Informalidad, apertura y redistribución

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                                                                               La informalidad laboral se ve generalmente como un síntoma de subdesarrollo. Sin embargo, una vez que países como Uruguay se integran a la economía mundial, los niveles de informalidad se convierten ya no solo en un síntoma sino en una causa de las capacidades de aprovechar los beneficios redistributivos que ofrece el comercio internacional. El aspecto más evidente del trabajo informal es la inadecuada o inexistente protección social que tienen los trabajadores en este sector de la economía. Los trabajadores informales (aquí son aquellos que) no realizan contribuciones a la seguridad social y tampoco reciben los beneficios asociados (jubilaciones, seguro de desempleo y salud).

La apertura comercial en América Latina no benefició a los trabajadores menos calificados, como la teoría económica hubiera predicho. Por el contrario, la globalización aumentó en mayor medida la demanda de trabajadores calificados en países con abundancia en mano de obra no calificada. Ello contribuyó a profundizar la segmentación del mercado de trabajo entre grupos relativamente calificados y altamente protegidos (por la legislación laboral y sindicatos más o menos poderosos pero de baja cobertura), y trabajadores no calificados fuera del marco de las regulaciones y normas estatales. La rigidez de las regulaciones del mercado trabajo y los altos costos de contratación de mano de obra formal son usualmente vistos como aspectos que incentivan a las empresas a contratar trabajadores en forma irregular para lograr costos de producción más bajos y mayor competitividad internacional. Por tanto, en un contexto de baja fiscalización, el costo de oportunidad de la formalidad aumenta considerablemente.

En efecto, los gobiernos en general tienen pocos incentivos para reducir la informalidad. Perseguir fuertemente el trabajo no regulado puede tener consecuencias negativas para las tasas de empleo, los salarios de los trabajadores menos calificados, y el crecimiento económico. Por tanto deberíamos esperar políticas que se muevan entre la permisividad y el castigo dependiendo de las circunstancias. Los gobiernos en América Latina son más bien permisivos en este sentido, y Uruguay no escapa a la regla. Hay sin embargo buenas razones para cierto grado de permisividad de las actividades informales, las cuales están asociadas a los niveles de pobreza y desigualdad en el corto plazo. Alternativamente, un gobierno puede reducir los costos de entrada a la economía formal mediante, por ejemplo, una reducción homogénea en los impuestos y contribuciones a la seguridad social. Algunas simulaciones muestran que este tipo de políticas son relativamente efectivas en la reducción de la informalidad, pero tienen implicancias severas en términos de déficit fiscal (a no ser que el gobierno aumente la recaudación por otras vías como los impuestos a los ingresos y/o la renta de capitales, incluso los impuestos al consumo).


La existencia de un sector informal en la era de la globalización tiene consecuencias políticas importantes: la interacción entre sindicatos y gobiernos ideológicamente aliados es más conflictiva e ineficiente. En países europeos (virtualmente sin informalidad) nos hemos acostumbrado a observar una alta coordinación política entre sindicatos y gobiernos con el objetivo de compensar las distorsiones económicas provenientes del comercio internacional mediante la expansión de políticas redistributivas (seguridad social y programas desempleo, educación vocacional, etc.). En los países de América Latina, los sindicatos tienen una cobertura mucho menor y aún haciendo el mismo trabajo que los sindicatos europeos (defender a los “insiders”) terminan impulsando propuestas muchas veces regresivas para la población en su conjunto. Por otra parte, si bien los sindicatos prefieren aumentar su cobertura representativa sobre el universo de trabajadores, algunas medidas tendientes a bajar los costos de la formalización pueden entrar en contradicción con los intereses de corto plazo de algunos sectores de trabajadores sindicalizados y relativamente poderosos.


Aquí les propongo discutir la idea de que formalizar el mercado laboral es una condición necesaria para sacar el mejor provecho social del comercio internacional. Solo en ese caso el gobierno y los trabajadores organizados pueden hacer coincidir sus intereses políticos con políticas redistributivas potentes, simples, y generales. Llevar a cabo ese proyecto implica una delicada ecuación política porque los que más tienen para perder son probablemente los que hoy están más protegidos. De lo contrario, la mejor de las coaliciones redistributivas solo va apoyar beneficios marginales para aquellos que no están adscriptos al mercado de trabajo formal.

Por el buen camino

Desde que Uruguay comenzó a crecer sostenidamente luego de 2002, el primer gobierno del FA implementó una serie de programas sociales que permitió expandir el alcance de la llamada “matriz de protección social” a una parte trabajadores informales que se vieron incluidos en los sucesivos planes de Emergencia, Equidad, y la posterior expansión de Asignaciones Familiares. Ello no implicó la formalización de esos trabajadores, sino el cambio de estatus en la elegibilidad para recibir transferencias y beneficios sociales mínimos. Incluso, las reformas del gobierno anterior incrementaron las diferencias entre de los beneficios sociales recibidos por las familias de trabajadores formales y las de los informales.

Sin embargo, en Uruguay los niveles de informalidad se han reducido considerablemente en los últimos años. El porcentaje de trabajadores sin derecho a pensiones al momento de su jubilación descendió entre 2004 y 2009 cerca del 7% (SEDLAC). El BPS presenta datos incluso más positivos. El porcentaje de evasión en las cotizaciones a la seguridad social descendió del 40% al 23% de puestos de trabajo existentes durante el mismo período. Sobre la base un crecimiento económico sistemático y predecible, el modelo de relaciones laborales entre gobierno, empresarios y trabajadores ha permitido aumentar el salario real y los niveles de formalización de algunas ramas de la economía. El nuevo sistema de salud también hace más atractiva la formalización de los trabajadores dependiendo de su estructura familiar. Algunos dispositivos tributarios como la flexibilización del régimen del Monotributo in la inclusión de unipersonales a ese régimen permitieron un reciente incremento de cotizantes a la Seguridad Social

Es relativamente aceptado el hecho de que la informalidad es contracíclica, se reduce en momentos de crecimiento económico y se expande durante las recesiones. El declive en los niveles de informalidad que hoy muestra el Uruguay no solo tiene que ver con las políticas de los últimos dos gobiernos, sino que también responde en gran medida a la evolución de la economía.

Y por el mal camino

El gran escudo contra la decisión de trabajar en la informalidad es que los trabajadores estén genuinamente interesados en asegurar en el largo plazo sus inversiones en calificaciones y educación. En la medida que los trabajadores no calificados de hoy no realicen inversiones en educación en el futuro, uno espera que la formalización de la economía siga dependiendo del ciclo económico y de cómo el gobierno maneje la estructura de incentivos en regulaciones, impuestos y transferencias. Al menos esto es lo que se observa en Uruguay y en el resto América Latina en las últimas décadas.

En el plano de la inversión educativa y la formación de mano de obra calificada vamos por el mal camino en Uruguay. La educación secundaria y técnica no es lo suficientemente atractiva para los jóvenes como lo es un mercado de trabajo con tasas de desempleo casi friccionales. Pero el mercado de trabajo tampoco ofrece posibilidades de incrementar las calificaciones y la productividad de la mano de obra en forma sustancial. En efecto, existen pocas capacidades públicas y privadas de reconversión y de capacitación continua.

En suma, Uruguay tiene políticas de bienestar y seguridad social bastante decentes como para enfrentar los costos y los desajustes económicos que impone la globalización. Pero nuestro enorme déficit en materia educativa colabora con la segmentación del mercado de trabajo y erosiona las oportunidades de redistribución doméstica que ofrecen los mercados internacionales.

Un elefante difícil de esconder: el peligro mayor suma 19


En 13 horas alguien va a morir en Uruguay. La causa no será un díscolo general, ni uno de los peligrosos menores sobre los que tanto se habla, sino un accidente de tránsito. Para poner las cosas en su contexto, comparando vida por vida, los homicidios cometidos por menores en Uruguay ( suponiendo que sabemos cuantos son ) no son más de 20 al año, mientras que el año pasado fueron 556 personas las que perdieron la vida en distinta clases de siniestros. La labor de las ciencias sociales, es a veces resaltar lo obvio: la peor amenaza en materia de seguridad en el Uruguay, son los siniestros viales (para llamarlos por su nombre). En este breve posteo voy a afirmar que el diseño institucional y la forma de tomar decisiones en política uruguaya son determinantes para esto siga siendo un grave problema.

¿ Quién fija las reglas de juego para manejar en Uruguay? La ley, pero hasta hace muy poco Uruguay tenía tanta normativa cómo Departamentos, algo que ni siquiera países con estructura federal tienen. La creación de la Unidad Nacional para la Seguridad Vial (UNASEV) y la reciente ley 18191 cambiaron eso, pero en muchos aspectos Uruguay, sigue siendo ese "paisito de 19 chacras", el más federal de los países unitarios. Una pesadilla artiguista.

¿ Quien implementa la política? Si uno va a las atribuciones que la ley le da la UNASEV, encuentra muchos verbos, tales como coordinar, asesorar, promover, educar, etc. Pero no se la faculta a hacer demasiado. ¿ Quién hace? En particular quién se dedica dos "haceres" claves : filtrar (¿quién otorga los permisos para manejar?), controlar (¿ quién gestiona que los usuarios cumplan con los requisitos del sistema?).

En materia de filtros, Uruguay tiene 19. En efecto, uno puede obtener hoy su licencia de conducir en Uruguay, mediante 19 procedimientos distintos. No es sorpresa la emisión de 1500 licencias falsas en Colonia, que demuestra que estos procesos, en algunos lugares pueden no ser transparentes, y mucho peor, pueden ser hasta fraudulentos.El filtro debería ser uno, con una agencia a cargo que emita la licencia, y con todas las facilidades para que los usuarios puedan obtenerla en sus lugares de residencia. Y ya que estamos para filtros, las escuelas de manejo deberían estar reguladas, y los cursos en las escuelas deberían ser obligatorios.En Uruguay, se filtra poco, mal y los resultados se ven en las rutas y calles.

¿ Quién controla que se cumplan los requisitos y cómo? Son 19 autoridades y el gobierno nacional. Muchos organismos controlando, que a su vez controlan según les parece, dejando por ejemplo, a los motociclistas en "libertad de acción" para usar el casco (creer or reventar). La inexistencia a nivel nacional de una libreta de conducir por puntos es un escollo importante. En Uruguay se viene hablando de esto hace al menos 4 años y poco parece haberse hecho. Aunque este sistema estuviera pronto, la falta de sistematización de datos, y aplicacion del Registro único de conductores (todavía en veremos ) dificulta su implementación. ¿Cuántas voluntades precisamos para arreglar esto?. 19

Las decisiones en materia de política e implementación referentes a filtros, estándares y sanciones deben estar centralizadas. Distinto es que la entrega de esos servicios se haga de forma descentralizada y conveniente al ciudadano.

Termino de escribir, y un amigo me dice: "Che... y ese blog de ustedes no se dedicaba a “alta política”? Los autos..bue.¿ a quien le importa?....". Y es verdad, los uruguayos somos afectos a la "alta política", y esto es un ejemplo mas de como funciona la misma:mal. El armar instituciones que funcionen es alta política.

El mismo amigo me dice :"bue... y cómo estamos con respecto al mundo? Porqué...no debemos estar tan mal no?". Francamente estamos mal. En esos lugares que algunos uruguayos sueñan como ideales, y les gusta compararse con, como Suiza y Nueva Zelandia (y de similar población y mayor parque automotriz) mueren casi 200 personas menos. Respuesta de mi amigo " ta loco... pero son distintos....entendés?". Tal vez los españoles no sean tan distintos (aunque son muchos más), y de hecho en Uruguay existe un 25% de chances más de ser víctima de un accidente de tránsito que en España * A nivel regional, como siempre Uruguay puede decir que está mejor que Argentina, e incluso Chile. ¿Pero en serio en este tema da para conformarse con eso? ¿ No estaría bueno también salir cuartos también en este "mundial"?

Este posteo ha dado un ejemplo más que en el Uruguay no es siempre un tema de recursos sino de diseño institucional lo que hace que algunas políticas no funcionen. Y mientras nuestros 19 “federales” intendentes discuten desde tiempos inmemoriales para “coordinar” acciones por la patente de rodados, cuestiones claves de la política de tránsito permanecen olvidadas. La responsabilidad se encuentra diluida.Es una muestra más que en el país de la “coordinación”, “inter-institucionalidad”, y una larga serie de eufemismos, las responsabilidades nunca son claras, y todo es un tema de “negociación política”. En algunas políticas públicas, esto se paga con ineficiencia o frustración de los ciudadanos, en otras se paga con vidas.




* Cristian Pérez asistió generosamente con estos datos. Su uso, es de mi estricta responsabilidad.


** La foto fue tomada por el autor.

Planes de apoyo gubernamental y empleo: evidencia para abandonar prejuicios –¿O mitos?-



La semana pasada, en la reunión de la Asociación de Marketing (ADM), el ex-presidente Jorge Batlle manifestó: Estamos repartiendo plata a gente que puede trabajar. Ya van seis años de cobrar todos los meses. Cuando lleguen a diez años, concluido este gobierno, me pregunto dónde quedan los hábitos de trabajo" . Me pregunto acerca las bases de esta aseveración ya que la evidencia no la sustenta.

I. Contexto: Plan de Emergencia – Plan de Equidad

Los planes a los que se refiere, son el PANES y el Plan de Equidad. Presentamos a continuación, una breve reseña de cada uno. El Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES) fue un programa de transferencias condicionadas, creado en 2005. Su propósito era atender hogares indigentes y vulnerables a la indigencia (Ley 17.869). Benefició a 71.231 hogares, de los cuales 8 de cada 10 pertenecían al primer quintil de ingresos (MIDES/ DINEM/ LCSSO 2008). A grandes rasgos, el programa ofrecía una tarjeta de apoyo alimentario, ingreso mensual al hogar (Ingreso Ciudadano) y acceso a servicios educativos y de salud, entre otros programas. En 2008, el programa fue reemplazado por el Plan de Equidad que se propuso reformular el sistema de protección social en Uruguay. Entre otros cambios, el Ingreso Ciudadano (que en un 80% era utilizado para alimentos según los beneficiarios encuestados en 2007) fue sustituido por la ampliación del -ya existente- sistema de Asignaciones Familiares para hogares en situación crítica y vulnerable (MIDES 2009). El monto de las transferencias es mayor que el Ingreso Ciudadano, diferencial de acuerdo al nivel educativo que asisten los menores, y la transferencia es condicional a la asistencia al sistema educativo y chequeos de salud por parte de los menores del hogar (0-18 años) (OPP 2008).

II. Evidencia

La mayoría de los ingresos en hogares pobres, ¿provienen de transferencias del Estado? NO. Supongamos que cada hogar por debajo de la línea de pobreza recibe en promedio $100 por mes. De acuerdo a la Encuesta de Hogares de 2010, de esos $100, $55 provienen de ingresos por empleo y $19 de transferencias del Estado (asignaciones familiares, pensiones por vejez e invalidez, canastas de alimentos y Tarjeta Alimentaria del Plan de Equidad) (González, Macari, and Horjales 2011).

El monto del Plan de Equidad, ¿cubre el valor de una Canasta Básica Alimentaria por persona? NO. En Diciembre de 2010, el valor de la Línea de Indigencia per cápita (Valor de la Canasta Básica Alimenticia) era de era de $1735.44 en Montevideo y $1631.28 en el resto del país urbano (INE). El monto actual de la Asignación Familiar –Plan de Equidad (definido en Enero de 2011) es de $866 por un menor que cursa Primaria y $1296 por un menor que cursa Secundaria en un hogar de condiciones críticas (Datos actualizados del Banco de Previsión Social). De contar el hogar con un menor en Primaria y otro en Secundaria, el monto total a percibir es de $1683. Si los dos están cursando Primaria, el monto que el hogar percibe es de $1312. En ninguno de los casos, el monto permitiría ni siquiera cubrir la alimentación mensual de uno de los menores.
Supongamos ahora que el hogar cuenta además con la Tarjeta Uruguay Social (tarjeta que solo permite la compra de alimentos, artículos de higiene y limpieza). El monto a percibir por un menor en el hogar es de $523 y por dos es de $793 (MIDES). Tampoco le cierran las cuentas, ¿no?

A partir de estos ejemplos queda claro que la complementación de ambos beneficios no permite cubrir la canasta alimenticia de dos menores de hogares en situación crítica. Considerando que el promedio de menores de 18 años en los hogares indigentes es de 3.1 y en los hogares pobres es de 2.1, queda claro que el Plan de Equidad contribuye a cubrir las necesidades mínimas pero no es suficiente (INE 2009).

¿El Plan de Emergencia y posterior Plan de Equidad desmotivan la actividad laboral de los adultos del hogar? NO. En base a datos de 2008, comparando beneficiarios y no beneficiarios del Plan de Emergencia con similar situación socio-económica, se concluyó que el programa no impactó en la inserción laboral de los adultos del hogar, ni en su tasa de desempleo ni calidad del empleo (Amarante et al. 2008, 2009) . Y esto no es llamativo ya que los resultados son similares a evaluaciones de programas de transferencias condicionadas en el resto de América Latina (véase: Veras Soares, Perez Ribas, and Guerreiro Osorio 2010).

La principal diferencia entre hogares pobres, indigentes y no pobres, no radica en la tasa de actividad sino en la calidad del empleo. Las personas pobres subempleadas triplican a las no pobres y 66% de las personas pobres no contribuyen a la seguridad social (González et al. 2011). De acuerdo a datos de 2006, los beneficiarios del PANES se ocupaban principalmente como peones, domésticas, recolectores, vendedores ambulantes y barrenderos (Amarante, Flores, and Vigorito 2007).

A partir de la evidencia presentada, reitero mi pregunta del inicio: ¿en que basan su aseveración quienes día a día defienden premisas como la del Dr. Batlle? ¿No será hora de asumir de una buena vez que es responsabilidad de todos que todo ciudadano tenga las necesidades mínimas cubiertas? El Plan de Equidad contribuye pero no es suficiente. En parte por eso todavía vemos niños en situaciones como la de la foto adjunta.

Referencias:
  • Amarante, Veronica, Manuel Flores, and Andrea Vigorito. 2007. “Perfil socioeconómico de la población incluida en el PANES. Informe final.”
  • Amarante, Veronica, Gabriel Burdin, Marco Manacorda, and Andrea Vigorito. 2008. “Informe final de la evaluación intermedia del impacto del PANES.”
  • Amarante, Veronica et al. 2009. Evaluación del impacto del Panes. Segunda ronda de seguimiento. Montevideo, Uruguay.
  • González, Franco, Andrea Macari, and Rodrigo Horjales. 2011. “Estimación de la pobreza por el Método del Ingreso. Año 2010.”
  • INE. 2009. “Estimaciones de Pobreza por el Método del Ingreso 2008.”
  • MIDES. 2009. Politicas sociales que promueven el ejercicio de los derechos ciudadanos. Montevideo, Uruguay: Ministerio de Desarrollo Social.
  • MIDES/ DINEM/ LCSSO. 2008. Dela PANES al Plan de Equidad. Un balance del PANES para aportar ideas a la ejecucion del Plan de Equidad en Uruguay. Montevideo, Uruguay: MIDES.
  • OPP. 2008. El Plan de Equidad y la reforma de las Asignaciones Familiares. Montevideo, Uruguay.
  • Veras Soares, Fabio, Rafael Perez Ribas, and Rafael Guerreiro Osorio. 2010. “Evaluating the impact of Brazil’s Bolsa Familia. Cash Transfer Programs in comparative perspective.” Latin American Research Review 45(2):173-190.

Rankings y mediciones para llorar y reír

Durante los últimos diez meses me he alegrado al ver la palabra “Uruguay” entre los primeros diez puestos de la clasificación mundial de selecciones de FIFA. Viviendo afuera eso tiene un rédito muy grande. Cuando me pongo la celeste para jugar un picado en la universidad pocas veces me preguntan de qué equipo es esa camiseta. Casi todos la conocen. He visto niños no uruguayos en aeropuertos internacionales con la camiseta de Forlán. Un taxista en el Midwest de Estados Unidos me contó lo tanto que sufrió en el partido contra Ghana. Y así, muchas situaciones siguen pasado gracias a lo hecho en el mundial y la reputación mantenida durante estos meses.

Sin embargo, no todos los rankings nos ponen favorablemente en el mapa. Y muchas veces, cuando eso sucede tendemos a desacreditarlos y a decir que no sirven para nada. Incluso se dice que son medidas “neoliberales” o “imperialistas” con fines espurios. Eso sucede notoriamente con las mediciones internacionales que tenemos de nuestro sistema educativo a diferentes niveles. Citando la ironía de un amigo, algunos creen que estos rankings no entienden que para nuestra educación “criolla, sensible y compañera, lo esencial es invisible a los ojos (y obviamente a las mediciones)”.

Hay dos puntos importantes que quiero destacar aquí. Primero, la industria de los rankings ha explotado durante los últimos años y eso – como es de esperarse- ha producido mediciones de diferente calidad. Por ejemplo, un reciente ranking de facultades de arte y humanidades en el mundo ubica a Harvard como la tercera mejor escuela de geografía. Ese es un hecho curioso, considerando que el departamento de geografía de Harvard fue clausurado en 1948. Y ese no es un caso aislado. Es bastante común toparse con rankings que ordenan universidades de acuerdo al prestigio que los consultados de todo el mundo ven en las diferentes instituciones. Así, los nombres más famosos se ubican en las primeras posiciones y el ranking de poco sirve.  

Pero ese tipo de problemas-y aquí viene mi segundo punto- no debe llevarnos a concluir que todos los rankings son erróneos, mal intencionados e inútiles para evaluar nuestro rendimiento educativo, gubernamental, económico, deportivo, etc. El hecho de que las pruebas PISA nos ubiquen en una posición nada deseable es mas para alarmarse que para cuestionar las intenciones políticas de ese tipo de mediciones.  Algo similar sucede con la inexistencia de la Universidad de la República en cualquiera de los rankings que ordenan las universidades de todo el mundo. ¿Será que todas las mediciones son incorrectas o tendenciosas o será que vamos por un mal camino? No es novedoso decir que se necesita una discusión muy seria sobre el rumbo educativo del país en todos los niveles. La crisis en el nivel secundario ha robado la atención de los problemas a nivel terciario.

Aunque suene raro, creo que entender la manera en que muchos de estos rankings son construidos puede ayudarnos para empezar a discutir el tipo de universidad que queremos. Por ejemplo, muchas mediciones diferencian el nivel de formación de los docentes. Quienes tienen títulos de posgrado son mejor posicionados que quienes tiene solo de grado. Asimismo, quienes estudiaron en programas más exigentes (por ejemplo aquellos con mayor duración o una admisión más competitiva) son mejor valorados que quienes estudiaron en programas de maestría o doctorado de corta duración o de admisión menos competitiva. Una lógica similar se sigue con el tema de las publicaciones. Publicaciones en revistas con mayor grado de exigencia (por ejemplo aquellas que aceptan y publican un 1% de todos los artículos que reciben luego de un proceso de referato anónimo) son más valoradas que aquellas revistas que publican cerca de la totalidad de los artículos que reciben a consideración. ¿Pero tiene sentido hacer esto? ¿Tiene sentido ordenar el sistema de educativo terciario en base a algunos de los criterios utilizados internacionalmente?

Para responder de un modo adecuado a estas preguntas se necesitan muchas páginas. Y ciertamente no hay una respuesta sencilla. Por eso aquí me remito a una comparación con el mundo futbolístico para forzar nuestras intuiciones.  En 2008, Miguel “chino” Ximénez (ex Deportivo Maldonado, Atenas, Plaza Colonia, Danubio y Wanderers) jugando para el Sporting Cristal fue el máximo goleador de la primera división de Perú. Más aun, ese mismo año fue el tercer mejor goleador de Primera del mundo según las estadísticas de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). El chino hizo 32 goles en 52 partidos. Pero en la temporada 2008-2009, Diego Forlán también hizo 32 goles lo que lo llevó a ganar el Trofeo Pichichi (reconocimiento al máximo goleador del futbol español) y la Bota de Oro (reconocimiento al máximo goleador del futbol europeo).

Sin embargo, a nadie se le pasó por la cabeza reclamar a Ximénez para la selección. Nadie pidió remover a alguno de los compañeros de ataque de Forlán para dejar lugar al chino Ximénez. ¿Por qué? ¿Acaso no fueron ambos goleadores de sus respectivos campeonatos anotando el mismo número de goles? ¿Es que consideramos que hay diferentes niveles de exigencia y excelencia a la hora de comparar a Forlán y Ximénez? ¿Por qué nadie pidió la convocación de Ximénez?

Creo que las intuiciones que tenemos para responder esas preguntas deberían ayudarnos a pensar mejor en los criterios de selección y promoción de nuestra mayor casa de estudios. Si pudiéramos trasladar los niveles de exigencia y expectativa que tenemos con la selección uruguaya de futbol a nuestras principales instituciones educativas, quizás los resultados fueran otros. Es bueno ver que hoy nos enfrentamos de igual a igual a las potencias  mundiales de nuestro deporte principal. Lo que sería mucho más importante es que nuestro sistema educativo – y no solo nuestro tridente ofensivo- sea respetado en el resto del mundo.

Como en el boliche


A casi un año y medio de gestión de la “Administración Mujica”, se pueden identificar una serie de cuestiones relacionadas con la forma de gobernar del Presidente de la República que de alguna manera se han exacerbado en las últimas semanas.

En líneas generales, una característica de Mujica ha sido la de estar continuamente poniendo temas en la agenda política que muchas veces solo distraen la atención respecto a otro tema, prácticamente siempre a través de los medios, más precisamente en su programa de radio o mediante exclusivas a Búsqueda. Una particularidad de esta introducción de temas en la agenda, radica en que muchos de los mismos incluyen compromisos fácilmente medibles y difícilmente alcanzables, sobre todo si poco se hace para lograrlos. Para muestra un par de botones: la reforma del Estado, en la que “se le iba la vida” o la reducción de la pobreza a la mitad y la eliminación de la indigencia, donde la única medida de cierta envergadura parece ser la ampliación de la Tarjeta Alimentaria.

Pero en las últimas semanas se han incorporado o acentuado un par de elementos que hasta ahora quizás habían pasado más desapercibidos: 1- Mujica juega solo, y lo que es peor, deja en evidencia una seria falta de comunicación en la interna del gobierno. Me estoy refiriendo en este caso a los sucesivos episodios de desencuentros con diferentes ministros. 2- Por otro lado, muchas veces, y especialmente con el financiamiento de las políticas públicas, plantea “soluciones” que reflejan entre ingenuidad infantil y una especie de Julio Sánchez Padilla en Estadio Uno. Los impactos que estas acciones tienen, no sólo van por el lado de la desautorización a sus propios ministros (una actividad muy divertida es ver las pobres caras de algunos ministros intentando en ciertos casos dar vueltas de contorsionista para explicar que lo que en realidad dijo Mujica está en línea con la política que viene desarrollando su cartera) sino que también están dando cuenta de un descuido o deliberada ignorancia referidas a ciertas prácticas que dicen mucho de una gestión de gobierno, y de la estabilidad y sustentabilidad en el mediano plazo de cualquier tipo de iniciativa.

Repasemos brevemente un par de ellas, diferentes a las que están más que evidenciadas en las últimas semanas en torno a la anulación de la ley de caducidad entre otras. En primer lugar, las declaraciones a Búsqueda donde indica que “…si 500.000 uruguayos ponen 100 pesos cada uno (por mes durante dos años), el problema de la vivienda se solucionaría rápidamente" (http://www.elpais.com.uy/110526/ultmo-568939/ultimomomento/plan-juntos-gobierno-pide-que-la-sociedad-abra-el-bolsillo-/). Este tipo de planteos yo sólo los había visto en las reuniones de mi club de la Liga Universitaria, donde se buscaban alternativas para achicar el déficit y poder comprar pelotas. El problema radica justamente en que un gobierno no se puede gestionar como si fuera un club de barrio o un boliche. El gobierno del Frente Amplio tiene a su disposición herramientas impositivas mucho más efectivas y con capacidad redistributiva para institucionalizar una política pública que todavía no tiene aprobación parlamentaria. Pero en última instancia, esta puede ser considerada una más de las tantas salidas que muchas veces cuando se la plantea en una conversación en un grupo de amigos se termina diciendo “¿Y qué querés? Es el Pepe”.

El problema a mi entender comienza a manifestarse en toda su dimensión cuando se dan episodios como el ocurrido a mediados de este mes cuando Mujica almorzó junto con “Paco” Casal, Damiani y Alarcón (dueño de Tenfield, y presidentes de Peñarol y Nacional respectivamente). “Esa reunión se dio en un restaurante de la zona de Carrasco y en ella (…) fuentes cercanas a los participantes, integrantes de la empresa Tenfield explicaron a Damiani y a Alarcón por qué los derechos deben continuar en poder de la empresa de Casal. El presidente de la República avaló los dichos.” (http://www.180.com.uy/articulo/18949_Mujica-respaldo-a-Casal-ante-los-grandes). Esto es mucho más grave por varios motivos, pero fundamentalmente porque el señor Casal se encuentra actualmente en juicio con el Estado uruguayo, porque se estima que la deuda que esta persona mantiene con el fisco es la más grande de la historia del país. La señal enviada a la ciudadanía no es la mejor. Está más que claro que en el ejercicio del gobierno, los políticos a veces tienen que “comerse algún sapo”, pero no todos los sapos son iguales.

Pero además, esta reunión se produjo justamente al otro día de que el Ministro de Deporte declarar públicamente a favor de la independencia de la Asociación Uruguaya de Futbol a la hora de negociar los derechos de televisación de la selección y el campeonato local. Este posicionamiento de Lescano no era ni es menor, porque establece un cambio en la orientación que los sucesivos gobiernos democráticos tomaron en este tema, demasiado oscuro y fuertemente asociado a la corrupción lisa y llana. Lamentablemente, Mujica desautorizó a Lescano con sus acciones y no lo apoyó públicamente luego de los descalificativos hacia su persona que emitió un directivo de la empresa Tenfield.

El “como te digo una cosa te digo la otra” claramente no causa la misma simpatía en todos los casos. La indefinición, la falta de compromiso y la tibieza en política son quizás algunas de las peores características que un gobierno puede tener, entre otras cosas porque no se puede estar bien con dios y con el diablo.

Convivencia y Territorialidad

                                                                                                                            Por Luciana Sc...