La tibia Arcadia progresista

El estado de inquietud, de excitación, de agitación nerviosa de la opinión pública conservadora en Uruguay puede constatarse sin dificultad, desde hace mucho tiempo, en ese micromundo extraño que son las redes sociales de Internet. Desde sus perfiles de Facebook y Twitter los políticos, militantes y simpatizantes de los partidos tradicionales uruguayos anuncian un día sí y otro también catástrofes hiperbólicas: violencia criminal desbocada, colapso de las instituciones públicas, caos social y creciente autoritarismo político. En fin, un panorama que no podría ser más aterrador. Una mezcla del totalitarismo de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro de George Orwell y el caos posapocalíptico de Mad Max.

En esta línea, el expresidente Jorge Batlle, en una columna de opinión publicada esta semana en su Facebook, acusó al Frente Amplio de estar socavando la democracia desde las propias instituciones del Estado. Sostuvo que la izquierda busca suprimir la libertad individual, la libertad de los medios de comunicación y la independencia del Poder Judicial. Dijo, en suma, que el partido de gobierno busca instalar un sistema dictatorial. También las páginas editoriales de los periódicos conservadores aportan lo suyo. La semana pasada, por ejemplo, el profesor Pablo da Silveira se preguntaba desde su columna habitual de los martes en el diario El País qué actitud adoptará el Frente Amplio cuando algún día le toque dejar el gobierno. Esta semana escribió que la izquierda uruguaya desprecia las instituciones democráticas y que sólo les asigna un limitado valor instrumental en la medida en que sirvan y respondan a determinados intereses de clase.


Ahora bien, así como circula en medios conservadores esta visión apocalíptica, circula también en medios liberal-igualitarios o progresistas una visión edulcorada: Uruguay como una gran fuente de emanación de ideas transformadoras e innovaciones sociales. Esta literatura celebratoria sigue muchas veces las líneas del viejo mito de la excepcionalidad uruguaya, la tibia Arcadia del Sur, la sociedad hiperintegrada, el país de cercanías. Veamos un ejemplo reciente, sólo como botón de muestra: un artículo de la socióloga argentina Alicia Lissidini y el ingeniero agrónomo uruguayo Eduardo Blasina publicado la semana pasada en el blog Con Distintos Acentos, dedicado a la reflexión sobre América Latina.

Lissidini y Blasina dicen: “En la segunda década del siglo XXI, Uruguay parece generar un segundo polo de transformaciones a través de la aprobación de las tres grandes libertades que ha venido planteado la agenda de derechos en los últimos 50 años: legalización del aborto, final de las discriminaciones a las minorías sexuales terminando con las diferencias entre casamientos entre personas del mismo o de diferente sexo y legalización de la marihuana. Las mujeres ganan el derecho a elegir plenamente cuántos hijos tener, las personas pueden disfrutar de una vida afectiva y sexual sin sufrir ninguna limitación de acuerdo a las opciones que elijan y pueden finalmente elegir con que plantas relacionarse”.

Y se preguntan: “¿Por qué Uruguay asume un papel de vanguardia en este proceso de cambio de paradigma?”. A lo que responden: “José Batlle y Ordóñez, el presidente que sentó las bases culturales del Uruguay del siglo XX, supo muy tempranamente que Uruguay sólo podría distinguirse en el mundo ‘por lo racional y avanzado de sus leyes, por su amplio espíritu de justicia… y por la intensidad y brillo de nuestra cultura…’. Y actuó en consecuencia. [...] Uruguay se destacó entonces, ya en desde el siglo XIX, por la adopción de una serie de derechos sociales, políticos y laborales. El batllismo impulsó por un lado una política de incremento de derechos legitimando demandas de los sindicatos y de las feministas. Por otro encaró una serie de cambios destinados a evitar sufrimientos: prohibición de corridas de toros y riñas de gallos así como de otras formas de sufrimiento infligido a animales. Conjugó sensibilidad e innovación social. Liberalismo, republicanismo y centralidad estatal se dieron cita en un discurso democrático de reforma social que permitió al Uruguay ubicarse como la ‘Suiza de América’. [...] El presidente José Mujica, quien asumió en el 2010, volvió a poner a Uruguay en el mapa del mundo, a través de un nuevo salto en las políticas de derechos al que sumó la crítica al materialismo entendido como mero consumismo. [...] Mujica apeló, sin proponérselo, a los valores posmateriales. Siguiendo a Christian Welzel y Ronald Inglehart [...] la nueva tríada sería: recursos de acción, valores de autoexpresión e instituciones democráticas. Las instituciones democráticas otorgan los derechos políticos y civiles que permiten a los individuos moldear su vida pública y privada de manera independiente; los recursos, en especial la educación, promueven el pensamiento propio; y la orientación participativa hacia la sociedad y la política, desarrolla la tolerancia y la igualdad”.

El problema con el mito de la tibia Arcadia del Sur (tanto en su versión original como su remozada versión progresista) no es tanto que sea falso, sino más bien que es peligroso. Funciona como un analgésico o un sedante: no permite advertir las señales de peligro que llegan a nosotros todo el tiempo.

Lissidini y Blasina no dicen nada que sea falso. Ni siquiera ocultan el hecho de Uruguay tiene graves problemas. Pero el acento en su discurso está puesto en la parte celebratoria del relato. En la parte épica del asunto. Hay quienes piensan que eso es bueno y necesario. Facundo Ponce de León, por ejemplo, en una columna en Montevideo Portal hace dos semanas decía que Uruguay necesitaba una nueva épica para salir adelante. En ese punto coincidía con el sociólogo Gustavo Leal, quien viene diciendo desde hace años que los uruguayos necesitamos reafirmar la épica de “un país de primera”.

En esta tibia Arcadia progresista, en este “país de primera”, murió hace diez días una niña de 16 años. Era una de las chiquilinas del infame caso de la Casita del Parque, en Paysandú. Murió electrocutada en su casa del barrio Las Brisas al abrir la heladera. El mismo Uruguay progresista en que vivió la mitad de su vida y que no pudo evitar que se prostituyera siendo todavía una niña no pudo evitar tampoco que muriera electrocutada al abrir la heladera con los pies descalzos. Esa niña, supuestamente, estaba en la mira de varias de las agencias de protección social del Estado, porque su caso había trascendido al ámbito nacional y judicial, algo que no le ocurre a la mayoría de las niñas y mujeres en su situación. Eso no le sirvió para que el cable de su heladera tuviera una conexión a tierra. Nadie espera que los males sociales se acaben de pronto. Pero a veces parece que nos hemos olvidado de que están allí. Y ya van casi 9 años de gobiernos del Frente Amplio.

No, las cosas no están nada bien. De hecho están bastante mal. No se trata de denunciar las catástrofes hiperbólicas que denuncian la oposición política y la opinión pública conservadora. No se trata de montar un espectáculo con ridículos presagios apocalípticos. Se trata de constatar mínimamente lo que está pasando. Las señales de alerta llegan todo el tiempo y desde todas partes. Lo que se necesita no es erigir una nueva épica. Lo que urge es tomarse en serio esas señales.



"Bipartidismo", segunda temporada

Blancos y colorados hicieron un acuerdo electoral para competir por la Intendencia de Montevideo. Bajo el nuevo lema "Partido de la Concertación" irán dos o tres candidatos que "sumarán" votos para intentar poner fin al gobierno municipal frenteamplista que lleva un cuarto de siglo.

Ciertamente, esta no es la primera vez que blancos y colorados "coordinan" para competir por gobiernos departamentales. La regla de mayoría simple (sin segunda vuelta) perjudica al bloque tradicional en su deseo de evitar el ascenso del Frente Amplio. En algunos departamentos, blancos y colorados han realizado campañas en forma selectiva, maximizando las posibilidades del que está mejor posicionado de los dos para ganar la Intendencia. En otros casos, fueron los votantes quienes ejercieron la coordinación estratégica seleccionado al candidato (o partido) tradicional más fuerte. 


La importancia histórica de la apuesta en Montevideo es que los líderes nacionales blancos y colorados cristalizaron un nuevo bipartdismo modificando la oferta electoral para la competencia por la comuna que gobierna la mitad de la población del país. Esto ha revivido la incertidumbre en torno al futuro de la competencia política nacional en Uruguay. 

Luego de la reforma de 1996 se creyó que la introducción de la segunda vuelta presidencial operaría como un seguro para perpetuar la competencia entre 3 actores (blancos colorados, y frenteamplistas), al menos a nivel de las elecciones nacionales legislativas. Por ahora, los fenómenos más notorios de coordinación blanqui-colorada se han dado a nivel municipal. Pero también es plausible que el "ballotage" no haya sido suficiente.

En efecto, no es nueva la observación de que la emergencia del Frente Amplio pudo haber significado un largo tránsito desde un bipartidismo a otro.[1] Hace ya una década que César Aguiar difundió su propia versión de esta transformación cuando, en un desayuno de trabajo de ADM, le dijo a un grupo de políticos del partido colorado "miren que, en mi opinión, lo de ustedes no es gripe, es cáncer". Tal vez no observemos la desaparición de alguno de los partidos tradicionales, pero lo cierto es que políticos de ambos partidos están dando muestras de querer simplificar la competencia electoral.

El número de actores que compiten en una democracia tiene importantes consecuencias políticas y económicas. En Uruguay ha existido un fructífero debate en torno al impacto de las reglas electorales sobre número partidos y fracciones que efectivamente compiten por el gobierno.[2] Sobre las consecuencias económicas de la fragmentación y fraccinoalización partidaria en Uruguay, si las hay, sabemos bastante menos.

Por ejemplo, las democracias con solo dos partidos tienden a redistribuir menos ingreso que las que tienen múltiples actores compitiendo por el poder. Uno se pregunta si los programas de gobierno se irán pareciendo cada vez más (en torno a los intereses del votante mediano) a causa de la instauración de un nuevo equilibrio bipartidista. La próxima campaña por la Intendencia de Montevideo nos dará algunas pistas sobre ello. 




[1] Algunos trabajos académicos sugieren precisamente esto mostrando la evolución del "número efectivo de partidos" a nivel nacional y departamental. Ver por ejemplo: Buquet (2004), Elecciones uruguayas 2004: el largo camino del bipartidismo al bipartidismo. Iberoamericana. Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, v.: 34 1-2, p.: 65 - 90.

[2] González, Luis Eduardo (1991), Legislación electoral y sistemas de partidos: El caso uruguayo, en Revista Uruguaya de Ciencia Política Nº 4, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo. González, Luis Eduardo (1991), Legislación electoral y sistemas de partidos: El caso uruguayo, en Revista Uruguaya de Ciencia Política Nº 4, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo. Buquet, Daniel; Chasquetti, Daniel; Moraes, Juan Andrés (1998), Fragmentación política y gobierno en Uruguay: ¿Un enfermo imaginario?, Facultad de Ciencias Sociales, Montevideo. Piñeiro, Rafael (2004), Elección de Dipotados y Fraccionalización Partidaria en Uruguay 1942-1999. Revista Uruguaya de Ciencia Política, Nº 14, FCU.º

¿Se debe regular la actividad de los limpiavidrios?

Cuidacoches y limpiavidrios adquirieron notoriedad en las ciudades más pobladas del país luego de la crisis de 2002. Para muchos, estas actividades son formas de mendicidad encubierta. La razón detrás de esta apreciación es simple: además de ser actividades informales, en la mayoría de los casos suponen un servicio no solicitado de bajo valor. No es muy aventurado decir que muy poca gente necesita limpiar el parabrisas de su auto en cada intersección o tener un guía para estacionar.

   A pesar de las características de estos servicios, en un contexto de crisis se aceptaron como formas válidas de obtener un ingreso. En primer lugar, el servicio ofrecido por más mínimo o no solicitado que fuera, mostraba la intención de dar algo a cambio, de reciprocar al donante/consumidor del mismo. Segundo, por más que la demanda por estas tareas fuese casi inexistente, quienes las practican buscan un camino honrado y no ilegal de obtener una fuente de ingreso. Frases similares a “es preferible que la gente limpie vidrios o cuide coches a que robe” se han repetido una y otra vez. Pero estas actividades no pasan actualmente por su mejor momento. De acuerdo a una encuesta realizada por el Grupo Radar en enero de 2013, mientras un 55% de los montevideanos está en contra de permitir el trabajo de los limpiavidrios, solo un 37% se muestra a favor de ese servicio. 

     Hay al menos cuatro razones que pueden explicar estos altos porcentajes de reprobación. Primero, la economía ha crecido a un buen ritmo durante los últimos años, se han implementado más y mejores programas redistributivos, y las tasas de desempleo han bajado a cifras históricas. En segundo lugar, algunos limpiavidrios se han involucrado en diferentes situaciones de violencia, que van desde malos tratos a sus “clientes” hasta hurtos u otros delitos similares. Un rápido repaso de la prensa escrita del último lustro alcanza para encontrar varios ejemplos. En tercer lugar, el servicio provisto por los limpiavidrios puede ser extorsivo. Eso sucede, por ejemplo cuando el conductor accede a los servicios no por la utilidad de los mismos o por querer ayudar a quien los provee, sino fundamentalmente por miedo a represalias. Esto crea una suerte de peajes informales que limitan la libre circulación por la vía pública. Finalmente, la seguridad limpiavidrios esta siempre en juego. Quienes ejercen esta actividad típicamente se mueven por intersecciones congestionadas de tráfico; lugares que no son seguros para la circulación de peatones.

      En un comunicado del 17 de junio, la Jefatura de Policía de Montevideo reconoció que desde el 20 de mayo se viene implementando un operativo de control de las actividades que peatones realicen sobre las principales intersecciones con semáforos. El objetivo es proteger “la integridad física de esas personas”, “el cumplimiento de las ordenanzas del tránsito” y “la prevención de delitos que se cometen contra personas de mayor vulnerabilidad mediante el uso de violencia sobre las mismas y su vehículo”. La medida no paso desapercibida. Voces favorables a la misma aplaudieron el accionar de la policía en su intento por no permitir que la vía pública siga siendo tierra de nadie. Detractores de la medida calificaron este accionar como un abuso de poder que estimatiza y criminaliza el trabajo de gente decente. 

    Más allá de las discusiones legales sobre si este tipo de medida tiene o no amparo en la legislación vigente, vale la pena detenerse a pensar sobre los comportamientos y actividades que estamos dispuestos a regular como sociedad. Los uruguayos hemos naturalizado algunos comportamientos y prácticas que conviene revisar de vez en cuando. Con el caso de limpiavidrios y cuidacoches parece claro que existen buenas razones para regular estas actividades. La discusión que se debería dar a esta altura es sobre qué instrumentos son más idóneos para regular estas actividades. La prohibición sustentada en sanciones no parece ser el camino adecuado para iniciar el proceso. Los resultados de las políticas de tolerancia cero implementadas en varias ciudades del mundo han demostrado que este tipo de política es más problemática de lo que parecen reconocer sus promotores locales. Eliminar el trabajo de los limpiavidrios en las intersecciones de las avenidas montevideanas es un objetivo razonable siempre y cuando se pretenda hacer de un modo y en un tiempo razonable. Empezar por elaborar un registro de limpiavidrios, así como delimitar zonas y horarios en donde se puede ejercer esa práctica son medidas de manual. Prohibir esa actividad de la noche a la mañana es una medida que merece más discusión de la que se ha dado. 

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