidores, Uber genera pérdidas para los empresarios de los taxis tradicionales. Cuando Uber comience a funcionar, los empresarios de los taxis tradicionales tendrán pérdidas de ingresos ya que tendrán menos consumidores, y también tendrán pérdidas de capital, ya que se reducirá el valor de las licencias que estos empresarios compraron para poder tener un taxi tradicional. Aunque costosas para los empresarios involucrados, estas potenciales pérdidas están implícitas en la dinámica competitiva y son buenas para la sociedad en su conjunto, si las ganancias de los consumidores son más elevadas. Este proceso de “destrucción creativa”, o sea, que nuevas tecnologías reemplacen a las anteriores, es lo que permite el aumento del bienestar de los consumidores. Sin embargo los empresarios querrán evitar que estas pérdidas se realicen. Por un lado los empresarios pueden intentar presentar su interés particular como el interés social. Más aun, al ser un grupo pequeño pero con pérdidas potenciales grandes, estos empresarios tienen fuertes incentivos a hacer lobby para lograr que los reguladores pongan trabas a la entrada de Uber. Si este lobby es exitoso, el regulador estaría “capturado” por los empresarios, defendiendo los intereses de estos últimos en vez de los intereses de los consumidores[6].

Finalmente, la entrada de Uber ofrece una buena oportunidad para pensar la regulación de los taxis tradicionales y más en general del sistema de transporte público. La regulación actual genera pocos incentivos a las empresas para mejorar, al ser un sistema donde la cantidad de oferentes y el precio están rígidamente regulados, y donde los controles sobre la calidad son bajos. Para repensar la nueva regulación y basarla en evidencia, es fundamental generar información estadística y estudios económicos que permitan responder algunas preguntas esenciales. Pensemos en el caso de la fijación de la tarifa del taxi o el boleto, ¿cuál es la evidencia que se utiliza para su fijación? Una muestra clara de la falta de información y análisis a la hora discutir la regulación de estos sectores es la ausencia de estudios sobre el efecto de un aumento del precio del servicio de taxi (o del boleto) sobre la demanda de los servicios de transporte (lo que los economistas llamamos “elasticidad de la demanda”). Otro punto a pensar es si la cantidad de taxis tradicionales debe estar regulada, como hasta ahora, a través de la venta de licencias por parte del regulador. En Montevideo, por ejemplo, existen 3.150 taxis tradicionales que pagaron una licencia para operar, que actualmente tiene un valor aproximado de $90.000 dólares[7]. ¿Qué argumentos justifican que la cantidad de taxis sea fija y que se vendan licencias para su adjudicación? Aún si la limitación del número fuera correcta, ¿bajo qué evidencia se determina cuál es el número correcto de taxis tradicionales? Para poder regular estos aspectos parece fundamental saber, por ejemplo, en cuántos años un taxista, con los retornos que obtiene de la actividad, logra “recuperar” el valor de la patente. Finalmente, cabe preguntarse cómo se definen y controlan las regulaciones sobre calidad del servicio. ¿Es posible introducir mecanismos de calificación como los usados por Uber para mejorar la calidad de los servicios? ¿Existe algún argumento para seguir usando dinero en efectivo en estos medios de transporte, a pesar de que su uso genera más incentivos a la delincuencia?

En síntesis, la presencia de Uber en Uruguay parece ser potencialmente beneficiosa para los consumidores, por un lado por las ventajas de Uber en términos de costos y calidad y, por otro lado por los incentivos a mejorar que generaría a los taxis tradicionales. La entrada de Uber también presenta algunos desafíos, tales como la regulación de las normas de seguridad, de los precios y acceso al servicio para todos los consumidores, y de las condiciones laborales. Más importante aun, la presencia de Uber establece una excelente oportunidad para repensar la regulación de los sistemas de transporte público en Uruguay, tanto de los taxis tradicionales como de los servicios de ómnibus. En general, estos servicios se encuentran  muy rígidamente regulados en precio y cantidad, lo que genera pocos incentivos a los empresarios para la mejora. La regulación debe apuntar a que estos mercados produzcan los mejores resultados para los consumidores, y no a defender las rentas de algunos empresarios. Parecería claro que en Uruguay falta mucha más investigación y análisis de estos mercados para poder pensar en regulaciones efectivas, que mejoren los incentivos y por tanto, mejoren el bienestar de los consumidores. La pregunta entonces no es ¿Uber si o Uber no? La pregunta es el por qué y, más aun, el cómo regular el transporte público.





[1] ¿Cómo funciona Uber? Cuando un consumidor envía el pedido de un viaje vía su teléfono celular, Uber tiene que “juntar” ese consumidor con un oferente (un conductor) que esté dispuesto a brindarle el servicio. Para lograr eso, Uber publicita el pedido entre los conductores cercanos y determina el precio al cual se realizará la transacción a partir de un algoritmo que considera la cantidad de oferentes y demandantes existentes y los tiempos de espera. El pago se realiza a través de una tarjeta de débito o crédito, por lo cual no hay efectivo involucrado en la transacción. Un desafío fundamental de Uber es cómo asegurar la calidad del servicio y establecer la necesaria confianza entre consumidores y conductores para que este mercado funcione. Para ello, en primer lugar, los conductores tienen que cumplir ciertos estándares de calidad para ser elegibles para trabajar con Uber. En segundo lugar, y más importante, Uber permite a los consumidores y a los proveedores calificarse entre ellos. Las calificaciones de los consumidores son mostradas a los conductores quienes deciden si tomar el viaje a partir de ella y Uber utiliza las calificaciones de los conductores para evitar conductores problemáticos. 
[2]  Como señalan Einav et al. (2015) estas empresas comparten algunos elementos en común. En general, estas empresas bajan los costos de entrada para los oferentes y permiten a individuos y pequeñas empresas competir con las empresas tradicionales. Suelen basarse en transacciones puntuales evitando contratos laborales u otros tipos de contratos de largo plazo. Utilizan la tecnología para juntar a proveedores y demandantes, y determinar el precio de la transacción. Para asegurar la calidad de los servicios, realizan poca evaluación y certificación previa de los proveedores y clientes pero se basan en sistemas de reputación e interacción. Finalmente, en algunos casos, estas empresas comienzan sus actividades en las fronteras de las regulaciones existentes. Para una buena síntesis sobre la economía entre pares ver Einav et al. (2015) http://web.stanford.edu/~leinav/pubs/AR2016.pdf
[3] En una encuesta realizada a un panel a distinguidos profesores y profesoras de Economía (IGM FORUM de la Universidad de Chicago) se les preguntó: “En su opinión, ¿mejoraría el bienestar de los consumidores permitir a los servicios como Uber competir con los taxis tradicionales en igualdad de condiciones en términos de “genuina” seguridad para el consumidor y el oferente y con requerimientos iguales en términos de seguros?”. El panel uniformemente respondió que sí. Las respuestas y la identidad de los encuestados puede encontrarse aquí http://www.igmchicago.org/igm-economic-experts-panel/poll-results?SurveyID=SV_eyDrhnya7vAPrX7
[4] Mas desarrollo sobre este tema puede encontrase en el siguiente link http://www.theguardian.com/technology/2015/jan/26/uber-surge-pricing-new-york-snowstorm.
[6] La presencia de problemas de “Economía Política” en las innovaciones o cambios es algo muy estudiado en Economía. Uno de los argumentos tradicionales esgrimidos por los empresarios para presentar su interés particular como interés social es plantear que las innovaciones o cambios destruyen puestos de trabajo. Si bien es cierto que algunas innovaciones pueden destruir algunos puestos de trabajo puntuales (como el del aguatero, por ejemplo) el argumento no es válido en general ya que los trabajadores, si la economía y la red de bienestar funcionan correctamente, deberían eventualmente redirigirse a otra empresa en el mismo sector o a otro sector de la economía. Dos muy buenos artículos sobre estos temas para Uruguay aparecieron anteriormente en este mismo blog y pueden encontrarse en los siguientes links: http://www.razonesypersonas.com/2015/08/innovacion-y-desempleo-en-el-largo-plazo.html y  http://www.razonesypersonas.com/2015/08/sobre-luditas-lobbys-y-consumidores-las.html.
[7] Más desarrollo sobre este tema puede encontrarse en el siguiente link http://brecha.com.uy/llego-hace-rato/.

Convivencia y Territorialidad

                                                                                                                            Por Luciana Sc...