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Mostrando entradas de abril, 2011

Crecer, desarrollarse, post-modernizarse y globalizarse: ¡Qué desafío!

Las perspectivas de crecimiento económico de mediano plazo así como la posibilidad de transformar ese crecimiento en desarrollo enfrentan el riesgo de progresiva inadecuación de nuestra fuerza laboral en términos de capacidades y número. Algunos artículos en este foro han discutido el problema de la formación de capacidades (ej. mi artículo en febrero y dos de Denisse en marzo); este se ocupa del número. Los cálculos en varios sectores de la economía, por ejemplo la construcción, sugieren que la escasez de mano de obra puede afectar en el corto plazo la viabilidad de varios proyectos y en el largo plazo el crecimiento. ¿Qué podemos hacer al respecto? Me voy a referir a tres posibles estrategias complementarias. Aumentar la fuerza laboral vía aumento de tasa de actividad (aumentar el número de personas que buscan trabajo); trasladar fuerza laboral a áreas prioritarias mediante la sustitución de trabajo por tecnología en las que no lo son; inmigración (esta estrategia ocurre sola pero

¿De qué NO hablamos y qué NO sabemos sobre el debate de la baja de la edad de la imputabilidad?

El tema ya había sido parte de la plataforma política de los partidos de oposición durante las últimas elecciones. Este año, el Senador Pedro Bordaberry volvió a instalar el tema sobre el tapete, proponiendo bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años de edad. ¿Esto implicaría responsabilizar a los adolescentes por las infracciones que cometieron? No, porque de hecho, ya son responsables desde los 13 años y son penalizados con privación de libertad, semi - libertad y medidas alternativas. ¿Entonces, en la práctica, qué significa bajar la edad de imputabilidad? Aumentar las penas. Por ejemplo, si un adulto comete una rapiña, debe cumplir una pena mínima de cinco años de prisión. Ahora, si un adolescente comete el mismo delito, tiene la posibilidad de que el juez le prive la libertad o en el mejor de los casos, que lo mande a su casa. Según las cifras que reveló el Ministro Bonomi, en 2010 se produjo un aumento del 20% en el total de las rapiñas. De ese 20%, un 46% contaron con la

Políticas de Estado, memoria y costos políticos

En estas últimas semanas, los debates sobre la Ley de caducidad y la baja de la edad de imputabilidad han acaparado la escena política del país. No es para menos. Aunque distanciados temáticamente, estas dos grandes discusiones tienen varios elementos en común. Aquí quiero llamar la atención sobre dos puntos. Primero, quisiera hablar sobre los usos de la memoria en la política uruguaya. En segundo lugar, quiero referirme brevemente sobre la necesidad de políticas de Estado, de acuerdos multipartidarios, para tratar de una mejor forma temas tan decisivos como los antes mencionados.  Para empezar, ¿a que me refiero con la falta de memoria en la política uruguaya? Durante estas semanas, se ha repetido en innumerables ocasiones el argumento de que tenemos temas más urgentes que resolver que seguir revolviendo en el pasado. Creo que ese argumento pudiera tener algo de valor, si se estuviera discutiendo sobre cómo reparar a los familiares directos de las víctimas de la matanza de Salsip

Instituciones democráticas y la Ley de Caducidad

Imaginemos un país llamado Esclavilandia. En ese país, las instituciones “democráticas” funcionan y están disponibles para la mayoría de la población. A pesar de esto, allí habitan una minoría de esclavos que no pueden votar ni ser personas autónomas. Este hecho contradice los logros obtenidos en materia de derechos civiles, políticos y sociales vigentes en Esclavilandia. Por ese motivo, un buen número de sus ciudadanos promovieron dos consultas populares democráticas para anular la ley que mantiene viva la práctica de la esclavitud en el país. No obstante, ambas consultas tuvieron el resultado de no apoyar un cambio en las leyes vigentes. Por culpa del miedo al cambio o de una ineficiente campaña –se dice- en Esclavilandia se siguen esclavizando a unos pocos. Ante esta situación, algunos legisladores elegidos democráticamente, intentan anular la ley de esclavitud. Eso supone- dicen algunos- ir en contra de la preferencia del “pueblo” que en dos ocasiones favoreció el status quo en