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Mostrando entradas de mayo, 2011

Augusto Gregori, Coordinador de Limbos

“Coordinador de Limbos”. Eso es lo que debería decir la tarjeta de presentación del actual Coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado. Y también la del próximo y la del siguiente, mientras la prometida y reclamada Ley Nacional de Inteligencia siga demorada. Una de las consecuencias visibles del lamentable asunto del “video militar” conteniendo amenazas contra el gobierno y miembros del Poder Judicial fueron las críticas (tanto oficialistas como de oposición) hacia el Coordinador de Inteligencia. Algunos cuestionaron la idoneidad de quien ocupa el cargo. Otros atacaron directamente al cargo argumentando, palabras más palabras menos, que concentra demasiado poder en un funcionario público sin establecer límites claros a su acción ni mecanismos eficaces de control judicial ni parlamentario. La última parte del argumento es válida. El lacónico artículo 59 de la ley de Presupuesto 2005-2010 que crea este cargo y el decreto de 2010 que reglamenta su actividad no incl

La reducción de la edad de imputabilidad: ¿Estratégicos, ignorantes, e inmorales?

I. Las chapulinas de Bordaberry “ No sabía qué postura tomar, estaba tratando de pensar respecto a la baja de la edad, pero ni bien vi las chapulinas coloradas de Bordaberry en la rambla de pocitos el domingo, me decidí: No voy a pensar esto un carajo porque no es de pensar este debate ” (Desbocatti, 11/04/2011). Lamentablemente este comentario refleja el nivel del verdadero debate en Uruguay acerca de la disminución de la edad de imputabilidad penal en los jóvenes que cometen delitos (o en conflicto con la ley). Sorprende y entristece la baja calidad de la discusión, tanto en sus defensores como en los críticos. Personalmente, encuentro problemática la reducción de la edad de imputabilidad penal. Creo que existen argumentos en su contra tanto por la debilidad del diagnóstico, las razones morales de establecer este tipo de castigo a los jóvenes, la dudosa eficacia de sus resultados, la incoherencia de establecer nuevas responsabilidades penales pero no nuevos derechos, o inclu

La encrucijada de defender las instituciones

En la ciencia política, existe consenso sobre la importancia que tiene para la democracia tener instituciones políticas sólidas, que funcionen correctamente y sean respetadas por la ciudadanía. La combinación de esos atributos, si bien no asegura la permanencia del sistema democrático, aumenta sus probabilidades de sobrevivir. Uruguay, en la región, es puntero en el tema; se encuentra entre los países de América Latina con niveles más altos de confianza en las instituciones y apoyo al sistema político [i] . Sin lugar a dudas esto ha ayudado a formar su imagen de país serio, con problemas importantes, pero serio al fin. Es en este contexto que los vaivenes del Presidente José Mujica y su partido en relación al tema de la anulación de la Ley de Caducidad, en particular durante los últimos días (o semanas a esta altura), no parecen un buen indicador. No porque incurran en prácticas antidemocráticas, pero sí porque podrían debilitar el capital político que con tanto tiempo y esfuerzo e

Megaoperativos con miniresultados

En las últimas semanas los uruguayos fuimos testigos de operativos policiales cuasi-cinematográficos y sin precedente en tres zonas de la capital. Planeados por el Ministerio del Interior, los operativos consistieron en intervenciones policiales intensivas y focalizadas territorialmente en barrios pobres de la ciudad donde se suponía se concentraban delincuentes. La policía llegó temprano a los tres asentamientos, con helicóptero, caballos, escudos y unos 70 efectivos. Se requisaron casas y personas, se pidieron documentos, se incautaron algunos bienes robados y se detectaron algunas “bocas” de venta de drogas. En cada barrio se detuvieron algo menos de 50 personas pero casi todos fueron liberados al día siguiente por no haber causa judicial para su procesamiento. Las autoridades insisten en que los operativos fueron un éxito pues no deben medirse en términos de procesamientos sino en su efecto simbólico, en que representan que el Estado comienza a hacer presencia en “zonas rojas”